Saturday, December 8, 2018

AIPIN

MEXICO: Vanessa Ponce se corona como Miss World 2018 para ayudar a comunidades indígenas
Sin Embargo

MEXICO: El vestido huichol de Miss que impactó a las otras competidoras
MSN

CHIAPAS: Indígenas piden a AMLO incluirlos en la cuarta transformación
Notimex, MVS Noticias, El Sur

MEXICO: Ojarasca. El mandar obedeciendo


MEXICO: El tejido está roto; nos toca hilvanarlo: Mardonio Carballo
Milenio

MEXICO: Piden diputados homologar salarios de maestros de comunidades indígenas con los de otras regiones
Cámara de Diputados
CAMPECHE: Anuncia Moreno Cárdenas subsecretaría para atención de indígenas
Hubert Carrera Palí / La Jornada Maya
MEXICO: Hay una gran deficiencia de diálogo con las comunidades potencialmente afectadas por megaproyectos: pueblos indígenas y ONG
Desinformémonos

MEXICO: Los de Abajo. En Oaxaca, juicio popular contra mineras. Gloria Muñoz Ramírez 
La Jornada

MEXICO: Tlanixco, ejemplo de cómo castiga el sistema judicial a luchadores sociales, señalan en foro
Fernando Camacho Servín / La Jornada

MEXICO: Inauguración del mural itinerante por los derechos humanos en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX  

MEXICO: PRD rinde tributo al trabajo político de las mujeres indígenas
OMV Radio

SUIZA: Honduras: Expertos de la ONU lamentan que los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres sigan en libertad
ONU

SUIZA: Información sobre la 38ª sesión del CIG (OMPI)

POLONIA: Los negacionistas climáticos atentan contra un acuerdo en la Cumbre de Katovice. Eduardo Camín
Alai

CANADA: Jóvenes indígenas, contaminados con mercurio
Notimex, El Mañana, La Jornada













MEXICO: Vanessa Ponce se corona como Miss World 2018 para ayudar a comunidades indígenas
El proyecto elegido por Vanessa fue Na- Vali, que quiere decir niño en mixteco, que estudia efectos de la migración interna de comunidades indígenas y se enfoca especialmente en los niños
Sin Embargo

La mexicana Vanessa Ponce de León se coronó este sábado como la triunfadora en el certamen Miss World, realizado en China. Este concurso, que es transmitido en más de 200 países, no sólo reconoce la belleza de las concursantes, sino además premia su ayuda a la comunidad.

El proyecto elegido por Vanessa Ponce fue Na- Vali, que quiere decir niño en mixteco, el cual estudia los efectos de la migración interna de las comunidades indígenas en México y se enfoca especialmente en los niños. De acuerdo con video publicado por Miss World- México, se explica que estos niños tiene que migrar junto con sus padres, de Guerrero al estado de Guanajuato, para trabajar como jornaleros en extensas jornadas laborales y en condiciones deplorables.

Los niños, señala la Miss World, no están registrados legalmente y no existe censo que estime cuántos viven en las mismas condiciones. Estos menores sufren de desnutrición y a menudo de infecciones que no son tratadas por falta de seguro médico. Ahora el concurso Miss Mundo apoyará económicamente y en especie a la organización de Vanessa Ponce de León para proteger a los niños y brindarles los servicio necesarios. Durante la premiación, donde había quedado finalista junto con las representantes de Bielorrusia, Jamaica, Uganda y Tailandia, la mexicana resaltó la función de su organización. “Es un proyecto para los hijos de jornaleros migrantes indígenas que salen de Gue¬rrero a Guanajuato a la pis¬ca del chile y los pequeños viajan con sus padres. Para que no traba¬jen en los campos, los apartamos y les damos educación y nutrición”.

MEXICO: El vestido huichol de Miss que impactó a las otras competidoras
MSN

Andrea Toscano impactó a las representantes de otros países en un viaje a Tailandia al lucir un hermoso vestido huichol de una reconocida marca de ropa.
Fue ella misma quien compartió en sus historias de Instagram su experiencia y lo elogiada que se sintió al momento de recibir tan buenos comentarios por su hermosa prenda mexicana. Además, compartió lo feliz que se siente al vivir ésta experiencia, y el orgullo que para ella significa representar a México en el mundo.

No es la primera vez que luce este tipo de prendas en sus redes, sociales, incluso algunas anteriores también han sido elogiadas por sus seguidores en Instagram, quienes además la han apoyado en todo su camino a la corona.

Cabe mencionar que Andrea siempre ha sido fiel a la belleza natural, incluso, ha participado en campañas de amor propio mostrando sus “imperfecciones” en redes sociales con selfies sin maquillaje y mensajes motivacionales.

CHIAPAS: Indígenas piden a AMLO incluirlos en la cuarta transformación
AMLO recibe Bastón de Mando de indígenas
Notimex, MVS Noticias, El Sur

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió de manos de indígenas de Chiapas el bastón de mando, investidura que se usa en los pueblos de usos y costumbres en la entidad e insignia de confianza y demanda para ser tomado en cuenta. Luego que Rutilio Escandón Cadenas tomara protesta como gobernador de Chiapas, López Obrador y el nuevo mandatario se trasladaron al monumento a Benito Juárez, en la entrada principal del Congreso de Chiapas, donde la comitiva de indígenas los esperaba para hacerle entrega de la reliquia.

El presidente recibió, el Bastón de Mando, junto con el gobernador Rutilio, tras su toma de posesión en el Congreso estatal, de manos del chol Emilio Ramón Ramírez Guzmán, quien aseveró que era un honor “representar a nuestros pueblos y hermanos indígenas en este momento histórico. Hoy les queremos entregar el Bastón de Mando en representación de todos los pueblos indígenas de nuestro estado de Chiapas”. En entrevista, detalló que la intención de este acto es que "le damos la legalidad en el estado de Chiapas al inicio de la Cuarta Transformación de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestro gobernador".

Escandón agradeció la presencia y el compromiso del presidente López Obrador con la entidad y afirmó que “con usted señor presidente aprendimos millones de mexicanos a rescatar lo más importante de la política: valores y principios”. En presencia de gobernadores, empresarios, cuerpo diplomático acreditado en el país e integrantes del gobierno federal, señaló que siguiendo el ejemplo del mandatario federal no vivirá en la Casa de Gobierno, por lo que ésta pasará a ser una casa para las artes y la cultura abierta al pueblo. Tras señalar que los servidores públicos de su gobierno no utilizarán ni aviones ni helicópteros privados, el nuevo gobernador chiapaneco dejó claro que “no solaparé a ningún funcionario corrupto ni familiares traficantes de influencias”. Destacó la aplicación en la entidad de los planes anunciados por el gobierno federal, como la plantación de árboles frutales y maderables, la construcción del Tren Maya y los diferentes programas sociales como la entrega de becas y apoyos a adultos mayores y jóvenes. Enfatizo que por primera vez en el estado, el 50 por ciento del gabinete está integrado por mujeres, y enfatizó que conoce la realidad de Chiapas “porque toda mi vida, igual que millones de chiapanecos, he caminado, respirado y entendido que la pobreza no puede ser una etiqueta que nos identifique; Chiapas es historia, es el territorio de lo nuestro y es nuestra grandeza”. La comitiva pidió a López Obrador incluir en el proyecto de la Cuarta Transformación a los pueblos nativos de México, a lo que el mandatario federal contestó sujetando la mano de los integrantes de dicha entrega y después levantó el bastón en señal de apoyo.

MEXICO: Ojarasca. El mandar obedeciendo

Hace 25 años comenzó una guerra que no ha terminado. Que era, y es, respuesta a otra, muda y lenta, que no se atreve a decir su nombre, desatada por el poder mexicano contra los pueblos originarios y campesinos, una guerra que fue llamada “de exterminio” por más de mil comunidades mayas y zoques de Chiapas. Los pueblos de las montañas, los valles y las cañadas se organizaron clandestinamente durante una década, hasta que con un ejército regular de insurgentes y milicianos, sus propios hijos e hijas, se levantaron legítimamente en armas contra el mal gobierno nacional. Sorpresivos, parecían salir de la nada (sólo tres o cuatro municipios desafectos, dijo el gobierno) los que a partir de la primera madrugada de 1994 serían universalmente conocidos como zapatistas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional dijo “basta” tomando militarmente cuatro ciudades:

“Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.

“Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias”. Son los mismos desde el principio, sostenía el EZLN. Desde las ejecuciones de Hidalgo, Morelos y Guerrero. Son los que “vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor” y “masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo” (Primera declaración de la selva Lacandona, invierno de 1993).

El neoliberalismo impuesto en México mediante el fraude electoral de 1988 alcanzaba su clímax con nuestro ingreso al mercado libre de América del Norte esa misma noche del alzamiento. Con su rebelión, los tsotsiles, tseltales, ch’oles, tojolabales y zoques de ese país interior que son las montañas del sureste desnudaron al rey, a tal grado que apenas tuvo tiempo de volverse a vestir y retirarse de la presidencia con un estoicismo que lo llevaría a una histriónica huelga de hambre que movió a la carcajada nacional.

Súbita y dramáticamente, a la sociedad mayoritaria se le revelaron los pueblos indígenas de Chiapas, y por extensión de todo México. A la par de sus demandas, los insurrectos convocaron la atención y aportaron un testimonio elocuente y cargado de sentido y de futuro. Ya no fue posible ignorar a estos mexicanos, la población originaria más numerosa y diversa de todo el continente.

La capacidad comunicativa y el apego estricto a la realidad cruda de las comunidades cogió por sorpresa al gobierno, las fuerzas armadas y los socios comerciales, azoró a la opinión pública y despertó a los pueblos. Cual pedrada en un estanque, sus ondas expansivas llegaron lejos y profundo. El impacto de la audacia, la claridad y la organización de los zapatistas fue una cátedra trascendente para comunidades, pueblos, tribus, barrios y migrantes mexicanos. Numerosos pueblos se acercaron y convirtieron los Diálogos de San Andrés (1995-1996) en un evento nacional que involucró a pueblos de todo país. Dicha influencia en lo profundo ha tenido una vida larga; las juventudes indígenas entendieron el mensaje como un poderoso “sí se puede” a escala colectiva e individual. Hubo una reivindicación inmediata de las mujeres, sus derechos a la igualdad en la vida y en la lucha. Esto caló y el efecto de las ondas no deja de crecer.

Lo han sabido muy bien los gobiernos idos y el que llega. Lo saben los movimientos de resistencia de pueblos originarios a lo largo y ancho del país. En el cauce de las luchas viven los preceptos, conceptos, consignas y exigencias del zapatismo, desde el “ya basta” y “¿de qué nos van a perdonar?” al “nunca más un México sin nosotros”. La lección ética y política del desafío rebelde se resume en el “mandar obedeciendo”. Ese principio de democracia reverbera en los pueblos mexicanos que conservan memoria de quiénes son y viven en sus lenguas y en la tierra, y se declaran autogestionarios. Estos pueblos sobrevivieron medio milenio a pesar del Estado, los partidos y las iglesias. La derrota del siglo XVI no los disuadió de seguir gobernándose a contracorriente, como servicio y como encargo, no negocio ni escalera social. No es Andrés Manuel el primer presidente de la región que se apropia del “mandar obedeciendo” desde una postura incompatible con el precepto. De manera similar lo han aprovechado Evo Morales y otros. No es vistiendo la realidad de folclor ni imponiendo el desarrollo depredador que se cumple el requisito de “mandar obedeciendo”. Los pueblos dan un gran valor a la palabra empeñada, ésa que no honró los Acuerdos de San Andrés.

