TONATIERRA
Los Comités de Defensa del Barrio
Comisión de Derechos Humanos
Senador Jeff
Flake, Estado de Arizona
Senador John
Kyle, Estado de Arizona
26 de septiembre
de 2018
Estimados
señores,
Hoy miércoles 26
de septiembre de 2018 se cumplen 4 años de la Desaparición Forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa por agentes de los tres niveles de gobierno
(municipal-estatal-federal) del narco estado del presidente Enrique Peña Nieto
de México.
El incidente
ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Seis muertes también ocurrieron
esa noche en Iguala, Guerrero.
Entre las piezas
de evidencia irrefutable y concreta recopiladas por el Grupo de Expertos Independientes Internacionales (GIEI) se encontraban 18 cartuchos
gastados de un calibre particular y fabricación ÚNICAMENTE DISPONIBLES para el aparato militar federal. Al GIEI
también se le negó la entrada a la sede del Batallón 27 en Iguala, donde la
evidencia telemétrica de uno de los estudiantes, Jorge Aníbal Cruz, reveló que
el último mensaje de texto en vivo se emitió desde el cuartel general del
Batallón 27 a la 1:16 a.m. el 27 de septiembre.
Según los
informes, el autobús que transportaba a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que
fue atacado la noche del 26 de septiembre en Iguala fue cargado con heroína
para ser entregado a Chicago. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa no estaban al
tanto de este hecho, pero luego fueron atrapados en los esfuerzos del cartel de
la red de narcotraficantes para recuperar el cargamento de drogas. No han sido
vistos desde entonces. Han sido eliminados como TESTIGOS de la complicidad de
la policía federal mexicana, el ejército y el aparato político local y nacional
con el narcotráfico internacional hacia el norte.
Colusión y
complicidad del gobierno de los EE. UU. con la violencia del narco estado en
México
De acuerdo con la
Ley de Asistencia Exterior EE. UU.:
"[Un]
objetivo principal de la política exterior de los Estados Unidos será promover
una mayor observancia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos
por todos los países". Eventualmente, para dar efecto práctico a esa
declaración, la Ley de Asistencia Exterior fue enmendada por la Ley Leahy, "que
prohíbe la asistencia a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país
extranjero si el Secretario de Estado tiene información fidedigna de que dicha
unidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos".
La Sección 620M
de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 (Enmienda Leahy) dice lo siguiente:
(a) EN GENERAL. -
No se proporcionará asistencia bajo esta Ley o la Ley de Control de Exportación
de Armas a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si
el Secretario de Estado tiene información fidedigna de que dicha unidad se ha
comprometido a una violación flagrante de los derechos humanos.
La política pública
del gobierno de los EE. UU. hacia México, que se comercializa como un programa antidrogas
contra los de cárteles criminales bajo el Plan Mérida-México, en realidad funciona
en un motor de corrupción y colusión con la IMPUNIDAD sistémica y la violencia
estatal que ha resultado en 26,000 seres humanos desaparecidos actualmente
México y 100,000 muertes como víctimas de la llamada Guerra Contra Las Drogas.
El 1 de enero de
2015, la Comisión de Derechos Humanos de los Comités de Defensa del Barrio envió
una carta al entonces presidente Obama solicitando la invocación de disposiciones
de la Enmienda Leahy respecto a la iniciativa del Plan Mérida-México.
"Es con gran
preocupación humanitaria y en absoluta denuncia de la complicidad y colusión del
gobierno de los Estados Unidos con el pogromo de la violencia y la impunidad en
México que ahora exigimos que el Departamento de Estado y el Departamento de
Defensa de Estados Unidos detenga inmediatamente toda asistencia militar al
gobierno de la República de México como consecuencia de las violaciones
sistemáticas y constantes de los derechos humanos, la colusión y la impunidad
que está prohibida por la Sección 620M de la Ley de Asistencia Exterior de 1961
(Enmienda Leahy)."
