Carta abierta
de las comunidades fronterizas para:
Presidente Joseph Biden
Alejandro Nicholas Mayorkas, Secretario,
Departamento de Seguridad Nacional
Troy A. Miller, Funcionario Superior que
desempeña las funciones del Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP)
Rodney Scott, Jefe de la Patrulla Fronteriza de
los Estados Unidos
Tae D. Johnson, Director en funciones del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)
Jean King, Directora en funciones de la
Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)
Tracy Renaud, Directora en funciones del Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
El
anuncio de la adjudicación de un contrato sin licitación a Endeavors, Inc. para
proporcionar refugio temporal a corto plazo fue una sorpresa para las
comunidades fronterizas de Arizona, en particular para las organizaciones
comunitarias que han estado haciendo el trabajo de base de apoyo para los
solicitantes de asilo liberados de la detención temporal y a largo plazo. Esta
decisión no sólo muestra una falta de transparencia y conciencia del trabajo
comunitario que se ha realizado durante años, sino que socava esos esfuerzos en
favor de un modelo que perpetúa la militarización y la criminalización de los
solicitantes de asilo y sus familias.
Exigimos
que la Administración Biden mantenga las promesas que se hicieron durante la
temporada electoral. Ahora establecido en el cargo, no hay excusa para no
salvaguardar los derechos humanos y el derecho al debido proceso de todos los
inmigrantes que buscan asilo en la frontera suroeste de los EEUU, muchos de los
cuales huyen de la violencia y buscan refugio en los Estados Unidos.
Al
igual que la Administración Trump, la administración Biden está utilizando el
Código 42 § 265 de los Estados Unidos
para someter a los solicitantes de asilo al retorno a través de expulsiones y
para negarse a procesar adecuadamente a los solicitantes de asilo. Actualmente,
los funcionarios de la CBP están negando a los solicitantes de asilo el derecho
a someterse a una entrevista de miedo creíble o razonable y los están
expulsando a México o a sus países de origen, donde se enfrentan a graves
peligros, persecución, tortura y muerte. En este contexto, el uso de
"refugios" fronterizos apoya la discriminación en curso que la
Administración Biden ejerce actualmente contra las familias e individuos
centroamericanos y mexicanos, al procesar a otros nacionales y mantener a raya
a las personas provenientes de Mesoamérica.
Problemas con la Detención Temporal y
de Larga Duración
La
contratación por parte del gobierno federal de instalaciones privadas o sin
fines de lucro como refugios plantea dos retos legales en el sur de Arizona: si
dichas instalaciones son una extensión de la detención a corto plazo, las
agencias federales (y en particular la CBP, y BP en virtud de Doe v Kelly y Doe
v Wolf) deben seguir los protocolos legales ordenados por los tribunales o la
ley de inmigración establecida, o ambos. Asimismo, si dichas instalaciones son
refugios humanitarios, las autoridades deben permitir que los abogados,
funcionarios consulares y defensores de derechos humanos tengan acceso a los
inmigrantes para garantizar que se apliquen las salvaguardias, o por el
contrario, mostrar que dichas instalaciones son "humanitarias" sólo
de nombre. Una vez liberados legalmente, los inmigrantes son libres de viajar.
Si no se les permite salir, entonces los "refugios" contratados son
en realidad - centros de detención.
Algunos
problemas a los que se enfrentan los solicitantes de asilo y las personas
retenidas en los centros de detención han sido bien documentados durante muchos
años por defensores, organismos de derechos humanos, familiares y personas que
los han experimentado de primera mano, mientras que otros no. Estos problemas
incluyen:
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● Derechos lingüísticos: La falta de reconocimiento
generalizado de los pueblos indígenas conduce a una serie de violaciones de sus
derechos humanos, incluidos los derechos lingüísticos. La falta de
interpretación en el primer contacto con la Aduana y la Patrulla Fronteriza en
la frontera del suroeste estadounidense para los hablantes de lenguas
indígenas, y su posterior procesamiento en centros de detención de corto plazo,
niega sus derechos humanos básicos. Los datos de los refugios locales de Tucson
han demostrado que 1 de cada 5 familias inmigrantes habla una lengua indígena
como primera lengua. Los datos de Florida demuestran que 1 de cada 5 menores
indígenas no acompañados trasladados a Florida bajo custodia del HHS son
hablantes primarios de lenguas indígenas.
