REGIONES INDIAS
Julio 13, 2019
AIPIN/Comisión de Asuntos Indígenas
Comunicaciones a: lallabatamazola@hotmail.com
Genaro Bautista
AIPIN
La Jornada
MEXICO:
La consulta indigenista: el olvido. Carlos Manzo
Ojarasca
MEXICO:
Sentimientos de
la Nación
inspiran aspiraciones de los pueblos indígenas de México: Regino Montes
Presidencia de la
República / Comunicado
MEXICO: Denuncian omisión oficial ante ‘narcoparamilitares’
Fernando Camacho Servín / La Jornada
SAN
LUIS POSOTI: Indígenas reprochan exclusión en Foro para Ley de Aguas
El Sol de San Luis
MEXICO: Zapata, la comuna y su espíritu. Ilán
Semo
La Jornada
HIDALGO:
Acusan usurpación de candidaturas indígenas
Dinorath Mota López / AM
MEXICO:
Reavivan el debate contra Carolina Herrera
José Negrón Valera / Suputnil
MICHOACAN:
Autonomía financiera a comunidades no es un cheque en blanco: IEM
Dalia Villegas Moreno / Quadratín
VERACRUZ:
Comunidades, ejemplo de sociedades sustentables
Laura Valencia-David A.
López / Quadratín
SINALOA:
Ojo indiscreto. En el aire la UAIS. Tomás Chávez
El Debate
MEXICO:
La tortura. Miguel Concha
La Jornada
GUATEMALA:
Sara Curruchich, la cantautora maya presenta su primer álbum
AFP, Metro Libre
COLOMBIA:
Consejo de Seguridad de la ONU se reúne con excombatientes de las Farc en el
Cauca
Carlos Quilindo / La FM, Sistema
Integrado de Información
MEXICO: Los de abajo. El Presidente en Guadalupe
Tepeyac. Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
En 1993 la comunidad de
Guadalupe Tepeyac, en la selva Lacandona, recibió la visita del entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari, quien tenía información de que una
guerrilla germinaba en esas tierras y mandó construir un hospital para restarle
base social al movimiento. Era la primera vez que un presidente visitaba estos
pueblos y el acontecimiento no fue motivado por una genuina preocupación acerca
de la salud de los tojolabales, sino por la posibilidad de que le estropearan
la obra cumbre de su sexenio: el Tratado de Libre Comercio.
Nada le salió bien al ex
presidente. Derramó dinero que los indígenas recibieron con una gran sonrisa,
pues después lo invertirían en el levantamiento para el que trabajaban desde 10
años antes. El 30 de diciembre de 1993 empezaron a bajar a los pueblos los y
las insurgentes. Un punto de encuentro fue justo Guadalupe Tepeyac, y directo
al hospital se trasladó el subcomandante Pedro para pegar en los
cristales la Primera
Declaración de la Selva Lacandona, proclama de 10 puntos
con la que se dio a conocer el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Seis presidentes de la
República han pasado desde entonces… Y el sexto, el actual, se apersona sin
diálogo de por medio para hacer presencia en el hospital creado por Salinas,
con discurso reconciliador apartado de la realidad de las comunidades a las que
los gobiernos sólo han llegado con despensas, láminas, granjas de pollos y
fertilizantes. También con dinero en efectivo, promesas y balas.
A esta comunidad regresó
sin vida el subcomandante Pedro la mañana del primero
de enero de 1994. La primera baja de un ejército insurgente que emprendía un
camino sin retorno. Pedro y
el actual subcomandante Moisés
abrieron a la guerrilla esta cañada, comunidad por comunidad, familia por
familia. De aquí el nombre del municipio autónomo San Pedro de Michoacán, que
sigue siendo.
El Presidente sabe que no
fue a cualquier pueblo y que aunque durante un cuarto de siglo los gobiernos se
han dedicado a dividirlos y castigar su rebeldía, no será con una mano tendida
que se acabe un movimiento, porque no están peleados con él, sólo no son lo
mismo, ni los mismos. www.desinformemonos.org
MEXICO: La consulta indigenista: el olvido como argumento. Carlos Manzo
Ojarasca
En su convocatoria para
la consulta sobre la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
(INPI) y la Secretaría de Gobernación (SG) como instancias representativas del
Estado mexicano, manifiestan su disposición al reconocimiento de los pueblos en
tanto sujeto de derecho público, como se exigiera en los Acuerdos de San
Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 por el Gobierno federal y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). A 23 años, desde un Estado que se
autodenomina de “izquierda y antineoliberal”, llaman a una consulta en estas
fechas en más de 50 centros coordinadores del INPI. La gran diferencia y olvido
entre esta consulta y la que derivara en los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en, es que mientras ésta
únicamente pregunta por separado (buscando el aval ante algunos representantes
de los pueblos), aquélla se logró y fue consecuencia de un gran diálogo y consenso
nacional. En aquel entonces los principales resultados fueron la firma de los
acuerdos, su incumplimiento por parte del gobierno y la constitución del
Congreso Nacional Indígena (CNI) como un nuevo sujeto histórico en México y
que, desde mayo de 2017, en ejercicio del derecho a la autonomía y libre
determinación, ha integrado como instancia representativa de nuestros pueblos:
el Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
A pesar de que el propio
coordinador nacional del INPI y sus asesores participaron en inicios de esa
parte importante del movimiento indígena nacional representado por el CNI, se
olvidan de actualizar sus informes al ejecutivo en turno, propiciando el
absurdo en sus declaraciones, como las que emitiera con toda su investidura el
pasado 6 de julio en Guadalupe Tepeyac, en territorio zapatista
sobremilitarizado, como lo evidencian los recientes informes del CDH Fray
Bartolomé de las Casas.
AMLO olvidó, entre otras
cosas, la mención del incumplimiento de los Acuerdos por parte del gobierno, las
razones y condiciones que propiciaron la suspensión del diálogo y que aún
siguen vigentes, junto con el marco legal inherente al proceso suspendido.
Sobra imaginar los sobrevuelos y el despliegue de la Guardia Nacional ante la
intrusión del presidente en esta zona; si realmente tuviera “mucho respeto”,
como dijo, por el “movimiento zapatista” ya hubiera desmilitarizado la zona, lo
cual le resulta casi imposible por los caprichos de Trump.
El EZLN no se manifiesta ni se preocupa por buscar interlocución con el Estado y menos reformas constitucionales., junto al CNI/CIG, ha optado por llamar e incidir en la intersección de redes anticapitalistas, es decir, antineoliberales, nacionales e internacionales. Desde otras vertientes histórico autonómicas, observamos importantes avances en la construcción y recreación de procesos que han venido a fortalecer a una parte significativa del movimiento indígena multinacional e internacional antipartidista e independiente del gobierno, sin que por ello pueda considerarse necesariamente neozapatista. Tales son los casos de experiencias con importantes antecedentes desde la Nación Purhépecha, como Cherán u Ostula, o expresiones de articulación continental en Vícam con La Tribu Yaqui, o la permanente defensa jurídica y activa del territorio del pueblo wixárika, entre otras.
