Thursday, May 27, 2021
Saturday, May 22, 2021
Carta Abierta para Biden: Cancela el Contrato de $86 Milliones a Endeavors, Inc.
Carta abierta de las comunidades fronterizas para:
Presidente Joseph Biden
Alejandro Nicholas Mayorkas, Secretario, Departamento de Seguridad Nacional
Troy A. Miller, Funcionario Superior que desempeña las funciones del Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
Rodney Scott, Jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos
Tae D. Johnson, Director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)
Jean King, Directora en funciones de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)
Tracy Renaud, Directora en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
El anuncio de la adjudicación de un contrato sin licitación a Endeavors, Inc. para proporcionar refugio temporal a corto plazo fue una sorpresa para las comunidades fronterizas de Arizona, en particular para las organizaciones comunitarias que han estado haciendo el trabajo de base de apoyo para los solicitantes de asilo liberados de la detención temporal y a largo plazo. Esta decisión no sólo muestra una falta de transparencia y conciencia del trabajo comunitario que se ha realizado durante años, sino que socava esos esfuerzos en favor de un modelo que perpetúa la militarización y la criminalización de los solicitantes de asilo y sus familias.
Exigimos que la Administración Biden mantenga las promesas que se hicieron durante la temporada electoral. Ahora establecido en el cargo, no hay excusa para no salvaguardar los derechos humanos y el derecho al debido proceso de todos los inmigrantes que buscan asilo en la frontera suroeste de los EEUU, muchos de los cuales huyen de la violencia y buscan refugio en los Estados Unidos.
Al igual que la Administración Trump, la administración Biden está utilizando el Código 42 § 265 de los Estados Unidos para someter a los solicitantes de asilo al retorno a través de expulsiones y para negarse a procesar adecuadamente a los solicitantes de asilo. Actualmente, los funcionarios de la CBP están negando a los solicitantes de asilo el derecho a someterse a una entrevista de miedo creíble o razonable y los están expulsando a México o a sus países de origen, donde se enfrentan a graves peligros, persecución, tortura y muerte. En este contexto, el uso de "refugios" fronterizos apoya la discriminación en curso que la Administración Biden ejerce actualmente contra las familias e individuos centroamericanos y mexicanos, al procesar a otros nacionales y mantener a raya a las personas provenientes de Mesoamérica.
Problemas con la Detención Temporal y de Larga Duración
La contratación por parte del gobierno federal de instalaciones privadas o sin fines de lucro como refugios plantea dos retos legales en el sur de Arizona: si dichas instalaciones son una extensión de la detención a corto plazo, las agencias federales (y en particular la CBP, y BP en virtud de Doe v Kelly y Doe v Wolf) deben seguir los protocolos legales ordenados por los tribunales o la ley de inmigración establecida, o ambos. Asimismo, si dichas instalaciones son refugios humanitarios, las autoridades deben permitir que los abogados, funcionarios consulares y defensores de derechos humanos tengan acceso a los inmigrantes para garantizar que se apliquen las salvaguardias, o por el contrario, mostrar que dichas instalaciones son "humanitarias" sólo de nombre. Una vez liberados legalmente, los inmigrantes son libres de viajar. Si no se les permite salir, entonces los "refugios" contratados son en realidad - centros de detención.
Algunos problemas a los que se enfrentan los solicitantes de asilo y las personas retenidas en los centros de detención han sido bien documentados durante muchos años por defensores, organismos de derechos humanos, familiares y personas que los han experimentado de primera mano, mientras que otros no. Estos problemas incluyen:
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● Derechos lingüísticos: La falta de reconocimiento generalizado de los pueblos indígenas conduce a una serie de violaciones de sus derechos humanos, incluidos los derechos lingüísticos. La falta de interpretación en el primer contacto con la Aduana y la Patrulla Fronteriza en la frontera del suroeste estadounidense para los hablantes de lenguas indígenas, y su posterior procesamiento en centros de detención de corto plazo, niega sus derechos humanos básicos. Los datos de los refugios locales de Tucson han demostrado que 1 de cada 5 familias inmigrantes habla una lengua indígena como primera lengua. Los datos de Florida demuestran que 1 de cada 5 menores indígenas no acompañados trasladados a Florida bajo custodia del HHS son hablantes primarios de lenguas indígenas. La negación de la interpretación en las lenguas primarias hace imposible que las personas puedan comunicar sus necesidades médicas o detalles específicos sobre el miedo creíble o razonable, lo que afecta a sus solicitudes de asilo.
● Los solicitantes de asilo indígenas, en particular, son más vulnerables y tienen más probabilidades de sufrir discriminación, abusos y muerte. (véase: Exclusión de los inmigrantes que hablan lenguas indígenas en el sistema de inmigración de Estados Unidos). El gobierno federal estadounidense sigue castigando a los pueblos indígenas negando su identidad y sus lenguas. Por ejemplo, la FEMA ha publicado recientemente un anuncio para un puesto de trabajo "familiarizado con los dialectos centroamericanos", lo que indica que la actual administración reconoce que existe una necesidad, pero que no ha sabido dotar de recursos a esta necesidad. P.D. Son idiomas, no "dialectos", con cuatro mil años de historia. DHS necesita contratar a especialistas lingüísticos y sociolingüistas para evaluar la magnitud de esta necesidad, no a oficinistas. Los voluntarios de Tucson han documentado 28 lenguas indígenas en migración. Los funcionarios de relaciones públicas de la BP han declarado en repetidas ocasiones que esas necesidades están cubiertas. Cinco de las seis muertes de niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza son de niños indígenas, lo que indica que el racismo institucional conduce a muertes evitables.
● Separación de familias: Existe una continua separación de los miembros de una a pesar de ser parientes, estar casados o tener el mismo patrocinador. Hay casos documentados de nietos a los que se les ha retirado de la custodia de los abuelos, incluso cuando éstos intentan llevar a los nietos con sus padres, y dichos padres son los patrocinadores tanto de los niños como de los abuelos. Los niños que han sido retirados son entonces colocados en centros de detención para niños, infligiendo un trauma innecesario, particularmente para aquellos niños que son demasiado jóvenes para entender lo que está sucediendo y/o aquellos que son hablantes de lenguas indígenas. Las pruebas, incluidas las declaraciones juradas de los solicitantes de asilo en litigios federales como el caso Matter of Ms. L, han demostrado que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos tienen un patrón y una práctica de abuso de los derechos civiles y humanos de los solicitantes de asilo. Lamentablemente, Matter of Ms. L y otros litigios federales han demostrado que los funcionarios de inmigración estadounidenses han estado violando estas leyes creadas para proteger la vida y garantizar que nunca enviemos a ninguna persona a su muerte o genocidio.
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● Efectos psicológicos y traumáticos de la detención prolongada a corto y largo plazo de los niños separados: La separación de los niños de sus padres y su posterior detención tiene efectos físicos y mentales negativos y duraderos en esos niños: "Los cerebros de los niños que han vivido una situación de este tipo parecen volverse hipervigilantes ante las amenazas, un rasgo distintivo del Trauma de Estrés Post-traumático. Las regiones del cerebro que gobiernan el comportamiento gratificante no responden normalmente, lo que les hace vulnerables a la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. Además, las estructuras corticales necesarias para la atención, la planificación, el juicio y el control emocional no están adecuadamente desarrolladas... Hay pruebas de que una experiencia de este tipo tiene impactos hasta la edad adulta, y cuyos efectos pueden incluso extenderse más allá de una sola generación". (traducido de: “Estos son los efectos a largo plazo de separar a los niños de sus padres en la frontera de Estados Unidos, dicen los expertos”, Melissa, Healy, Los Angeles Times, 21 de junio de 2018).