La carta al
presidente Obama fue precedida por una petición entregada el 20 de noviembre de
2014 al congresista estadounidense Matt Salmon en sus oficinas en Gilbert,
Arizona, solicitando que el congresista Salmon proporcione los nombres y
detalles de las 5 personas entrenadas por el ejército estadounidense
involucrado en el masacre de Tlatlaya, México el 30 de junio donde 22 jóvenes fueron
ejecutados por las fuerzas armadas del estado de México. El congresista Salmon
en ese momento servía como Subjefe del Subcomité del hemisferio occidental bajo
el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Hasta la
fecha no hemos recibido respuesta de ninguna de las solicitudes.
TLCAN y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
En 2017, la Relatora
Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
realizó una visita oficial a México. Aquí una cita de su informe del 28 de
septiembre de 2018 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
Ginebra:
"En el informe se
examina la situación de los pueblos indígenas en México con base en la
información recibida por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas durante su visita al país del 8 al 17 de noviembre de 2017 e
investigación independiente.
La Relatora
Especial observa que, desde la visita oficial realizada por el anterior Relator
Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y a pesar de los compromisos contraídos
posteriormente por México en materia de derechos humanos, los pueblos indígenas
continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos.
Las actuales
políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos,
turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto
mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la
falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y
culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos
forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden
sus derechos.
Todos estos
problemas se están desarrollando en un contexto de profunda desigualdad,
pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la
justicia, educación, salud y otros servicios básicos.
El caso de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron en septiembre de 2014,
es emblemático. La Relatora Especial se reunió con padres de estudiantes
provenientes de comunidades indígenas y tomó nota de los pocos avances en las
investigaciones sobre el paradero de sus hijos. Otro caso emblemático es el de
la masacre de 46 personas en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997. La
Relatora Especial se encontró con supervivientes y familiares de las víctimas
que aún reclaman justicia y el esclarecimiento de esta masacre, que afectó
desproporcionadamente a mujeres indígenas."
A la luz de lo
anterior, y teniendo en cuenta que según fuentes del actual gobierno de los EE.
UU., la iniciativa Plan Mérida-México se revisará después de que el nuevo
gobierno del Manuel López Obrador asuma la presidencia el 1 de diciembre de
2018 y que EE. UU. El Congreso se ha apropiado de $145 millones para la
Iniciativa Mérida, presentamos las siguientes inquietudes y demandas para
divulgación pública:
Como señaló la
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas en su informe del 18 de septiembre de 2018, la violencia sistémica en
México se produce en el contexto histórico de siglos de colonización y
genocidio. En enero de 1994, con la implementación inicial del acuerdo original
del TLCAN, el baño de sangre en México alcanzó su cúspide en el estado de
Chiapas con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN). Hoy, como lo demuestra el informe del Relator Especial, las condiciones
han empeorado, a pesar de que en 2007 las Naciones Unidas adopto la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que articula específicamente el
Derecho de Consentimiento Libre, Previo e Informado para proyectos de
desarrollo económico que impactan los territorios y los Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas.
Entendemos que el
"Capítulo Indígena" propuesto por el gobierno canadiense para ser
considerado en la "modernización" del acuerdo del TLCAN ha sido
descartado. Entendemos que las disposiciones del acuerdo bilateral entre EE.
UU. Y México que ha anunciado la actual administración en Washington no
mencionan los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y mucho menos el derecho
específico de Consentimiento Libre, Previo e Informado. Lo que no entendemos es
cómo el presidente del gobierno de EE. UU. puede pretender y posar ante la
comunidad mundial en el salón de la Asamblea General de la ONU como lo hizo
ayer, y reclamar el manto de la libertad y la democracia cuando fue él quien
sin ética, ilegalmente y en complicidad con sus aliados en la industria de
combustibles fósiles anuló unilateralmente todo el debido proceso, regulaciones
de justicia ambiental, protecciones de derechos civiles, derechos de Tratados Internacionales
y Derechos Indígenas al rastrear rápidamente el permiso para el oleoducto
Dakota Access Pipeline en Standing Rock.
Hoy, si el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte pretende ser legítimo, o ser
"modernizado", debe integrar en sus disposiciones el reconocimiento,
respeto y garantías de protección legal para el derecho colectivo de Consentimiento
Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas, como pueblos iguales a
todos los demás pueblos. Nada menos es aceptable. Esto no es negociable.