La
defensa del territorio y ensangrentada por la presencia de narco-paramilitares,
no será subsanada por una reforma constitucional en materia de derechos
indígenas. Se
requiere otras acciones más organizadas entre naciones y pueblos, más allá de
las fronteras y límites estatales que nos han impuesto apenas en los últimos 200
años. El neoextractivismo y la voracidad del capital en su nuevo ciclo de
acumulación por despojo, doblega cualquier gobierno, como el actual, por más de
izquierda y antineoliberal que se declare o parezca. Así lo el hecho que no se
haya cancelado ninguna de las concesiones mineras vigentes y que tampoco se
esté impulsando alguna consulta sobre la pertinencia de las mismas en
territorios indígenas, desde Sonora hasta Chiapas y desde Tamaulipas hasta
Quintana Roo. En consecuencia, un tema toral en materia de reconocimiento de
derechos indígenas lo es el derecho a
la tierra y el territorio, más
allá de sus alcances al homologarlos con lo planteado en el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de la ONU. En nuestro caso resulta ineludible replantearse la contrarreforma al Artículo 27
Constitucional realizada por Salinas en
1992, ya que la mayoría de nuestras naciones y/o pueblos constituimos en la
postrevolución ejidos y comunidades agrarias, en su mayoría con títulos
primordiales, como ya se le ha hecho ver al INPI en el centro del país en el
marco de su actual consulta. Hace 23 años, temerosos de una verdadera revuelta
indígena campesina nacional, en San Andrés, el gobierno dijo, si no olvidamos,
que el tema de las tierras debería ser llevado a la agenda de la “mesa 3” sobre “Bienestar y Desarrollo”, lo que tampoco ocurrió.
Independientemente de que delegadas y delegados del CNI manifestaron en su V
Sesión que los Acuerdos de San Andrés han perdido vigencia en tanto demanda y
aspiración jurídica de los pueblos en una ‘posible’ nueva relación entre éstos
y el Estado, no se puede dejar en el olvido un tema tan importante como la
cuestión relativa al Artículo 27 Constitucional. Después de más de veinte años
el fantasma de las autonomías indias recorre nuevamente el país.
Una consulta indigenista, en todo el sentido de la expresión, impulsada desde el Estado, ignora u olvidar que las aspiraciones autonómicas de naciones, pueblos y tribus indígenas, originarias y afrodescendientes de todo el continente y más allá, ventilan en su horizonte político formas autonómicas que en tanto naciones, los pueblos esgrimen negando la propia existencia del Estado; la contraposición perceptible en San Andrés entre un modelo de autonomía regional y un modelo de autonomía comunitaria ha quedado fuera de discusión por realidades políticas que en el continente están impulsando la creación y reconstitución de Estados multinacionales, como en Bolivia y Ecuador, más que la construcción de una nueva relación entre pueblos y Estado. El caso de la Nación Purhépecha introdujo esta discusión desde la década de 1980 aunque no necesariamente en los mismos términos en que hoy la Nación Mapuche interpela al Estado chileno desde el Wallmapu, donde emerge nuevamente como paradigma en la vanguardia de un Nuevo Movimiento Indio Transnacional.
Por las prisas del INPI,
su consulta pareciera que tiene entre otros objetivos, infructuosamente:
- Aislar del entorno político nacional al CNI/CIG/EZLN, en tanto sujeto histórico reivindicatorio de toda propuesta de reconocimiento de derechos indígenas ante el Estado.
- Acreditar ante el sistema internacional de derechos humanos (CIDH ONU), las cuotas morales necesarias para lograr el descuento de créditos del Banco Mundial, BID y FMI, aplicables a sus megaproyectos en el centro-sur-sureste, como el PIM, el Megaproyecto Transístmico y el denominado Tren Maya, entre otros.
- Garantizar cierta unidad nacional y la prioridad del Estado en la definición de las relaciones económicas neoextractivas en todo el país.
- Avanzar en la definición de un marco jurídico que dé certidumbre a las empresas transnacionales así como garantizar la efectividad y seguridad de sus inversiones.
- Evitar el reconocimiento de las naciones indias, como expectativa política autonómica de nuestros pueblos.
En el Istmo de
Tehuantepec, en un contexto por demás violento, solamente superado por los
acontecimientos propios de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX,
se hacen presentes de manera simultánea un torbellino de consultas, de tal
forma que hemos padecido la consulta a “mano alzada” realizada por el Ejecutivo
en Juchitán, para “aprobar” la implementación de los megaproyectos que integran
el denominado Corredor
Interocéanico o megaproyecto del
Istmo. En Unión Hidalgo, desde febrero de 2017, el Estado a través de la
Secretaría de Energía y coyotes de empresas eólicas disfrazados de funcionarios
de Murat (padre e hijo), tratan de imponer con base en asambleas manipuladas el
Megaproyecto Eólico Guná Sicarú, que la empresa
transnacional EDF
tiene prácticamente concesionado y proyectado en más de 4 mil hectáreas de
tierras comunales —carácter que los propios gobiernos pretenden desconocer
pasando por encima de la legalidad agraria e indígena alusiva a nuestros
derechos a la tierra y el territorio. La ausencia de una Ley Nacional y/o Estatal sobre Consulta Indígena, obliga a una juez
federal de Oaxaca a reconocer lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT, para tratar de regular
la implementación de dicha consulta mediante propuestas de protocolo que no son
respetadas ni reconocidas por las mismas autoridades responsables de la
implementación del proceso.
No es de extrañar que
esto que está pasando en el Istmo esté ocurriendo en todo el país, salvo en
comunidades en resistencia contra megaproyectos que desde el inicio rechazaron
los megaproyectos, como en el caso de los petroleros de la zona Zoque en la
cuenca del Grijalva, como también lo hiciera San Mateo del Mar contra el
proyecto que Preneal
quiso imponer desde el 2005. Mención aparte merece la heroica resistencia de
ikoots y binnizás contra Mareña
Renovable en 2012 y 2013, no así
con la imposición más reciente de Eólica
del Sur en Juchitán. En
Alotepec, podremos constatar hasta dónde, las tres regiones que integran el
amplio territorio de la Nación Ayuuk, optan por la reivindicación de sus
derechos históricos y autonómicos en tanto Nación o por seguir navegando en el
cauce político del “Nunca más
un México sin Nosotros”, a
pesar del olvido de quienes aun entre sueños diversos positivistas hace más de
veinte años acuñaron esa frase. Alotepec puede significar, si la Madre Tierra lo permite, la
recuperación de la memoria histórica de nuestros pueblos frente al olvido como
argumento. Gubiña gue’te’ lade guí cunda’ guiba’ Chahui ga Zeniti lu binni
ampeng neza guia’…
MEXICO:
Sentimientos de
la Nación
inspiran aspiraciones de los pueblos indígenas de México: Regino Montes
Proponen reconocimiento del municipio indígena en el 115 constitucional. En
Tlapa, demandan reconocimiento de sus sistemas de justicia y seguridad
comunitaria
En San Felipe Usila, pueblos oaxaqueños solicitan reformar artículo 27
constitucional como base para la resolución de conflictos y problemas de
tierras y territorios
Presidencia de la
República / Comunicado
Para hacer posible la
transformación de la vida pública nacional es necesario cambiar de raíz las
estructuras políticas, jurídicas, económicas y sociales del Estado. “Ha llegado
el momento de que nuestros pueblos y comunidades sean plenamente reconocidos en
este pacto social que une a todos los mexicanos”, afirmó Adelfo Regino Montes,
director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Al inaugurar
en Chilpancingo, Guerrero, el Foro del
Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas y Afromexicano, señaló que en la
construcción del nuevo México es muy importante tomar en cuenta la voz y la iniciativa
de los pueblos indígenas, que son una prioridad para el gobierno encabezado por
el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Esta es una cita con la historia,
es una cita para que nuestra voz sea escuchada y sembrada en tierra fértil”,
subrayó ante los pueblos nahua, mixteco, amuzgo, tlapaneco y afromexicano, que
realizaron un ritual tradicional de limpia con inciensos de copal y místicos
sonidos de los caracoles, saludando a los cuatro puntos cardinales con los
arreglos florales.