Evo Morales llevó las escenificaciones oficiales por la Pachamama a escala turística y new age, algo muy criticado por los movimientos indígenas bolivianos. Aquí debemos precavernos de un indigenismo, caduco aunque reciclado, ya superado (para bien) por los propios pueblos, que demandan ser reconocidos como entidades de derecho público en un Estado plurinacional que admita las autonomías plenas y democráticas. Otra cosa sería propaganda, y como tal, mentira.

En el evento donde también estuvo el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, puntualizó que uno de los retos es propiciar el desarrollo de los sectores agropecuario, agroindustrial, turístico, hidroeléctrico y tecnológico promoviendo la utilización y desarrollo de energías renovables.
MEXICO: El tejido está roto; nos toca hilvanarlo: Mardonio Carballo
El poeta y periodista asumió el cargo como nuevo titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura federal.
Milenio

El poeta y periodista Mardonio Carballo (Chicontepec, Veracruz, 1974) asumió el cargo como nuevo titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura federal.

Autor de varios libros de poesía y cabeza de la emisión radiofónica Xochikozkatl. Collar de Flores para Radio UNAM y el programa Ombligo de Tierra, para Código CDMX, Carballo dijo durante su presentación:

“Aprovechemos la rotura de México para volver a hilvanarlo ahora sí, con la convicción que nos da ser partícipes de un país plural, diverso, multilingüe, multinacional. Vamos a trabajar mucho en contra del racismo, por un país inclusivo, que demuestre que puede ser constructor a pesar de la diferencia”. “Vamos a redignificar al trabajo y al trabajador. Hay una posibilidad real de cambiar al país”, agregó.
Por su parte, la subsecretaria de Diversidad Cultural, Natalia Toledo, a nombre de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, celebró la llegada del escritor:

"Abrazo al poeta nahua Mardonio Carballo por su nuevo cargo. Me alegra recibir a un hermano que ha caminado en la difusión de la palabra de los pueblos originarios desde la sintaxis del nahua, cadena de palabras que arropan a la memoria, la identidad y la preservación".

La trayectoria
Mardonio Carballo ha sido reconocido dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo, así como con el Premio Nacional de Periodismo Gilberto Rincón Gallardo - Rostros de la Discriminación (2009 y 2011), que otorgan el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en conjunto con la Fundación Manuel Buendía, A. C. También fue premiado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) como precursor en la difusión de lenguas originarias y sus culturas respectivas en los medios de comunicación, entre otros reconocimientos.
MEXICO: Piden diputados homologar salarios de maestros de comunidades indígenas con los de otras regiones
Cámara de Diputados

La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por la diputada Irma Juan Carlos, se pronunció por mejorar las condiciones laborales de los maestros en estas comunidades, y lograr su homologación salarial con otras regiones del país. La legisladora por Morena indicó que se debe atender el tema presupuestal para la educación bilingüe en zonas indígenas y mejorar las condiciones de vida de los profesores. Durante una reunión de trabajo, a la que acudió una comisión de profesores de la Montaña de Guerrero, la presidenta de la instancia legislativa destacó que se están creando instancias para atender el rezago de estas comunidades, a fin de impulsar su desarrollo y mejorar su calidad de vida. Se buscará un incremento salarial para quienes ganan poco. “Es un tema que nos preocupa a todos”. “Hay muchos temas heredados, recibimos un país destrozado, abandonado, con muchas deficiencias pero apenas empezamos. Le daremos seguimiento a este tema, así como a todos los que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas y la comunidad afromexicana”, afirmó.

Los maestros de educación indígena de la Montaña de Guerrero, solicitaron la intervención de los legisladores para homologar sus salarios a los de docentes de otras áreas del país, ya que perciben sueldos que corresponderían a una jornada de tres días a la semana, pero cubren cinco, lo cual consideraron que es injusto, además de insuficiente para vivir, prepararse y comprar material didáctico para sus alumnos. Denunciaron que son discriminados por trabajar con pueblos originarios, aunque Guerrero es un estado multicultural en el que viven diferentes grupos étnicos, que hablan distintas lenguas. Solicitaron a los legisladores su intervención ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para destinar suficientes recursos que permitan esa nivelación y lograr la justicia salarial. Además, auditar al gobierno de Guerrero y a la Secretaría de Educación estatal.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) aceptó que los maestros de México deben tener un sueldo digno y es obligación de los legisladores atender la problemática educativa del país. Dijo que no sólo Guerrero presenta esta situación, pues “en Chiapas ganan mil 900 pesos mensuales, y a los de telebachillerato no les pagan, pero no se van, por la esperanza de una plaza”.

Por Encuentro Social, el diputado Miguel Acundo González, manifestó su interés para atender estas demandas, pues “en Puebla es lo mismo”. Desde este espacio se dará el apoyo y el respaldo. “Deben ganar más, no tienen que pedirlo de manera encarecida. Ustedes cuentan con derechos y nosotros los haremos valer”. La diputada Martha Olivia García de Morena, refirió que en Durango se tiene la misma problemática, por lo que los legisladores “debemos apoyar para resolver esta situación. Vamos a actuar para que su salario sea igualitario, se les pague lo que debe ser, y supervisaremos que las cosas se hagan correctamente”. Por la bancada del PRD, el diputado Raymundo García Gutiérrez, pidió ser el conducto para gestionar las demandas de los maestros indígenas y canalizarlas a las instancias correspondientes. Alfredo Vazquez Vazquez (Morena) se pronunció por impulsar la homologación del salario que demandan los docentes. Sin educación, dijo, no podremos salir adelante, y necesitamos que ésta sea integral e incluyente para todos. De ese mismo grupo parlamentario, el diputado Bonifacio Aguilar Linda, afirmó que en esta comisión participan legisladores de diferentes partidos e ideologías, “pero todos debemos velar por el pueblo de México en su totalidad”. Se pronunció por elevar los honorarios del magisterio.

Por el PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez aseguró que éste es un problema de dinero “y la Cámara tiene la facultad de aprobar el PEF. Es una responsabilidad de todos los que estamos aquí, ayudar a que se haga realidad, debemos meterle mano al presupuesto y dotar de más recursos a la Secretaría de Educación Pública”. La diputada Araceli Ocampo de Morena pidió incluir en Presupuesto 2019 la homologación por justicia salarial y laboral, pues en Telebachillerato, los maestros no conocen su contrato, no tienen prestaciones, bonos, ni material didáctico, que compran con sus recursos. “Desempeñan las mismas tareas, horarios y comisiones que un maestro profesionalizado, sin que se les recompense por ello”. También su homologo de bancada, el diputado Delfino López Aparicio reconoció el esfuerzo de los profesores para sacar adelante a los niños en Guerrero. “Las políticas anteriores reflejan desprecio a la educación y por eso no invirtieron”; exigió un mejor pago para los maestros, pues quien no destina recursos a este rubro no tiene futuro.

Gonzalo Herrera Pérez, diputado de Morena, afirmó que esta Comisión se unirá para luchar por todos los indígenas del país y sus maestros, para que tengan certidumbre laboral y salarial. No debe haber de primera ni de segunda, “queremos educación de calidad, como se plantea en la nueva reforma, y que se les pague bien, para que la niñez y juventud sean el futuro del país”. Están en el lugar correcto, sostuvo, porque vamos a meter mano al presupuesto. La diputada Inés Parra Juárez (Morena) señaló que habrá recursos ya que “a nosotros nos compete aprobarlos y llegará a los estados”. Señaló que es necesario acudir a la Secretaría de Finanzas para ver la situación de estos profesores y que, como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dará seguimiento a las denuncias presentadas en este tema. El también diputado de Morena, Marco Antonio Reyes Colín aseguró que la Secretaría de Educación ha contado con presupuesto, pero no lo distribuye como debe ser. Hay mucho por hacer para lograr la igualdad salarial con otros estados, porque hay algunos donde los administrativos de educación pública ganan más que un maestro “hay quien no hace nada y gana el doble de ustedes; hay duplicidad de plazas, aviadores, o profesores que deben estar frente a grupo y están de administrativos”.

Del PT, la diputada Margarita García García sostuvo que se buscará apoyar con presupuesto esta situación para que no haya maestros de primera y de segunda. “Estaremos vigilantes para que los recursos que llegan se apliquen adecuadamente en los rubros a los cuales se destinaron”.

CAMPECHE: Anuncia Moreno Cárdenas subsecretaría para atención de indígenas
Hubert Carrera Palí / La Jornada Maya

El gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas reveló que el Gobierno Federal destinará mayores recursos a las entidades del país para atender el rubro de programas sociales por lo que en primer lugar anunció la creación de una Subsecretaria de Atención a Pueblos Indígenas (SEDESYH) que en la entidad beneficiará a 371 comunidades donde viven 41 etnias.

Luego de reaparecer públicamente, Moreno Cárdenas ofreció una conferencia donde se dijo satisfecho de los primeros logros emanados de la Conferencia Nacional de los Gobernador en su calidad de presidente y subrayó que “Trabajaremos en una agenda integral con las 32 entidades federativas, y aprovecho para reconocer a la gobernadora, a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, su compromiso, su profesionalismo, su responsabilidad de trabajar en equipo”. “Aquí no hay colores, aquí no hay partidos, aquí hay un compromiso con nuestro país, aquí está el impulso al federalismo, al respeto, a la autonomía de cada una de las entidades federativas; el trabajo conjunto para construir de la mano un proyecto de trabajo claro con el nuevo Gobierno de la República, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, precisó.
Moreno Cárdenas mencionó de igual manera que habrá apoyo de microcréditos en las comunidades rurales en todo el estado, por lo que se conformarán 485 comités en comunidades, para dotarlas de un recurso de 40 mil pesos para la rehabilitación de parques, canchas, centros de salud, espacios múltiples; y de 20 mil pesos para colonias, cabeceras y juntas municipales.

MEXICO: Hay una gran deficiencia de diálogo con las comunidades potencialmente afectadas por megaproyectos: pueblos indígenas y ONG
Desinformémonos

Ante los megaproyectos aprobados por el gobierno federal, como el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAICM) y el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, “observamos al presidente reunirse con empresarios, inversionistas y con el gobierno federal saliente; sin embargo, vemos una gran deficiencia de diálogo genuino con los pueblos y las comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las organizaciones civiles que los acompañan en la defensa de sus territorios”, aseguraron en un comunicado conjunto autoridades de la Tribu Yaqui de Vícam, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los firmantes del comunicado manifestaron su preocupación ante el hecho de que la nueva administración, incluso antes de entrar en funciones, llevó a cabo una consulta en la que no se cumplieron los estándares internacionales ratificados por el Estado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con los que está obligado a consultar a las comunidades que resultarían afectadas por los megaproyectos antes de que éstos sean aprobados. “El gobierno mexicano tiene el deber de respetar y garantizar los derechos antes mencionados en las discusiones sobre proyectos como el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, el Tren Maya, así como el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sino que también comprometen la responsabilidad internacional del Estado”, destacaron.

Por otra parte, los pueblos y organizaciones se cuestionaron dónde están los estudios de impacto social y ambiental para los proyectos, y que, “en caso de existir, ¿cuál fue el proceso que se siguió para realizarlos? ¿Cumplen con los estándares internacionales a que está obligado el Estado mexicano?”. Frente a ello, llamaron al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a dialogar y ofrecer respuestas integrales a los pueblos y comunidades, “en esta oportunidad histórica de enmendar las violaciones cometidas a sus derechos en los sexenios anteriores para dejar de perpetuar la discriminación y marginación hacia los pueblos, así como la imposición de visiones de desarrollo que los vulneran”.

MEXICO: Los de Abajo. En Oaxaca, juicio popular contra mineras. Gloria Muñoz Ramírez 
La Jornada
Ya con un nuevo titular al frente del gobierno federal, las comunidades y organizaciones oaxaqueñas que participaron en el juicio popular comunitario en contra del Estado y las empresas mineras, celebrado el 11 y 12 de octubre pasado, darán a conocer el informe y veredicto el próximo 10 de diciembre.