● Cinco fuentes adicionales con conclusiones similares:
○ https://www.apa.org/news/apa/2018/border-family-separation,https://www.michaelshouse.com/parents/the-mental-health-effects-of-sudden-parent-child-separation-what-happens-when-children-and-parents-are-apart/, https://news.stanford.edu/2018/06/26/psychological-impact-early-life-stress-parental-separation/, https://knowablemagazine.org/article/mind/2020/treating-growing-trauma-family-separation, https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/childrens-rights/trauma-caused-by-separation-of-children-from-parents/.
● Atención médica inadecuada: La falta de atención médica en los centros de detención se ha documentado regularmente. Los individuos liberados de la custodia han tenido una serie de necesidades médicas, desde primeros auxilios básicos hasta la necesidad de ser hospitalizados casi inmediatamente. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, que suponen un riesgo para la salud pública cuando no se abordan adecuadamente.
● Alimentación inadecuada: Las comidas proporcionadas a los solicitantes de asilo y a los detenidos han sido un problema constante, especialmente para los que han estado bajo custodia durante un corto periodo de tiempo. Los voluntarios han recibido muchas historias sobre el suministro de sólo galletas saladas y jugos frutales, burritos de frijoles que han sido cocinados incorrectamente y han provocado que algunas personas enfermen. Otros reportes informan que algunos alimentos eran completamente incomibles. [Véase: Deprivation not Deterrence, A report on human rights violations of immigrants held in the Department of Homeland Security's Short term detention facilities in Southern Arizona].
● Confiscación de documentos: La problemática práctica de confiscar los documentos de los detenidos ha creado dificultades innecesarias para los individuos que son liberados de la custodia, particularmente porque los arreglos de viaje son mucho más fáciles de hacer cuando los viajeros tienen pasaportes u otros documentos emitidos por el gobierno. Las personas se ven obligadas a intentar navegar por el confuso proceso de recuperar la posesión de sus documentos a través de las oficinas consulares o las agencias gubernamentales por su cuenta, ya que no se proporciona información para reclamar los bienes personales. Esto es especialmente problemático cuando los solicitantes de asilo han sufrido violencia, persecución o tortura por parte del Estado.
● Derecho al debido proceso para solicitar asilo: Los solicitantes de asilo que llegan a los EEUU suelen tener su primer contacto con los funcionarios de inmigración estadounidenses cuando son detenidos por agentes de la patrulla fronteriza o de la CBP, para posteriormente ser mantenidos en detención de corta duración. La Patrulla Fronteriza pregunta a los inmigrantes sobre su temor a regresar a su país de origen, y si un inmigrante no revela dicho temor, se le considera no apto para el asilo. No se les explican sus derechos como solicitantes de asilo ni la finalidad de su detención. Tampoco se les habla del proceso o los procedimientos para remitir a los solicitantes de asilo a los funcionarios correspondientes para que les hagan entrevistas de miedo creíble o razonable si acaban siendo detenidos a largo plazo. El uso de celdas de congelación, técnicas de privación del sueño y posiciones de estrés son técnicas de tortura empleadas por la Patrulla Fronteriza para depravar a los inmigrantes y disuadirlos de solicitar asilo. Los funcionarios de la CBP y de la Patrulla Fronteriza no son los adecuados para ser la primera línea de contacto con los solicitantes de asilo. Más bien, los funcionarios de asilo especialmente capacitados, los trabajadores sociales y los abogados defensores y defensores más adecuados para el trabajo humanitario deberían ser los encargados de la primera línea de respuesta.
● Solicitantes de asilo indígenas: Sin sociolingüistas informados o sin hablantes de lenguas indígenas en el personal, los "Sitios de Reubicación Familiar de Emergencia" replicarán los abusos ya documentados en los Centros de Detención Familiar en Texas, donde el debido proceso para los hablantes de lenguas indígenas fue nulo (Véase: Denuncia de la CRCL sobre los retos a los que se enfrentan los hablantes de lenguas indígenas en la detención familiar). El fracaso del DHS y del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) en la implementación de la Orden Ejecutiva 13166 para el acceso al idioma LEP, específicamente para el 20% de las familias inmigrantes liberadas en el sector de Tucson que son hablantes de lenguas indígenas primarias, niega el debido proceso para su documentación inicial de miedo creíble / miedo razonable por parte del CBP /BP en el primer contacto (ver párrafo anterior), para posteriormente utilizar respuestas inexactas para desacreditar las solicitudes de asilo en el tribunal de inmigración. Los migrantes indígenas son en su mayoría identificados erróneamente como "hispanos" o simplemente como ciudadanos de estados nacionales coloniales que ocupan sus tierras ancestrales. Esto hace que los solicitantes de asilo indígenas se vean obligados a hablar con representantes de los Estados nación que los han sometido a persecución, tortura e incluso genocidio. Los migrantes indígenas no renuncian a sus derechos de autoidentificación como pueblos indígenas con soberanía y autodeterminación protegidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DRIP:2007) cuando son desplazados por la fuerza de sus tierras ancestrales y solicitan asilo.
● Niños y jóvenes indígenas han muerto bajo la custodia de la CBP/BP de
Estados Unidos. Atestiguamos aquí, una vez más, sus identidades y sus muertes
que aún no son reconocidas por el DHS y sus agencias. Decimos sus nombres y
reconocemos sus Naciones indígenas (Liga Internacional Maya):
● Claudia Patricia Gómez González, Maya Mam, 20 años, de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala, fallecida el 23 de mayo de 2018
● Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin, Maya Q'eqchi', de 7 años de edad, de San Antonio Secortez, de la microrregión de Damasco de Raxruhá en Alta Verapaz, Guatemala, fallecida el 7 de diciembre de 2018
● Felipe Gómez Alonzo, Maya Chuj, de 8 años de edad de Nentón, Huehuetenango, Guatemala, fallecido el 24 de diciembre de 2018
● Juan de León Gutiérrez, Maya Ch'orti', de 16 años de edad, originario de Caserio Tizamarte en la aldea El Tesoro, Camotán, Chiquimula, Guatemala, fallecido el 30 de abril de 2019
● Wilmer Josué Ramírez Vásquez, (Nación indígena aún no identificada) de 2 años y medio, de Chiquimula, Guatemala, fallecido el 14 de mayo de 2019
● Carlos Gregorio Hernández Vásquez, Maya Achi, 16 años, de San José el Rodeo, Cubulco Baja Verapaz, Guatemala, fallecido el 20 de mayo de 2019
Falta de transparencia y participación de la comunidad
Nuestras objeciones a la selección de Family Endeavors, Inc. para el contrato sin licitación para proporcionar "Lugares de Reubicación Familiar de Emergencia" (EFRs en inglés) no son sólo por la falta de proceso y transparencia - también hay serias preocupaciones sobre la capacidad de la corporación para abordar las necesidades específicas de los solicitantes de asilo. Family Endeavors, Inc. tiene experiencia e historia en el servicio a la comunidad de personas sin hogar, que es una población muy diferente a la población (im)migrante.