En presencia de 416
mujeres y hombres representantes de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, así como de autoridades agrarias, municipales y estatales,
además de personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), el titular del INPI
convocó a enarbolar lo establecido en los Sentimientos de la Nación, proclamado
por el general José María Morelos y Pavón en la capital guerrerense, el 14 de
septiembre de 1813. “Siguiendo este mandato, el presidente ha iniciado una
nueva forma de gobernar este país en la que en todas las decisiones y en todos
los actos de gobierno, escuchemos la voz de la ciudadanía, de nuestros pueblos
y comunidades”, refrendó Adelfo Regino Montes en este encuentro de hermanas y hermanos
indígenas, para el cual se instalaron seis mesas temáticas con el fin de
recabar sus opiniones.
Julio Hernández Castro,
presidente del Consejo Municipal de Ayutla de Los Libres –primer municipio en
el estado de Guerrero que elige autoridades a través de su asamblea
comunitaria, en apego a sus normas comunitarias–, señaló: “Somos parte de la
nación, somos parte del derecho que consagra la Constitución; no nos vamos a
caer, estamos de pie, por lo que demandamos el reconocimiento del municipio
indígena en el artículo 115 de la Constitución”.
En Tlapa, exigen revertir la
explotación minera de la región
En tanto, el Centro
Coordinador de Pueblos Indígenas de Tlapa de Comonfort, Guerrero, fue sede del
foro realizado en La Montaña de Guerrero, en el que participaron 753
autoridades y representantes de los pueblos indígenas náhuatl, mixteco,
tlapaneco y amuzgo, quienes se han caracterizado por su histórica lucha en
defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales. En este espacio de
consulta, solicitaron revertir la explotación minera en la región y pidieron que
se conforme un organismo de acompañamiento, asesoría, capacitación y orientación
legal en materia agraria, para evitar la venta, concesión y arrendamiento de
sus tierras, territorios y recursos naturales a agentes externos. Exigieron
además el reconocimiento de sus sistemas comunitarios de justicia y seguridad,
con el propósito de frenar la inseguridad y la violencia en esta región, y se
manifestaron, igualmente, por el interés de que se garantice el reconocimiento
constitucional del municipio indígena. Asimismo, en un respetuoso y nutrido
diálogo, las y los representantes solicitaron se legitime la partería
tradicional como elemento fundamental de la política pública de salud, para
reconocer su presencia en las comunidades y sumar esfuerzo en la atención a los
pueblos.
Pueblos de San Felipe Usila
solicitan protección jurídica de sus conocimientos medicinales
En el foro realizado en
San Felipe Usila, región de La Chinantla, Oaxaca, se reunieron 411 autoridades
y representantes de los pueblos mazateco, chinanteco y población indígena
migrante, quienes pidieron modificar la Constitución y leyes para que se
garantice la protección de sus conocimientos medicinales y bioculturales, con
el fin de salvaguardar la riqueza cultural y natural de sus comunidades. Los
participantes coincidieron -en las 6 mesas de trabajo que abordaron 16 temas
centrales-, en la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional porque,
es la base real para resolver conflictos y problemas de tierras y territorios
indígenas, así como para garantizar la defensa y protección de sus recursos
naturales. Enfatizaron que su relación especial con la madre Tierra debe ser
garantizada en la legislación mexicana.
Este foro contó con la
presencia la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos
Indígenas del H. Congreso de la Unión, quien planteó que “se debe dejar atrás
la idea que los pueblos indígenas son un sector que debe ser cuidado por el
Estado”, y aseguró que en esta transformación nacional los pueblos serán
tomados en serio y tendrán el lugar que merecen. Por su parte, el senador
Salomón Jara Cruz, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de
la República, señaló que el objetivo de esta consulta es escuchar las voces de
todos los participantes para crear una iniciativa de reforma que permita saldar
la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas.
MEXICO: Indígenas denuncian omisión oficial ante
grupos de ‘narcoparamilitares’
Fernando Camacho Servín / La Jornada
El Congreso Nacional
Indígena (CNI) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata
(CIPOG-EZ) denunciaron que las autoridades estatales y municipales de esa
entidad han sido omisas e ineficientes para investigar y detener a grupos narcoparamilitares
conocidos como Los Rojos y Los Ardillos. Dichas bandas del
crimen organizado, afirmaron, han intensificado en meses recientes las amenazas
e incluso asesinatos en contra de varios integrantes de ambos colectivos
sociales, con el objetivo de detener la lucha de diversas comunidades en
defensa de su territorio y sus recursos naturales.
En conferencia de prensa,
integrantes del CIPOG-EZ y el CNI afirmaron que un ejemplo de dicha escalada de
violencia es la desaparición y posterior homicidio de los indígenas nahuas
David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, originarios de la comunidad de
Ayahualtempa, quienes el pasado 8 de julio fueron detenidos y asesinados por
integrantes de Los Ardillos, de acuerdo con algunos
testigos. Apenas dos días después de esos hechos, las indígenas Juana Hernández
Ambrosio y Alberta Matías Tendón, también integrantes de los dos colectivos
populares, fueron asesinadas de una manera similar a la de las otras dos
víctimas, a pesar de que en la zona donde ocurrió el ataque ya existe presencia
de la Guardia Nacional.
En el mismo sentido, el
CNI y el CIPOG-EZ dijeron tener información de que Los
Ardillos investigan
las actividades de otros luchadores sociales, entre ellos Jesús Plácido
Galindo. Las amenazas en su contra fueron ratificadas a transportistas de la
región de la Montaña Alta, así como a comisarios de pueblos de esa misma zona.