En el juicio popular se denunciaron 22 casos de violaciones de las minas a los derechos de los pueblos, en un ejercicio que permitió que reivindicaran su “autonomía frente al modelo extractivista”. El próximo lunes y ya con un nuevo interlocutor federal, denunciarán en la plaza pública de la capital oaxaqueña “las violaciones a los derechos humanos que en las últimas décadas han cometido las autoridades estatales y federales en agravio de los territorios oaxaqueños”.

Para 52 comunidades de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, ayuuk, mixteco, zapoteco y mestizo, el juicio abrió una nueva etapa en su lucha frente a los proyectos extractivos, hidráulicos, energéticos, turísticos y de construcción de infraestructura. Adelantaron que el veredicto dibuja un panorama de reivindicación de sus autonomías y de la organización comunitaria “que serán pilares fundamentales para detonar los cambios que anhelamos y fortalecer los procesos de defensa de nuestros territorios”,

Actualmente hay 41 proyectos mineros activos en Oaxaca, mismos que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía, se advirtió en el juicio de mediados de octubre, otorgó 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 tan sólo en esta entidad, en una superficie de 462 mil 974 hectáreas. Los proyectos, acusaron las comunidades, han violado el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, el derecho al desarrollo propio, el derecho a la identidad cultural y el derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.
Un testimonio de la comunidad de San José del Progreso resume el daño causado por las minas: “Nos han dañado las parcelas, nos han encarcelado y nos han asesinado”.

MEXICO: Tlanixco, ejemplo de cómo castiga el sistema judicial a luchadores sociales, señalan en foro
Para el gobierno del estado de México somos delincuentes y terroristas por haber luchado para defender nuestros recursos naturales
Fernando Camacho Servín / La Jornada

La historia de los seis habitantes de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco que han sido condenados a más de 50 años de cárcel por defender su derecho al agua, es un caso paradigmático que ilustra el funcionamiento del sistema judicial cuando quiere “vengarse” de luchadores sociales e imponer castigos ejemplares para provocar miedo.

Tal fue una de las principales conclusiones de un foro realizado en el Museo de Ciudad de México, en el que se analizó el caso de Tlanixco, pero también otros temas que han provocado el encarcelamiento de activistas por motivos políticos, en los cuales se siguen patrones similares para criminalizar a quienes se organizan para defender sus recursos naturales.

Los familiares de Dominga González, Lorenzo Sánchez, Pedro Sánchez, Marco Antonio Pérez, Teófilo Pérez y Rómulo Arias narraron que el encarcelamiento de sus seres queridos no sólo los perjudica a ellos de manera directa, sino que afecta a sus parejas, hijos, padres y amigos, y busca generar también un efecto de desmovilización de la comunidad de la cual son originarios. La existencia de presos políticos, subrayó Marisela Molina, esposa de Pedro Sánchez, demuestra que “las leyes sólo sirven para los de arriba, no para los de abajo. Para el gobierno del estado de México somos delincuentes y terroristas por haber luchado para defender nuestros recursos naturales, y sólo con la lucha podemos sacar a nuestros familiares de la cárcel”.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, destacó por su parte que en el proceso judicial contra los seis habitantes de Tlanixco hubo múltiples irregularidades graves, entre ellas que los acusadores señalaron como supuestas responsables de asesinato a personas que no estaban en el pueblo, sufrían alguna discapacidad física o incluso ya habían fallecido.
En el mismo sentido, recordó que Dominga González fue detenida y sentenciada sólo por coincidir con una descripción física vaga e imprecisa de los acusadores, quienes indicaron que entre los perpetradores del homicidio en cuestión había una mujer “morenita y chaparrita”.

Hermann Bellinghausen, director del suplemento Ojarasca, enfatizó que el de los presos de Tlanixco “es un caso que ilustra el peor modus operandi” del Estado mexicano cuando desea castigar a los activistas que se le oponen, acto de venganza que se vuelve aún más violento cuando se trata de indígenas.

En el foro estuvieron también pobladores de la comunidad de Salazar, estado de México, quienes denunciaron el encarcelamiento injustificado de seis habitantes por defender su territorio, así como los ex presos políticos Trinidad Ramírez y Óscar Hernández Neri.

MEXICO: Inauguración del mural itinerante por los derechos humanos en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX  

Les invitamos a la inauguración del Mural itinerante por los derechos humanos este lunes 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en punto de las 2:30 pm, en la explanada del Museo San Carlos, en Puente de Alvarado No. 50, Colonia Tabacalera, CDMX.

Se contará con la presencia del Sr. Néstor Núñez, Alcalde de Cuauhtémoc; Giancarlo Summa, Director del Centro de Información de Naciones Unidas; y Jan Jarab, Representante en México de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

MEXICO: PRD rinde tributo al trabajo político de las mujeres indígenas
OMV Radio

El PRD reconoce y rinde un tributo al trabajo de las mujeres indígenas en el ámbito político, cultural y social, así lo manifestó Rogelia González Luis, secretaria nacional de Igualdad de Géneros, al presentar el libro denominado “El camino recorrido de las mujeres indígenas”. Explicó que este trabajo es una de las tantas deudas que se tiene con nuestras mujeres indígenas, donde conviven dos generaciones de mujeres para hacer conciencia de una transformación en favor de la mujer en las comunidades indígenas por una mejor calidad de vida. Enfatizó: “el libro deja un testimonio colectivo y registro de la lucha política para las nuevas generaciones de mujeres y un legado a todo lo logrado por mujeres indígenas”.

En este sentido, la doctora Patricia Castañeda precisó al comentar esta obra: “en este podemos ver la escritura de la historia de la vida política de las mujeres en los partidos “. Por su parte, Beatríz Mojica, ex secretaria general del PRD, precisó que este trabajo es un grito de las mujeres en la lucha:” no somos mujeres improvisadas, somos mujeres indígenas, transgénero, afrodescendientes, este país requiere de estas voces y este libro es un testimonio del empoderamiento de las mujeres”. De igual forma la diputada federal, Guadalupe Almaguer subrayó: “que en esta democracia que se construyó en el PRD, este país no fuera lo que es sin la participación de las mujeres perredistas al hablar de paridad”. En los testimonios de mujeres indígenas, Lola, mujer transgénero dijo: “como mujer perredista esto se forma desde abajo y demostraremos que las mujeres podemos muy bien sacar adelante al partido”. La secretaria de comunicación, Estephany Santiago expresó que las mujeres en historias plasmadas en el libro luchan para su gente, entorno y estados y representan el empoderamiento de las mujeres no sólo indígenas. También estuvieron presentes las autoras de este libro Paloma Bobfil Sánchez y Dalia Barrera Bassols.

SUIZA: Honduras: Expertos de la ONU lamentan que los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres sigan en libertad
ONU

Ginebra. Los expertos de la ONU acogieron con beneplácito la decisión del tribunal de Tegucigalpa, Honduras, de condenar a los asesinos de la defensora de los derechos ambientales, Berta Cáceres, pero reiteraron su preocupación por el hecho de que los autores intelectuales de su asesinato sigan en libertad. El 28 de noviembre de 2018, el tribunal de sentencia del poder judicial hondureño en Tegucigalpa condenó a siete hombres por el asesinato de la líder Lenca, defensora del medio ambiente y de los derechos de los indígenas, que fue asesinada a tiros en su casa la noche del 2 de marzo de 2016. A nivel internacional se ha expresado una considerable preocupación sobre el juicio, en particular en relación con la exclusión de las víctimas y la demora en las actuaciones judiciales.

Berta Cáceres había liderado protestas y se había pronunciado en contra de la construcción de la represa de Agua Zarca, que amenazaba las tierras tradicionales y los recursos hídricos de las comunidades indígenas Lencas locales. El proyecto estaba siendo construido en el Río Gualcarque, un río considerado sagrado por los indígenas Lencas. "Si bien reconocemos que la decisión del tribunal es un hecho positivo, seguimos preocupados por el hecho que autores intelectuales y los que financiaron el crimen aún no hayan sido investigados, enjuiciados y sancionados", dijeron los expertos. "Hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que garanticen una justicia completa y transparente para Berta Cáceres".

Los expertos instaron a autoridades a que ofrecieran una protección efectiva a los defensores de los derechos humanos en Honduras, y añadieron que esa protección era imprescindible para la labor de los defensores de los derechos humanos, en particular los defensores de los derechos de los indígenas y del medio ambiente y los que trabajaban para proteger los derechos sobre la tierra. Señalaron que los ataques contra los defensores de los derechos humanos -tanto en América Central como en el resto del mundo- se producen a menudo porque suscitan preocupación por las consecuencias negativas para los derechos humanos y el medio ambiente de las operaciones de infraestructuras, mientras que los Estados adoptan pocas o ninguna medida para protegerlos. Los expertos han hecho reiterados llamamientos al Gobierno de Honduras para que haga justicia y ponga fin a la impunidad con respecto a los asesinatos de las defensoras y defensores de los derechos humanos, y para que garantice la seguridad y protección de todas las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos en el país. El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, expresaron su preocupación por el asesinato de Berta Cáceres tras sus visitas oficiales a Honduras en 2018 y 2016 respectivamente. Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades hondureñas.

SUIZA: Información sobre la 38ª sesión del CIG (OMPI)

El Docip tiene el placer de informarle sobre la Trigésima octava sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), que tendrá lugar en la sede de la OMPI en Ginebra, del 10 al 14 de diciembre de 2018.
Reunión preparatoria de los Pueblos Indígenas
La reunión preparatoria de los Pueblos Indígenas se llevará a cabo el sabado 8 de diciembre 2018 de 10.00 a 17.30 y el domingo 9 de diciembre de 2018. Habrá reuniones diarias del Caucus de los Pueblos Indígenas (Blue room): 8.30 - 10.00 y 13.30 - 15.00 (por confirmar).

Mesa redonda de las comunidades indígenas y locales
La mesa redonda de las comunidades indígenas y locales tendrá lugar el lunes, 10 de diciembre, de 11:00 a 12:00. El tema de la mesa redonda de la trigésima octava sesión es: "Perspectivas de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre las lagunas en la protección por propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales: ejemplos y propuestas de soluciones”.

Documento preparado por la Secretaría
1. En su séptima sesión, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (en lo sucesivo, “el Comité”), acordó que “inmediatamente antes del inicio de sus sesiones, se organizará una mesa redonda que durará medio día y estará presidida por el representante de una comunidad indígena o local”. Desde entonces, en cada sesión del Comité convocada desde 2005 se han organizado esas mesas redondas.
2. De conformidad con el mandato del CIG y de su programa de trabajo para el bienio 2018/2019, la trigésima octava sesión se centrará en los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. El tema de la mesa redonda de esa sesión será: “Perspectivas de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre las lagunas en la protección por propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales: ejemplos y propuestas de soluciones”.
3. En el Anexo figura el programa provisional de la mesa redonda de la trigésima octava sesión.
PROGRAMA PROVISIONAL DE LA MESA REDONDA
Lunes 10 de diciembre de 2018
11.00 Apertura
Presidente: (pendiente de designación por el Foro de la OMPI de
consulta con las comunidades indígenas)
11.00 – 11.15 Sr. Elifuraha Laltaika, director ejecutivo, Law and Advocacy for
Pastoralists (República Unida de Tanzanía)
11.15 – 11.30 Sra. June L. Lorenzo, miembro, International Indian Treaty
Council (Estados Unidos de América)
11.30 – 11.45 Sr. Q”apaj Conde Choque, abogado aymara, Centro de Estudios
Multidisciplinarios Aymara (Estado Plurinacional de Bolivia)
11.45 – 12.00 Debate y clausura de la mesa redonda
POLONIA: Los negacionistas climáticos atentan contra un acuerdo en la Cumbre de Katovice. Eduardo Camín
Alai

La Cumbre del Clima que se extenderá hasta el 14 de diciembre en Katowice (Polonia), será sede de reuniones y complejas negociaciones para implementar el Acuerdo de París de 2015, que insta a frenar el calentamiento global recortando de forma drástica las emisiones contaminantes. Pero tiene en contra el negacionismo político y climático de las derechas a nivel europeo y latinoamericano.