La negación de la interpretación en las lenguas primarias hace imposible
que las personas puedan comunicar sus necesidades médicas o detalles específicos
sobre el miedo creíble o razonable, lo que afecta a sus solicitudes de asilo.
● Los solicitantes de asilo
indígenas, en particular, son más vulnerables y tienen más probabilidades de
sufrir discriminación, abusos y muerte. (véase: Exclusión de los inmigrantes
que hablan lenguas indígenas en el sistema de inmigración de Estados Unidos). El gobierno federal estadounidense sigue
castigando a los pueblos indígenas negando su identidad y sus lenguas. Por ejemplo, la FEMA ha publicado
recientemente un anuncio para un puesto de trabajo "familiarizado con los
dialectos centroamericanos", lo que indica que la actual administración
reconoce que existe una necesidad, pero que no ha sabido dotar de recursos a
esta necesidad. P.D. Son idiomas, no
"dialectos", con cuatro mil
años de historia. DHS necesita
contratar a especialistas lingüísticos y sociolingüistas para evaluar la
magnitud de esta necesidad, no a oficinistas. Los voluntarios de Tucson han
documentado 28 lenguas indígenas en migración. Los funcionarios de relaciones
públicas de la BP han declarado en repetidas ocasiones que esas necesidades
están cubiertas. Cinco de las seis muertes de niños bajo custodia de la
Patrulla Fronteriza son de niños indígenas, lo que indica que el racismo
institucional conduce a muertes evitables.
● Separación de familias: Existe una continua separación de
los miembros de una a pesar de ser parientes, estar casados o tener el mismo
patrocinador. Hay casos documentados de nietos a los que se les ha retirado de
la custodia de los abuelos, incluso cuando éstos intentan llevar a los nietos
con sus padres, y dichos padres son los patrocinadores tanto de los niños como
de los abuelos. Los niños que han sido retirados son entonces colocados en
centros de detención para niños, infligiendo un trauma innecesario,
particularmente para aquellos niños que son demasiado jóvenes para entender lo
que está sucediendo y/o aquellos que son hablantes de lenguas indígenas. Las
pruebas, incluidas las declaraciones juradas de los solicitantes de asilo en
litigios federales como el caso Matter of
Ms. L, han demostrado que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos
tienen un patrón y una práctica de abuso de los derechos civiles y humanos de
los solicitantes de asilo. Lamentablemente, Matter
of Ms. L y otros litigios federales han demostrado que los funcionarios de
inmigración estadounidenses han estado violando estas leyes creadas para
proteger la vida y garantizar que nunca enviemos a ninguna persona a su muerte
o genocidio.
●
● Efectos psicológicos y traumáticos de la detención prolongada
a corto y largo plazo de los niños separados: La separación de los niños de sus
padres y su posterior detención tiene efectos físicos y mentales negativos y
duraderos en esos niños: "Los cerebros de los niños que han vivido una
situación de este tipo parecen volverse hipervigilantes ante las amenazas, un
rasgo distintivo del Trauma de Estrés Post-traumático. Las regiones del cerebro
que gobiernan el comportamiento gratificante no responden normalmente, lo que
les hace vulnerables a la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias.
Además, las estructuras corticales necesarias para la atención, la
planificación, el juicio y el control emocional no están adecuadamente
desarrolladas... Hay pruebas de que una experiencia de este tipo tiene impactos
hasta la edad adulta, y cuyos efectos pueden incluso extenderse más allá de una
sola generación". (traducido de: “Estos son los efectos
a largo plazo de separar a los niños de sus padres en la frontera de Estados
Unidos, dicen los expertos”, Melissa, Healy, Los Angeles Times, 21 de junio de
2018).