“El asedio a las
comunidades indígenas nahuas integrantes del CIPOG-EZ no ha cesado, los retenes
narcoparamilitares continúan y en ellos registran
a la población que se dirige a las cabeceras municipales. Los gobiernos estatal
y federal anunciaron con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional,
pero no vemos mayor seguridad ni que se haga justicia a nuestros hermanos y hermanas
brutalmente asesinados y asesinadas”, alertaron.
Las organizaciones
responsabilizaron de nuevas agresiones al gobierno municipal de Chilapa de
Álvarez, así como al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y al presidente
López Obrador.
SAN LUIS POSOTI: Indígenas reprochan exclusión en Foro para Ley de Aguas
El Sol de San Luis
Integrantes de la
asociación Cambio por San Luis y de la Coordinadora de Organizaciones
Campesinas e Indígenas de la Huasteca se manifestaron este pasado viernes en el
"Foro Regional: Rumbo a la Construcción de una Nueva Ley de Aguas
Nacionales", convocado por diputados federales. Previo a la inauguración,
integrantes de Cambio por San Luis y de comunidades indígenas de la Huasteca,
ingresaron con pancartas y gritos al salón donde se realizaría el evento
protocolario, “el agua no se vende y el río se defiende”, “no al fracking” y “no queremos ecuación
corrupta en el agua”, fueron algunas de las consignas, esta última en
referencia al diputado federal Óscar Bautista Villegas.
Los inconformes subieron
al templete y denunciaron que no se convocó a todos los sectores de la sociedad
a participar en el foro, pues criticaron que los políticos sólo recuerdan a las
comunidades indígenas en tiempos electorales y les dan la espalda en temas como
éste, pese a varios casos de despojo de cuerpos de agua llevados a ciudades, e
incluso, a la industria. Recordaron que desde la sociedad civil se han
organizado foros para recoger propuestas para la Ley de Aguas, por ello
pidieron incluirlas; en el presídium dieron lectura a los “12 consensos por el
agua”, con propuestas como; prohibir el fracking, democratizar
las decisiones sobre aguas nacionales, respetar el derecho de las comunidades
indígenas y ejidos sobre el agua en sus territorios, reducir el consumo de
energía en la gestión del agua.
MEXICO: Zapata, la comuna y su espíritu. Ilán
Semo
La Jornada
Con la muerte de Emiliano
Zapata a la edad de 39 años, el 10 de abril de 1919, concluyó uno de los
levantamientos populares más excepcionales del siglo XX. Durante una década,
las tropas zapatistas, arraigadas en una multitud de pueblos situados en vastas
regiones de las entidades de Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y los linderos
de la antigua Ciudad de México, lucharon no únicamente por la tierra y el sustento
de sus familias, sino por algo más radical: una vida distinta, más digna,
íntegra y soberana. Una vida mejor. Cuando Zapata aludía en sus proclamas a los
pueblos alzados como el gran centro de la rebelión, no tenía en mente esa
categoría de pueblo abstracta y vacía, pieza clave de la legitimidad del Estado
moderno, sino esa realidad cosmogónica y sentimental, épica y trágica que todo
mexicano percibe cuando alguien se refiere a mi pueblo o mi tierra. Es decir,
el íntimo mundo de los pequeños poblados donde se comprometían y se ponían en
juego la vida entera, los sueños y las pesadillas de la mayor parte de la
población de la época. Comala de Juan Rulfo.
Una de las afirmaciones
más impensadas y banales de estudios historiográficos sobre el zapatismo en el
siglo XX, fue que su trama expresaba el afán de restaurar una antigua comunidad
perdida y devastada por la hacienda, el ferrocarril y las inclemencias de la
modernización del porfiriato. Un absurdo que pretendía situar al zapatismo en
el remoto ámbito de la tradición (frente a la hipotética modernidad del
maderismo). En efecto, el zapatismo se inició como un movimiento que reclamaba
tierras que las haciendas y la violencia del porfiriato habían arrebatado a las
comunidades de los valles y las cañadas del estado de Morelos. Pero el decurso
de la Revolución misma, el descubrimiento de su trama y originalidad, lo
transformaron en algo muy distinto, algo que ni sus mismos protagonistas habían
sospechado: el hallazgo de una nueva e inusitada forma de vida.
Esa forma que cobró
plenitud entre 1914 y 1916 y que Felipe Ávila examina con detalle en el
capítulo sobre La comuna
de Morelos en
su Breve historia del zapatismo (Crítica, 2018). Por primera vez,
las comunidades de Morelos, en su mayoría indígenas, descubrían que no sólo
podían hacerse de las tierras, sino que eran perfectamente capaces de
autogobernar su mundo como tal: la educación, la justicia, la economía, el
orden público, las elecciones. ¡Sin injerencia del Estado! Más que un
movimiento político, social y militar, el zapatismo creó una nueva forma de
apropiarse del mundo, un nuevo poder soberano, si se quiere. Cierto, un poder
anclado en la historia de las propias comunidades, pero inconcebible sin los
desafíos y las solidaridades inéditas que le planteó el impredecible decurso de
la Revolución Mexicana.
Una de sus consignas
centrales La tierra es de quien la trabaja que se ha prestado a las peores
malversaciones interpretativas, superó la capacidad de cualquiera de los
líderes centrales de la Revolución. Se trata, en rigor, como lo explica en el Nomos de
la tierra Carl Schmitt –que
probablemente ni siquiera sabía de la existencia del zapatismo– del principio
más antiguo que funda la posibilidad misma de relacionar el derecho con el
valor más primigenio de justicia: el intercambio que hace posible la vida de
los seres y la de la tierra misma.
Cierto, Emiliano Zapata
quería refutar tanto la idea porfiriana que preservaba tierras ociosas, como la
del maderismo, que pretendía convertirla en mercancía, es decir, la tierra es
de quien cuenta con el capital para comprarla. Por su parte, el zapatismo dio
en el clavo, al menos para avizorar una salida a la propia Revolución. En este
sentido, es preciso y difícil entender otra de sus consignas centrales: Tierra y libertad, que provenía del arsenal
programático del anarquismo. Los liberales del porfiriato nunca entendieron –o
no quisieron entender– que el despojo de las tierras de estas comunidades
estaba hiriendo la parte sacra de sus vidas. Lo sacro no tiene que ver necesariamente
con los dioses de una cultura. Más bien, es aquella frontera que define el
límite del sentido, ahí donde una comunidad está dispuesta a arriesgar su vida
misma.
Hoy, por ejemplo, lo
sacro estaría ligado probablemente a la defensa de la integridad de los hijos,
donde cada quien parece dispuesto a defenderla a costa de lo que sea. En el
mundo de Zapata, el equivalente era la tierra y el orbe construido sobre ella.
No es casual que simultáneamente haya sido un movimiento guadalupano, la virgen
que preserva la sinonimia entre la madre y la tierra. Se ha reflexionado poco
en que el zapatismo se expresa como un anarco-guadalupanismo, una de esas
extrañas y prolíficas fusiones que suceden en nuestra historia. Una fusión que
dio pie a la visón moderna y mexicana de la antigua comunitas cristiana, que
casualmente no se propone como una alternativa a su polis:
Zapata jamás desechó la idea de influir en la política nacional, pero nunca la
confundió con participar en esa política.