La cumbre se realiza en el marco de un escenario político internacional muy preocupante: al ascenso a la presidencia de Estados Unidos del negacionista climático Donald Trump, se une ahora, en Brasil el triunfo de Jair Bolsonaro, quien ha asegurado que el cambio climático es una “conspiración marxista”.

Sus agendas políticas xenófobas y contrarias a los derechos humanos, coinciden también en ser negacionistas del cambio climático. Se trata de dos países clave e imprescindibles para que la agenda climática sea efectiva, por lo que las políticas globales para frenar el cambio climático se están viendo muy gravemente mermadas por el ascenso del negacionismo político, señala el experto Juan López de Uralde.

La política no está ayudando a defender el clima. El avance de la extrema derecha global se está cebando con las políticas de defensa ambiental. Hace unos días Donald Trump respondía a un informe de la Casa Blanca sobre el impacto del cambio climático en su país con un breve “no me lo creo”.

De todas formas, la negociación internacional debe seguir y la presión ciudadana también. Nada debiera impedir los avances en la Cumbre de Katowize porque ya no hay tiempo para más retrasos. Y si bien se considera la COP24, como la cumbre más importante desde la de París, las ausencias de grandes líderes mundiales durante su inauguración restó brillo a una cita que aborda amenazas planetarias que no entienden de problemas de agenda.

La COP24 debe impulsar todo el potencial del Acuerdo de París con la finalización de su programa de trabajo, que posibilite poner en marcha las directrices de implementación práctica necesarias para aplicar el acuerdo histórico que pretende limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C este siglo.
El programa de trabajo debe facilitar un método para hacer un seguimiento de los avances y garantizar la transparencia de la acción por el clima.

A principios de octubre, el informe emitido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático desveló que el planeta ya está sufriendo las consecuencias del calentamiento global de 1 °C.

Las condiciones meteorológicas son más extremas, ha aumentado el nivel del mar y se han reducido los casquetes glaciares del Ártico, entre otros cambios. Cualquier pequeño aumento del calentamiento supone riesgos cada vez mayores. Limitar el calentamiento a 1,5 °C en lugar de en 2 °C presenta claras ventajas: la exposición de 420 millones de personas menos a olas de calor intensas, la supervivencia de algunos arrecifes de coral tropicales, la pérdida de menos especies de flora y fauna, y la protección de los hábitats de bosques y humedales, señaló el informe.

En septiembre de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, convocará una Cumbre sobre el Clima para movilizar los esfuerzos económicos y políticos al más alto nivel posible a fin de reforzar la acción por el clima y la ambición a nivel mundial. Y aunque se logren todos los compromisos asumidos por los países en el Acuerdo de París, el mundo se dirige hacia un aumento de la temperatura de más de 3 °C en este siglo.

Antes del plazo límite establecido en 2020 para que los países reafirmen su compromiso en sus planes nacionales sobre el clima, la Cumbre se enfocará hacia iniciativas prácticas que limiten las emisiones y desarrollen una mayor resiliencia frente al cambio climático. Se centrará en seis áreas: la transición de energía, la financiación de la lucha contra el cambio climático y la tarificación del carbono, la transición de la industria, las soluciones basadas en la naturaleza, la acción local y de ciudades, y la resiliencia.

Durante la inauguración, todos los intervinieres hicieron hincapié en la importancia de dar pasos decisivos contra el cambio climático, y el secretario general de la ONU exhortó a gobiernos e inversores a apostar “por la economía verde, no por el gris de la economía carbonizada”. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que su país fijará metas más ambiciosas en reducción de emisiones y, así, se propone reducir un 37% los niveles actuales para 2030 y llegar en 2050 a rebajarlas en al menos un 90%.

Guterres recordó a los delegados presentes que hay que “movilizar cuanto antes recursos para mitigar el avance del cambio climático”, e hizo énfasis en numerosas ocasiones en la “oportunidad económica que supone la transición a un modelo económico respetuoso con el medio ambiente”. “No estamos haciendo lo suficiente para capitalizar las enormes oportunidades sociales, económicas y ambientales que supone la acción climática”, afirmó Guterres.

Más reacio a este salto se mostró el presidente del país anfitrión, Andrzej Duda, quien en su línea mantuvo un discurso más ambiguo en el que abogó por la lucha contra el cambio climático aunque sin que eso suponga limitar la soberanía nacional de cada país y su disposición sobre sus propios recursos energéticos.

Polonia aún depende en un 80% del carbón para producir su energía, pero pretende reducir su peso al 60% para 2030 y al 30% para 2040, tomando como referencia los niveles de 1990, gracias a una política energética basada en la energía nuclear (con la conexión a la red en 2033 de la primera de las seis plantas previstas) y fuentes renovables.

Polonia y el efecto invernadero
A solo dos horas en coche de Katowice, la ciudad polaca en la que se celebra desde este domingo y hasta el 14 de diciembre la 24ª cumbre del clima de la ONU (COP24), está la central térmica de Belchatow, una gigantesca planta que genera electricidad a partir de la quema de carbón. La central tiene el cuestionable honor de encabezar el listado de fábricas y plantas en toda la UE que más gases de efecto invernadero expulsan y contaminan la atmósfera. Según los datos del inventario del sistema europeo de comercio de derechos de emisiones, en 2017 generó 37,6 millones de toneladas de CO2 equivalente (la unidad de medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Es decir, las chimeneas de esta planta expulsaron en 2017 casi los mismos gases que Lituania y Estonia juntas.

Polonia, que ya ha organizado antes dos cumbres del clima, es el bastión del carbón en Europa; tanto en su uso para generar electricidad como por su potente sector minero. Casi la mitad de los trabajadores del sector del carbón de Europa están en Polonia (supone más de 110.000 empleos), y su gobierno está muy interesado en que la cumbre de este año tenga un espacio para la llamada “transición justa” de los trabajadores que se queden sin empleo en el proceso de descarbonización.

CANADA: Jóvenes indígenas, contaminados con mercurio
Notimex, El Mañana, La Jornada

Ottawa. La comunidad indígena Grassy Narrows denunció la presencia de altos niveles de mercurio en sus niños y jóvenes, con base en un estudio de la especialista Donna Mergler, que evaluó la salud de los infantes expuestos a lagos y peces contaminados con ese metal. Experta en el estudio de mercurio, encontró que "la salud y el bienestar de niños y jóvenes se han visto afectados por la exposición prenatal al mercurio, e indirectamente por consecuencias de la contaminación por mercurio de los recursos pesqueros en su comunidad".

Mergler concluyó que los jóvenes menores de 19 años de edad en Grassy Narrows tenían más altos niveles de mercurio comparados con otras comunidades indígenas. Grassy ha denunciado por décadas que el envenenamiento por mercurio de los ríos Inglés y Wabigoon, en el noroeste de Ontario, continúa afectando a las nuevas generaciones de sus hijos, por lo que esta semana los indígenas fueron hasta Ottawa para pedir al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que tome medidas al respecto. El reporte médico alertó que los niños de Narrows tenían el doble de probabilidades de no prosperar y de tener problemas emocionales o de comportamiento, y tres veces más probabilidades de tener al menos una condición que pudiera afectar el rendimiento escolar, como las dificultades del habla-lenguaje, y la discapacidad de aprendizaje. Los resultados fueron ligados de manera directa al consumo de peces con mercurio por las embarazadas.

El jefe indígena Grassy Narrows, Rudy Turtle, pidió a Trudeau su compromiso para “compensar de manera justa a toda nuestra gente por la actual crisis de mercurio que ha impactado a otra generación de nuestros niños, décadas después de que debería haber sido detenida".

Los indígenas piden el apoyo del gobierno federal para que sus “niños brillantes puedan esperar el mismo futuro exitoso que otros niños en Canadá”, lo cual solo podrá ser realidad al implementar con "urgencia” todas las recomendaciones de Mergler, incluidos los programas de seguridad alimentaria y recursos adicionales para la escuela, indicaron. Denunciaron que 94 por ciento de los indígenas de Grassy Narrows no reciben compensación por el intenso impacto del mercurio en su organismo, su medio ambiente, su economía y sus derechos.

Saturday, December 1, 2018

AIPIN Regiones Indias Noviembre 30, 2018


Asociacion Internacional de Prensa Indigena
AIPIN
REGIONES INDIAS
Noviembre 30, 2018