● Cinco fuentes adicionales con
conclusiones similares:
○ https://www.apa.org/news/apa/2018/border-family-separation,https://www.michaelshouse.com/parents/the-mental-health-effects-of-sudden-parent-child-separation-what-happens-when-children-and-parents-are-apart/, https://news.stanford.edu/2018/06/26/psychological-impact-early-life-stress-parental-separation/, https://knowablemagazine.org/article/mind/2020/treating-growing-trauma-family-separation, https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/childrens-rights/trauma-caused-by-separation-of-children-from-parents/.
● Atención médica inadecuada: La falta de atención médica en los
centros de detención se ha documentado regularmente. Los individuos liberados
de la custodia han tenido una serie de necesidades médicas, desde primeros
auxilios básicos hasta la necesidad de ser hospitalizados casi inmediatamente.
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, que suponen un riesgo
para la salud pública cuando no se abordan adecuadamente.
● Alimentación inadecuada: Las comidas proporcionadas a los
solicitantes de asilo y a los detenidos han sido un problema constante,
especialmente para los que han estado bajo custodia durante un corto periodo de
tiempo. Los voluntarios han recibido muchas historias sobre el suministro de
sólo galletas saladas y jugos frutales, burritos de frijoles que han sido cocinados
incorrectamente y han provocado que algunas personas enfermen. Otros reportes
informan que algunos alimentos eran completamente incomibles. [Véase: Deprivation not
Deterrence, A report on human rights violations of immigrants held in the
Department of Homeland Security's Short term detention facilities in Southern
Arizona].
● Confiscación de documentos: La problemática práctica de
confiscar los documentos de los detenidos ha creado dificultades innecesarias
para los individuos que son liberados de la custodia, particularmente porque
los arreglos de viaje son mucho más fáciles de hacer cuando los viajeros tienen
pasaportes u otros documentos emitidos por el gobierno. Las personas se ven
obligadas a intentar navegar por el confuso proceso de recuperar la posesión de
sus documentos a través de las oficinas consulares o las agencias
gubernamentales por su cuenta, ya que no se proporciona información para
reclamar los bienes personales. Esto es especialmente problemático cuando los
solicitantes de asilo han sufrido violencia, persecución o tortura por parte
del Estado.
● Derecho al debido proceso para solicitar asilo: Los solicitantes de asilo
que llegan a los EEUU suelen tener su primer contacto con los funcionarios de
inmigración estadounidenses cuando son detenidos por agentes de la patrulla
fronteriza o de la CBP, para posteriormente ser mantenidos en detención de
corta duración. La Patrulla Fronteriza pregunta a los inmigrantes sobre su
temor a regresar a su país de origen, y si un inmigrante no revela dicho temor,
se le considera no apto para el asilo. No se les explican sus derechos como
solicitantes de asilo ni la finalidad de su detención. Tampoco se les habla del
proceso o los procedimientos para remitir a los solicitantes de asilo a los
funcionarios correspondientes para que les hagan entrevistas de miedo creíble o
razonable si acaban siendo detenidos a largo plazo. El uso de celdas de
congelación, técnicas de privación del sueño y posiciones de estrés son
técnicas de tortura empleadas por la Patrulla Fronteriza para depravar a los
inmigrantes y disuadirlos de solicitar asilo. Los funcionarios de la CBP y de
la Patrulla Fronteriza no son los adecuados para ser la primera línea de contacto
con los solicitantes de asilo. Más bien, los funcionarios de asilo
especialmente capacitados, los trabajadores sociales y los abogados defensores
y defensores más adecuados para el trabajo humanitario deberían ser los
encargados de la primera línea de respuesta.
