Carta Abierta para Biden: Cancela el Contrato de $86 Milliones a Endeavors, Inc.

Carta abierta de las comunidades fronterizas para:

 

Presidente Joseph Biden

Alejandro Nicholas Mayorkas, Secretario, Departamento de Seguridad Nacional

Troy A. Miller, Funcionario Superior que desempeña las funciones del Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Rodney Scott, Jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos

Tae D. Johnson, Director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)

Jean King, Directora en funciones de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)

Tracy Renaud, Directora en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos

 

El anuncio de la adjudicación de un contrato sin licitación a Endeavors, Inc. para proporcionar refugio temporal a corto plazo fue una sorpresa para las comunidades fronterizas de Arizona, en particular para las organizaciones comunitarias que han estado haciendo el trabajo de base de apoyo para los solicitantes de asilo liberados de la detención temporal y a largo plazo. Esta decisión no sólo muestra una falta de transparencia y conciencia del trabajo comunitario que se ha realizado durante años, sino que socava esos esfuerzos en favor de un modelo que perpetúa la militarización y la criminalización de los solicitantes de asilo y sus familias.

 

Exigimos que la Administración Biden mantenga las promesas que se hicieron durante la temporada electoral. Ahora establecido en el cargo, no hay excusa para no salvaguardar los derechos humanos y el derecho al debido proceso de todos los inmigrantes que buscan asilo en la frontera suroeste de los EEUU, muchos de los cuales huyen de la violencia y buscan refugio en los Estados Unidos.

 

Al igual que la Administración Trump, la administración Biden está utilizando el Código 42  § 265 de los Estados Unidos para someter a los solicitantes de asilo al retorno a través de expulsiones y para negarse a procesar adecuadamente a los solicitantes de asilo. Actualmente, los funcionarios de la CBP están negando a los solicitantes de asilo el derecho a someterse a una entrevista de miedo creíble o razonable y los están expulsando a México o a sus países de origen, donde se enfrentan a graves peligros, persecución, tortura y muerte. En este contexto, el uso de "refugios" fronterizos apoya la discriminación en curso que la Administración Biden ejerce actualmente contra las familias e individuos centroamericanos y mexicanos, al procesar a otros nacionales y mantener a raya a las personas provenientes de Mesoamérica.

 

Problemas con la Detención Temporal y de Larga Duración

 

La contratación por parte del gobierno federal de instalaciones privadas o sin fines de lucro como refugios plantea dos retos legales en el sur de Arizona: si dichas instalaciones son una extensión de la detención a corto plazo, las agencias federales (y en particular la CBP, y BP en virtud de Doe v Kelly y Doe v Wolf) deben seguir los protocolos legales ordenados por los tribunales o la ley de inmigración establecida, o ambos. Asimismo, si dichas instalaciones son refugios humanitarios, las autoridades deben permitir que los abogados, funcionarios consulares y defensores de derechos humanos tengan acceso a los inmigrantes para garantizar que se apliquen las salvaguardias, o por el contrario, mostrar que dichas instalaciones son "humanitarias" sólo de nombre. Una vez liberados legalmente, los inmigrantes son libres de viajar. Si no se les permite salir, entonces los "refugios" contratados son en realidad - centros de detención.  

 

Algunos problemas a los que se enfrentan los solicitantes de asilo y las personas retenidas en los centros de detención han sido bien documentados durante muchos años por defensores, organismos de derechos humanos, familiares y personas que los han experimentado de primera mano, mientras que otros no. Estos problemas incluyen:

 

●      Derechos lingüísticos: La falta de reconocimiento generalizado de los pueblos indígenas conduce a una serie de violaciones de sus derechos humanos, incluidos los derechos lingüísticos. La falta de interpretación en el primer contacto con la Aduana y la Patrulla Fronteriza en la frontera del suroeste estadounidense para los hablantes de lenguas indígenas, y su posterior procesamiento en centros de detención de corto plazo, niega sus derechos humanos básicos. Los datos de los refugios locales de Tucson han demostrado que 1 de cada 5 familias inmigrantes habla una lengua indígena como primera lengua. Los datos de Florida demuestran que 1 de cada 5 menores indígenas no acompañados trasladados a Florida bajo custodia del HHS son hablantes primarios de lenguas indígenas.  La negación de la interpretación en las lenguas primarias hace imposible que las personas puedan comunicar sus necesidades médicas o detalles específicos sobre el miedo creíble o razonable, lo que afecta a sus solicitudes de asilo.

