Soberanía alimentaria, un compromiso por la vida
Alberto Acosta,
Candidato presidencial de la Unidad
Plurinacional
Loja, 28 de octubre de 2012
La soberanía alimentaria implica recuperar el control sobre nuestra propia agricultura y nuestra alimentación. Es
el derecho de los agricultores, en especial de los más pequeños, de los
campesinos, en ejercer el control sobre la agricultura, y es el derecho
de los consumidores a ejercer el control sobre la alimentación. ¿En
quién reside hoy el control de la alimentación? ¿Quién decide qué
comemos, qué y cómo se tiene que cultivar? Es obvio que ni el
campesinado ni la ciudadanía lo hacen.
En
las ciudades consumimos alimentos cuyo origen muchas veces
desconocemos, su calidad es dudosa, y sus precios trepan continuamente.
En el medio rural, el campesinado y otros agricultores están atados a
usar paquetes tecnológicos, caen en manos de comercializadoras y otros
intermediarios, quienes se apropian de buena parte de las ganancias,
dejándolos ahogados económicamente. El país debe importar alimentos ya
que muchos de sus mejores suelos agrícolas se dedican a las
exportaciones antes que a alimentar a los ecuatorianos y las
ecuatorianas.
Todos
estos temas, remiten sin tapujos, a un asunto de poder. La soberanía
alimentaria plantea abiertamente una lucha contra el poder de la gran
agroindustria y de las instituciones financieras que se han hecho con
todos y cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria para su
propio beneficio. Si el 70% de la pobreza en el mundo es rural, lo es
precisamente por estas razones. Las semillas, los insumos, la comercialización, la tierra, el agua… toda la cadena alimentaria está dominada por pocas empresas.
Una lucha necesaria
La crisis que afecta al planeta es una crisis sistémica. El capitalismo entró en el sector primario hasta hacerlo añicos. El
neoliberalismo provocó la desposesión de la agricultura a los
campesinos, convirtiendo a los alimentos en mercancías y a la vida rural
en una fábrica de producción en serie. Mientras compramos trigo barato de la producción intensiva de los
Estados Unidos, nuestros campesinos
productores de trigo no tienen qué comer. Y algunos países, como el nuestro, gracias a las políticas comerciales
de dicho país ya no producimos trigo, lo importamos en un 98%.
Al
mismo tiempo hemos ido asumiendo patrones de consumo cada vez más
alejados de nuestra realidad agrícola, ahondando cada vez más la
dependencia de las importaciones de alimentos, no solo trigo, incluso
papa.
Frente
a esto debemos recuperar el control de
nuestra producción agrícola. Necesitamos de un sector agroalimentario
que sea en primer lugar nacional, pero también vigoroso. Solo si
aseguramos la alimentación de todos los habitantes del país podemos
construir una pirámide productiva que sirva al Buen Vivir.
La tierra desde la soberanía alimentaria
La
tierra es de todos. No es de nadie porque es de todos nosotros. Es el
principio de la
vida, un bien común que no puede estar privatizado así no más. Si la
tierra se compra y se vende como cualquier otra mercancía permite la
existencia millones de personas sin acceso a la tierra. En la actualidad
estamos a la deriva frente a las nuevas formas de especulación
financiera internacional que se basa en la compra de tierras desde
grandes fondos de inversión en países industrializados o grupos
asiáticos. La desposesión de la tierra es una de las mayores causas de
injusticia del planeta.
Desde la soberanía alimentaria, el acceso democrático a la tierra es un eje central, que exige directrices políticas claras a fin de salvaguardar la tierra como bien público. La
tierra es un préstamo que nos hacen las futuras generaciones, con unas
condiciones muy sencillas: cuidarla para que sobreviva en su genuina
función, para que facilite alimentos a la población y sea un medio de
vida para los campesinos. Frente a los modelos de
explotación agraria destructivos, hay que volver a aprender a cuidar la
tierra, sobre todo como las mujeres lo han hecho desde tiempos
inmemoriales.
Acceso a semillas propias
Necesitamos
recuperar el control sobre nuestras propias semillas. No podemos
desprendernos de ellas, ya que desde allí nacen nuestros alimentos. Es
necesario intercambiarlas, reproducirlas, buscar las que mejor se
adaptan a sus suelos, etc. Las semillas sintetizan la biodiversidad, a su escala cada semilla libre es una suerte de Yasuní en pequeño.
El
campesinado siempre ha cosechado con sus propias semillas. Cuando
quieren mejorarlas, compran o intercambian con otros campesinos, que las
escogieron entre las mejores de sus cosechas. Proteger las semillas
locales es nuestro deber y nuestro derecho. Para ello, nadie mejor que
los propios productores y productoras campesinas.
Los intentos de las multinacionales para monopolizar el acceso a semillas representan un atentado en
contra de la soberanía alimentaria. La limitación para tener nuestras propias semillas equivale a prohibir la libertad de expresión de la tierra.
Las
empresas de ingeniería genética ponen límite al uso de semillas
apropiándose de la experiencia y de los saberes campesinos, sin sudar
durante la siembra y sin sufrir por la cosecha. La defensa de nuestras
propias semillas, de nuestras variedades, es un imperativo de soberanía y
de justicia.
La
prohibición del uso de transgénicos de nuestra Constitución de
Montecristi es un gran logro en contra una de las agresiones más claras
al acceso a semillas. Son muchas las preocupaciones alrededor de los
transgénicos, pero la mayor de ellas es que restringen y distorsionan el
ciclo de la vida: que de una semilla nazca una planta que, con sol y
agua, produzca una nueva semilla.