Hacemos un
llamado a la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento
de Estado de Estados Unidos para que tome medidas inmediatas y apropiadas para
enfrentar la COMPLICIDAD y COLUSIÓN del gobierno de EE. UU. en los Crímenes
contra la Humanidad en curso por el Estado de México en violación de los
Derechos Humanos fundamentales establecido en virtud de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de la cual el gobierno de los Estados Unidos es
signatario.
Exigimos la terminación
con la impunidad otorgada al estado de México por las políticas del Departamento
de Estado de los EE. UU. y el embargo de los armamentos provenientes de EE. UU. que ha fomentado el baño de sangre con resultado en más de 26,000
desaparecidos y 100,000 muertes en todo México bajo el disfraz de la Guerra Contra
las Drogas, en particular, la Iniciativa Plan Mérida-México.
Volvemos al tema
del consentimiento. Sometemos en este momento crítico en nuestras historias
compartidas como las Naciones Originarias de los Pueblos Indígenas y la
sociedad de los estados de colono ahora conocidos como los Estados Unidos de
América, que el principio de autogobierno que hemos compartido con ustedes se
basa sobre el principio fundamental del respeto por la Dignidad Humana. La
dignidad humana es nuestro objetivo final, es nuestra tradición. Consideramos
que el Derecho Humano y principio universal de Derechos Humanos de respeto a la
auto gobernanza exige una apreciación y evaluación exhaustiva y responsable de
todos los factores e información sobre cuestiones que se deben considerar, sin
discriminación. El principio de no discriminación es una norma preventiva. Le
instamos a cumplir con este estándar de conducta ética y reafirmar el principio
de No Confirmación Sin Investigación al considerar los procesos actuales de
nominación del Juez Kavanaugh para la Corte Suprema de los EE. UU.
Finalmente, para
el contexto histórico, compartimos la comunicación de nuestro Calpolequeh
Emiliano Zapata, quien también abordó estos mismos temas en su carta al
presidente Woodrow Wilson en 1914.
Atentamente,
Tupac Enrique
Acosta
Los Comités de
Defensa del Barrio
Comisión de
Derechos Humanos, Secretaría
TONATIERRA
www.tonatierra.org
Carta de Emiliano Zapata a
Woodrow Wilson
Presidente de los Estados Unidos
Cuartel General
en Yautepec, Morelos, Agosto 23 de
1914.
Mr. Woodrow
Wilson,
Presidente de
los EE. UU. de América. Washington.
Estimado señor
de mi consideración:
He visto en la
prensa las declaraciones que Ud. ha hecho acerca de la revolución agraria que
desde hace cuatro años se viene desarrollando en esta República, y con grata
sorpresa me he enterado de que usted, no obstante la distancia, ha comprendido
con exactitud las causas y los fines de esa revolución, que ha tomado sobretodo
incremento en la región Sur de México, la que más ha tenido que sufrir los
despojos y las extorsiones de los grandes terratenientes.
Esa convicción
de que usted simpatiza con el movimiento de emancipación agraria, me induce a
explicar a usted hechos y antecedentes que la prensa de la Ciudad de México,
consagrada a servir los intereses de los ricos y de los poderosos, se ha
empeñado siempre en desfigurar con infames calumnias, para que el resto de la
América y el mundo entero nunca pudiesen dar cuenta de la honda significación
de ese gran movimiento proletario.
Empezaré por
señalar a usted las causas de la revolución que acaudillo.
México se
encuentra todavía en plena época feudal, o al menos así se encontraba al
estallar la revolución de 1910.
Unos cuantos
centenares de grandes propietarios han monopolizado toda la tierra laborable de
la República; de año en año han ido acrecentando sus dominios, para lo cual han
tenido que despojar a los pueblos de sus ejidos o campos comunales, y a los
pequeños propietarios de sus modestas heredades. Hay ciudades en el Estado de
Morelos, como la de Cuautla; que carecen hasta de terreno necesario para tirar
sus basuras, y con mucha razón, del terreno indispensable para el ensanche de
la población.