 

●      Los solicitantes de asilo indígenas, en particular, son más vulnerables y tienen más probabilidades de sufrir discriminación, abusos y muerte. (véase: Exclusión de los inmigrantes que hablan lenguas indígenas en el sistema de inmigración de Estados Unidos). El gobierno federal estadounidense sigue castigando a los pueblos indígenas negando su identidad y sus lenguas.  Por ejemplo, la FEMA ha publicado recientemente un anuncio para un puesto de trabajo "familiarizado con los dialectos centroamericanos", lo que indica que la actual administración reconoce que existe una necesidad, pero que no ha sabido dotar de recursos a esta necesidad.  P.D. Son idiomas, no "dialectos", con cuatro mil años de historia.  DHS necesita contratar a especialistas lingüísticos y sociolingüistas para evaluar la magnitud de esta necesidad, no a oficinistas. Los voluntarios de Tucson han documentado 28 lenguas indígenas en migración. Los funcionarios de relaciones públicas de la BP han declarado en repetidas ocasiones que esas necesidades están cubiertas. Cinco de las seis muertes de niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza son de niños indígenas, lo que indica que el racismo institucional conduce a muertes evitables.

 

●      Separación de familias: Existe una continua separación de los miembros de una a pesar de ser parientes, estar casados o tener el mismo patrocinador. Hay casos documentados de nietos a los que se les ha retirado de la custodia de los abuelos, incluso cuando éstos intentan llevar a los nietos con sus padres, y dichos padres son los patrocinadores tanto de los niños como de los abuelos. Los niños que han sido retirados son entonces colocados en centros de detención para niños, infligiendo un trauma innecesario, particularmente para aquellos niños que son demasiado jóvenes para entender lo que está sucediendo y/o aquellos que son hablantes de lenguas indígenas. Las pruebas, incluidas las declaraciones juradas de los solicitantes de asilo en litigios federales como el caso Matter of Ms. L, han demostrado que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos tienen un patrón y una práctica de abuso de los derechos civiles y humanos de los solicitantes de asilo. Lamentablemente, Matter of Ms. L y otros litigios federales han demostrado que los funcionarios de inmigración estadounidenses han estado violando estas leyes creadas para proteger la vida y garantizar que nunca enviemos a ninguna persona a su muerte o genocidio.

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●      Efectos psicológicos y traumáticos de la detención prolongada a corto y largo plazo de los niños separados: La separación de los niños de sus padres y su posterior detención tiene efectos físicos y mentales negativos y duraderos en esos niños: "Los cerebros de los niños que han vivido una situación de este tipo parecen volverse hipervigilantes ante las amenazas, un rasgo distintivo del Trauma de Estrés Post-traumático. Las regiones del cerebro que gobiernan el comportamiento gratificante no responden normalmente, lo que les hace vulnerables a la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. Además, las estructuras corticales necesarias para la atención, la planificación, el juicio y el control emocional no están adecuadamente desarrolladas... Hay pruebas de que una experiencia de este tipo tiene impactos hasta la edad adulta, y cuyos efectos pueden incluso extenderse más allá de una sola generación". (traducido de: “Estos son los efectos a largo plazo de separar a los niños de sus padres en la frontera de Estados Unidos, dicen los expertos”, Melissa, Healy, Los Angeles Times, 21 de junio de 2018).