● Solicitantes de asilo indígenas: Sin sociolingüistas informados o sin
hablantes de lenguas indígenas en el personal, los "Sitios de Reubicación
Familiar de Emergencia" replicarán los abusos ya documentados en los
Centros de Detención Familiar en Texas, donde el debido proceso para los
hablantes de lenguas indígenas fue nulo (Véase: Denuncia de la CRCL
sobre los retos a los que se enfrentan los hablantes de lenguas indígenas en la
detención familiar). El fracaso del DHS y del Departamento de Justicia (DOJ en
inglés) en la implementación de la Orden Ejecutiva 13166 para el acceso al idioma
LEP, específicamente para el 20% de las familias inmigrantes liberadas en el
sector de Tucson que son hablantes de lenguas indígenas primarias, niega el
debido proceso para su documentación inicial de miedo creíble / miedo razonable
por parte del CBP /BP en el primer contacto (ver párrafo anterior), para
posteriormente utilizar respuestas inexactas para desacreditar las solicitudes
de asilo en el tribunal de inmigración. Los migrantes indígenas son en su
mayoría identificados erróneamente como "hispanos" o simplemente como
ciudadanos de estados nacionales coloniales que ocupan sus tierras ancestrales.
Esto hace que los solicitantes de asilo indígenas se vean obligados a hablar
con representantes de los Estados nación que los han sometido a persecución,
tortura e incluso genocidio. Los migrantes indígenas no renuncian a sus
derechos de autoidentificación como pueblos indígenas con soberanía y
autodeterminación protegidos por la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DRIP:2007) cuando son
desplazados por la fuerza de sus tierras ancestrales y solicitan asilo.
● Niños y jóvenes indígenas han muerto bajo la custodia de la CBP/BP de
Estados Unidos. Atestiguamos aquí, una vez más, sus identidades y sus muertes
que aún no son reconocidas por el DHS y sus agencias. Decimos sus nombres y
reconocemos sus Naciones indígenas (Liga Internacional Maya):
● Claudia Patricia Gómez
González, Maya Mam, 20 años, de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala,
fallecida el 23 de mayo de 2018
● Jakelin Amei Rosmery Caal
Maquin, Maya Q'eqchi', de 7 años de edad, de San Antonio Secortez, de la
microrregión de Damasco de Raxruhá en Alta Verapaz, Guatemala, fallecida el 7
de diciembre de 2018
● Felipe Gómez Alonzo, Maya
Chuj, de 8 años de edad de Nentón, Huehuetenango, Guatemala, fallecido el 24 de
diciembre de 2018
● Juan de León Gutiérrez, Maya
Ch'orti', de 16 años de edad, originario de Caserio Tizamarte en la aldea El
Tesoro, Camotán, Chiquimula, Guatemala, fallecido el 30 de abril de 2019
● Wilmer Josué Ramírez Vásquez,
(Nación indígena aún no identificada) de 2 años y medio, de Chiquimula,
Guatemala, fallecido el 14 de mayo de 2019
● Carlos Gregorio Hernández
Vásquez, Maya Achi, 16 años, de San José el Rodeo, Cubulco Baja Verapaz,
Guatemala, fallecido el 20 de mayo de 2019
Falta de transparencia y
participación de la comunidad
Nuestras
objeciones a la selección de Family Endeavors, Inc. para el contrato sin
licitación para proporcionar "Lugares de Reubicación Familiar de
Emergencia" (EFRs en inglés) no son sólo por la falta de proceso y
transparencia - también hay serias preocupaciones sobre la capacidad de la
corporación para abordar las necesidades específicas de los solicitantes de
asilo. Family Endeavors, Inc. tiene experiencia e historia en el servicio a la
comunidad de personas sin hogar, que es una población muy diferente a la
población (im)migrante.
Desde
la sensibilidad cultural, el idioma y las cuestiones específicas de las
comunidades de solicitantes de asilo, como el apoyo a los traumas y el apoyo
jurídico, Family Endeavors, Inc. no sólo carece de experiencia específica para
prestar esos servicios, sino que carece de credibilidad en las comunidades que
protegen los derechos de los (inmigrantes y de apoyo al asilo.