Comisión de Asuntos Indígenas
Comunicaciones a: lallabatamazola@hotmail.com
Genaro Bautista
MEXICO: Pugna indígena por entregar el bastón de mando a AMLO
Hay un Judas en el equipo del Presidente que respalda al que andan paseando por allí (bastón), acusa líder de una organización
El GIN es un grupo creado desde el PRI, sin representación de los pueblos, afirma académico del CIESAS
La ceremonia de entrega del bastón de mando indígena al presidente Andrés Manuel López Obrador, programada para el próximo sábado en el Zócalo, ha provocado la disputa entre diversas organizaciones indígenas del país.
Hasta ahora, representantes de un grupo autodenominado Gubernatura Indígena Nacional (GIN) se han promocionado en radio y televisión como encargados oficiales del ritual. Sin embargo, otras agrupaciones los acusan de “impostores y charlatanes”.
“El bastón que andan paseando es más parecido al que usan los brujos, nada tiene que ver con la esencia indígena”, acusa Julio Atenco, representante de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, integrante de la Red Nacional Indígena.
El verdadero bastón, dice, fue confeccionado por comunidades huastecas de Veracruz, “y es el que deberá entregarse a Andrés Manuel”.
Pero los de la Gubernatura ya anunciaron que estarán ahí, se le comenta.
Es probable que la ceremonia no sea tersa. Lo consideramos un acto de provocación que llevarán hasta sus últimas consecuencias, tienen ya una logística preparada. Hay un Judas en el equipo del Presidente, que los está respaldando.
López Obrador se ha mostrado entusiasmado por recibir el bastón porque, ha dicho, encierra simbolismo ancestral y espiritualidad.
Crónica entrevistó a diversos líderes indígenas e investigadores, para abundar en torno al tema.
Marcos Matías Alonso, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), ha realizado distintos trabajos para verificar el origen del GIN, cuyo “Gobernador Nacional” es Hipólito Arriaga Pote, un líder del Edomex ligado muchos años a la Confederación Nacional Campesina (CNC). “El GIN es un engendro creado desde el PRI, lo pensaron como una estrategia de campaña para restarle votos al movimiento de AMLO y no tiene ninguna representación de los pueblos indígenas”, dice.
Documentó, con actas notariales, cómo fue fraguado desde la CNC, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Edomex (CEDIPIEM) y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI).
El 23 de julio del 2014, en una reunión realizada en Toluca, sin presencia de los pueblos indígenas, cuenta, “escasos delegados se constituyeron en un Consejo Nacional y nombraron a Hipólito Arriaga como representante nacional”. Su acta notarial fue signada el 25 de enero del 2016 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, “la cual hace constar el contrato social por el que se constituye la Gubernatura Indígena Nacional, Asociación Civil”.
“Se reunieron cuatro o cinco individuos y, sin respaldo de una autoridad comunitaria, fueron ante un notario público y le dijeron: queremos que nos registres como Gubernatura Indígena. Y el notario, con dinero, empezó a trabajar… Ellos tienen hilos de poder en el PRI, que ya se han incrustado en Morena, donde les están dando cuerda”, refiere en entrevista.
“A gente que estaba perdida entre los pueblos indígenas, le dijeron: ‘vente, serás gobernador estatal’, y así han venido creciendo, pero en la mayoría de los casos son individuos, no hay colectividad ni representación fuerte en ningún estado”.
¿Una gubernatura hechiza?
Son postizos, individuos sueltos que no representan a nadie, lo que me sorprendería es que Andrés Manuel y su equipo se dejen engañar, sería un mensaje negativo para los verdaderos pueblos indígenas.
“Cuando se da un bastón en los pueblos —describe—, es aprobado en asamblea, y quien toma el bastón se convierte en padre y madre de ese pueblo, y debe velar por sus intereses, es algo sagrado, y estos del GIN reparten bastones patito por doquier, que compran en el mercado y los mandan pulir. Los 32 gobernadores estatales son charlatanes que han ido nombrando en toda la República. Mi hipótesis es que al interior del gabinete presidencial hay gente que está moviendo esos hilos”…
¿Cómo es que un grupo creado para contrarrestar el movimiento de López Obrador, ahora se alista para entregarle un bastón de mando?
Ahí está la paradoja, sería una chamaqueada. Si Andrés recibe de ellos el bastón, los empoderará y la agenda indígena en el país girará en torno a ellos, tendrán la cartera lista. Confío en que los verdaderos pueblos indígenas estarán presentes, aunque ya estamos contrarreloj.
Otra investigadora, la doctora Araceli Burguete, coordinadora de Posgrado de la Unidad Regional Sureste del CIESAS, comenta: “La representación indígena legítima no funciona con base en gobernadores, con tal diversidad étnica no es posible llegar a una figura así. Esta gubernatura fue creada para lucrar con las comunidades, con los derechos de propiedad intelectual de las mujeres indígenas, está el negocio de lo étnico, de la diversidad cultural. Los está moviendo un empresario”.
¿Quién?
Se llama Moisés Zonana, se autonombró coordinador Nacional de Comunicación de los Pueblos Originarios, pero se dedica a distintos negocios de producción cinematográfica.
Abundio Marcos, coordinador general del Movimiento Indígena Purépecha, refiere: “Me hablaron que si no quería ser gobernador, les respondí que sería traicionar a mi pueblo. Nosotros, los verdaderos indígenas, no tenemos dinero, pero a éstos les sobra. Lo que quieren es posicionarse frente a López Obrador. No le vaya a pasar al Presidente lo que le ocurrió al gobernador Silvano Aureoles”.
¿Qué?
Algunos indígenas de la región oriente, mazahuas y otomíes, le entregaron el bastón de mando cuando asumió el gobierno, pero después lo andaban persiguiendo para quitárselo, cuando desapareció la Secretaría de Pueblos Indígenas.
Según Margarito Ruiz, maya-tojolabal del Consejo Indígena de Chiapas, “el GIN es un instrumento para facilitar la entrada de intereses de Carlos Slim en territorios indígenas. Van a intentar entregarle el bastón al Presidente, pero nosotros, como Red Nacional, también estaremos ahí, a ver qué sucede”.
Pascual de Jesús González, representante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui en la CDMX, dice: “Se asumen como gobernadores indígenas y muchos ni siquiera hablan la lengua. Tienen en Moisés Zanona a su gran asesor, con muchos contactos, pero la nación triqui los desconoce”.
¿Al menos los del GIN, sí son indígenas?se cuestiona a Atenco Vidal, de la Sierra de Zongolica.
Algunos sí, otros son caciques: se mueven en las comunidades diciendo que son capaces de bajar muchos recursos y que, a través de ellos, el gobierno de AMLO canalizará obra pública; es el gancho para jalar gente y nombrar gobernadores bajo su esquema. Aquí, en Veracruz, nombraron a un náhuatl como representa mixe… y el que representa a Chicontepec, ya fue alcalde y está relacionado con la delincuencia organizada...

MEXICO: Indígenas no tendrán voz ni voto en su nuevo instituto
Los diputados proponen una representación de esta población, a través de las dos Comisiones Indígenas del Congreso de la Unión
Rafael Ramírez y Enrique Hernández / El Sol de México
La Cámara de Diputados aprobó la creación Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quienes no tendrán representación en la junta de Gobierno del nuevo organismo que busca combatir la pobreza y desigualdad.
No existe una representación indígena es por eso que propusimos una representación de esta población, a través de las dos Comisiones Indígenas del Congreso de la Unión, porque detrás de cada legislador hay un respaldo ciudadano”, aseguró Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara Baja.
En San Lázaro se había considerado la participación en la Junta de Gobierno del Instituto de los Presidentes de las Comisiones de Pueblos Indígenas del Congreso, como parte de las facultades evaluatorias del Poder Legislativo.
En votación nominal este miércoles en la sección se aprobó con 409 votos a favor, 41 contra y 0 abstenciones, el dictamen que reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
La diputada de Morena recordó que durante los foros de análisis que se realizaron para la conformación de esta nueva legislación hubo un reclamo para que el Instituto no fuera un foro más en el que faltara la representación indígena.
La minuta enviada por el Senado de la República se establece que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas estará integrada por el titular del Poder Ejecutivo, y su suplente será el titular del Instituto.
Lo conformarán los responsables de las secretarías de Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Bienestar; Medio Ambiente; Agricultura; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; Desarrollo Territorial y Urbano; Relaciones Exteriores; así como una representación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.

MEXICO: Remite Cámara de Diputados al Ejecutivo Ley del INPI
Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó y remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, minuta proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de comunidades originarias establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.
Con 440 con votos a favor, cero en contra y 1 abstención, se avaló el ordenamiento que abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, devuelto por el Senado con cambios a los artículos 12 y 16 para efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.
Su artículo 12 excluye como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto, a los titulares de las comisiones de Pueblos Indígenas y de Asuntos Indígenas de las Cámaras del Congreso de la Unión, quedando como invitados permanentes de ese órgano con derecho a voz pero sin voto. El artículo 16 establece que el cargo de directora o director general del Instituto, también lo podrá ocupar una persona perteneciente a un pueblo o comunidad afromexicano.
En los posicionamientos, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) afirmó que no habrá una Cuarta Transformación sin la participación de las comunidades y pueblos indígenas de México, por lo que el sistema jurídico mexicano debe responder a las necesidades actuales. “No podemos legislar para el pasado, hay que hacerlo para el futuro”. Por el PAN, el diputado Marcelino Rivera Hernández indicó los serios problemas de marginación, pobreza y rechazo que padecen muchas comunidades y pueblos nativos, “no pueden ser invisibles y pasar inadvertidos en el ordenamiento que ahora estamos aprobando. Estamos a favor de un país incluyente, respetuoso de sus grupos étnicos y afromexicanos, y por legislar por el bien común de toda la población, sin distingo de razas”.
Eduardo Zarzosa Sánchez, diputado del PRI, consideró fundamental que ambas Cámaras del Congreso tengan representación en la Junta de Gobierno del Instituto, porque “somos quienes aprobamos el presupuesto”. Pidió al Presidente Electo, “que una vez que reciba en Palacio Nacional el Bastón de Mando, abrace como prioridad de su gobierno la atención, el respeto, el desarrollo y el progreso de los pueblos originarios”.
Javier Castañeda Pomposo (PES) mencionó que en 2015 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, informó que 1.2 del total de la población son afromexicanos, “con esta reforma se construye la nación pluricultural plasmada en la Carta Magna, la mayoría de los pueblos nativos están en el centro, sur y sureste mexicano”. Margarita García, diputada del PT, destacó que mujeres indígenas son el eslabón más débil y vulnerado y que más violencia sufren. Hizo votos para que la creación de este Instituto, sea el primer paso a una transversalización de las perspectivas de género indígena que permita amortiguar y evitar la desigualdad.
De MC, el diputado Juan Martín Espinoza lamentó el rechazo y discriminación que sufren. “De forma errónea se considera a nuestros indígenas como los más humildes y son excluidos por ello. Una de nuestras responsabilidades, es luchar contra la discriminación de ellos. Debemos otorgarles el acceso a las mismas oportunidades de trabajo que están disponibles para la mayoría de las personas”. El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) expresó que es la oportunidad de eliminar la exclusión social de la que son parte estos pueblos y hacer valer su identidad colectiva y su espacio de participación. “Tenemos el reto de cambiar la visión y lograr que ser indígena no sea sinónimo de discriminación ni de exclusión, y permitir a los pueblos originarios ser parte de las decisiones que a ellos atañen”.
Rogelio Rayo Martínez, diputado del PVEM, se manifestó por reducir el rezago en que viven miles de comunidades indígenas de todo el país, y afirmó que el propósito principal del futuro Instituto, es encontrar soluciones auténticas a los principales problemas que enfrentan estos pueblos, como exclusión, discriminación y falta de oportunidades. Ariel Rodríguez Vázquez de Movimiento Ciudadano,  sostuvo que estos pueblos y comunidades son parte de la genética cultural del país. “Necesitamos hacer las modificaciones para que su desarrollo sea completo y pleno. Debemos entender que son sujetos de derecho público”.
Delfino López Aparicio, diputado de Morena, se congratuló con la incorporación de la comunidad afromexicana para encabezar el Instituto y expresó se debe acabar con la discriminación, “pues somos igual ante la ley”. Por Morena, el diputado Alfredo Vázquez pugnó para que estas comunidades tengan voz y voto en la Junta de Gobierno del Instituto. “No podríamos aspirar a un verdadero desarrollo de estos pueblos sin nuestra participación en la formación, ampliación y evaluación de los planes de desarrollo que nos afecten directamente”.
La diputada del PT, Hildelisa González mencionó que estas comunidades han sido sometidas a un rezago histórico, pobreza, marginación, abusos, falta de respeto a su cosmovisión, a sus tradiciones, a la explotación y despojo de tierras. Pidió que “pueblos indígenas y afrodescendientes, recuperen su cultura. Lo que implica, que reconozcamos como sujetos de derecho”. De Morena, la diputada Lucinda Sandoval Soberanes, afirmó: estas modificaciones dan respuesta a los reclamos de la sociedad, y aplaudió que un integrante de la comunidad afromexicana pueda encabezar el Instituto. “Nunca más un México sin indígenas”. Frinné Azuara Yarzábal, diputada del PRI, mencionó que la diversidad cultura es una de las riquezas más importantes que el país posee; por ello, dijo, se debe tener un marco jurídico que permita su conservación y pleno desarrollo, ya que hay 68 comunidades con su propia lengua. “Hay que reducir las brechas de desigualdad”.