●      Cinco fuentes adicionales con conclusiones similares:

○      https://www.apa.org/news/apa/2018/border-family-separation,https://www.michaelshouse.com/parents/the-mental-health-effects-of-sudden-parent-child-separation-what-happens-when-children-and-parents-are-apart/, https://news.stanford.edu/2018/06/26/psychological-impact-early-life-stress-parental-separation/,  https://knowablemagazine.org/article/mind/2020/treating-growing-trauma-family-separation, https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/childrens-rights/trauma-caused-by-separation-of-children-from-parents/.

 

●      Atención médica inadecuada: La falta de atención médica en los centros de detención se ha documentado regularmente. Los individuos liberados de la custodia han tenido una serie de necesidades médicas, desde primeros auxilios básicos hasta la necesidad de ser hospitalizados casi inmediatamente. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, que suponen un riesgo para la salud pública cuando no se abordan adecuadamente.

 

●      Alimentación inadecuada: Las comidas proporcionadas a los solicitantes de asilo y a los detenidos han sido un problema constante, especialmente para los que han estado bajo custodia durante un corto periodo de tiempo. Los voluntarios han recibido muchas historias sobre el suministro de sólo galletas saladas y jugos frutales, burritos de frijoles que han sido cocinados incorrectamente y han provocado que algunas personas enfermen. Otros reportes informan que algunos alimentos eran completamente incomibles. [Véase: Deprivation not Deterrence, A report on human rights violations of immigrants held in the Department of Homeland Security's Short term detention facilities in Southern Arizona].

 

●      Confiscación de documentos: La problemática práctica de confiscar los documentos de los detenidos ha creado dificultades innecesarias para los individuos que son liberados de la custodia, particularmente porque los arreglos de viaje son mucho más fáciles de hacer cuando los viajeros tienen pasaportes u otros documentos emitidos por el gobierno. Las personas se ven obligadas a intentar navegar por el confuso proceso de recuperar la posesión de sus documentos a través de las oficinas consulares o las agencias gubernamentales por su cuenta, ya que no se proporciona información para reclamar los bienes personales. Esto es especialmente problemático cuando los solicitantes de asilo han sufrido violencia, persecución o tortura por parte del Estado.

 

●      Derecho al debido proceso para solicitar asilo: Los solicitantes de asilo que llegan a los EEUU suelen tener su primer contacto con los funcionarios de inmigración estadounidenses cuando son detenidos por agentes de la patrulla fronteriza o de la CBP, para posteriormente ser mantenidos en detención de corta duración. La Patrulla Fronteriza pregunta a los inmigrantes sobre su temor a regresar a su país de origen, y si un inmigrante no revela dicho temor, se le considera no apto para el asilo. No se les explican sus derechos como solicitantes de asilo ni la finalidad de su detención. Tampoco se les habla del proceso o los procedimientos para remitir a los solicitantes de asilo a los funcionarios correspondientes para que les hagan entrevistas de miedo creíble o razonable si acaban siendo detenidos a largo plazo. El uso de celdas de congelación, técnicas de privación del sueño y posiciones de estrés son técnicas de tortura empleadas por la Patrulla Fronteriza para depravar a los inmigrantes y disuadirlos de solicitar asilo. Los funcionarios de la CBP y de la Patrulla Fronteriza no son los adecuados para ser la primera línea de contacto con los solicitantes de asilo. Más bien, los funcionarios de asilo especialmente capacitados, los trabajadores sociales y los abogados defensores y defensores más adecuados para el trabajo humanitario deberían ser los encargados de la primera línea de respuesta.