I es que los
hacendados, de despojo en despojo, hoy con un pretexto, mañana con otro, han
ido absorbiendo todas las propiedades que legítimamente pertenecen y desde
tiempo inmemorial han pertenecido a los pueblos de indígenas, y de cuyo cultivo
éstos últimos sacaban el sustento para sí y para sus familias.
Para extorsionar
en esta forma, los hacendados se han valido de la legislación, que elaborada
bajo su sugestión, le ha permitido apoderarse de enormes extensiones de tierras,
con el pretexto de que son baldías; es decir, no amparadas por títulos
legalmente correctos.
De esta suerte,
ayudados por la complicidad de los tribunales y apelando muchas veces a medios
todavía peores, como el de reducir a prisión o consignar al ejército, a los
pequeños propietarios a quienes querían despojar, los hacendados se han hecho
dueños únicos de toda la extensión del país, y no teniendo ya los indígenas
tierras, se han visto obligados a trabajar en las haciendas, por salarios
ínfimos y teniendo que soportar el mal trato de los hacendados y de sus
mayordomos o capataces, muchos de los cuales, por ser españoles o hijos de
españoles, se consideran con derecho a conducirse como en la época de Hernán
Cortés; es decir, como si ellos fueran todavía los conquistadores y los amos, y
los "peones" simples esclavos, sujetos a la ley brutal de la
conquista.
La posición del
hacendado respecto de los peones, es enteramente igual a la que guardaba el
señor feudal, el barón o el conde de la Edad Media, respecto de sus siervos y
vasallos.
El Hacendado, en
México, dispone a su antojo de la persona de su "peón"; lo reduce a
prisión, si gusta; le prohibe que salga de la hacienda, con pretexto de que
allí tiene deudas que nunca podrá pagar; y por medio de los jueces, que el
hacendado corrompe con su dinero, y de los prefectos o "jefes
políticos", que son siempre sus aliados, el gran terrateniente es en
realidad, sin ponderación, señor de vidas y haciendas en sus vastos dominios.
Esta situación
insoportable originó la Revolución de 1910 que tendía principal y directamente
a destruir ese régimen feudal y a combatir el monopolio de las tierras en manos
de unos cuantos.
Pero por
desgracia, Francisco I. Madero pertenecía a una familia rica y poderosa, dueña
de grandes extensiones de terreno en el Norte de la República, y como era
natural, Madero no tardó en entenderse con los demás hacendados, y en invocar
la legislación (esa legislación por los ricos y para favorecer a los ricos)
como un pretexto para no cumplir las promesas que había hecho para restituir a
sus dueños las tierras robadas y para destruir el aplastante monopolio ejércido
por los hacendados, mediante la expropiación de sus fincas por causa de
utilidad pública y con la correspondiente indemnización, si la posesión era
legítima.
Madero faltó a
sus promesas, y la revolución continuó, principalmente en las comarcas en que
más se han acentuado los abusos y los despojos de los hacendados; es decir, en
los Estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Puebla, Durango, Chihuahua,
Zacatecas, etc., etc.
Vino después el
Cuartelazo de la Ciudadela; o sea el esfuerzo hecho por los antiguos
porfiristas y por los elementos conservadores de todos los matices, para
adueñarse nuevamente del poder, por que temían que Madero se viera obligado
algún día a tener que cumplir sus promesas, y entonces la población campesina
entró en justa alarma y la efervescencia revolucionaria cundió con más vigor
que nunca, puesto que el cuartelazo, seguido del asesinato de Madero, era un
reto, un verdadero desafío a la revolución de 1910.
Entonces la
revolución abarcó toda la extensión de la República, y aleccionada por la
experiencia anterior, no espero ya el triunfo para empezar el reparto de
tierras y la expropiación de las grandes haciendas. As( ha sucedido en Morelos,
en Guerrero en Michoacán, en Puebla, en Tamaulipas, en Nuevo León, en
Chihuahua, en Sonora, en Durango, en Zacatecas, en San Luis Potosí; de tal
suerte que puede decirse que el pueblo se ha hecho justicia a sí mismo, ya que
la legislación no lo favorece y toda vez que la Constitución vigente es más
bien un estorbo que una defensa o una garantía para el pueblo trabajador, y
sobre todo, para el pueblo campesino.
