GUERRERO: A 20 años del levantamiento del EZLN.

Diputado Federal Carlos de Jesús Alejandro

La Jornada Guerrero

El pacto social emanado de la Revolución mexicana tuvo en el indigenismo a la política oficial mediante la cual el Estado mexicano buscó integrar a los pueblos indígenas a una cultura única nacional, etnocentralista, expresado en un proceso de castellanización, paternalismo y asistencialismo.

La consolidación del neoliberalismo en México en el inicio del salinismo hizo más evidente no sólo un sistema económico basado en la injusta distribución de la riqueza y la superexplotación en la que han vivido los indígenas de esta nación, también dejó muy en claro que nuestras instituciones y sus políticas públicas lejos de buscar un desarrollo respetando las identidades y la pluriculturalidad, están marcadas en sus acciones por un fuerte racismo y discriminación, sobre todo hacia los diversos pueblos indígenas y hacia el pueblo afromexicano.

Sin embargo, nuestros pueblos han sobrevivido y resistido a procesos antiguos de conquista y colonización de los imperios iberoamericanos a partir del 12 de octubre de 1492, y lo hicieron por enésima vez en el inicio de la década de 1990, cuando los gobiernos de esa época se preparaban a festejar con bombo y platillo el 12 de octubre de 1992 como el V Centenario del Descubrimiento de América, del Encuentro de Dos Mundos le llamaban unos, del Encuentro de Dos Culturas, le llamaban otros; El Día de la Raza, según nuestro calendario mexicano. Tales nomenclaturas no hacían si no poner de manifiesto hasta que punto el racismo ha sido una práctica institucional y cómo éste se trató de encubrir en aquella efeméride con discursos de políticos que así denominaron tan fatídica y genocida fecha, como si cual animales fuéramos los indígenas nos quisieron imponer el Día de la Raza.

La respuesta de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano no se hizo esperar, surgió así el primer movimiento mundial, continental, nacional y estatal, dimos vida a la Campaña Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, nacieron los Consejos Estatales y Regionales. En el estado de Guerrero fundamos y consolidamos el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena Negra y Popular la cual germinó y ha dado nacimiento a muchos otros procesos organizativos y autogestivos como las instituciones de seguridad comunitaria, experiencias exitosas de comunicación indígena o la propia Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, por citar ejemplos.

Así fue como alzamos la voz y dijimos que ese 12 de octubre de 1992 no podíamos festejar 500 años de genocidio, de exterminio de nuestras culturas, de saqueo de nuestras riquezas naturales y minerales, políticas asimilacionistas y paternalistas. A partir de esa fecha cambiamos nuestra historia de sumisión para escribir una nueva historia de dignidad y resistencia identitaria, reclamo y reconocimiento de nuestros derechos humanos y derechos colectivos como libre determinación y autonomía, reconocernos como sujetos de derecho público, el derecho a nuestras tierras, territorios y recursos naturales, a la consulta con consentimiento libre, previo, e informado, a la representación política propia, a los derechos específicos de las mujeres indígenas, a la comunicación indígena, a la educación intercultural, por mencionar algunos.

Fue el 1º de enero de 1994 en que indígenas chiapanecos, quienes sumidos en una especie de colonialismo interno, dieron el siguiente levantamiento, esta vez armados, declarándole la guerra al Estado mexicano y exigiendo la definición de un nuevo pacto social. Este 1º de enero pasado se conmemoró el 20 aniversario de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La importancia del levantamiento del EZLN como movimiento social radica en los logros que en estas dos décadas han propiciado directa o indirectamente para los indígenas y no indígenas de nuestro México, al reposicionar el tema indígena en la agenda nacional e internacional.

En 2001, el Congreso de la Unión tuvo la oportunidad de elevar a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas contenidos en Los Acuerdos de San Andrés, de reconocerlos como sujetos plenos de derechos y sobre todo de reafirmar la importancia que han tenido los pueblos indios en la conformación de la nación mexicana. ¿Qué obtuvieron a cambio con la reforma constitucional de 2001 los indígenas? Pues lo mismo de siempre: simulación, indigenismo, integracionismo, paternalismo, asistencialismo; pero lo que sin lugar a dudas consiguió el Congreso de la Unión con dicha reforma fue el desencanto en las instituciones mexicanas de buena parte del movimiento indígena nacional y de la sociedad civil que ha venido apoyando a los pueblos indígenas en sus demandas históricas.

Es tal el desencanto en instituciones por parte de los pueblos indígenas que hoy el EZLN permanece en activo, es tal el descrédito en las instituciones de seguridad pública que hoy los pueblos indígenas optan por sus propias instituciones de seguridad comunitaria, e igual pasa con otros rubros como el educativo que ante su falso interculturalismo los indígenas han tenido que recurrir a fundar sus propias universidades a pesar de que el gobierno se niega a apoyarlos y a reconocerlos como en el caso de la Unisur en nuestro Guerrero, así también podemos citar la desconfianza en las autoridades electorales al reivindicar cada vez más las comunidades indígenas la elección de sus autoridades locales a través de sus formas comunitarias de participación política.

Es claro que los puentes del diálogo con el EZLN y con otros pueblos indígenas que integran la nación mexicana deben estar fundados en el firme propósito de cumplir y hacer valer Los Acuerdos de San Andrés. En este sentido la Comisión de Concordia y Pacificación, de la cual soy integrante, a través de su Presidencia debe asumir un papel activo y no de administrar el conflicto o jugar un papel de distractor. La actuación de la Cocopa dista mucho de lo que requerimos para reactivar un verdadero diálogo con las partes en conflicto.

Hago un llamado a los que la integramos, así como a sus grupos parlamentarios, a mostrar voluntad política y asumir la iniciativa de retomar el cumplimiento de Los Acuerdos de San Andrés, buscando la armonización legislativa en materia indígena, tomando como basé dichos acuerdos y como techo mínimo lo avanzado y reconocido en los instrumentos, convenios y tratados internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes vigente en nuestro país desde 1991, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptado por la ONU en 2007, el Convenio sobre la Biodiversidad o el propio Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros meses de 2013.

Creo que la sociedad mexicana en general y sobre todo, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano esperan encontrar en el Poder Legislativo Federal a un verdadero interlocutor que busque solución a esa nueva relación que demandan con el Estado mexicano, a ese reclamo de un nuevo pacto social, en el cual se nos incluya en el diseño de las políticas de desarrollo pero respetando nuestra identidad, que busque la armonía y la paz pero con dignidad.

A 20 años de la aparición pública del EZLN exigimos el diálogo como la única vía para solucionar los conflictos sociales derivados de la exigencia de respeto a los derechos humanos y específicos de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano. También exigimos un cambio del actual modelo económico por uno más justo, por uno en el cual nuestro Estado nacional, a través de sus instituciones sean garantes de la seguridad social y del desarrollo, respetando la composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos originarios.