 

●      Solicitantes de asilo indígenas: Sin sociolingüistas informados o sin hablantes de lenguas indígenas en el personal, los "Sitios de Reubicación Familiar de Emergencia" replicarán los abusos ya documentados en los Centros de Detención Familiar en Texas, donde el debido proceso para los hablantes de lenguas indígenas fue nulo (Véase: Denuncia de la CRCL sobre los retos a los que se enfrentan los hablantes de lenguas indígenas en la detención familiar). El fracaso del DHS y del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) en la implementación de la Orden Ejecutiva 13166 para el acceso al idioma LEP, específicamente para el 20% de las familias inmigrantes liberadas en el sector de Tucson que son hablantes de lenguas indígenas primarias, niega el debido proceso para su documentación inicial de miedo creíble / miedo razonable por parte del CBP /BP en el primer contacto (ver párrafo anterior), para posteriormente utilizar respuestas inexactas para desacreditar las solicitudes de asilo en el tribunal de inmigración. Los migrantes indígenas son en su mayoría identificados erróneamente como "hispanos" o simplemente como ciudadanos de estados nacionales coloniales que ocupan sus tierras ancestrales. Esto hace que los solicitantes de asilo indígenas se vean obligados a hablar con representantes de los Estados nación que los han sometido a persecución, tortura e incluso genocidio. Los migrantes indígenas no renuncian a sus derechos de autoidentificación como pueblos indígenas con soberanía y autodeterminación protegidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DRIP:2007) cuando son desplazados por la fuerza de sus tierras ancestrales y solicitan asilo.

 

●      Niños y jóvenes indígenas han muerto bajo la custodia de la CBP/BP de Estados Unidos. Atestiguamos aquí, una vez más, sus identidades y sus muertes que aún no son reconocidas por el DHS y sus agencias. Decimos sus nombres y reconocemos sus Naciones indígenas (Liga Internacional Maya):

●      Claudia Patricia Gómez González, Maya Mam, 20 años, de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala, fallecida el 23 de mayo de 2018

●      Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin, Maya Q'eqchi', de 7 años de edad, de San Antonio Secortez, de la microrregión de Damasco de Raxruhá en Alta Verapaz, Guatemala, fallecida el 7 de diciembre de 2018

●      Felipe Gómez Alonzo, Maya Chuj, de 8 años de edad de Nentón, Huehuetenango, Guatemala, fallecido el 24 de diciembre de 2018

●      Juan de León Gutiérrez, Maya Ch'orti', de 16 años de edad, originario de Caserio Tizamarte en la aldea El Tesoro, Camotán, Chiquimula, Guatemala, fallecido el 30 de abril de 2019

●      Wilmer Josué Ramírez Vásquez, (Nación indígena aún no identificada) de 2 años y medio, de Chiquimula, Guatemala, fallecido el 14 de mayo de 2019

●      Carlos Gregorio Hernández Vásquez, Maya Achi, 16 años, de San José el Rodeo, Cubulco Baja Verapaz, Guatemala, fallecido el 20 de mayo de 2019

 

Falta de transparencia y participación de la comunidad

 

Nuestras objeciones a la selección de Family Endeavors, Inc. para el contrato sin licitación para proporcionar "Lugares de Reubicación Familiar de Emergencia" (EFRs en inglés) no son sólo por la falta de proceso y transparencia - también hay serias preocupaciones sobre la capacidad de la corporación para abordar las necesidades específicas de los solicitantes de asilo. Family Endeavors, Inc. tiene experiencia e historia en el servicio a la comunidad de personas sin hogar, que es una población muy diferente a la población (im)migrante.

 

Desde la sensibilidad cultural, el idioma y las cuestiones específicas de las comunidades de solicitantes de asilo, como el apoyo a los traumas y el apoyo jurídico, Family Endeavors, Inc. no sólo carece de experiencia específica para prestar esos servicios, sino que carece de credibilidad en las comunidades que protegen los derechos de los (inmigrantes y de apoyo al asilo.