Las
comunidades no conocen a Family Endeavors, Inc. ni confían en ella, por lo que
la falta de transparencia en su selección es aún más preocupante. El propio
proceso de creación y firma de este contrato sin licitación es una razón más de
las preocupaciones que planteamos en esta carta: sin transparencia ni
responsabilidad, se destruye la confianza de la comunidad y, lo que es más
importante, son más probables las violaciones a los derechos humanos. Muchos
niños sufrieron abusos físicos y sexuales en instalaciones privadas contratadas
por el HHS cuando miles de niños fueron separados de sus padres bajo las
políticas de Tolerancia Cero. El estado de California ha prohibido que los
contratistas privados alojen a los migrantes detenidos debido a las múltiples
violaciones de derechos humanos cometidas por los contratistas en estas
instalaciones privadas. Todos los demás
estados, pero especialmente Arizona, Texas y Pensilvania, deberían considerar
su actuar que permite la continuación de estas prácticas aborrecibles que
contravienen el derecho federal e internacional.
Family
Endeavors, Inc. menciona a Andrew Lorenzen-Straight como Director Principal de
Servicios para Migrantes y Asuntos Federales. No hay pruebas de que este puesto
existiera antes de la contratación del Sr. Lorenzen-Strait, lo que es una
prueba más de que la organización carece de la historia, la experiencia y la
confianza de la comunidad necesarias para servir adecuadamente a las
comunidades de (im)migrantes, asilados y refugiados. Los antecedentes del Sr.
Lorenzen-Strait en el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad
Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. dejan
claro que este contrato sin licitación fue un acuerdo hecho a puerta cerrada, y
que buscaba contratar y promover desde dentro. Family Endeavors, Inc. informó
de que al menos 7 miembros del personal ganaban sueldos de seis cifras, lo que
está muy lejos de las organizaciones sin ánimo de lucro que actualmente sirven
a las comunidades fronterizas. Esta no es la estrategia que mejor servirá a los
individuos que serán liberados bajo la custodia de Family Endeavors, Inc.,
claramente ilustra un patrón y una cultura de amiguismo, y muestra una
intención de continuar con un modelo de militarización y detención para las
familias que buscan refugio y asilo.
Preocupaciones sobre el contrato
Aparte
de las preocupaciones sobre la transparencia de un proceso que finalmente
terminó en un contrato sin licitación de una corporación que es una entidad
desconocida para las comunidades fronterizas que han estado sirviendo a las
comunidades de (im)migrantes y de asilo durante décadas, hay preocupaciones y
preguntas sobre el contrato en sí:
● La falta de consulta con las
comunidades en las que se ubicarán estos "hoteles". Los medios de
comunicación locales han informado de que los funcionarios de la ciudad y del
condado han sido informados del proyecto, pero no está claro hasta qué punto
los gobiernos locales han participado en el proceso. Tampoco se ha consultado a
los grupos comunitarios que han estado realizando el trabajo actualmente, y
todo indica que este contrato servirá para eludir las redes de apoyo
establecidas desde hace años.
● La Oficina de Gestión de
Adquisiciones de ICE publicó una justificación del contrato sin licitación que
cita 86 millones de dólares para un contrato de 6 meses y medio con Endeavors
para proporcionar alojamiento a 1,239 personas. Se trata de un uso obsceno e
irresponsable del dinero de los contribuyentes, sobre todo porque las redes
existentes han atendido a muchas más personas a una fracción de los costes
proyectados sin financiación federal. En lugar de reforzar y apoyar las redes
existentes, la Administración Biden ha optado por un proceso que personifica la
burocracia y el amiguismo.
Más
allá de nuestras preocupaciones con el contrato existente, también tenemos las
siguientes preguntas y preocupaciones:
Preocupación por la seguridad: ¿Qué transparencia habrá
sobre quiénes serán los encargados de los hoteles donde se alojarán las
familias de asilo, incluido el proceso de verificación de antecedentes, y los
servicios específicos que se prestarán?
Rendición de cuentas:
● ¿Qué supervisión habrá para
las instalaciones, los servicios y el personal implicado?
● ¿Qué formación y experiencia
se exigirá al personal, incluido el idioma, la experiencia con las comunidades
indígenas, etc.?
● ¿Qué apoyo post-traumático
y/o psicológico se proporcionará a las familias, especialmente a aquellas cuyas
solicitudes de asilo se basen en abusos o en la huida a causa de violencia?