Desde la sensibilidad cultural, el idioma y las cuestiones específicas de las comunidades de solicitantes de asilo, como el apoyo a los traumas y el apoyo jurídico, Family Endeavors, Inc. no sólo carece de experiencia específica para prestar esos servicios, sino que carece de credibilidad en las comunidades que protegen los derechos de los (inmigrantes y de apoyo al asilo.
Las comunidades no conocen a Family Endeavors, Inc. ni confían en ella, por lo que la falta de transparencia en su selección es aún más preocupante. El propio proceso de creación y firma de este contrato sin licitación es una razón más de las preocupaciones que planteamos en esta carta: sin transparencia ni responsabilidad, se destruye la confianza de la comunidad y, lo que es más importante, son más probables las violaciones a los derechos humanos. Muchos niños sufrieron abusos físicos y sexuales en instalaciones privadas contratadas por el HHS cuando miles de niños fueron separados de sus padres bajo las políticas de Tolerancia Cero. El estado de California ha prohibido que los contratistas privados alojen a los migrantes detenidos debido a las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por los contratistas en estas instalaciones privadas. Todos los demás estados, pero especialmente Arizona, Texas y Pensilvania, deberían considerar su actuar que permite la continuación de estas prácticas aborrecibles que contravienen el derecho federal e internacional.
Family Endeavors, Inc. menciona a Andrew Lorenzen-Straight como Director Principal de Servicios para Migrantes y Asuntos Federales. No hay pruebas de que este puesto existiera antes de la contratación del Sr. Lorenzen-Strait, lo que es una prueba más de que la organización carece de la historia, la experiencia y la confianza de la comunidad necesarias para servir adecuadamente a las comunidades de (im)migrantes, asilados y refugiados. Los antecedentes del Sr. Lorenzen-Strait en el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. dejan claro que este contrato sin licitación fue un acuerdo hecho a puerta cerrada, y que buscaba contratar y promover desde dentro. Family Endeavors, Inc. informó de que al menos 7 miembros del personal ganaban sueldos de seis cifras, lo que está muy lejos de las organizaciones sin ánimo de lucro que actualmente sirven a las comunidades fronterizas. Esta no es la estrategia que mejor servirá a los individuos que serán liberados bajo la custodia de Family Endeavors, Inc., claramente ilustra un patrón y una cultura de amiguismo, y muestra una intención de continuar con un modelo de militarización y detención para las familias que buscan refugio y asilo.
Preocupaciones sobre el contrato
Aparte de las preocupaciones sobre la transparencia de un proceso que finalmente terminó en un contrato sin licitación de una corporación que es una entidad desconocida para las comunidades fronterizas que han estado sirviendo a las comunidades de (im)migrantes y de asilo durante décadas, hay preocupaciones y preguntas sobre el contrato en sí:
● La falta de consulta con las comunidades en las que se ubicarán estos "hoteles". Los medios de comunicación locales han informado de que los funcionarios de la ciudad y del condado han sido informados del proyecto, pero no está claro hasta qué punto los gobiernos locales han participado en el proceso. Tampoco se ha consultado a los grupos comunitarios que han estado realizando el trabajo actualmente, y todo indica que este contrato servirá para eludir las redes de apoyo establecidas desde hace años.
● La Oficina de Gestión de Adquisiciones de ICE publicó una justificación del contrato sin licitación que cita 86 millones de dólares para un contrato de 6 meses y medio con Endeavors para proporcionar alojamiento a 1,239 personas. Se trata de un uso obsceno e irresponsable del dinero de los contribuyentes, sobre todo porque las redes existentes han atendido a muchas más personas a una fracción de los costes proyectados sin financiación federal. En lugar de reforzar y apoyar las redes existentes, la Administración Biden ha optado por un proceso que personifica la burocracia y el amiguismo.
Más allá de nuestras preocupaciones con el contrato existente, también tenemos las siguientes preguntas y preocupaciones:
Preocupación por la seguridad: ¿Qué transparencia habrá sobre quiénes serán los encargados de los hoteles donde se alojarán las familias de asilo, incluido el proceso de verificación de antecedentes, y los servicios específicos que se prestarán?
Rendición de cuentas:
● ¿Qué supervisión habrá para las instalaciones, los servicios y el personal implicado?
● ¿Qué formación y experiencia se exigirá al personal, incluido el idioma, la experiencia con las comunidades indígenas, etc.?
● ¿Qué apoyo post-traumático y/o psicológico se proporcionará a las familias, especialmente a aquellas cuyas solicitudes de asilo se basen en abusos o en la huida a causa de violencia?
● ¿Cuál será el proceso para denunciar los abusos o presentar quejas?
● ¿Qué información se proporcionará al público en relación con las quejas y denuncias de abusos o mala conducta?
● ¿Existen protocolos para que los hablantes de lenguas indígenas puedan ejercer su derecho a hablar en su lengua materna? ¿Siguen los protocolos el proceso de cuatro pasos exigido por la Orden Ejecutiva 13166, que es la ley administrativa federal?
● ¿Qué proceso de evaluación se empleará para valorar si este contrato satisface las necesidades previstas de las personas?
Detención: ¿Cuál es la situación legal de las personas que se alojarán en las instalaciones hoteleras propuestas? ¿Están bajo custodia o son libres de salir por su propia voluntad? ¿Se concederán privilegios de visita a los familiares, abogados, personal consular, voluntarios de la comunidad y defensores de los derechos humanos?
Transparencia en la financiación: ¿Cuáles son los detalles del contrato de 86 millones de dólares? ¿Cuánto se destinará a salarios frente a apoyo y servicios para las familias?
● 1.239 camas a 352,64 dólares por cama/por día durante 199 días
○ ¿Qué porcentaje de la tarifa diaria por cama se destina a servicios y cuidados relacionados con las personas y las familias?
Falta de participación de la comunidad: ¿Cuáles son las razones y justificaciones para eludir por completo a las organizaciones comunitarias y las redes de apoyo que llevan años realizando la labor de servir a las comunidades de (im)migrantes, asilados y refugiados? ¿Por qué no ha habido ningún tipo de consulta o participación? ¿Es este el enfoque que las comunidades deberían esperar de la Administración Biden en todos los asuntos relacionados con las fronteras y la (im)migración?
Es muy preocupante que la Administración Biden, que ha hecho fuertes declaraciones sobre el plan de tener un enfoque compasivo para trabajar con las cuestiones de la frontera, la (im)migración y el asilo, haya avanzado con un proceso que carece por completo de transparencia y responsabilidad hacia las comunidades que han llevado el trabajo en la cuestión de los solicitantes de asilo, particularmente durante los tumultuosos años de la última administración. En lugar de acercarse a los grupos comunitarios existentes, para pedir o proporcionar recursos para apoyar y amplificar el trabajo actual, la Administración Biden ha optado por continuar con la práctica de militarizar el proceso de solicitud de asilo a pesar del daño bien documentado que tales sistemas crean en las comunidades vulnerables que son sometidas a ellos. La Administración Biden ha optado por gastar 86 millones de dólares de los contribuyentes en un período de 6 meses y medio en una empresa que no tiene experiencia previa con las comunidades de (im)migrantes y asilados. En resumen, ha dado la espalda al duro trabajo realizado por los defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad, decidiendo un camino que continúa la militarización y criminalización de nuestras comunidades fronterizas.
Esto no puede permitirse.