 

Las comunidades no conocen a Family Endeavors, Inc. ni confían en ella, por lo que la falta de transparencia en su selección es aún más preocupante. El propio proceso de creación y firma de este contrato sin licitación es una razón más de las preocupaciones que planteamos en esta carta: sin transparencia ni responsabilidad, se destruye la confianza de la comunidad y, lo que es más importante, son más probables las violaciones a los derechos humanos. Muchos niños sufrieron abusos físicos y sexuales en instalaciones privadas contratadas por el HHS cuando miles de niños fueron separados de sus padres bajo las políticas de Tolerancia Cero. El estado de California ha prohibido que los contratistas privados alojen a los migrantes detenidos debido a las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por los contratistas en estas instalaciones privadas.  Todos los demás estados, pero especialmente Arizona, Texas y Pensilvania, deberían considerar su actuar que permite la continuación de estas prácticas aborrecibles que contravienen el derecho federal e internacional.

 

Family Endeavors, Inc. menciona a Andrew Lorenzen-Straight como Director Principal de Servicios para Migrantes y Asuntos Federales. No hay pruebas de que este puesto existiera antes de la contratación del Sr. Lorenzen-Strait, lo que es una prueba más de que la organización carece de la historia, la experiencia y la confianza de la comunidad necesarias para servir adecuadamente a las comunidades de (im)migrantes, asilados y refugiados. Los antecedentes del Sr. Lorenzen-Strait en el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. dejan claro que este contrato sin licitación fue un acuerdo hecho a puerta cerrada, y que buscaba contratar y promover desde dentro. Family Endeavors, Inc. informó de que al menos 7 miembros del personal ganaban sueldos de seis cifras, lo que está muy lejos de las organizaciones sin ánimo de lucro que actualmente sirven a las comunidades fronterizas. Esta no es la estrategia que mejor servirá a los individuos que serán liberados bajo la custodia de Family Endeavors, Inc., claramente ilustra un patrón y una cultura de amiguismo, y muestra una intención de continuar con un modelo de militarización y detención para las familias que buscan refugio y asilo.

 

 

 

Preocupaciones sobre el contrato

 

Aparte de las preocupaciones sobre la transparencia de un proceso que finalmente terminó en un contrato sin licitación de una corporación que es una entidad desconocida para las comunidades fronterizas que han estado sirviendo a las comunidades de (im)migrantes y de asilo durante décadas, hay preocupaciones y preguntas sobre el contrato en sí:

 

●      La falta de consulta con las comunidades en las que se ubicarán estos "hoteles". Los medios de comunicación locales han informado de que los funcionarios de la ciudad y del condado han sido informados del proyecto, pero no está claro hasta qué punto los gobiernos locales han participado en el proceso. Tampoco se ha consultado a los grupos comunitarios que han estado realizando el trabajo actualmente, y todo indica que este contrato servirá para eludir las redes de apoyo establecidas desde hace años.

●      La Oficina de Gestión de Adquisiciones de ICE publicó una justificación del contrato sin licitación que cita 86 millones de dólares para un contrato de 6 meses y medio con Endeavors para proporcionar alojamiento a 1,239 personas. Se trata de un uso obsceno e irresponsable del dinero de los contribuyentes, sobre todo porque las redes existentes han atendido a muchas más personas a una fracción de los costes proyectados sin financiación federal. En lugar de reforzar y apoyar las redes existentes, la Administración Biden ha optado por un proceso que personifica la burocracia y el amiguismo.

 

Más allá de nuestras preocupaciones con el contrato existente, también tenemos las siguientes preguntas y preocupaciones:

 

Preocupación por la seguridad: ¿Qué transparencia habrá sobre quiénes serán los encargados de los hoteles donde se alojarán las familias de asilo, incluido el proceso de verificación de antecedentes, y los servicios específicos que se prestarán?

 

Rendición de cuentas:

●      ¿Qué supervisión habrá para las instalaciones, los servicios y el personal implicado?

●      ¿Qué formación y experiencia se exigirá al personal, incluido el idioma, la experiencia con las comunidades indígenas, etc.?

●      ¿Qué apoyo post-traumático y/o psicológico se proporcionará a las familias, especialmente a aquellas cuyas solicitudes de asilo se basen en abusos o en la huida a causa de violencia?