HIDALGO:
Acusan usurpación de candidaturas indígenas en procesos electorales
El gobernador indígena César Cruz pidió que aspirantes a cargos de
elección popular en próximos comicios municipales comprueben su pertenencia a
pueblos originarios.
Dinorath Mota López / AM
César Cruz Benítez,
gobernador indígena de la comunidad de San Ildefonso, en Tula, exigió
que en el próximo proceso electoral los cargos que corresponden a
representantes de pueblos originarios sean elegidos correctamente, ya
que anteriormente “fueron usurpadores los
que accedieron a estos puestos de elección popular”. Sin señalar nombres, el gobernador indígena acusó que en el pasado
proceso electoral de diputados locales en Hidalgo hubo personas que no debieron
ocupar candidaturas, como en los distritos de Huejutla e Ixmiquilpan,
donde “se inscribieron
aspirantes que nada han hecho por las poblaciones indígenas”.
En esta ocasión, dijo, “no
queremos que pase lo mismo, que nada más porque haya dado un servicio al municipio
en algún cargo como diputado o presidente se les den las candidaturas que
corresponden a los indígenas”, expresó. Se
requiere de gente comprometida con los pueblos y sus necesidades. Los candados
para estos cargos deben endurecerse y las mismas comunidades, no los partidos,
deben ser las que avalen las fórmulas, aseveró.
Los partidos solo han utilizado a los integrantes de estas comunidades, ahora tienen la oportunidad de cambiar aunque no les gusta mucho la idea porque piensan que “se les va a venir la indiada”, señaló.
De igual forma, puso como
ejemplo el caso de Chiapas donde un funcionario compró un documento para
que la autoridad de una comunidad acreditara que hacía trabajo y así le
validaran su candidatura indígena.
MEXICO:
Reavivan el debate contra Carolina Herrera sobre la apropiación cultural
José Negrón Valera / Suputnil
La diseñadora Carolina
Herrera ha sido el detonante de un arduo debate en México, después de que la
Secretaría de Cultura de esa nación la acusara de apropiación cultural. La
colección Resort
2020, que
según Wes Gordon, director creativo de la firma de Herrera, es un homenaje a la
"riqueza cultural mexicana" y producto de su "admiración por el trabajo
artesanal", ha sido puesta en tela de juicio por la secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto.
En una carta dirigida a
la empresa, la funcionaria pidió explicaciones sobre por qué "decidieron
hacer uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente
documentado", además de solicitar información sobre cómo piensa Carolina Herrera
retribuir "beneficios a las comunidades" que son las legítimas dueñas
de tales diseños.
La carta de Carolina Herrera
Herrera emitió un
comunicado tildando su colección como "un homenaje a México",
mientras que el gobierno de ese país organiza encuentros y prepara una
"iniciativa de ley para proteger la creatividad de artesanos y detener el
plagio del arte popular".
El debate no acaba sino de
comenzar.
No
es la primera vez que ocurren situaciones similares. Recientemente Kim
Kardashian registró en
Estados Unidos la palabra "Kimono" como marca comercial
para identificar su colección de
ropa interior íntima.
Miles de japoneses
reaccionaron en la red social Twitter, en lo que consideraron un
ataque a uno de sus símbolos nacionales. A través de una campaña viral con la
etiqueta #KimOhNo, lograron que la
celebridad estadounidense pidiera excusas y considerara cambiar el nombre de su
producto.
La lista de apropiaciones
culturales por parte de personalidades y empresas dedicadas al sector de
manufactura de ropa es larga. Recientemente se le ha agregado Louis Vuitton, acusado también por Mèxico de apropiación cultural y la trasnacional
del calzado Nike, quien tuvo que retirar
sus zapatillas Air Force
1 'Puerto Rico' 2019, debido
a que la comunidad Guna de Panamá denunció que plagiaron el diseño 'Mola' que según alegan, les
pertenece.
Más allá de la superficie
El antropólogo y etnohistoriador
Emmanuel Amodio, en diálogo con Sputnik, escucha atentamente la enumeración de
los múltiples casos de apropiación cultural y matiza que lo primero es pensar
que "no existen, ni han existido culturas aisladas". "El caso de
Carolina Herrera, además es complicado por
el hecho que sobre esos diseños no ha sido depositado ningún copyright
[derechos de autor], como se usa en el mundo occidental; y además, se trata de
motivos que circulan ampliamente en México. ¿Hay que poner para copyright todas
las producciones culturales indígenas, en modo que cualquier utilización no
autorizada [por quién?] pueda ser perseguida. Pero está el caso, que he vivido
personalmente como asesor de declaraciones de patrimonio, cuando quienes usan
los dibujos indígenas son los campesinos colindantes a comunidades indígenas,
como en el caso de las arpilleras de los Kuna de Panamá que ya no es posible
saber bien si los que las producen son indígenas o no", reflexiona.
Para el académico, la
dinámica entre culturas no se trata de solo imposiciones o apropiaciones, sino
que deben incluirse los "intercambios espontáneos o comerciales,
relaciones de saberes e historia" siempre en contextos que pueden ser
"equilibrados e igualitarios o desiguales" apunta.
Al hacer consideraciones
sobre la necesidad de iniciativas gubernamentales para la defensa y preservación del patrimonio
cultural, Amodio destaca que "eso de preservar no tiene mucho sentido, ya
que las culturas no son un bien tipo patrimonio que pones a salvaguardar en una
caja o detrás de una vitrina. Las culturas o están vivas y actuales o están
muertas" resalta. A su juicio, estamos viviendo un periodo de la historia
en que ya las comunidades no se "pueden dar el lujo de vivir
aisladas", y más allá de los gobiernos deben ser "los mismos pueblos
indígenas que, una vez conscientes del problema, se organicen para defender su
cultura".
"La pregunta más interesante sería: ¿Cómo mantener vivas las
culturas y las identidades en un mundo cada vez más veloz y
fragmentado? Esto tiene que ver también con la socialización e inculturación de los niñas y niñas. Si tienen uso de
celular y ven televisión desde temprana edad, evidentemente no se puede después
pretender que tengan identidad fuertes y dinámicas y que su cultura sea
homogénea" concluye.
Para el poeta y ensayista
Héctor Padrón, experto en literatura indígena de la Universidad Nacional de las
Artes, el debate sobre la apropiación cultural no puede desligarse de las
relaciones de poder que tienen lugar entre las naciones del mundo.
Los países occidentales,
en especial Estados Unidos, "han construido un campo semántico invasivo de
los imaginarios de cada pueblo, donde se apropian y resignifican los motivos y
elementos originarios de cada cultura, mostrándolos ante el mundo como creación
propia, o peor, envueltos en una nube de exotismo vistoso, casi autoproclamándose como el vehículo que
hace posible que el mundo conozca tal o cual historia o elemento cultural,
cuando lo cierto es que lo han convertido en mercancía para explotarlo comercialmente"
resalta.