JALISCO: “El apache Gerónimo fue uno de los primeros mexicanos”. Álvaro Enrigue
El escritor mexicano presenta en la FIL 'Ahora me rindo y eso es todo', novela sobre la violenta historia de Norteamérica en el siglo XIX
Guadalajara. La última novela de Álvaro Enrigue (Guadalajara, 1969) es un mapa repleto de enemigos. Ladrones contra militares. Indígenas contra colonos y rancheros criollos. México contra EE UU y contra España. Coyoteros contra gileños, navajos y mimbreños. Comanches, rarámuris, yaquis contra apaches. En realidad, todos contra los apaches.
Se titula Ahora me rindo y eso es todo, las palabras de claudicación del legendario Gerónimo en 1886. A partir de la figura del gran chamán de la guerra, genio estratégico de tres jefes apaches, Enrigue saca la navaja de rasurar datos históricos y pone a girar por las más de 400 páginas del texto un puñado de narraciones satélite: decenas de personajes –de Pancho Villa al presidente estadounidense Glover Cleveland– que se le cruzaron en sus 90 años de vida; el rapto de una mujer chihuahuense por el padrastro del guerrero, Mangas Coloradas; su persecución por un general mexicano al frente de un ejército de monjas y bailarines; o la meticulosa investigación del propio autor, insertados en el relato junto a su familia a modo de road trip por las llanuras rocosas de la antigua Apachería.
Pregunta. ¿Por qué eligió la rendición de Jerónimo como eje de su novela?
Respuesta. La guerra apache es un momento fundacional para la modernidad en Norteamérica. Gerónimo en términos culturales no nos pertenece, pero es un hecho que es uno de los primeros mexicanos. Nació en Nuevo México cuando aún era territorio mexicano. Si hubiese pedido un pasaporte se le tendrían que haber dado. No lo hubiese hecho nunca porque lo que más odiaba era a los mexicanos: vivió la mayor parte de su vida en guerra con la República. Pero era mexicano, un hispanohablante, aunque su primera lengua fuera el atabascano.
P. La famosa frase final la dijo en español
R. Sus memorias están dictadas en español y la frase también porque en las conversaciones con los generales gringos lo que todos hablaban era español. Estaban en una zona que 15 años antes era México. La lengua de uso era español.
P. El libro es también una impugnación del relato mitológico del wéstern como conquista de la ley sobre la naturaleza salvaje
R. Uno de mis intereses era cuestionar la idea de un territorio, un color de piel y una religión en un mundo infinitamente diverso. En los westerns parecería que los EE UU estaban llegando a un territorio vacío, virgen. Y no, estaban llegando a un lugar con leyes, religiones, templos y un gobierno funcional. Lo que sucedía es que el gobierno mexicano no podía contralar los territorios del norte y perdió la guerra.
P. ¿Cómo ha esquivado la tentación de representar a los apaches como buenos salvajes?
R. Los apaches no eran buenas personas y menos los chiricauas, (la última nación de naciones). El asunto no es contar la historia de unos buenos salvajes, justo lo contrario: hay una semilla de violencia que llega hasta el mundo contemporáneo. Que el hijo mayor de Gerónimo se llamara Chapo o el guía apache del ejército se llamara coyote es muy significativo. Creo que hay una serie de maneras de hacer que se reproducen en el tiempo y que tenemos que trabajar como eliminarlas.
Profesor de literatura del siglo XVII en Nuevo York desde hace más de una década, la inmersión histórica es una constante en sus últimas novelas. En Muerte Súbita (premio Herralde 2013) el punto de partido es una hipotética partida de tenis en Roma entre Caravaggio y Quevedo que desata un acordeón de tramas, desde el pelo de Ana Bolena a la vida íntima de Hernán Cortés.
P. ¿Cómo trabaja el material histórico en sus novelas?
R. Mis obras son una novela y el archivo que las sostiene. En Muerte súbita aparecen las propias hojas y aquí el narrador funciona de archivo. Los demás relatos se explican en base a ese relato. Es la información que vas necesitando para leer el resto. Yo trabajo con el mismo material que los historiadores pero tengo licencia para producir una tesis. Un novelista puede poner en la mesa temas que no están en discusión en el mundo de la historiografía. Puede volar teorías siempre y cuando estén en clave narrativa. Ahora, me resisto a la idea de que son novelas históricas porque donde esta novela encuentra significado no es en la sucesión lineal sino en la superposición de historias.
P. ¿Y qué significado aporta la inserción del autor en la narración?
R. Concibo mis novelas como una fórmula y, en este caso, necesitaba dentro de la novela alguien que estuviera investigando y comentando la historia de los tres jefes apaches con los que convivió Gerónimo. Creo que hay una cortesía fundamental del novelista en contarle la historia completa al lector. Por otro lado, una novela es también un juego. Me parece divertido que los personajes se llamen como mis hijos y mi mujer de entonces; y creo además que puede tocar las fibras emocionales de lector. Pero, obviamente, todo es ficción.
P. En ese juego de identidades el autor/narrador llega a decir que se siente como un apache
R. Son esas licencias. Jamás me atrevería a sentirme como un apache. Pero se va poniendo un mantel que permite generar la textura emocional de nostalgia por el continente ido, que tal vez sea el tema más recurrente del libro. ¿Qué le hicimos a América? ¿Por qué vivimos en un continente que ni siquiera sabemos cómo se llama, que tiene el apellido de un pinche italiano? ¿Por qué no tenemos memoria? ¿Qué hubiera sido ese mundo si el proceso de ocupación europea no hubiera sido tan avasallador?

MEXICO: AMLO y su amigo Silvio Rodríguez, de paseo espiritual en Palenque
Bajo Palabra
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, visitó la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, para cargarse de energía, previo a asumir la Presidencia de la República el próximo sábado. En un video subido a redes sociales, el tabasqueño se muestra acompañado del cantautor Silvio Rodríguez, y del presidente de la comunidad española autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
“Me da mucho gusto estar en Palenque, acompañado de Miguel Ángel Revilla, Silvio Rodríguez, estamos en vísperas de la toma de posesión y vine a Palenque a cargarme de energía porque aquí, además de la política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual.
“Esto es algo espléndido, bellísimo, entonces estoy aquí con mis amigos Silvio Rodríguez, con Miguel Ángel Revilla”, indicó.
El presidente electo muestra el templo de las inscripciones, el arco falso maya y el templo de la cruz. “Y como ya estamos visitando la zona, y vamos ahora al Templo de la Cruz, hemos estado tomando muchas fotos, mucha gente y se va a saber, es mejor que yo lo informe, que se sepa que estamos aquí en Palenque”, detalló.

MEXICO: Comunidades indígenas serán consultadas sobre el Tren Maya
CNN
Después que el 90% de los participantes en la consulta aprobaron la construcción del Tren Maya, ahora también las comunidades indígenas podrán decidir el destino de este proyecto. Guillermo May, uno de los representantes de la Red Nacional Indígena, habla sobre el acercamiento de parte del equipo de transición de López Obrador para que lleve a cabo una consulta en la que participen solamente las comunidades indígenas.

SUIZA: Convenio de la OIT obliga a México a consultar megaproyectos a pueblos indígenas
Gabriela Sotomayor / Proceso / apro
Ginebra. El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder afirmó que México debe seguir los lineamientos establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada con respecto al desarrollo de megaproyectos.
Al ser cuestionado por Apro sobre la consulta llevada a cabo por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Tren Maya y el Transísmico, Ryder reconoció no saber los detalles de dicho proyecto, pero fue claro en que México debe apegarse al Convenio 169 del que es parte.
“Es un tratado internacional y como cualquier convenio ratificado por el gobierno es vinculante y tiene efectos legales”, dijo Ryder en breve conversación con Apro.
“No estoy al tanto de la especificidad de este caso, pero el Convenio prevé lo que llamamos consultas previas de los pueblos indígenas en situaciones que pueden afectar sus derechos y sus intereses y es una parte de este Convenio que se desarrollen estas consultas”, remarcó el titular de la OIT.
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por México y avalado en la Constitución del país es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y fue ratificado por México en 1990.
El Convenio refleja el consenso logrado en la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. Se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, “así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”. El objetivo del Convenio “es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio”.
Diálogo previo con los pueblos
En charla con Oelz Martin, especialista de la OIT sobre Igualdad y No Discriminación y experto de la OIT sobre la aplicación del Convenio 169, explicó a Apro que el organismo de momento no puede pronunciarse sobre si la consulta del Tren Maya es válida o no porque hasta ahora no han recibido quejas relacionadas con el caso, sin embargo, subrayó que “el asunto también podría plantearse en un tribunal laboral nacional ya que está contemplado en la Constitución”.
Para el experto de la OIT lo que es claro es que la consulta sobre un proyecto de esta magnitud tiene que ser previa, libre e informada, “debe ser llevada a cabo por el gobierno y debe haber un diálogo con los pueblos indígenas o tribales” que pudieran verse afectados o beneficiados por dicho proyecto. Estos pueblos se encuentran entre los grupos vulnerables que más importan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional y el trabajo decente.
El Convenio, recuerda Martin, se ha convertido en un punto de referencia global, cuyo impacto sobre las políticas de gobernanza y desarrollo va más allá de los países que lo han ratificado. Además, es un instrumento que ayuda a los gobiernos a promover un ambiente favorable a la creación de empresas sostenibles.
Por otra parte, la Comisión de expertos encargados de verificar la aplicación del Convenio subraya “la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo”.
Debido a los grandes retos a los que actualmente tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo. “Las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos”, destaca la OIT. “No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales”, advierte.
A pesar de que las organizaciones de pueblos indígenas no forman parte de los mandantes tripartitos de la OIT como es el caso de los gobiernos y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la OIT alienta a las personas indígenas o a sus organizaciones a que se hagan miembros de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de tal forma que puedan someter sus quejas al organismo laboral de la ONU.

La consulta, responsabilidad del gobierno
La OIT enfatiza que “la consulta de los pueblos indígenas se erige por lo tanto en obligación general en virtud del Convenio, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos. “Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a la elaboración de legislación nacional relativa a consultas o a la construcción de infraestructura vial en las tierras de una comunidad indígena específica. “Además, el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras”.
Asimismo, la OIT remarca que “la obligación de garantizar consultas adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. En algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a otras entidades. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo estipulado por el Convenio recae en los gobiernos inclusive en los casos en que no estén directamente a cargo del proceso”. Más de un millón de personas pertenecientes a pueblos indígenas en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche podrían verse afectados por la construcción del Tren Maya y, hasta ahora, no se les han ofrecido oportunidades de diálogo, ni se les han dado a conocer de manera concreta los detalles del megaproyecto. Cuestión que va en contra de los lineamientos de la OIT pues “las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del Convenio”.