●      ¿Cuál será el proceso para denunciar los abusos o presentar quejas?

●      ¿Qué información se proporcionará al público en relación con las quejas y denuncias de abusos o mala conducta?

●      ¿Existen protocolos para que los hablantes de lenguas indígenas puedan ejercer su derecho a hablar en su lengua materna? ¿Siguen los protocolos el proceso de cuatro pasos exigido por la Orden Ejecutiva 13166, que es la ley administrativa federal?

●      ¿Qué proceso de evaluación se empleará para valorar si este contrato satisface las necesidades previstas de las personas?

 

Detención: ¿Cuál es la situación legal de las personas que se alojarán en las instalaciones hoteleras propuestas? ¿Están bajo custodia o son libres de salir por su propia voluntad? ¿Se concederán privilegios de visita a los familiares, abogados, personal consular, voluntarios de la comunidad y defensores de los derechos humanos?

 

Transparencia en la financiación: ¿Cuáles son los detalles del contrato de 86 millones de dólares? ¿Cuánto se destinará a salarios frente a apoyo y servicios para las familias?

●      1.239 camas a 352,64 dólares por cama/por día durante 199 días

○      ¿Qué porcentaje de la tarifa diaria por cama se destina a servicios y cuidados relacionados con las personas y las familias?

 

Falta de participación de la comunidad: ¿Cuáles son las razones y justificaciones para eludir por completo a las organizaciones comunitarias y las redes de apoyo que llevan años realizando la labor de servir a las comunidades de (im)migrantes, asilados y refugiados? ¿Por qué no ha habido ningún tipo de consulta o participación? ¿Es este el enfoque que las comunidades deberían esperar de la Administración Biden en todos los asuntos relacionados con las fronteras y la (im)migración?

 

Es muy preocupante que la Administración Biden, que ha hecho fuertes declaraciones sobre el plan de tener un enfoque compasivo para trabajar con las cuestiones de la frontera, la (im)migración y el asilo, haya avanzado con un proceso que carece por completo de transparencia y responsabilidad hacia las comunidades que han llevado el trabajo en la cuestión de los solicitantes de asilo, particularmente durante los tumultuosos años de la última administración. En lugar de acercarse a los grupos comunitarios existentes, para pedir o proporcionar recursos para apoyar y amplificar el trabajo actual, la Administración Biden ha optado por continuar con la práctica de militarizar el proceso de solicitud de asilo a pesar del daño bien documentado que tales sistemas crean en las comunidades vulnerables que son sometidas a ellos. La Administración Biden ha optado por gastar 86 millones de dólares de los contribuyentes en un período de 6 meses y medio en una empresa que no tiene experiencia previa con las comunidades de (im)migrantes y asilados. En resumen, ha dado la espalda al duro trabajo realizado por los defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad, decidiendo un camino que continúa la militarización y criminalización de nuestras comunidades fronterizas.

 

Esto no puede permitirse.

 

Visión alternativa de la comunidad

 

Desde hace muchos años, las comunidades locales de Arizona se han unido para atender las necesidades de los solicitantes de asilo que han sido liberados de la custodia del DHS. Históricamente, las personas han sido sometidas a "liberaciones en la calle", en las que se les dejaba en las estaciones de autobuses locales sin ninguna indicación ni apoyo, y a menudo sin saber cómo o qué hacer para llegar a sus patrocinadores. Los patrocinadores, que a menudo son familiares del solicitante de asilo, han asumido la tarea de hacerse cargo de los solicitantes de asilo, y se encargan de alojarlos, alimentarlos y asegurarse de que acuden a todas las citas judiciales designadas. 