Visión alternativa de la comunidad
Desde hace muchos años, las comunidades locales de Arizona se han unido para atender las necesidades de los solicitantes de asilo que han sido liberados de la custodia del DHS. Históricamente, las personas han sido sometidas a "liberaciones en la calle", en las que se les dejaba en las estaciones de autobuses locales sin ninguna indicación ni apoyo, y a menudo sin saber cómo o qué hacer para llegar a sus patrocinadores. Los patrocinadores, que a menudo son familiares del solicitante de asilo, han asumido la tarea de hacerse cargo de los solicitantes de asilo, y se encargan de alojarlos, alimentarlos y asegurarse de que acuden a todas las citas judiciales designadas.
Las organizaciones y redes comunitarias llevan años realizando la labor de atender a los solicitantes de asilo, los refugiados y las personas liberadas de la detención: el Proyecto de Restauración en Phoenix desde 2011, Casa Alitas desde 2014 y Casa Mariposa 2011-2014. Estas organizaciones empezaron a reunirse con personas liberadas en las estaciones de autobuses en las que eran liberadas, proporcionándoles comida y otro tipo de apoyo. Estos esfuerzos eventualmente evolucionaron en espacios de refugio establecidos que ofrecen alojamiento temporal, alimentos, atención médica, ropa, asistencia con los arreglos de viaje para llegar de manera segura a los hogares de sus patrocinadores, identificación e interpretación de idiomas y apoyo traumático/psicosocial cuando sea necesario.
El contrato con Endeavors, Inc, afirma que es "la única fuente conocida que actualmente es capaz de satisfacer la necesidad urgente del Gobierno". Esta afirmación no sólo es falsa, sino que indica un desprecio y una asombrosa falta de comprensión y conocimiento de las redes de apoyo comunitario que han creado las comunidades fronterizas receptoras, a pesar de que muchas de ellas trabajan en coordinación y cooperación con las agencias de la ciudad y el condado, y coordinan la recepción de personas y familias legalmente liberadas de la CBP, la BP y el ICE.
Además, estos grupos comunitarios locales han activado a cientos de voluntarios para apoyar a las personas liberadas por la CBP, BP y HSI, y han recibido un enorme apoyo. Este apoyo ha continuado a través de la pandemia de COVID-19, proporcionando pruebas y atención médica de seguimiento cuando es necesario.
La necesidad de refugios de emergencia para familias no se discute, pero el hecho es que los "EFRs" ya han sido creados y existen actualmente a través de un proceso de colaboración - no hay necesidad de la versión militarizada de ellos en nuestras comunidades.
Dadas las preocupaciones detalladas anteriormente y la fuerte red de organizaciones comunitarias existentes, presentamos las siguientes demandas:
Nuestras Demandas:
● Exigimos que la Administración Biden detenga inmediatamente el contrato establecido con Family Endeavors, Inc.
● Exigimos que el ICE haga públicos todos los documentos de contratación que indiquen las expectativas, los requisitos y los parámetros de rendimiento que se esperan de las organizaciones que serán contratadas para prestar servicios de refugio de emergencia para familias. Exigimos que todos los contratos para estos servicios también se hagan públicos.
● Exigimos que todos los refugios contratados apliquen protocolos sólidos que garanticen el cumplimiento de las necesidades y los derechos humanos básicos, incluidos los de las poblaciones vulnerables de hablantes de lenguas indígenas, niños no acompañados, mujeres e inmigrantes LGBTQ.
● Exigimos que los funcionarios de inmigración de EE.UU. cesen y desistan de las prácticas y patrones de infracción de los derechos de los migrantes indígenas. Los migrantes indígenas no ceden sus derechos de soberanía y autodeterminación protegidos por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DRIP).
● Los funcionarios de inmigración de EE.UU. deben consultar con los migrantes indígenas y sus líderes, adoptar políticas y procedimientos que respeten los derechos y reclamos exclusivos de los migrantes indígenas, comenzar a impartir formación a todos los funcionarios de inmigración y exigirles que respeten procedimientos especiales para proteger los derechos exclusivos de los migrantes indígenas, y reunir a los niños indígenas con familiares o patrocinadores dispuestos a prestar ayuda humanitaria.
● Exigimos que se establezca un proceso exhaustivo, transparente y público para garantizar que todos los solicitantes de asilo y/o los miembros de la comunidad de refugiados reciban la atención y los servicios adecuados según las normas internacionales aceptables en todas las instalaciones administradas o contratadas por el DHS.
● Exigimos que los abogados tengan acceso sin restricciones a todas las personas detenidas en los centros contratados
● Exigimos transparencia al público sobre el proceso de selección de Family Endeavors, Inc. para la satisfacción de esta necesidad identificada.
● Exigimos la plena divulgación del contrato con Family Endeavors, Inc. y todas las agencias relacionadas que forman parte del contrato bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (BP, CBP, ICE, USCIS, FEMA, etc.), incluyendo una descripción completa de las funciones y el papel de cada agencia relacionada
● Exigimos que se consulte a las comunidades locales receptoras que han estado haciendo el trabajo y ya han creado una alternativa a la mayor militarización de las comunidades (im)migrantes.
● Exigimos que se asignen fondos para apoyar y garantizar que las redes comunitarias existentes puedan continuar su trabajo en un modelo comunitario que se aleje del marco actual de militarización/detención. Exigimos un proceso que realmente apoye y promueva la curación de las personas y familias vulnerables (im)migrantes y solicitantes de asilo que han buscado el refugio que nuestras políticas pretenden garantizar.
● Exigimos que el gobierno de Biden cumpla con nuestras obligaciones en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y las normas federales que exigen que los funcionarios de inmigración procesen adecuadamente a las personas que solicitan asilo en los EEUU o que afirman tener miedo a regresar a sus lugares de origen. Por ley, los solicitantes de asilo que han entrado a los Estados Unidos o que han llegado a cualquier puerto de entrada de los Estados Unidos deben contar con las debidas garantías procesales y con oportunidades significativas para hacer valer sus temores y reclamos ante los funcionarios de asilo, tal y como exige la normativa. El derecho fundamental a la vida de estos solicitantes de asilo no puede ser ignorado, aplazado o anulado. No existe ninguna excepción para eludir nuestras obligaciones en virtud de la legislación y la normativa vinculantes. Es evidente que el Título 42 es un pretexto para eludir estas obligaciones legales y que Estados Unidos está violando actualmente algunas de las leyes y principios de derechos humanos más importantes defendidos por la comunidad internacional.
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FIRMANTES INDIVIDUALES Y DE ORGANIZACIONES
(la afiliación a una organización no significa que ésta respalde la iniciativa, a menos que se indique).
Organizaciones firmantes: https://forms.gle/RjrQSsyo83xaDyLE7
Firmantes individuales: https://forms.gle/hBJVqs3oqu5DgcYn9
Información complementaria
Artículos sobre el contrato de Endeavors (Artículos en inglés)
Referencias citadas (Referencias en inglés)
Deprivation not Deterrence, Un informe sobre las violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes recluidos en los centros de detención de corta duración del Departamento de Seguridad Nacional en el sur de Arizona.
Doe contra Kelly y Doe contra Wolf
Orden Ejecutiva 13166, Mejorar el acceso a los servicios para las personas con dominio limitado del inglés.
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los PueblosIndígenas (DRIP:2007)
Open Letter to Biden: Cancel the $86 million Contract with Endeavors, Inc.