● ¿Cuál será el proceso para
denunciar los abusos o presentar quejas?
● ¿Qué información se
proporcionará al público en relación con las quejas y denuncias de abusos o
mala conducta?
● ¿Existen protocolos para que
los hablantes de lenguas indígenas puedan ejercer su derecho a hablar en su
lengua materna? ¿Siguen los protocolos el proceso de cuatro pasos exigido por
la Orden Ejecutiva 13166, que es la ley administrativa federal?
● ¿Qué proceso de evaluación se
empleará para valorar si este contrato satisface las necesidades previstas de
las personas?
Detención: ¿Cuál es la situación legal de las
personas que se alojarán en las instalaciones hoteleras propuestas? ¿Están bajo
custodia o son libres de salir por su propia voluntad? ¿Se concederán
privilegios de visita a los familiares, abogados, personal consular, voluntarios
de la comunidad y defensores de los derechos humanos?
Transparencia en la financiación: ¿Cuáles son los detalles del
contrato de 86 millones de dólares? ¿Cuánto se destinará a salarios frente a
apoyo y servicios para las familias?
● 1.239 camas a 352,64 dólares
por cama/por día durante 199 días
○ ¿Qué porcentaje de la tarifa
diaria por cama se destina a servicios y cuidados relacionados con las personas
y las familias?
Falta de participación de la
comunidad:
¿Cuáles son las razones y justificaciones para eludir por completo a las
organizaciones comunitarias y las redes de apoyo que llevan años realizando la
labor de servir a las comunidades de (im)migrantes, asilados y refugiados? ¿Por
qué no ha habido ningún tipo de consulta o participación? ¿Es este el enfoque
que las comunidades deberían esperar de la Administración Biden en todos los
asuntos relacionados con las fronteras y la (im)migración?
Es
muy preocupante que la Administración Biden, que ha hecho fuertes declaraciones
sobre el plan de tener un enfoque compasivo para trabajar con las cuestiones de
la frontera, la (im)migración y el asilo, haya avanzado con un proceso que
carece por completo de transparencia y responsabilidad hacia las comunidades
que han llevado el trabajo en la cuestión de los solicitantes de asilo,
particularmente durante los tumultuosos años de la última administración. En
lugar de acercarse a los grupos comunitarios existentes, para pedir o
proporcionar recursos para apoyar y amplificar el trabajo actual, la
Administración Biden ha optado por continuar con la práctica de militarizar el
proceso de solicitud de asilo a pesar del daño bien documentado que tales
sistemas crean en las comunidades vulnerables que son sometidas a ellos. La
Administración Biden ha optado por gastar 86 millones de dólares de los
contribuyentes en un período de 6 meses y medio en una empresa que no tiene
experiencia previa con las comunidades de (im)migrantes y asilados. En resumen,
ha dado la espalda al duro trabajo realizado por los defensores de derechos
humanos y miembros de la comunidad, decidiendo un camino que continúa la
militarización y criminalización de nuestras comunidades fronterizas.
Esto
no puede permitirse.
Visión alternativa de la comunidad
Desde
hace muchos años, las comunidades locales de Arizona se han unido para atender
las necesidades de los solicitantes de asilo que han sido liberados de la
custodia del DHS. Históricamente, las personas han sido sometidas a
"liberaciones en la calle", en las que se les dejaba en las
estaciones de autobuses locales sin ninguna indicación ni apoyo, y a menudo sin
saber cómo o qué hacer para llegar a sus patrocinadores. Los patrocinadores,
que a menudo son familiares del solicitante de asilo, han asumido la tarea de
hacerse cargo de los solicitantes de asilo, y se encargan de alojarlos,
alimentarlos y asegurarse de que acuden a todas las citas judiciales
designadas.