Este último ha
comprendido que hay que romper los viejos moldes de la legislación, y viendo en
el Plan de Ayala la condensación de sus anhelos y la expresión de los
principios que deben servir de base a la nueva legislación, ha empezado a poner
en práctica dicho plan, como ley suprema y exigida por la justicia, así es como
los revolucionarios de toda la República han restituido sus tierras a los
pueblos despojados han repartido los monstruosos latifundios y han castigado
con la confiscación de sus fincas a los eternos enemigos del pueblo, a los
señores feudales, a los caciques, a los cómplices de la dictadura porfiriana y
a los autores y complices del Cuartelazo de la Ciudadela.
Se puede
asegurar, por lo mismo, que no abrá paz en México, mientras no se eleve el Plan
de Ayala al rango de ley o precepto constitucional, y sea cumplido en todas
partes.
Esto no solo en
cuanto a la cuestión social, o sea a la necesidad del reparto agrario, sino
tambien en lo referente a la cuestión política, o sea a la manera de designar
el Presidente Interino que a de convocar a elecciones y ha de empezar a llevar
a la práctica la reforma agraria.
El país está
cansado de imposiciones, no tolera ya que se le impongan amos o jefes; desea
tomar parte en la designación de sus mandatarios; y puesto que se trata del
gobierno interino que ha de emanar de la revolución y de dar garantías a ésta,
es lógico y es justo que sean los genuinos representantes de la Revolución, o
sea los jefes del movimiento armado, quienes efectuen el nombramiento de
Presidente Interino. Así lo dispone el artículo doce del Plan de Ayala, en
contra de los deseos de D. Venustiano Carranza y de sus circulo de políticos
ambiciosos, los cuales pretenden que Carranza escale la Presidencia por
sorpresa, o mejor dicho, por un golpe de audacia y de imposición:
Esta convicción
de los jefes revolucionarios de todo el país es la única que puede elegir con
acierto el Presidente Interino, pues ella cuidará de fijarse en un hombre que
por sus antecedentes y sus ideas preste absolutas garantías; mientras que
Carranza por ser dueño o accionista de grandes propiedades en los Estados
Fronterizos, es una amenaza para el pueblo campesino, pues seguiría la misma
política de Madero, con cuyas ideas está perfectamente identificado, con la
diferencia única de que Madero era débil, en tanto que Carranza es hombre capaz
de ejercer la más tremenda de las dictaduras, con lo que provocaria una
formidable revolución, más sangrienta quizá que las anteriores.
Por lo anterior
verá usted que siendo la Revolución del Sur una revolución de ideales, y no de
venganza ni de represalias, dicha revolución tiene contraido ante el país y
ante el mundo civilizado, el formal compromiso de dar plenas garantías antes y
después del triunfo, a las vidas e intereses legítimos de nacionales y
extranjeros, y así me complazco en hacerlo a usted presente.
Esta larga
exposición confirmará a usted en su ilustrada opinión respecto del movimiento
suriano, y convencerá a usted de que mi personalidad y la de los mios han sido
villananente calumniados por la prensa vanal y corrompida de la Ciudad de
México.
Mejor que estos
apuntes, ilustrarán a usted las informaciones que se sírvan proporcionarle los
señores Dr. Charles Jenkinson y Thomas W. Reilly, amables visitantes de este
Estado, a quienes hemos tenido la satisfacción de ofrecer vuestra modesta pero
cordial hospitalidad, y por cuyo bondadoso conducto envio a usted estas líneas.
Por mi parte sé
decir a usted que comprendo y aprecio la noble y levantada política que, dentro
de los limites del respeto a la soberania de cada entidad, ha tomado usted a su
cargo en este hermoso y no siempre feliz Continente Americano.
Puede usted
creer que, mientras esa política respete la autonomía del pueblo mexicano para
realizar sus ideales tal [y] como el los entiende y los siente yo seré uno de
los muchos simpatizadores con que usted cuenta en esta República hermana, y no
por cierto el menos adicto de sus servidores, que le reitera su particular
aprecio.
El General Emiliano
Zapata
Los Comités de Defensa del Barrio
September 22, 2012