An Open Letter from Border Communities to:
May 21, 2021
President Joseph Biden
Alejandro Nicholas Mayorkas, Secretary, Department of Homeland Security
Troy A. Miller, Senior Official Performing the Duties of the Commissioner, Customs and Border Protection (CBP)
Rodney Scott, Chief, U.S. Border Patrol
Tae D. Johnson, Acting Director, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)
Jean King, Acting Director of the Executive Office for Immigration Review (EOIR)
Tracy Renaud, Acting Director, United States Citizenship and Immigration Services
The announcement of the no-bid contract being awarded to Endeavors, Inc. to provide short term temporary shelter was a surprise to Arizona border communities, particularly those community organizations that have been doing the groundwork of supporting asylum seekers released from temporary and long-term detention for years. This decision not only shows a lack of transparency and awareness of the community work that has been done for years, but undercuts those efforts in favor of a model that perpetuates the militarization and criminalization of asylum seekers and their families.
We demand that the Biden Administration hold to the promises that were made during the election season; now established in office There is no excuse for not safeguarding the human rights and due process rights of all immigrants seeking asylum at the US SW border, many of whom are fleeing violence and seeking refuge in the United States.
Like the Trump Administration, the Biden administration is using 42 U.S. Code § 265 to subject asylum seekers to refoulement through expulsions and refusing to properly process asylum seekers. Currently, CBP officers are denying asylum seekers the right to undergo a credible or reasonable fear interview and removing them to Mexico or their home countries where they face severe harm, persecution, torture, and death. The use of contracted border “shelters” in this context supports the on-going discrimination that the Biden Administration exercised currently against Central American and Mexican families and individuals, by processing other nationals and holding those from Meso-America at bay.
Issues with Temporary and Long-term Detention
US
federal Government contracting private or non-profit facilities as
shelters poses two legal challenges in Southern Arizona: if such
facilities are an extension of short term detention, federal agencies (and particularly CBP, and BP under Doe v Kelly & Doe v Wolf)
must either follow court ordered legal protocols or established
immigration law or both, or if such facilities are humanitarian
shelters, they must allow for attorneys, consular officials, and human
rights advocates to access immigrants to ensure safeguards are in
place, or such facilities are “humanitarian” in name only. Once legally
released, immigrants are free to travel, if they are not allowed to
leave, then the contracted “shelters” are actually - detention.
Some
issues that face asylum seekers and individuals held in detention
facilities have been well documented for many years by advocates, human
rights agencies, family members and individuals who have experienced
them first-hand, while others have not. These problems include:
- Language Rights: The widespread lack of recognition of Indigenous peoples leads to a host of human rights violations including language rights. lack of interpretation at first contact with Customs and Border Patrol and the Border Patrol at the SW US border for Indigenous-language speakers, and then as they are being processed in short term detention denies basic human rights. Local shelter data in Tucson has demonstrated that 1 in 5 immigrant families speak an Indigenous language as their first language. Data from Florida demonstrates that 1 in 5 unaccompanied Indigenous minors transferred to Florida under HHS custody are primary speakers of Indigenous Languages. Denial of interpretation in primary languages makes it impossible for individuals to communicate their medical needs or specific details about credible or reasonable fear, thus affecting their asylum claims.
- Indigenous asylum seekers in particular have higher vulnerabilities and are more likely to face discrimination, abuse, and death. (see: Exclusion of Indigenous Language Speaking Immigrants in the US Immigration System). The US federal government continues to punish Indigenous Peoples by denying their identity and their languages. For example FEMA recently advertised for a position “familiar with Central American dialects' ' which is an indication that the current administration recognizes there is a need, but has poorly executed resourcing this need. P.S. They’re languages, not “dialects”, languages with a four thousand year history. DHS needs to hire language specialists and social-linguists to assess the scale of this need - not clerks. Volunteers in Tucson have documented 28 indigenous languages in migration. BP PR officers have repeatedly stated such needs are fulfilled. Five of six child deaths in Border Patrol custody being Indigenous children points to institutional racism leading to preventable deaths.
- Separation of families:
The continued separation of family members from each other, despite
being related, married, or having the same sponsor. There are documented
cases of grandchildren being removed from grandparent custody, even
when the grandparent is attempting to bring the grandchildren to their
parent(s), and said parent(s) are the sponsors of both the children and grandparent. Children who have been removed are then placed in detention facilities for children, inflicting unnecessary trauma, particularly
for those children who are too young to understand what is going on
and/or those who are Indigenous language speakers. Evidence, including
the sworn declarations of asylum seekers in federal litigation such as the Matter of Ms. L case
have shown that U.S. immigration officials have a pattern and practice
of abusing the civil and human rights of asylum seekers. Unfortunately,
Matter of Ms. L and other federal litigation have evidenced that U.S.
immigration officials have been violating these laws created to protect
life and ensure we never send any person to their death or genocide.
- Psychological and Traumatic effects of prolonged short and long-term detention for separated children. Children separated from their parents and then then put into detention has lasting negative physical and mental effects on those children: “The brains of children who have experienced such a situation seem to become hypervigilant in the face of threats, a hallmark of PTSD. The regions of the brain that govern rewarding behavior do not respond normally, making them vulnerable to depression, anxiety, and substance abuse. In addition, the cortical structures necessary for attention, planning, judgment and emotional control are not adequately developed... There is evidence that such an experience casts a shadow into adulthood, and that the effects can even extend beyond a single generation.” (translated from: These are the long-term effects of separating children from their parents at the U.S. border, experts say, Melissa, Healy, Los Angeles Times, June 21, 2018.
Five additional sources with similar conclusions:
https://www.apa.org/news/apa/2018/border-family-separation,https://www.michaelshouse.com/parents/the-mental-health-effects-of-sudden-parent-child-separation-what-happens-when-children-and-parents-are-apart/, https://news.stanford.edu/2018/06/26/psychological-impact-early-life-stress-parental-separation/, https://knowablemagazine.org/article/mind/2020/treating-growing-trauma-family-separation, https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/childrens-rights/trauma-caused-by-separation-of-children-from-parents/.
- Inadequate medical attention:
The lack of medical attention in detention centers has been regularly
documented. Individuals released from custody have had a range of
medical needs, from basic first aid to needing to be hospitalized almost
immediately. The COVID-19 pandemic has exacerbated these issues, which
pose a public health risk when not adequately addressed.
- Inadequate food:
The meals provided to asylum seekers and detainees has been a constant
problem, particularly those who have been held in short-term custody.
Volunteers have been told many stories about being provided only
crackers and juice, and bean burritos that have been improperly cooked
and caused some people to become ill; others have reported them being
completely inedible. [See: Deprivation not Deterrence,
A report on human rights violations of immigrants held in the
Department of Homeland Security's Short term detention facilities in
Southern Arizona].
- Confiscation of documents:
The problematic practice of confiscating documents from those being
detained have created unnecessary hardships for individuals being
released from custody, particularly as travel arrangements are much
easier to make when travelers have passports or other government-issued
documents. Individuals are then forced to try to navigate the unclear
process of regaining possession of their documents via consular offices
or government agencies on their own, as information is not provided for
reclaiming personal property. This is especially problematic where
asylum seekers have suffered state-sponsored violence, persecution, or
torture.