La cara femenina de la soberanía
alimentaria
La
soberanía alimentaria es una necesidad práctica y estratégica de las
mujeres; es un derecho que solo será posible si se erige sobre la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No basta con reconocer el
papel fundamental de las mujeres en la producción, transformación y
distribución de los alimentos; se trata de participar en igualdad de
condiciones en las decisiones, luchar por sus derechos como productoras,
como amantes de la tierra y del entorno, luchar por su visibilización
en el proceso productivo. Es también luchar contra la opresión de las sociedades tradicionales y del sistema capitalista y patriarcal.
Campesinado, derechos y Naturaleza
Persona
campesina es toda aquella, hombre o mujer, que tiene una relación
directa y especial con la tierra y la Naturaleza a través de la
producción o recolección de alimentos. Hablamos de más de 3.000 millones
de personas en el mundo. Su aporte básico para la humanidad merece ser
reconocido y protegido.
El
derecho a la tierra y al territorio, al agua y a las semillas no debe
ser considerado solo como un derecho privado e individual, sino
universal. En esa línea están los Derechos de la Naturaleza de nuestra
Constitución. Los saberes y las prácticas del campesinado, acumulados a
lo largo de la historia, son patrimonio de la
humanidad y, como tal, nos comprometen a todos y todas en su
conservación, para que pueda seguir alimentando al planeta de manera
indefinida.
Son
muchos los ejemplos de países donde se han reconocido derechos
campesinos. Por ejemplo, Tanzania, Botswana, Mozambique o Angola
reconocen que las normas comunitarias que regulan la gestión de la
tierra son igual de válidas que las del Estado.
Políticas públicas en agricultura
Los
modelos de producción que nos quieren imponer desde las multinacionales
de la alimentación, en contubernio con los gobiernos de la región, como
el actual gobierno ecuatoriano, únicamente ven a la agricultura como un
negocio. Poco importa que esos modos de producción maltraten y
contaminen la tierra hasta agotarla, que despilfarra el agua y que emite
más gases con efecto invernadero. En cambio, los modelos productivos
autóctonos siguen siendo los que mejores garantías de sostenibilidad
ambiental,
económica
y social otorgan a una población.
La
alimentación es un derecho humano fundamental; la agricultura, la
ganadería y la pesca son las actividades productivas que garantizan este
derecho. Su importancia estratégica requiere de una regulación que las
proteja, las apoye y las promueva.
Frente
a la soberanía alimentaria, no cualquier política agraria es
conveniente. Hay una serie de premisas básicas
para
construir esta política pública para asegurar el derecho a la, que no
esté atada al desempeño empresarial, sino que debe ser asegurada como
cumplimiento del mandato constitucional, tal como ocurre con los
mandatos en salud o educación. Por lo tanto, entre los primeros pasos
que son necesarios se incluyen:
- Diseñar y poner en marcha una estrategia clara para caminar hacia la soberanía alimentaria.
- Elevar el gasto público
en
agricultura y alimentación.
- Impulsar programas de apoyo claramente dirigidas a los pequeños y medianos agricultores y campesinos.
- Integrar
las políticas de reforma agraria y redistribución del agua, y
desarrollo rural con las otras facetas de la política agroalimentaria.
- Desmontar
los subsidios perversos, que financian grandes grupos empresariales, a
través de agroquímicos y combustibles, para convertirlos en subsidios
legítimos que apoyen a los pequeños agricultores, y
que
permitan su reconversión hacia prácticas más eficientes, de menor
impacto ambiental, y orientadas al mercado interno.
- Otorgar crédito oportuno y en condiciones apegadas a los ritmos de la agricultura y no a las demandas del capital.
- Promocionar
el uso de tecnologías y prácticas ecológica y socialmente responsables,
potenciando el aprovechamiento de los conocimientos ancestrales.
- Integrar los derechos de los pueblos indígenas.
- Alentar políticas con un claro enfoque de género.
- Fomentar los servicios públicos e infraestructuras para asegurar una vida digna en el campo.
- Aprobar una ley marco sobre soberanía alimentaria nacional y derecho humano a la alimentación.
- Pero sobre todo, respetar a la Pacha Mama.
Si
los agricultores y campesinos no participan en la definición de las
políticas agrarias, estas sucumbirán a la presión de las grandes
empresas. Un cambio de rumbo ya se está produciendo en algunos países,
pero siempre como consecuencia de la presión y movilización de las
organizaciones campesinas e indígenas y de los movimientos sociales:
nuestro gobierno se compromete a alentar este proceso.
Bolivia,
Ecuador, El
Salvador, Nicaragua,
Paraguay y
Venezuela han reconocido en sus constituciones la soberanía alimentaria
como principio rector de la política nacional. Estos países han
propuesto o elaborado leyes marco sobre soberanía alimentaria y han
diseñado sistemas nacionales para instrumentarlas. Lo que falta ahora es
hacer realidad de la soberanía alimentaria.
Así,
entre otras acciones concretas, habrá que incluir efectivamente a los
campesinos y pequeños productores del agro en la política de compras
públicas y en el suministro de alimentos para el desayuno y almuerzo
escolares, que deberán provenir de cada uno de los cantones y/o
provincias, en el marco de políticas impulsadas por los gobiernos
autónomos descentralizados.
La
tarea, entonces, se sintetiza en asegurar una alimentación para Vivir
Bien, respetando los Derechos de la Naturaleza. Esto lleva a fortalecer
los sistemas económicos y ecológicos locales, hace de la agricultura un
medio de vida digno para los pequeños productores, protege los recursos
productivos y asegura alimentos para toda la población. Esto se
complementa con patrones de consumo sustentables, usos racionales de
energía, la conservación del agua, la eliminación del consumismo y el
aprovechamiento sustentable de los componentes de la Pacha Mama.
Ese es el compromiso del gobierno de la Unidad Plurinacional.
¡Todo para la Patria, nada para nosotros!
Alberto
Acosta
Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
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