VENEZUELA: El arco minero indígena en la Guayana venezolana. José Rafael Lozada
El Nacional
Desde hace años he venido denunciando la minería en territorios indígenas, como una grave amenaza para los propios habitantes de esas zonas y para los ecosistemas de su área de influencia. Hice el planteamiento en un foro sobre el tema realizado en 2016 en el Centro de Ingenieros de Ciudad Guayana y, en 2017 logré su inclusión en el Remitido sobre el Arco Minero del Orinoco, aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes (disponible en la web).
En estos momentos, reconocidas personas e instituciones denuncian la minería que está destruyendo áreas del Parque Nacional Canaima (declarado como Patrimonio de la Humanidad) y otros lugares adyacentes. Pero casi nadie quiere decir que la mayoría de esos trabajos en las minas están siendo ejecutados por los propios miembros de las etnias. Hay una especie de indulgencia automática con respecto a los posibles delitos ambientales que pudieran estar cometiendo los hermanos indígenas. Eso carece de toda lógica ambiental. La solución no es evadir el problema; es identificarlo, analizarlo y convocar a los actores para buscar alternativas enmarcadas en las leyes. Pero, ojo, hay que hacer cumplir las leyes.
Podría decirse que el problema tiene su origen en la anarquía minera que comenzó en 2004, con la creación de la Misión Piar que daba total apoyo con créditos, maquinarias, motobombas y tuberías, a quienes explotaban el oro al estilo de los garimpeiros. En ese mismo año un grupo de la etnia yek’wana se asoció con criollos y ambos iniciaron la explotación comercial en El Caura, que se consideraba la última cuenca prístina en el planeta. Entre 2011 y 2012 se reportó que pemones estaban realizando minería en El Casabe y en el río Tonoro, ubicados en la cuenca del Paragua. Entre 2010 y 2013, la prensa también informó sobre actividades similares en el río Carrao y en Urimán (dentro del Parque Nacional Canaima); en el último sitio el Ejército llegó a intentar controlar la situación, y los soldados fueron sometidos, amarrados y arrodillados; hubo una negociación para liberarlos y los indígenas expresaron que ellos continuarían con su labor minera en la Gran Sabana.
El portal SOS-Orinoco ha identificado unos 33 lugares donde se está haciendo minería dentro o en las adyacencias al parque Canaima. Esa información, unida a la que he recabado, indica que hay participación de indígenas en minas al menos en los siguientes lugares: zona media del río Caura, cuenca del río Paragua (El Casabe, río Tonoro, río Karún), cuenca del río Caroní (Las Calaveras, Campo Alegre, Sampai, Chiricayén, Apoipó, río Surucún, Acaredén, Yacrimá, río Amac, río Uaiparú, Parkupí, río Apremé, Aripichí, río Pirma, río Tirika, Urimán, Boquini, Guacharaca, Chicharrón, Asapati, río Carrao, Wadetey, Kuana, río Mowak). La ubicación de algunos de esos sectores demuestra que ya está en ejecución lo que podría llamarse el arco minero indígena, que se muestra en la siguiente figura.
El tipo de minería que se está efectuando en estos sitios corresponde a monitores hidráulicos, con el uso de mercurio. Esto trae nefastas consecuencias para los ecosistemas y para los propios indígenas: destrucción de la vegetación, de los ríos, fragmentación de hábitats, contaminación del agua por sedimentos y por mercurio, afectación de la fauna, destrucción del suelo (ver siguiente imagen), enfermedades por mercurio, proliferación del paludismo, prostitución, tráfico de drogas y de alcohol.
La minería indígena ha evolucionado, ha adoptado prácticas de los criollos. Se ha reportado la existencia de un grupo paramilitar armado llamado Guardia Territorial Pemón, que pretende tomar el control de las minas que trabajan los criollos en Icabarú desde hace más de 50 años; es casi seguro que esa violencia generó, hace pocas semanas, el homicidio de José Vásquez, comandante de ese grupo paramilitar. También ocurrió otro hecho deplorable cuando se denunció, en agosto de este año, una disputa (con seis fallecidos) en la que miembros de la etnia Sanema se aliaron con “sindicatos” criollos y enfrentaron a integrantes de la etnia hibi por el control de una mina cerca de Maripa. Se puede prever que pronto los grupos indígenas más vulnerables serán víctimas de etnias con recursos más avanzados; en el pasado han ocurrido guerras por dominio del territorio y por derechos de cacería, ahora eso se puede repetir por la explotación del oro, lo cual hay que evitar; no se puede permitir que la violencia siga afectando a los hoti (en la sierra de Maigualida) o que se repitan masacres con los yanomami (en las sierras de la Neblina y Parima-Tapirapecó).
El arco minero indígena no está relacionado en tiempo ni en espacio con el Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno (que de por sí es muy malo). La mayoría de las minas indígenas comenzaron muchos años antes que el AMO. Este está al norte del estado Bolívar y muy lejos, en el sur, están las minas indígenas. En el sur es donde se hallan las más graves amenazas a los recursos hídricos, allí se encuentran las nacientes de los grandes ríos de Guayana (los ríos no corren del norte al sur, nacen en el sur y corren hacia el norte), ahí existe la mayor cobertura boscosa que se conecta con la selva amazónica, esa es la zona de los tepuyes y la diversidad más rica y frágil de Venezuela.
Tradicionalmente, la posición “oficial” de las organizaciones indígenas era que se oponían a la minería; así lo han expresado la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas y la Organización Indígena de la Cuenca del Caura (Kuyujani). Pero en las últimas semanas han aparecido declaraciones de los caciques de Gran Sabana y de Emilio González (integrante de la etnia pemón, minero y alcalde del municipio Gran Sabana) que señalan la defensa del derecho de los indígenas a practicar la minería. Esto representa un consentimiento público de lo que ya han venido ejecutando desde hace años; no le dan el nombre pero es innegable que está en marcha un arco minero indígena. Eso es muy grave porque sus territorios, en los que hay riquezas minerales localizadas, abarcan millones de hectáreas y, si esa destrucción no se detiene a tiempo, pronto veremos inmensos impactos ambientales y sociales. Esos territorios son iguales o mayores al Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno.
Para finalizar, hay que destacar que la Constitución nacional (1999), la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (2001) y la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas (2005) protegen el modo de vida ancestral de las etnias; la minería con monitores hidráulicos y con mercurio no es parte de ese modo de vida ancestral. No hay forma legal de permitir esa actividad dentro de parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras ni reservas hidráulicas. Quienes promueven esas ideas ignoran de manera muy irresponsable e imprudente las leyes de Venezuela. No se puede seguir desconociendo el arco minero indígena. Ojalá que la sabiduría de los ancestros ilumine a los consejos de ancianos, y que estos actúen para retomar un modo de vida en armonía con el ambiente, y que la salud y la paz los acompañen en esta y en las próximas generaciones.

ESPAÑA: De Guatemala a O Grove para cambiar el mundo
Las líderes indígenas guatemaltecas que recorren la provincia dejan su mensaje por la igualdad en la villa meca
Manuel Méndez / Faro de Vigo
Tras pasar por Pontevedra, Vigo, Bueu y Caldas, donde ofrecieron charlas, conocieron métodos de cultivo y protagonizaron todo tipo de eventos, las activistas indígenas Juventina López Vasques y Manuela Xocol (Ita) recalaron anoche en O Grove. Lo hicieron en su calidad de activistas para contar a la sociedad pontevedresa todos los problemas a los que se enfrenta la población de Guatemala, y especialmente ellas, las mujeres. Juventina López e Ita Xocol son protagonistas del programa "Mulleres que mudan o mundo", impulsado por la Diputación y la Coordinadora Galega de ONGs, integrada por casi medio centenar de entidades implicadas en la cooperación internacional.
La primera de ellas, presidenta de la Asociación Indígena Agropecuaria Prodesarrollo Integral, en Champerico, es una mujer indígena hija de un líder comunitario que luchó por la recuperación de las tierras ancestrales de su comunidad. Su infancia coincidió con los años más duros del conflicto guatemalteco, por lo que no pudo acudir a la escuela.  Intentó labrarse un futuro mejor en Estados Unidos, pero fue deportada, y de vuelta en su país decidió entregarse en cuerpo y alma a la defensa de su entorno. Ahora, en su visita a localidades como la meca, "tenemos la oportunidad de dar a conocer la realidad que vivimos las mujeres que fuimos discriminadas y humilladas por ser mujeres, indígenas y por contar con un vestuario e idiomas diferentes", manifiesta.
Ita Xocol dirige la radio La Voz de Racantaj; con el que da voz a los derechos de las mujeres en Nahualá. Cuenta que harta de la discriminación en la escuela, por ser mujer indígena, un día decidió escaparse a la capital del país. Allí participó de forma activa en acciones promovidas por una entidad juvenil y decidió luchar por sus derechos y de las mujeres. "En Guatemala nos niegan el derecho a la comunicación, sufrimos discriminación; es lamentable cuando nos dicen que somos medios de comunicación piratas". Pero está convencida de lo que hace, como que "con el trabajo las mujeres pueden vivir mejor; por eso tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos". En todo ello abundaron anoche durante la charla ofrecida en O Grove, como lo habían hecho en su visita a Pontevedra para arropar la exposición "Tecedoras do cambio", y dejar constancia de que sí hay mujeres capaces de cambiar el mundo.  Un mensaje en pro de una vida digna, la igualdad y las libertades de cualquier pueblo que también transmitieron en los diferentes actos públicos desplegados en Pontevedra, Vigo, Bueu y Caldas. También en los centros educativos ya que el programa incluía el encuentro de las líderes indígenas guatemaltecas con estudiantes del IES do Castro (Vigo), IES Pintor Colmeiro (Silleda), IES Laxeiro (Lalín) y del IES Castro Alobre (Vilagarcía).

PERU: La “Paisana Jacinta” no saldrá más en la televisión
Diario Voces
El conocido programa ‘La Paisana Jacinta’ será sacado de las pantallas de Tv peruanas tras una orden judicial emitida desde Cusco, donde un grupo de dirigentes campesinas inició y ganó un largo proceso contra el programa, al que calificaron de despectivo, violento y grosero. La juez Janet Paredes, titular del Primer Juzgado Mixto de Wanchaq, declaró fundado el recurso de amparo presentado por Cecilia Paniura, Rosa Supho, Irenen Quispe y Rosalinda Torres y emitió una sentencia que ordena levantar del aire y borrar todo contenido de las redes sociales del programa ‘La Paisana Jacinta’, patrocinado por la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. – Latina. “Este personaje de la Paisana Jacinta nos indigna porque nos hace ver a todas las mujeres del campo como tontas, cochinas y feas, cuando no es así. Nosotras somos capaces y trabajamos duro todos los días; pedimos que el Poder Judicial haga respetar a todas las mujeres del campo”, citó Cecilia Paniura, una de las demandantes.
La juez cusqueña en su resolución ordenó que el programa ‘La Paisana Jacinta’ no vuelva a ser difundido en señal abierta o cable, además los dueños del material deberán retirar los programas existentes en sus redes sociales y cuentas de YouTube. En el proceso, las demandantes exigieron: a) se ordene a Frecuencia Latina pedir disculpas públicas a los pueblos indígenas del Perú, b) se ordene a Frecuencia Latina suspender la emisión de todos y cada uno de sus capítulos del programa “Paisana Jacinta” hasta que replantee su contenido, c) recomendar a las entidades estatales la adopción de políticas y medidas de sensibilización y educación dirigidas a toda la ciudadanía, y, d) se ordene retirar todos los vídeos de dicho programa en sus canales de YouTube.