¿Qué aspectos de la apropiación
cultural no estamos viendo?
Parece haber emergido en los
últimos tiempos una especie de "turismo espiritual": viajes y hasta
campamentos donde se ofrece a los turistas la participación en rituales
ancestrales para disfrutar de sus posibles propiedades de sanación. Pero en
realidad, en la mayoría de los casos quienes organizan este tipo de empresas
deforman el significado y praxis real que originalmente posee para los pueblos
indígenas; en el fondo parecen inescrupulosamente perseguir el lucro por medio
de la falsa espiritualidad. También debemos referirnos al saqueo cultural
sistémico de los bienes culturales de los pueblos; esto ha sucedido durante
siglos y uno de los más recientes y conocidos es el robo de la piedra Abuela
Kueka del pueblo Pemón.
¿Qué consecuencias y significados trae este proceso de
apropiación tanto para los pueblos cuyos saberes son apropiados, así como para
la cultura dominante?
Está demostrado en la historia
que quienes han pretendido dominar a los pueblos, antes han intentado disolver
su tejido cultural, desvalorizar su relato como nación, aquello que los
cohesiona, esas imágenes y seres que convocan a los hombres y mujeres de un
territorio a sentirse partícipes de una comunidad. Es por ello que al no
percibir un pasado al cual asirse y sentirse heredero del mismo, e
identificarse con un legado espiritual propio, no existe a su vez, o existirá
cada vez con menor fuerza, un destino común como nación con especificidades culturales
que den fisonomía propia a una identidad, es decir, poco a poco se transforma
en una cultura enajenada.
Ahora bien, en el caso de
la cultura dominante es común que, en el proceso de apropiación y deformación
de los elementos culturales ajenos, se creen estereotipos y versiones erradas
de las historias y saberes expresados en estos elementos tangibles o
intangibles.
Muchos de los debates sobre
apropiación cultural, solo parecen abarcar el punto de vista estético, que a su
vez es simbólico y también identitario, pero qué hay con otro tipo de saberes
como lo que respecta a la oralidad, la escritura, pensemos por ejemplo en las
historias que son parte del patrimonio cultural de los pueblos y que Disney
convierte en productos comerciales. Por ejemplo en la película UP se hace una
apropiación de los tepuyes venezolanos y ni siquiera se hace mención al país ¿Podría
ahondar al respecto?
Pones por caso el cine
producido por Disney, multinacional que, desde hace décadas, y en los últimos
años con mayor fuerza dada su expansión comercial, ha sido y es de las principales
productoras de contenidos en diversos formatos, a escala global y con un nivel
de penetración como nunca antes ninguna corporación lo tuvo, con contenidos
pensados para cada tipo de población y con la apropiación simbólica que le
asegura el alcance de los potenciales consumidores en cualquier punto del
planeta. El caso del cine de Disney, y específicamente en el de la muestra de
tepuyes en esa película es solo uno. Pero han hecho uso deformante de la
cultura griega, china, indígena americana, africana, nórdica… creo que no hay
acervo del cual no se hayan aprovechado lanzando al mundo una falsa versión de
las historias de los pueblos.
La nueva 'Sirenita' de Disney
será afroamericana
Desde los centros de
poder mundial la intención parece ser la misma, solo que ahora con estrategias
diferentes. Ya no es necesario el exterminio de las imágenes del otro que se
desea dominar, ya no más quemar sus ídolos, o desprestigiar su religión, ni
siquiera cuestionar abiertamente su condición de humano apto para el “progreso”
-esto último queda inmerso en el discurso construido en los productos
culturales, listo para la asimilación y aceptación incluso del oprimido-, ahora
se apuesta por la absorción de culturas populares, y en resignificación
uniformadora lograr penetrar los imaginarios nacionales y regionales desde la
más temprana edad. Todo esto adornado por la ganancia inmediata de cantidades
asombrosas de dinero: negocio redondo que consolida un mercado seguro para los
contenidos que produzca la empresa desde la actualidad hasta las próximas
décadas. El colonialismo y la colonialidad pensados para perpetuarse de forma
eficaz y masiva.
¿Por qué es tan importante
este debate de la apropiación cultural para los pueblos de todo el mundo?
La escasa presencia de la
cultura originaria de los pueblos en el imaginario colectivo, e incluso
político, obedece a un mecanismo sistemático de ocultamiento que sirve a los
intereses del sistema-mundo, a sus centros de poder y a la clase dominante en
cada uno de los países periféricos, clases subsidiarias de la ideología
neocolonial. Así funciona en parte la colonialidad, que inferioriza lo no
europeo o estadounidense, negando la diversidad y penetrando el imaginario de
los dominados, sembrando y reforzando los principios culturales de “occidente”,
como parte de la universalización de una visión etnocéntrica de la humanidad,
pero al mismo tiempo acelerando procesos de desnacionalización que hacen más
fácil la asimilación cultural por parte de los pueblos colonizados.
MICHOACAN:
Autonomía financiera a comunidades no es un cheque en blanco: IEM
Dalia Villegas Moreno / Quadratín
Morelia. El
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) validó este viernes la consulta celebrada
en San Benito de Palermo el pasado miércoles para definir los criterios de
ejercicio de presupuesto directo que les fue reconocido por el Tribunal
Electoral de Michoacán (TEEM), pero consejeros subrayaron que con ese derecho
adquirieron la responsabilidad de rendir cuentas.
En sesión extraordinaria
celebrada la tarde de este viernes, el Instituto Electoral de Michoacán, en el
asunto que parecía de mero trámite, la representante del Partido del Trabajo
(PT), Marcela Casillas Carrillo, cuestionó acerca de las obligaciones de
transparencia que adquirió la comunidad, así como el papel del IEM en ese
aspecto.
En respuesta, el
presidente de la comisión de Atención a Pueblos Indígenas, Humberto Urquiza
Martínez, recalcó que San Benito tendrá responsabilidades en materia de
transparencia y rendición de cuentas, como presentar Cuenta Pública. “En la
fase de la consulta informativa se les dieron a conocer las obligaciones
adquiridas, no solo en materia de transparencia, sino las implicaciones de
ejercer el recurso; fueron dos horas en las que se les explicaron las
obligaciones del uso del recurso: fiscalización, comprobación, rendición de
cuentas, presupuestación y otras”. Recordó que con la reciente reforma a la Ley
de Fiscalización las comunidades ya son objeto de fiscalización, por lo que
deben cumplir con los parámetros de ley que establece la Auditoría Superior de
Michoacán (ASM) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “En esta etapa
informativa les informamos de las implicaciones de ejercer recursos,
básicamente tener derechos, pero también obligaciones y responsabilidades, y si
éstas no se cumplen esa autoridad puede incurrir en responsabilidades que les
pueden generar sanciones administrativas e incluso penal”, comentó.
La referida consulta en
la localidad indígena de San Benito de Palermo, municipio de Los Reyes, se llevó
a cabo para definir los términos de la administración del presupuesto directo,
y en términos de la sentencia TEEM-JDC-028-2019 el Consejo Comunal ejercerá 4.2
millones de pesos al año.