- Right to Due Process for Seeking Asylum: Asylum seekers arriving in the U.S. usually have their first contact with U.S. immigration officials when they are apprehended and detained by border patrol agents or CBP officers and kept in short term detention. Border Patrol ask immigrants’ about their fear of returning to their home country, and if an immigrant does not disclose such fear, they are deemed unfit for asylum. Their rights are not explained to them as asylum seekers nor is the purpose for detaining them, nor the process or procedures for referring asylum seekers to asylum officers for credible or reasonable fear interviews if they end up being placed in long term detention. The use of freezing cells, sleep deprivation techniques, and stress positions are torture techniques employed by Border Patrol to deprave immigrants and disaude them from requesting asylum. CBP and border patrol enforcement officials are not properly suited to be the first line of contact for asylum seekers. Rather, specially trained asylum officers, social workers, and defense attorneys and advocates best suited to humanitarian work should be first line responders.
- Indigenous Asylum seekers: Without
informed socio-linguists in consultation or Indigenous language
speakers on staff, “Emergency Family Relocation Sites” will replicate
the abuses already documented in Family Detention Centers in Texas,
where due process for Indigenous Language Speakers was nil. (See: CRCL Complaint on Challenges Faced by Indigenous Language Speakers in Family Detention.) DHS’s and DOJ’s Failure to implement Executive Order 13166 for
LEP Language access, specifically for the 20% of immigrant families
released in the Tucson Sector who are Primary Indigenous Language
Speakers, denies due process for their initial credible fear /
reasonable fear documentation by CBP /BP at first contact (see above
paragraph) which then uses inaccurate responses to discredit asylum
claims later in immigration court. Indigenous migrants are mostly
misidentified as “Hispanic” or simply citizens of colonial nation states
occupying their ancestral lands. This leads to Indigenous asylum
seekers being forced to speak to representatives from the nation states
that have subjected them to persecution, torture, and even genocide.
Indigenous migrants do not cede their rights to self-identity as
Indigenous Peoples with sovereignty and self-determination protected by
the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (DRIP:2007) when they are forcibly displaced from their ancestral lands and seeking asylum.
- Indigenous Children and Youth have died at a disproportionate rate in US CBP/BP custody. We witness here, once again, their identities and their deaths which are still not recognized by DHS and its agencies. We say their names and recognize their indigenous Nations (International Mayan League):
- Claudia Patricia Gómez González, Maya Mam, 20 yrs. old, from San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala, died May 23, 2018
- Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin, Maya Q’eqchi’, 7 yrs. old from San Antonio Secortez, of the Damascus microregion of Raxruhá in Alta Verapaz, Guatemala, died December 7, 2018
- Felipe Gomez Alonzo, Maya Chuj, 8 yrs. old from Nentón, Huehuetenango, Guatemala, died December 24, 2018
- Juan de León Gutiérrez, Maya Ch’orti’, 16 yrs. old from Caserio Tizamarte in the village El Tesoro, Camotán, Chiquimula, Guatemala, died April 30, 2019
- Wilmer Josué Ramírez Vásquez, (indigenous Nation not yet identified) 2.5 yrs. old, from Chiquimula, Guatemala, died May 14, 2019
- Carlos Gregorio Hernández Vásquez, Maya Achi, 16 yrs old, from San Jose el Rodeo, Cubulco Baja Verapaz, Guatemala, died May 20, 201
Lack of Transparency and Community Involvement
Our objections to the selection of Family Endeavors, Inc. for the no-bid contract for providing “Emergency Family Relocation Sites” (EFRs) are not only because of the lack of process and transparency- there are also serious concerns about the ability of the corporation to address the specific needs of asylum seekers. Family Endeavors, Inc., has a background and history in serving the homeless community, which is a very different population from (im)migrant populations.
From cultural sensitivity, language, and issues that are specific to asylum seeking communities such as trauma support and legal support, Family Endeavors, Inc. not only lack specific experience to perform such services, they lack credibility in the (im)migrant rights and asylum support communities.
Family Endeavors, Inc. is neither known or trusted by communities, making the lack of transparency in their selection even more concerning. The very process of creating and signing this no-bid contract is a testimony to the concerns we raise in this letter: without transparency and accountability, community trust is destroyed, and more importantly, human rights abuses are more probable. Multiple children suffered physical and sexual abuse at private facilities contracted by the HHS when thousands of children were separated form their parents under Zero Tolerance policies. The State of California has outlawed private contractors from housing detained migrants because of multiple human rights violations committed by contractors in these private facilities. All other states, but especially Arizona, Texas, and Pennsylvania should consider l the liabilities and that enabling such abhorrent practices to continue will be in contravention to federal and international law.
Family Endeavors, Inc. lists Andrew Lorenzen-Straight as the Senior Director for Migrant Services and Federal Affairs. There is no evidence that this position existed before the hiring of Mr. Lorenzen-Strait, further evidence that the organization lacks the history, experience and community trust necessary to serve (im)migrant, asylum and refugee communities appropriately. Mr. Lorenzen-Strait’s background with the Department of Justice, Department of Homeland Security and U.S. Immigration and Customs Enforcement make it clear that this no-bid contract was an arrangement made behind closed doors, and seeking to hire and promote from within. Family Endeavors, Inc. reported at least 7 staff making six-figure salaries, a far cry from the existing non-profit organizations that currently serve border communities. This is not the strategy that will best serve the individuals who will be released into the custody of Family Endeavors, Inc. and it clearly illustrates a pattern and culture of cronyism and an intention to continue a model of militarization and detention for families seeking refuge and asylum.
Concerns about the Contract
Apart from the concerns about transparency of a process that ultimately ended in a no-bid contract of a corporation that is an unknown entity to border communities that have been serving (im)migrant and asylum communities for decades, there are concerns and questions about the contract itself:
- Lack of consultation with the communities in which these “hotels” will be located. Local media has reported that city and county officials have been informed of the planned project, but it is unclear the extent to which local governments have been involved in the process. Existing community groups that have been doing the work currently were neither consulted, and indications are that this contract will serve to circumvent the established support networks that have been in place for years.
- The ICE Office of Acquisitions Management published a justification for the no-bid contract that cites $86 million dollars for a 6.5 month contract with Endeavors to provide housing to 1,239 individuals. This is an obscene and irresponsible use of taxpayer dollars, particularly as existing networks have served far more people at a fraction of the costs with No federal funding. Rather than bolster and support existing networks, the Biden Administration has opted for a process that epitomizes bureaucracy and cronyism.
Beyond our concerns with the existing contract, we also have the following questions and concerns:
- Safety Concerns:
What transparency will be in place about who will be staffing the
hotels where asylum families will be housed, including the process of
background checks, and the specific services that will be provided?
- Accountability:
- What oversight will be in place for the facilities, services and personnel involved?
- What training and experience will be required of personnel, including language, experience with Indigenous communities, etc.
- What trauma and/or psychological support will be provided to families, particularly those whose asylum claims are based on abuse or fleeing violence?
- What will be the process for reporting abuse or making complaints?
- What information will be provided to the public regarding complaints and allegations of abuse or misconduct?
- Are protocols in place for Indigenous language speakers’ to exercise their right to speak in their primary language? Do the protocols follow the four step process mandated by Executive Order 13166, which is federal administrative law?
- What evaluation process will be employed to assess whether this contract met expected needs of individuals?
- Detention:
What is the legal status of individuals who will be housed in the
proposed hotel facilities? Are they in custody, or free to leave on
their own accord? Will there be visiting privileges afforded to family
members, lawyers, consular staff, community volunteers, and human
rights advocates?