Las
organizaciones y redes comunitarias llevan años realizando la labor de atender
a los solicitantes de asilo, los refugiados y las personas liberadas de la
detención: el Proyecto de Restauración en Phoenix desde 2011, Casa Alitas desde
2014 y Casa Mariposa 2011-2014. Estas organizaciones empezaron a reunirse con
personas liberadas en las estaciones de autobuses en las que eran liberadas,
proporcionándoles comida y otro tipo de apoyo. Estos esfuerzos eventualmente
evolucionaron en espacios de refugio establecidos que ofrecen alojamiento
temporal, alimentos, atención médica, ropa, asistencia con los arreglos de
viaje para llegar de manera segura a los hogares de sus patrocinadores,
identificación e interpretación de idiomas y apoyo traumático/psicosocial
cuando sea necesario.
El
contrato con Endeavors, Inc, afirma que es "la única fuente conocida que
actualmente es capaz de satisfacer la necesidad urgente del Gobierno".
Esta afirmación no sólo es falsa, sino que indica un desprecio y una asombrosa
falta de comprensión y conocimiento de las redes de apoyo comunitario que han
creado las comunidades fronterizas receptoras, a pesar de que muchas de ellas
trabajan en coordinación y cooperación con las agencias de la ciudad y el
condado, y coordinan la recepción de personas y familias legalmente liberadas
de la CBP, la BP y el ICE.
Además,
estos grupos comunitarios locales han activado a cientos de voluntarios para
apoyar a las personas liberadas por la CBP, BP y HSI, y han recibido un enorme
apoyo. Este apoyo ha continuado a través
de la pandemia de COVID-19, proporcionando pruebas y atención médica de seguimiento
cuando es necesario.
La
necesidad de refugios de emergencia para familias no se discute, pero el hecho
es que los "EFRs" ya han sido creados y existen actualmente a través
de un proceso de colaboración - no hay necesidad de la versión militarizada de
ellos en nuestras comunidades.
Dadas
las preocupaciones detalladas anteriormente y la fuerte red de organizaciones
comunitarias existentes, presentamos las siguientes demandas:
Nuestras Demandas:
● Exigimos que la
Administración Biden detenga inmediatamente el contrato establecido con Family
Endeavors, Inc.
● Exigimos que el ICE haga
públicos todos los documentos de contratación que indiquen las expectativas,
los requisitos y los parámetros de rendimiento que se esperan de las
organizaciones que serán contratadas para prestar servicios de refugio de
emergencia para familias. Exigimos que todos los contratos para estos servicios
también se hagan públicos.
● Exigimos que todos los
refugios contratados apliquen protocolos sólidos que garanticen el cumplimiento
de las necesidades y los derechos humanos básicos, incluidos los de las
poblaciones vulnerables de hablantes de lenguas indígenas, niños no
acompañados, mujeres e inmigrantes LGBTQ.
● Exigimos que los funcionarios
de inmigración de EE.UU. cesen y desistan de las prácticas y patrones de
infracción de los derechos de los migrantes indígenas. Los migrantes indígenas
no ceden sus derechos de soberanía y autodeterminación protegidos por la
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DRIP).
● Los funcionarios de
inmigración de EE.UU. deben consultar con los migrantes indígenas y sus
líderes, adoptar políticas y procedimientos que respeten los derechos y
reclamos exclusivos de los migrantes indígenas, comenzar a impartir formación a
todos los funcionarios de inmigración y exigirles que respeten procedimientos
especiales para proteger los derechos exclusivos de los migrantes indígenas, y
reunir a los niños indígenas con familiares o patrocinadores dispuestos a
prestar ayuda humanitaria.
● Exigimos que se establezca un
proceso exhaustivo, transparente y público para garantizar que todos los
solicitantes de asilo y/o los miembros de la comunidad de refugiados reciban la
atención y los servicios adecuados según las normas internacionales aceptables
en todas las instalaciones administradas o contratadas por el DHS.
● Exigimos que los abogados
tengan acceso sin restricciones a todas las personas detenidas en los centros
contratados
● Exigimos transparencia al
público sobre el proceso de selección de Family Endeavors, Inc. para la
satisfacción de esta necesidad identificada.