VERACRUZ:
Comunidades indígenas, ejemplo de sociedades sustentables: Semarnat
Laura Valencia-David A.
López / Quadratín
Xalapa. La
vanguardia del mundo hacia las sociedades sustentables son las comunidades
originales indígenas, ahí están los valores, la forma de organización, el
respecto por la naturaleza, subrayó el secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo
El servidor público acusó
que el país ha quedado hecho un desastre en términos ambientales, y mencionó que
con un presupuesto limitado están intentando resolver este problema, poner
orden. Respecto del presupuesto del sector ambiental, señaló que están a la
mitad, “no somos los que menos tenemos ni los que más tenemos, pero esto
también es un problema de perspectivas, en el mundo se avanza poco a poco con
un cambio de mentalidad en el gobierno, pero eso no es suficiente todavía”. Destacó
que en hay una enorme preocupación de la ciudadanía, con miles de iniciativas
ambientales que seguramente tendrán apoyo, y agregó que la nueva política desde
la Semarnat es la ciudadanización. Expuso que un gobierno de izquierda acota la
voracidad del poder económico y traslada el poder a los ciudadanos, “esto
significa el empoderamiento de la sociedad, y lo vemos en el tema de incendios.
El gobierno ya no se pueda manejar solo, es imposible que el gobierno resuelva
los incendios forestales sin la ayuda de las comunidades, la gobernanza del
agua es imposible sin los ciudadanos”.
Manuel Toledo indicó que
nos encontramos en un modelo caduco de estado, y si no se comparte el trabajo
de los gobiernos con la ciudadanía, si no hay ciudadanía organizada, iremos
hacia una situación muy difícil. “Creo que en la medida que avanza el
empoderamiento ciudadano no serán necesarios estados gigantescos, en la medida
de que la ciudadanía avance en su organización, los gobiernos tienen que irse
achicando”. Explicó que la sociedad sustentable es una sociedad futura, sin
parditos políticos, con un gobierno reducido al mínimo, la gente desde abajo va
a tener la capacidad de autogobernarse, “el 80 por ciento de los municipios de
Oaxaca se gobiernan por usos y costumbres, no necesitan partidos políticos”.
El titular de la Semarnat
recordó que “ya lo dijo en presidente López Obrador, ‘en quien más confío es en
los municipios oaxaqueños, que se han gobernado sin partidos políticos’, además
en México hay un incipiente pero cada vez más fuerte movimiento por la
autogobernanza, es el caso de Cherán, en Michoacán; Cacahuatepec, Guerrero, y
Ayutla de los Libres, que se rige por asamblea de 235 localidades.”
SINALOA:
Ojo indiscreto. En el aire la UAIS. Tomás Chávez
El Debate
Diputados locales harán
mañana una consulta a los indígenas regionales para definir de una vez por
todas la forma en que se reformará la ley orgánica de la Universidad Autónoma
Intercultural de Sinaloa, mientras tanto la UAIS está en el aire, sin nombre
propio y asediada por la amenaza de revueltas internas.
Antes la UAIS se llamaba
Universidad Autónoma Indígena de México; sin embargo, durante la pasada
administración se le cambió de nombre y, como no se consultó a los indígenas,
un grupo de gobernadores interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y esta ordenó dar marcha atrás en los cambios y el caso se
encuentra en el Congreso del Estado.
Quizá la rectora Guadalupe
Ibarra sea la menos culpable del conflicto legal que enfrenta la universidad, a
cómo puede ha enfrentado el temporal, incluso le han surgido conflictos como
demandas penales, tomas de oficinas y huelgas de hambre que demuestran la
inestabilidad y las luchas por el poder que se dan al interior.
“La moneda está en el
aire en la UAIS”, no se sabe cuáles son los cambios que se harán, ni siquiera
el nombre que adoptará o el sistema de gobierno, porque en ocasiones los
gobernadores han exigido que se designe a un rector indígena y lo único seguro
es que pronto se despejarán todas estas incógnitas porque se ha fijado un plazo
fatal que no debe pasar de noviembre para la aprobación y entrada en vigencia
de la reforma.
MEXICO:
La tortura. Miguel Concha
La Jornada
La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de
las Naciones Unidas define a la tortura como todo acto por el cual se inflijan
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con la finalidad de obtener de ella información o una confesión,
castigarla, intimidarla o coaccionarla, a ella o a otras, cuando dichos dolores
o sufrimientos sean causados por un funcionario público u otra persona en el
ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia. En la historia de México la tortura ha sido una
práctica regularmente empleada por autoridades y fiscalías para la obtención de
información respecto de delitos y movimientos sociales o políticos. Sin embargo,
en años recientes se ha empleado como medio para castigar y generar terror
entre la población, causando con ello graves violaciones a los derechos humanos
y dejando una gran cantidad de víctimas.
Tal fenómeno ha alcanzado
en el país niveles tan alarmantes, que diversos organismos internacionales han
puesto su mirada en México. Claro ejemplo es el de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que hace poco sentenció al Estado mexicano en el caso Atenco
por hechos de tortura sexual.
El Comité Contra la Tortura (CAT) de
la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1988, tiene entre sus
principales tareas evaluar periódicamente a los diferentes Estados parte de la
Convención Contra la Tortura, y por ello en diversas ocasiones (siete) el
Estado mexicano se ha sometido a este escrutinio, siendo la última en mayo
pasado. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes paralelos
frente al CAT, en los que dan cuenta de que la tortura en México es una
práctica generalizada que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos
poblacionales más vulnerables, y que parte de la impunidad estructural que
persiste en distintas instancias y
niveles de gobierno. Durante la reciente revisión ante el comité denunciaron
que la delegación mexicana no pudo responder a los cuestionamientos realizados,
entre otros factores por la falta de una implementación efectiva de los
instrumentos jurídicos existentes.
Entre las observaciones
finales, el CAT resaltó que si bien en años recientes se han presentado avances
legislativos en el tema, como lo es la implementación de la Ley General contra
la Tortura –que homologa en toda la nación los tipos penales sobre tortura y
malos tratos, y prescribe, además, la imprescriptibilidad para la investigación
y sanción de tal delito– la tortura en México presenta niveles alarmantes de
incidencia, ya que conforme a datos proporcionados por el propio Estado, en
enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4 mil 296 averiguaciones
previas y 645 carpetas de investigación en trámite por este delito. Asimismo,
entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias
por actos de tortura. Lo cual no solo indica que dicha práctica se ejerce
constantemente, sino que también revela que miles de casos quedan en la
impunidad. Factor que ha fomentado la continuidad de esta práctica. Uno de los
casos más recientes fue el de Carlos Canto Salgado, que se conoció mediante la
difusión de un video en redes sociales. En él se muestra a un hombre atado de
manos, con los ojos vendados con cinta adhesiva, y a personas, a las que se
identifica como elementos de seguridad de Guerrero, que lo torturan e
interrogan respecto a los hechos relacionados con los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
Tal suceso no únicamente
refleja el crudo panorama de la tortura en la República Mexicana, también
demuestra uno de sus efectos más graves, como lo es la toma de declaraciones y
recolección de pruebas a partir de tormentos y tratos crueles. Dicho caso es
particularmente alarmante, pues desde hace alrededor de un año organismos
internacionales denunciaban que la mayoría de las declaraciones retomadas en la
llamada verdad histórica para el caso Ayotzinapa carecían de legitimidad al
presentar señales de tortura, dejando al descubierto una línea de investigación
ya totalmente desacreditada.