 

Las organizaciones y redes comunitarias llevan años realizando la labor de atender a los solicitantes de asilo, los refugiados y las personas liberadas de la detención: el Proyecto de Restauración en Phoenix desde 2011, Casa Alitas desde 2014 y Casa Mariposa 2011-2014. Estas organizaciones empezaron a reunirse con personas liberadas en las estaciones de autobuses en las que eran liberadas, proporcionándoles comida y otro tipo de apoyo. Estos esfuerzos eventualmente evolucionaron en espacios de refugio establecidos que ofrecen alojamiento temporal, alimentos, atención médica, ropa, asistencia con los arreglos de viaje para llegar de manera segura a los hogares de sus patrocinadores, identificación e interpretación de idiomas y apoyo traumático/psicosocial cuando sea necesario.

 

El contrato con Endeavors, Inc, afirma que es "la única fuente conocida que actualmente es capaz de satisfacer la necesidad urgente del Gobierno". Esta afirmación no sólo es falsa, sino que indica un desprecio y una asombrosa falta de comprensión y conocimiento de las redes de apoyo comunitario que han creado las comunidades fronterizas receptoras, a pesar de que muchas de ellas trabajan en coordinación y cooperación con las agencias de la ciudad y el condado, y coordinan la recepción de personas y familias legalmente liberadas de la CBP, la BP y el ICE.

 

Además, estos grupos comunitarios locales han activado a cientos de voluntarios para apoyar a las personas liberadas por la CBP, BP y HSI, y han recibido un enorme apoyo.  Este apoyo ha continuado a través de la pandemia de COVID-19, proporcionando pruebas y atención médica de seguimiento cuando es necesario.

 

La necesidad de refugios de emergencia para familias no se discute, pero el hecho es que los "EFRs" ya han sido creados y existen actualmente a través de un proceso de colaboración - no hay necesidad de la versión militarizada de ellos en nuestras comunidades.

 

Dadas las preocupaciones detalladas anteriormente y la fuerte red de organizaciones comunitarias existentes, presentamos las siguientes demandas:

 

Nuestras Demandas:

 

●      Exigimos que la Administración Biden detenga inmediatamente el contrato establecido con Family Endeavors, Inc.

●      Exigimos que el ICE haga públicos todos los documentos de contratación que indiquen las expectativas, los requisitos y los parámetros de rendimiento que se esperan de las organizaciones que serán contratadas para prestar servicios de refugio de emergencia para familias. Exigimos que todos los contratos para estos servicios también se hagan públicos. 

●      Exigimos que todos los refugios contratados apliquen protocolos sólidos que garanticen el cumplimiento de las necesidades y los derechos humanos básicos, incluidos los de las poblaciones vulnerables de hablantes de lenguas indígenas, niños no acompañados, mujeres e inmigrantes LGBTQ.

●      Exigimos que los funcionarios de inmigración de EE.UU. cesen y desistan de las prácticas y patrones de infracción de los derechos de los migrantes indígenas. Los migrantes indígenas no ceden sus derechos de soberanía y autodeterminación protegidos por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DRIP).

●      Los funcionarios de inmigración de EE.UU. deben consultar con los migrantes indígenas y sus líderes, adoptar políticas y procedimientos que respeten los derechos y reclamos exclusivos de los migrantes indígenas, comenzar a impartir formación a todos los funcionarios de inmigración y exigirles que respeten procedimientos especiales para proteger los derechos exclusivos de los migrantes indígenas, y reunir a los niños indígenas con familiares o patrocinadores dispuestos a prestar ayuda humanitaria.

●      Exigimos que se establezca un proceso exhaustivo, transparente y público para garantizar que todos los solicitantes de asilo y/o los miembros de la comunidad de refugiados reciban la atención y los servicios adecuados según las normas internacionales aceptables en todas las instalaciones administradas o contratadas por el DHS.  

●      Exigimos que los abogados tengan acceso sin restricciones a todas las personas detenidas en los centros contratados

●      Exigimos transparencia al público sobre el proceso de selección de Family Endeavors, Inc. para la satisfacción de esta necesidad identificada.