● Exigimos la plena divulgación
del contrato con Family Endeavors, Inc. y todas las agencias relacionadas que
forman parte del contrato bajo la supervisión del Departamento de Seguridad
Nacional (BP, CBP, ICE, USCIS, FEMA, etc.), incluyendo una descripción completa
de las funciones y el papel de cada agencia relacionada
● Exigimos que se consulte a
las comunidades locales receptoras que han estado haciendo el trabajo y ya han
creado una alternativa a la mayor militarización de las comunidades
(im)migrantes.
● Exigimos que se asignen
fondos para apoyar y garantizar que las redes comunitarias existentes puedan
continuar su trabajo en un modelo comunitario que se aleje del marco actual de
militarización/detención. Exigimos un proceso que realmente apoye y promueva la
curación de las personas y familias vulnerables (im)migrantes y solicitantes de
asilo que han buscado el refugio que nuestras políticas pretenden garantizar.
● Exigimos que el gobierno de
Biden cumpla con nuestras obligaciones en virtud de las leyes internacionales
de derechos humanos y las normas federales que exigen que los funcionarios de
inmigración procesen adecuadamente a las personas que solicitan asilo en los
EEUU o que afirman tener miedo a regresar a sus lugares de origen. Por ley, los
solicitantes de asilo que han entrado a los Estados Unidos o que han llegado a
cualquier puerto de entrada de los Estados Unidos deben contar con las debidas
garantías procesales y con oportunidades significativas para hacer valer sus
temores y reclamos ante los funcionarios de asilo, tal y como exige la
normativa. El derecho fundamental a la vida de estos solicitantes de asilo no
puede ser ignorado, aplazado o anulado. No existe ninguna excepción para eludir
nuestras obligaciones en virtud de la legislación y la normativa vinculantes.
Es evidente que el Título 42 es un pretexto para eludir estas obligaciones
legales y que Estados Unidos está violando actualmente algunas de las leyes y
principios de derechos humanos más importantes defendidos por la comunidad
internacional.
###
FIRMANTES INDIVIDUALES Y DE ORGANIZACIONES
(la afiliación a una organización no significa
que ésta respalde la iniciativa, a menos que se indique).
Organizaciones firmantes: https://forms.gle/RjrQSsyo83xaDyLE7
Firmantes individuales: https://forms.gle/hBJVqs3oqu5DgcYn9
Información complementaria
Artículos sobre el contrato de Endeavors (Artículos en
inglés)
Biden está gastando 86 millones de dólares en habitacionesde hotel para migrantes mientras su administración se esfuerza por manejar laoleada de familias y niños que intentan llegar a los Estados Unidos
ICE recurre a una organización sin ánimo de lucro paraalojar a algunas familias de inmigrantes en hoteles de la zona fronteriza
Tucson alojará a solicitantes de asilo y a los inmigrantesen hoteles de la ciudad; se está preparando la instalación de una Tent Facility
El senador Ron Johnson inicia una investigación sobre loscontratos sin licitación por valor de 600 millones de dólares concedidos a ungrupo vinculado a Biden.
El senador Johnson pide que se entregue al Congreso lacorrespondencia del contrato de ENDEAVOR para justificar el contrato directo
Referencias citadas (Referencias en inglés)
Deprivation not Deterrence, Un informe sobre las violaciones
de los derechos humanos de los inmigrantes recluidos en los centros de
detención de corta duración del Departamento de Seguridad Nacional en el sur de
Arizona.
Doe contra Kelly y Doe contra Wolf
Exclusión de los inmigrantes que hablan lenguas indígenas enel sistema de inmigración de Estados Unidos
El derecho de los pueblos indígenas a la existencia, laautodeterminación, el idioma y el debido proceso en la migración, septiembre de2019
Orden Ejecutiva 13166, Mejorar el acceso a los servicios
para las personas con dominio limitado del inglés.
Denuncia de la CRCL sobre los desafíos que enfrentan loshablantes de lenguas indígenas en la detención familiar.
Declaración de la Liga Maya Internacional en la Vigilia deFe en honor a los Niños que Mueren en la Frontera,
El asunto de la Sra. L
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los PueblosIndígenas (DRIP:2007)