Ante este panorama, la
nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la tarea
de generar líneas de acción encaminadas a combatir tal problema. Y entre sus
principales encomiendas está la de diseñar el Programa Nacional para Prevenir y
Sancionar la Tortura correspondiente a este sexenio, el cual deberá tomar en
cuenta las experiencias y opiniones de las diversas organizaciones de la sociedad
civil que por años han trabajado para visibilizar y erradicar dicha práctica,
además de recoger las voces de aquellas personas y sus familiares que han sido
víctimas de diversos episodios de tortura en los sexenios anteriores. Ello con
la finalidad de diseñar una política pública contra la tortura en apego a los
más altos estándares internacionales en derechos humanos.
GUATEMALA:
Sara Curruchich, la cantautora maya presenta su primer álbum
AFP, Metro Libre
La cantautora maya Sara
Curruchich lanzará este sábado en Guatemala su primer álbum, con el que busca
consolidarse como una voz de reivindicación por los derechos indígenas y contra
la pobreza que impulsa la migración desde ese país centroamericano hacia
Estados Unidos. La joven de 26 años, nacida en la pobreza en el pueblo indígena
maya kaqchikel San Juan Comalapa, al oeste de la capital, alcanzó un
reconocimiento internacional tras la presentación de su primer sencillo "Niña", en 2015.
Tras un tiempo de
presentaciones en Europa y Estados Unidos, Curruchich presentará "Somos", compuesto por 13
canciones en las que mezcla español y kaqchikel, y acompaña con su guitarra. El
repertorio incluye un abordaje del problema de la migración irregular desde
países de Centroamérica hacia Estados Unidos, que se ha incrementado desde
2018. "Es una recopilación de historias personales y colectivas que me han
permitido fortalecerme, guiado, y tener un poco más de empatía sobre todo con
los sucesos de muchos pueblos y sus luchas", describe Curruchich a la AFP en una entrevista previa
al lanzamiento, en la Feria
Internacional del Libro de Guatemala (Filgua). El álbum, que se gestó
en los últimos cuatro años entre Guatemala, Francia y España, contó con la
dirección artística del francés Gambeat, bajista del cantante Manu Chao.
Vestida con el traje de su
pueblo, Curruchich dice que el nuevo trabajo está impregnado de colectividad y
multiculturalidad, de los que surge su lucha. "En la música está este
rechazo al racismo, la discriminación, las divisiones y a esa violencia"
que se genera por las discrepancias de identidad, agrega la joven de cabello
largo y trenzado que se inició en la música con su padre, un músico empírico
que falleció cuando era una niña.
Pobreza y migración
En su primer disco, la
cantautora incluye en sus letras el tema de la migración, que ha llevado a
miles de guatemaltecos a abandonar el país desde el año pasado. "Lo abordo sobre todo porque desde nuestras
comunidades la desigualdad social es muy grande, y los índices de pobreza y
desnutrición de niños son muy altos".
Datos oficiales indican
que el 59% de los 17,7 millones de habitantes del país viven en pobreza, pero
ese indicador trepa al 80% en comunidades indígenas, que son el 42% de la
población. Además, el 47% de los niños menores de cinco años padecen
desnutrición crónica, el índice más alto de Latinoamérica, según la ONU. "Es
indignante y me da mucha tristeza porque la gente se ve obligada, en la
necesidad de dejar a su familia, su casa, su manera de vivir, para buscar una
vida digna", dice la artista. Pero en ese camino, se lamenta, muchos se
someten a un traficante de personas, sin la certeza que llegarán a su destino,
donde "son estigmatizados".
Resistir
En Somos, Curruchich incluyó la
canción "Resistir", otro de un total de
cinco sencillos que dieron reconocimiento, en la que reivindica la lucha por
los derechos de las comunidades indígenas. Según dice, es importante resistir
en la "lucha para proteger y salvaguardar" los idiomas originarios
como parte de la identidad.
Igualmente, busca con sus
letras reflejar y reforzar un sentimiento la colectividad. Y hacer sentir a la
gente "que estas canciones son una manera de fortalecer, articular, tejer
una comunidad mucho más grande, sintiendo esa empatía por las luchas por la
defensa de los derechos y de nuestras propias alegrías".
Curruchich también ha
escrito canciones como un homenaje a miles de indígenas víctimas de masacres
durante la guerra civil en la que el país estuvo sumido entre 1960 y 1996, y
cuya barbarie sufrió su pueblo.
COLOMBIA:
Consejo de Seguridad de la ONU se reúne con excombatientes de las Farc en el
Cauca
Carlos Quilindo / La FM, Sistema
Integrado de Información
La delegación del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (ONU) que está de visita en
nuestro país, se reúne con los excombatientes de las Farc, para escuchar
los alcances a propósito de la implementación de los acuerdos de paz firmados
con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Además de los 15
delegados embajadores de diferentes países, hacen presencia también las
autoridades locales, departamentales y funcionarios del gabinete del Presidente
Iván Duque, como Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización y
Consolidación, al igual que el canciller Carlos Holmes Trujillo.
En la inauguración del
evento, los representantes del Gobierno indicaron que una de las
preocupaciones y retos del Estado, es el de consolidar la seguridad de
los excombatientes. Archila destacó que se están redoblando esfuerzos
para dar esas garantías. ''De donde está viniendo la violencia es una
preocupación de las comunidades de las Naciones Unidas y por supuesto del
Gobierno. Esto es algo en lo que todos estamos del mismo lado y es una causa
que nos tiene unidos a todos para proteger a los líderes sociales y
particularmente cumpliendo con nuestras responsabilidades protegiendo a los
excombatientes Farc'' expresó el consejero. Entre tanto, el senador
Pablo Catatumbo del partido Farc, llamó la atención del Gobierno tras indicar que
el departamento del Cauca es la región del país donde más excombatientes han
sido asesinados. ''Tenemos que conformar un frente común, de quienes
queremos otra suerte para Colombia y decirle a quienes vienen asesinando a los
líderes y excombatientes que paren y que no asesinen el futuro del país'' dijo
Catatumbo.
Las comunidades indígenas
Nasa encargadas de la garantizar la seguridad durante la visita de la comisión
de la ONU, también se pronunciaron y pidieron que se cumpla con los
acuerdos de paz, para frenar con los asesinatos de líderes sociales.
De acuerdo con las
autoridades indígenas del Cabildo de Caldono, en poco más de un año han
asesinado a 45 líderes sociales en el Cauca.
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