●      Exigimos la plena divulgación del contrato con Family Endeavors, Inc. y todas las agencias relacionadas que forman parte del contrato bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (BP, CBP, ICE, USCIS, FEMA, etc.), incluyendo una descripción completa de las funciones y el papel de cada agencia relacionada

●      Exigimos que se consulte a las comunidades locales receptoras que han estado haciendo el trabajo y ya han creado una alternativa a la mayor militarización de las comunidades (im)migrantes.

●      Exigimos que se asignen fondos para apoyar y garantizar que las redes comunitarias existentes puedan continuar su trabajo en un modelo comunitario que se aleje del marco actual de militarización/detención. Exigimos un proceso que realmente apoye y promueva la curación de las personas y familias vulnerables (im)migrantes y solicitantes de asilo que han buscado el refugio que nuestras políticas pretenden garantizar.

●      Exigimos que el gobierno de Biden cumpla con nuestras obligaciones en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y las normas federales que exigen que los funcionarios de inmigración procesen adecuadamente a las personas que solicitan asilo en los EEUU o que afirman tener miedo a regresar a sus lugares de origen. Por ley, los solicitantes de asilo que han entrado a los Estados Unidos o que han llegado a cualquier puerto de entrada de los Estados Unidos deben contar con las debidas garantías procesales y con oportunidades significativas para hacer valer sus temores y reclamos ante los funcionarios de asilo, tal y como exige la normativa. El derecho fundamental a la vida de estos solicitantes de asilo no puede ser ignorado, aplazado o anulado. No existe ninguna excepción para eludir nuestras obligaciones en virtud de la legislación y la normativa vinculantes. Es evidente que el Título 42 es un pretexto para eludir estas obligaciones legales y que Estados Unidos está violando actualmente algunas de las leyes y principios de derechos humanos más importantes defendidos por la comunidad internacional.

 

 

 

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FIRMANTES INDIVIDUALES Y DE ORGANIZACIONES

 (la afiliación a una organización no significa que ésta respalde la iniciativa, a menos que se indique).

 

Organizaciones firmantes: https://forms.gle/RjrQSsyo83xaDyLE7

 

Firmantes individuales: https://forms.gle/hBJVqs3oqu5DgcYn9

Información complementaria

Artículos sobre el contrato de Endeavors (Artículos en inglés)

 

Biden está gastando 86 millones de dólares en habitacionesde hotel para migrantes mientras su administración se esfuerza por manejar laoleada de familias y niños que intentan llegar a los Estados Unidos

 

ICE recurre a una organización sin ánimo de lucro paraalojar a algunas familias de inmigrantes en hoteles de la zona fronteriza

 

Tucson alojará a solicitantes de asilo y a los inmigrantesen hoteles de la ciudad; se está preparando la instalación de una Tent Facility

   

El senador Ron Johnson inicia una investigación sobre loscontratos sin licitación por valor de 600 millones de dólares concedidos a ungrupo vinculado a Biden.

 

El senador Johnson pide que se entregue al Congreso lacorrespondencia del contrato de ENDEAVOR para justificar el contrato directo

 

Referencias citadas (Referencias en inglés)

 

Deprivation not Deterrence, Un informe sobre las violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes recluidos en los centros de detención de corta duración del Departamento de Seguridad Nacional en el sur de Arizona.

 

Doe contra Kelly y Doe contra Wolf

 

Exclusión de los inmigrantes que hablan lenguas indígenas enel sistema de inmigración de Estados Unidos

 

El derecho de los pueblos indígenas a la existencia, laautodeterminación, el idioma y el debido proceso en la migración, septiembre de2019

 

Orden Ejecutiva 13166, Mejorar el acceso a los servicios para las personas con dominio limitado del inglés.

 

Denuncia de la CRCL sobre los desafíos que enfrentan loshablantes de lenguas indígenas en la detención familiar.

Declaración de la Liga Maya Internacional en la Vigilia deFe en honor a los Niños que Mueren en la Frontera,

 

El asunto de la Sra. L

Declaración de la ONU sobre los Derechos de los PueblosIndígenas (DRIP:2007)