- Transparency in Funding: What are the details of the $86 million contract? How much will go to salary vs. support and services for families?
- 1,239 beds at $352.64 per bed/per day for 199 days
- What percentage of the daily bed rate is allocated toward services and related care for the individuals and families?
- Lack of community involvement: What are the reasons and justifications for completely circumventing the community organizations and support networks that have been doing the work of serving (im)migrant, asylum and refugee communities for years? Why has there been no consultation, involvement or participation in any way? Is this the approach that communities should come to expect from the Biden Administration on all issues surrounding border and (im)migration issues?
It is of grave concern that the Biden Administration, which has made strong assertions regarding the plan to have a compassionate approach for working with border, (im)migration and asylum issues, has moved forward with a process that completely lacks transparency and accountability to the communities that have carried the water in the issue of asylum seekers, particularly over the tumultuous years of the last Administration. Instead of reaching out to existing community groups, asking and providing resources to support and amplify current work, the Biden Administration has chosen to continue the practice of militarizing the asylum-seeking process, despite the well-documented harm that such systems create on the vulnerable communities that are subjected to them. It has chosen to spend $86 million in taxpayer dollars over a 6.5 month period on a corporation that has no previous experience with (im)migration and asylum communities. It has, in short, turned its back on the hard work that has been done by advocates and community members, deciding on a path that continues the militarization and criminalization of our border communities.
This cannot be permitted to stand.
Alternative Community Vision
For many years now, local Arizona communities have come together to address the needs of asylum seekers who have been released from DHS custody. Historically, individuals have been subjected to “street releases” where they were dropped off at local bus stations without any directions or support, and often with no idea how or what to do to reach their sponsors. Sponsors, who are often relatives of the asylum seeker, have taken on the task of being responsible for asylum seekers, and are responsible for housing, feeding and ensuring that all appointed court appointments are attended.
Community organizations and networks have been doing the work of serving asylum seekers, refugees and individuals released from detention for years- the Restoration Project in Phoenix since 2011, Casa Alitas since 2014 and Casa Mariposa 2011-2014. These organizations began by meeting released individuals at the bus stations where they were released, providing food and other support. These efforts eventually evolved into established shelter spaces that offer temporary housing, food, medical attention, clothing, assistance with travel arrangements to safely get to the homes of their sponsors, language identification and interpretation and trauma/psycho-social support when needed.
The contract with Endeavors, Inc, claims that it is “the only known source that is presently capable of meeting the Government’s urgent requirement.” This statement is not only false, but it indicates disregard for and an astounding lack of understanding and awareness of the community support networks that have been created by receiving border communities, despite the fact that many of them work in coordination and cooperation with city and county agencies, and coordinate receiving legally released individuals and families from CBP, BP, and ICE.
In addition, these local community groups have activated hundreds of volunteers to support individuals released from custody by CBP, BP and HSI, and have received tremendous support. This support has continued through the COVID-19 pandemic, providing testing and follow-up medical attention when needed.
The need for Emergency Family Relief Shelters is not in dispute, but the fact is that “EFRS” have already been created and currently exist through a collaborative process- there is not a need for the militarized version of them in our communities.
Given the concerns detailed above and the strong network of existing community organizations, we submit the following demands:
Our Demands:
- We demand that the Biden Administration Immediately halt the contract established with Family Endeavors, Inc.
- We demand that ICE make public any contracting documents that state expectations, requirements, and performance metrics expected from organizations that will be contracted to provide emergency family relief shelter services. We demand that all contracts for these services also be made public.
- We demand that any contracted shelter implement robust protocols to ensure basic human rights and needs are fulfilled including for vulnerable populations of Indigenous language speakers, unaccompanied children, women, and LGBTQ immigrants.
- We demand U.S. immigration officials must cease and desist practices and patterns of infringements on the rights of Indigenous migrants. Indigenous migrants do not cede their rights to sovereignty and self-determination protected by the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (DRIP).
- U.S. immigration officials must consult with Indigenous migrants and leadership, adopt policies and procedures that observe the unique rights and claims of Indigenous migrants, begin to provide training to and require all immigration officials observe special procedures to protect the unique rights of Indigeneous migrants, and reunite Indigenous children with family members or sponsors willing to provide humanitarian aid.
- We demand a comprehensive, transparent and public process be in place to ensure that all asylum-seekers and/or refugee community members are adequately cared for and served as per internationally acceptable standards in al DHS administered or contracted facilities
- We demand lawyers have unfettered access to all individuals who are detained in contracted facilities
- We demand transparency to the public about the process of selecting Family Endeavors, Inc. for the fulfillment of this identified need.
- We demand full disclosure of the contract with Family Endeavors, Inc. and all related agencies party to the contract under the supervision of the Department of Homeland Security (BP, CBP, ICE, USCIS, FEMA, etc.) including a full description of the duties and role of each related agency
- We demand consultation with local receiving communities that have been doing the work and have already created an alternative to the further militarization of (im)migrant communities.
- We demand that funding be allotted to support and ensure that the existing community networks are able to continue their work in a community model that departs from the existing framework of militarization/detention. We demand a process that truly supports and promotes healing for the vulnerable (im)migrant and asylum-seeking individuals and families who have sought the refuge our policies claim to ensure.
- We demand that the Biden administration honor our obligations under international human rights laws and federal regulations that require immigration officials to protect against refoulement by properly processing noncitizens seeking asylum in the U.S. or asserting a fear of return. By law, asylum seekers who have entered the U.S. or arrived at any U.S. port-of-entry must be provided with due process and meaningful opportunities to assert their fears and claims to asylum officers as required by regulation. The fundamental right to life of these asylum seekers cannot be ignored, deferred, or overridden. There is no exception for avoiding our obligations under binding law and regulations. Clearly, Title 42 is a pretext to avoid these legal obligations and the U.S. is currently in violation of some of the most important human rights laws and principles upheld by the international community.
Versión en Español (Spanish version): https://docs.google.com/document/d/1V8-VXFtT70sKnoDv-AAlVE6KQmkqRoQ5KKGuwYWZwHs/edit?usp=sharing
Executive Summary /Resumen Ejecutivo:
English: https://docs.google.com/document/d/1v2SqpkDE7Y-pABOHWBRlxdZCHxuNhK6rgD6hyJZk2Y0/edit?usp=sharing
Español: https://docs.google.com/document/d/1aotjCbSecUnK-qiDzzx0HYDRxtoIrjNJP2mg5Dn0JcE/edit?usp=sharing
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INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL SIGNATORIES
To Sign onto this letter:
Organizational signatories: https://forms.gle/RjrQSsyo83xaDyLE7
Individual signatories: https://forms.gle/hBJVqs3oqu5DgcYn9
Organizational Signatories:
Organization Name | City | State | Date | |
1 | Alianza Indígena Sin Fronteras / Indigenous Alliance Without Borders | Tucson | AZ | 5/19/2021 |
2 | Alliance for Global Justice | Tucson | Arizona | 5/19/2021 |
3 | Indigenous Languages Office, AmaConsultants.orgLLC, Blake Gentry (Cherokee), Director. | Tucson | Arizona | 5/19/2021 |
4 | Phoenix Restoration Project | Phoenix | AZ | 5/20/2021 |
5 | Coalición de Derechos Humanos | Tucson | Arizona | 5/20/2021 |
6 | Border Patrol Victims Network | Tucson | AZ | 5/20/2021 |
7 | End Streamline Coalition | Tucson | AZ | 5/20/2021 |
8 | Provincial Council Clerics of St. Viator | Arlington Heights | IL | 5/21/2021 |
9 | Retired Md Christian Amoroso | Green Valley | AZ | 5/21/2021 |
10 | TONATIERRA | Phoenix | Arizona | 5/21/2021 |
11 | Consejo Nacional de Pueblos Indigenas en la Diaspora | Los Angeles | California | 5/21/2021 |
12 | Centro Cultural Techantit | Los Angeles | California | 5/21/2021 |
13 | St. Mark’s Presbyterian Church | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
14 | Grace St. Paul's Episcopal Church | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
15 | Grace St. Paul's Episcopal Church | Tucson | AZ | 5/22/2021 |
Individual Signatories:
(organizational affiliation does not mean endorsement by the organization, unless stated.).
Signature | Name | Organization or Tribal Affiliation | City | State | Date | |
1 | Kathryn Rodriguez | Kathryn Rodriguez | Tucson | AZ | 5/19/2021 | |
2 | Laura Ilardo | Laura Ilardo | Phoenix | AZ | 5/20/2021 | |
3 | Michael Stancliff | Michael Stancliff | Phoenix Restoration Project | Phoenix | AZ | 5/20/2021 |
4 | Laura Martinez | Laura Martinez | TUCSON | AZ | 5/20/2021 | |
5 | Sarah Roberts | Sarah Roberts | Keep Tucson Together and Tucson Samaritans | Tucson | AZ | 5/20/2021 |
6 | Leslie Carlson | Leslie Carlson | Tucson | AZ | 5/20/2021 | |
7 | Sara Busey | Sara Busey | Alliance for Action Immigration Team | Green Valley | Arizona | 5/21/2021 |
8 | Marilyn Civer | Marilyn Civer | Casas Alitas | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
9 | Jeffrey Chimene | Jeffrey Chimene | Casa Alitas | Sonoita | Arizona | 5/21/2021 |
10 | Dagmar Cushing | Dagmar Cushing | Volunteer with Casa Alitas, Catholic Community Services | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
11 | Frances Wheeler-Berta | Frances Wheeler-Berta | Tucson | AZ | 5/21/2021 | |
12 | Christy Voelkel | Christy Voelkel | Southside Presbyterian Church | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
13 | Susan Gallegos | Susan Gallegos | Tucson | AZ | 5/21/2021 | |
14 | Eileen O'Farrell Smith | Eileen O'Farrell Smith | Volunteer/Tucson Samaritans/SOAW | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
15 | Rev. Dr. Delle McCormick | Rev. Dr. Delle McCormick | Casa Alitas Welcome Center | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
16 | Nancy Myers | Nancy Myers | Evanston | Illinois | 5/21/2021 | |
17 | Kathleen Desautels, SP | Kathleen Desautels, SP | Sisters of Providence | Chicago | IL | 5/21/2021 |
18 | Br. Michael Gosch, CSV | Br. Michael Gosch, CSV | Clerics of St. Viator | Arlington Heights | Illinois | 5/21/2021 |
19 | Barbara Joy Tucker | Barbara Joy Tucker | Catholic Community Center-Casa Alitas Welcome Center | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
20 | Jessica MacLellan | Jessica MacLellan | Volunteer, Casa Alitas | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
21 | Laurie Soloff | Laurie Soloff | Casa Alitas welcome center | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
22 | Margaret Felici | Margaret Felici | CASA ALITAS WELCOME CENTER | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
23 | Kendra Lyons | Kendra Lyons | Casa Alitas | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
24 | Kendra Lyons | Kendra Lyons | Casa Alitas | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
25 | Margaret MacDonald Power | Margaret MacDonald Power | Chicago | IL | 5/21/2021 | |
26 | Tupac Enrique Acosta | Tupac Enrique Acosta | Calpolli Nahuacalco | Phoenix | Arizona | 5/21/2021 |
27 | Benita Coffey, OSB | Benita Coffey, OSB | Chicago Benedictines for Peace | Chicago | IL | 5/21/2021 |
28 | Elizabeth Oglesby | Elizabeth Oglesby | Associate Professor of Latin American Studies, University of Arizona | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
29 | Mary Whitehead | Mary Whitehead | Kino Border Initiative and Tucson Samaritans | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
30 | Eve Shapiro | Eve Shapiro | Tucson | AZ | 5/21/2021 | |
31 | Anthony Nitko | Anthony Nitko | Tucson | Arizona | 5/21/2021 | |
32 | Juliana Huntington | Juliana Huntington | Casa Alitas Welcome Center | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
33 | Jane Ruggill | Jane Ruggill | Volunteer Casa Alitas Welcome Center | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
34 | Haydee Sanchez, Autoridad Ancestral | Haydee Sanchez, Autoridad Ancestral | Consejo Nacional de Pueblos Indigenas en la Diaspora | Los Angeles | California | 5/21/2021 |
35 | Cindy Toledo, Assistant Executive Director | Cindy Toledo, Assistant Executive Director | Centro Cultural Techantit | Los Angeles | CA | 5/21/2021 |
36 | Steve Johnston | Steve Johnston | No More Deaths | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
37 | Please consider this. It's the right thing to do. Clifford Arnquist | Please consider this. It's the right thing to do. Clifford Arnquist | Retired teacher | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
38 | Rex Graham | Rex Graham | Southside Presbyterian Church | Tucson | AZ | 5/21/2021 |
39 | Rev. Bart Smith | Rev. Bart Smith | St. Mark’s Presbyterian Church | Tucson | Arizona | 5/21/2021 |
40 | Donald Goldhamer | Donald Goldhamer | DRAD | Oak Park | Illinois | 5/21/2021 |
41 | Dianne Turausky | Dianne Turausky | Volunteer at Casa Alitas Welcome Center | Tucson | Arizona | 5/22/2021 |
42 | Deirdre McCarthy-King | Deirdre McCarthy-King | Tucson | Arizona | 5/22/2021 | |
43 | Debbie Bachel | Debbie Bachel | Tucson | Arizona | 5/22/2021 | |
44 | Ethan Beasley | Ethan Beasley | Tucson | Arizona | 5/22/2021 | |
45 | Madeline Kiser | Madeline Kiser | Tucson | Arizona | 5/22/2021 | |
46 | Katie Sharar | Katie Sharar | Tucson | AZ | 5/22/2021 | |
47 | Bailey A Pickens | Bailey A Pickens | Tucson | AZ | 5/22/2021 | |
48 | Anna Woelk | Anna Woelk | Kansas City | KS | 5/22/2021 |
Supplemental Information
Articles on Endeavors Contract
ICE taps nonprofit to house some migrant families in border-area hotels
Tucson to house asylum seekers, migrants at city hotels; tent facility in the works
References cited
Deprivation not Deterrence, A report on human rights violations of immigrants held in the Department of Homeland Security’s short term detention facilities in Southern Arizona.
Exclusion of Indigenous Language Speaking Immigrants in the US Immigration System
Executive Order 13166, Improving Access to Services for Persons with Limited English Proficiency.
CRCL Complaint on Challenges Faced by Indigenous Language Speakers in Family Detention.
Statement from International Mayan League At Faith Vigil for Children Dying at the Border,
UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (DRIP:2007)
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