PANAMA: Montezuma, la miss que rompió el molde
Rosa Iveth Montezuma, nuestra representante en el próximo certamen de Miss Universo, no solo es bella, es una muestra de la lucha por la inclusión de los pueblos indígenas que deben aplicar los Gobiernos
La Estrella de Panama / Adelita Coriat
Tal vez Panamá jamás había tenido una candidata tan carismática, inclusiva y desenvuelta como Rosa Iveth Montezuma. La mujer no desaprovecha oportunidad para dirigirse con soltura a cualquier público, políticos, interesados en la cultura o en la defensa de los derechos humanos. Quién mejor que ella para contarle al mundo lo que viven los pueblos indígenas. Así lo hizo en septiembre pasado en las Naciones Unidas. Su vocabulario no es aquel del cliché de las reinas de belleza. Montezuma habla más que otras figuras esbeltas, con cabello largo y maquillaje. Es una señorita completa, con acervo cultural, inteligente y preparada para responder cualquier pregunta del jurado, por más confusa que ésta sea.
Montezuma viajó el martes pasado a Bangkok, Tailandia, sitio donde se celebrará la versión número 67 del concurso, a realizarse el 17 de diciembre próximo.
A finales de octubre pasado, pronunció un discurso en la Sociedad Bolivariana en conmemoración del icónico escrito de la Carta de Jamaica, de la cual reproducimos a continuación algunos extractos que la autora había pronunciado ante la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos:
‘Mi presencia en este recinto obedece al reto de inclusión y diversidad que enfrentan muchos países, en especial aquellos con presencia de pueblos indígenas y que durante años han sido discriminados y destinados al ostracismo. Destacando de igual manera, los diversos avances que estos pueblos han logrado con el anhelo de materializar sociedades sin barreras que determinen qué tipo de humanos somos'.
‘En concordancia con este planteamiento, unos meses atrás como mujer indígena imprimí una nueva página en la historia de mi país; siendo la primera mujer indígena originaria de la Comarca Ngobe-Buglé en participar y ganar el concurso de belleza más importante de Panamá, el cual me otorga la oportunidad de llevar mi bandera, costumbres e idiosincrasia cultural a Miss Universo 2018. Protegiendo mi esencia indígena y campesina, esperando encarnar con orgullo a los pueblos indígenas y a todos los panameños'. Lamentablemente, la historiografía de los pueblos indígenas panameños no escapa de la realidad y del olvido al que han estado atados la mayoría de los pueblos originarios de América y del mundo; durante años han transitado por innumerables luchas para lograr ser merecedores de los derechos propios como todos los seres humanos'.
‘Actualmente, tenemos territorios jurídicamente definidos, sin embargo, los más de 400 mil habitantes se enfrentan a múltiples retos y desafíos. Es decir, el 12% de la población indígena de nuestro país demanda aún mayores esfuerzos del Estado y los gobiernos dirigidos a superar nuestra pobreza y marginalidad. Como representante de la mujer panameña traigo a este escenario la voz de mi pueblo. Una voz que le ha sido difícil el camino para llegar a estos escenarios internacionales, mucho más a nosotras las mujeres, quienes hemos estados marginadas desde nuestra cultura y desde nuestros países'.
‘Soy de la opinión que los gobiernos y los estados de nuestra América tienen una deuda social histórica con nuestro pueblos originarios. En atención a esta realidad, deben ser más eficaces y eficientes en cuanto a las políticas públicas dirigidas a nuestra población. Estas recomendaciones ya la han hecho organismos internacionales. Deseo contribuir en aportar mi esfuerzo de divulgar, promover y participar en cuanto a su ejecución y seguimiento, de manera que el proceso se cumpla y que a mediano plazo obtengamos y veamos resultados concretos'.
‘Es inaceptable, que después de tantos años de lucha de los pueblos indígenas americanos, aun existan carencias firmes y no estén presentes los estándares mínimos para la supervivencia, preparación, dignidad y bienestar de los pueblos. Términos como igualdad de género, desarrollo sostenible y empoderamiento e inclusión social se han vuelto efímeros en la praxis diaria; debemos establecer programas y proyectos que busquen erradicar todas las vulnerabilidades y las desventajas que existente con respecto a la población en los que habitan'. ‘Los indígenas de América solicitamos mayor participación, queremos pasar esa página nefasta de simple espectadores, aspiramos a ser sujeto de nuestro desarrollo'.
 ‘Desde mi experiencia, he observado como durante muchos años las políticas gubernamentales han establecido medidas para mejorar las condiciones de vida dentro de los pueblos indígenas panameños. Hace una década atrás las circunstancias regían con mayor precariedad, no obstante, aun en muchas regiones se vive la historia que yo viví; graves problemas de acceso, donde estudiantes deben caminar alrededor de 1 o 2 horas para llegar a los centros educativos, los cuales no poseen la estructura adecuada para el desarrollo óptimo; siguen siendo pequeños ranchos a la intemperie sin recursos tecnológicos para el provecho de toda la comunidad educativa. Indudablemente, esto repercute en la calidad de educación que reciben los pueblos indígenas ampliando la brecha de competitividad en el ingreso a las universidades y empleos'.
‘Por otro lado, deseo expresar que, como representante de la belleza de la mujer panameña, y de la indígena en especial, hay un tema muy importante que me impulsa apoyar y participar. Es el tema del empoderamiento de la mujer indígena en los distintos temas sociales, políticos, económicos y culturales. Ya lo han señalado los informes de los organismos internacionales: existen cerca de 26.5 millones de mujeres indígenas en nuestra América, y más de dos tercios están en la pobreza y la marginalidad. Esta situación es preocupante y alarmante, y se hace mucho más dramático y crítico, cuando vemos que a 23 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, los avances han sido lentos y en algunos casos nulos en la región'. ‘Es decir, el compromiso y mandato acordado, en muchos casos han sido muy lentos y en otros no han sido atendidos con la responsabilidad que como país democrático se debió hacerse con la población aborigen de nuestra región'. ‘La voz de alarma y atención la han expresado organismos como la Cepal, ONU, BID, sociedad civil, y otros; pero hace falta mayor unidad para que los gobiernos accedan a ser más efectivos con sus políticas públicas para con las mujeres indígenas'. ‘Yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia'.
Hoy me uno a la aseveración que realizara hace unos años una de las líderes indígenas mundiales, la señora Rigoberta Mechú, quien afirmo que ‘yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia'.
Esto parece muy crudo e irreal, pero es la verdad, y esta realidad amerita una política de Estado más efectiva y que pase de documentos y legislaciones, en algunos casos, a la praxis. Mis hermanas indígenas de Panamá y del Mundo, solicitamos mayor espacio de participación efectiva, queremos ser protagonistas, queremos seguir siendo la biblioteca de la enseñanza y la cultura de nuestro pueblo, como lo hemos hechos hasta hoy día; queremos contribuir al desarrollo de nuestro país, donde la multiplicidad cultural no sea un obstáculo sino una variedad rica de nuestra nacionalidad. Es el momento de romper con todos esos paradigmas discriminatorios y racistas; para esto es necesario que las mujeres indígenas trabajemos de la mano con los entes gubernamentales logrando la sincronía que facilite la supervisión y excelente desarrollo de los proyectos.
‘Es necesaria la creación de centros de orientación y prevención del VIH/Sida. A la fecha este problema afecta de manera directa a muchos hijos de las mujeres indígenas de hogares donde uno de los padres están ausentes'. ‘Crear proyectos específicos de captación de fondos para becas y apoyar a mujeres indígenas a nivel secundario y universitario. No existe una instancia o institución dedicada a gestionar fondos para becas y apoyos educativos para mujeres indígenas. A pesar de esto, nuestras hermanas ingresan en mayor número en los centros educativos secundarios y universitarios tanto del área indígenas como en el país'.
‘Son muchas las exigencias y aportes que pueden surgir de los pueblos indígenas. Somos pueblos con expresiones culturales, valores extraordinarios, siempre dispuestos a la inclusión y diversidad social'. ‘Llegó la hora de que se nos conceda el espacio para participar e iniciar de manera efectiva nuestra participación. Con este ánimo estoy dispuesta acompañar y colaborar haciendo eco de esta realidad en todos los foros internacionales indistintamente del tema que sea'.
‘La tarea no es fácil, pero no es imposible. Hago un llamado a los organismos internacionales que sigan acompañándonos en esta tarea, ustedes son nuestros colaboradores importantes. Continúen con ese esfuerzo por una sociedad más equitativa, justa y participativa en materia indígena'.

TAILANDIA: AI denuncia peligro de pueblos indígenas en Malasia en lucha por sus tierras
EFE
Bangkok. Amnistía Internacional (AI) denunció hoy el peligro de extinción que afrontan las culturas indígenas en Malasia en la lucha por defender sus tierras debido a la falta de protección oficial.
La organización presentó en Putrajaya el informe "The Forest Is Our Heartbeat: The Struggle to Defend Indigenous Land in Malaysia", elaborado a raíz de decenas de entrevistas con miembros de comunidades indígenas, activistas, autoridades locales, abogados y académicos en todo el país. "Las culturas indígenas corren el riesgo de desaparecer por completo, junto con los bosques de Malasia", advirtió Rachel Chhoa-Hosward, investigadora en Malasia de AI.
 
La activista denunció que "el Gobierno no está protegiendo el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, que está reconocido en papel por la ley.
AI recordó al Gobierno del primer ministro Mahathir Mohamad su promesa electoral de proteger a los pueblos indígenas, que representa en torno al 13,8 por ciento de los 31,7 millones de habitantes.
La coalición gobernante, Pakatan Harapan (Pacto de Esperanza), prometió en la campaña que le llevó a ganar las elecciones del pasado 9 de mayo "reconocer, defender y proteger la dignidad y derechos" de los pueblos indígenas.
"No estamos en contra de la administración, el progreso o la modernización, pero si tenemos que renunciar a lo que somos, a nuestra identidad, a nuestra comunidad, ese no es un precio que queramos pagar", expresó por su parte el indígena malasio Mustafa Along en el acto. "Si perdemos los bosques, lo perdemos todos, porque nuestra vida es el bosque", añadió.
El informe contiene decenas de entrevistas y declaraciones sobre casos de hostigamiento, intimidación, violencia, detención e incluso muerte que sufren estas comunidades y sus defensores cuando intentan resistirse a perder sus tierras ancestrales.
El estudio recoge el asesinato del activista indígena Bill Kayong en junio de 2016, crimen por el que una persona fue detenida, juzgada y condenada, y expone detenciones arbitrarias, incluidos periodistas que se limitaban a documentar manifestaciones de protesta.
Según AI, el desarrollo de la tierra en Malasia "está afectando negativamente" a los pueblos nativos que, pese a residir en casi todas partes del país y contar con un reconocimiento especial en la Constitución, viven en niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social.
MEXICO: Sobre la versión definitiva de la ley del INPI- La Tlacuila
Urge reforma el 2º que incluya el consentimiento y que defina a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo cual también aparece en la ley en cuestión pero no en la Constitución.
Animal Político

En mi entrega pasada me referí a la iniciativa de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la cual en esos días se estaba discutiendo en los foros de consulta que se realizaron para recoger la opinión de los pueblos originarios. Revisé la versión que estaba en discusión en los foros mencionados y, entre otras cosas, comenté que me parecía relevante que se incluyera el consentimiento en el inciso relativo a la consulta previa, libre e informada, pues sin éste las consultas no tenían sentido, aunque aclaré que éste no está en la Constitución.

Ahora, revisando la versión final aprobada, me encuentro con que, entre otros cambios, simplemente desapareció esa palabra. En la versión llevada a consulta, entre las funciones del instituto está la de: “garantizar, coadyuvar e implementar los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas, programas y proyectos susceptibles de afectar los derechos de los pueblos indígenas” y la nueva versión dice: (el Instituto) “será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal susceptibles de afectar los derechos de los pueblos”.

No solamente desaparece el consentimiento, con lo cual las consultas dejan de ser vinculantes y se convierten en una forma de recoger simplemente la opinión de las comunidades, también desaparece la consulta a programas y proyectos y se reduce al ámbito federal, además de que el INPI ya no “garantizará” los procesos.

Desconozco los argumentos vertidos por los congresistas para hacer estos cambios, pero me parece que puede haber dos razones: una, que en tanto no esté contemplado el consentimiento en la Constitución no se puede incluir en la ley, pues la Carta Magna está por encima de todas las leyes; otra, que el nuevo gobierno no tiene intención de acatar las decisiones que surjan de las consultas.

Me inclino más por la primera, pues AMLO y sus colaboradores han dicho reiteradamente que se tomará en cuenta a los pueblos indígenas, y que se realizarán las consultas previas, libres e informadas que sean necesarias, empezando por la consulta para la construcción del Tren Maya, aunque quienes solamente leen los encabezados tendenciosos de las noticias no se hayan enterado y continúen afirmando que la obra se va a iniciar sin realizar la consulta correspondiente o manifestando que “exigen” que se haga.

Lo que urge es una reforma al artículo segundo constitucional que incluya el consentimiento y que defina a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo cual también aparece en la ley en cuestión pero no en la constitución. No será hasta que se hagan esos cambios que podremos estar seguros de que se respetarán las decisiones de estos pueblos y de que serán considerados sujetos de derecho no solamente por el INPI, sino por todos (supongo que si no se quitó ese punto de la ley del instituto será porque no se contrapone a la constitución de la misma manera que el otro). También falta incluir en la constitución a los pueblos afromexicanos, quienes aparecen en la ley del INPI prácticamente a la par de los indígenas, lo cual fue un cambio muy positivo.

La transformación apenas empieza y no se puede cambiar todo en unos días o meses; ya se cambiaron varias cosas, sobre todo algunas urgentes para que AMLO pueda actuar, como es la creación del INPI que, según me comentó un morenista, precisamente urgía para poder organizar la consulta a los indígenas que serán afectados por el Tren Maya. Mañana, por fin, tendremos nuevo presidente y no será sino hasta dentro de unos meses que podremos comenzar a ver resultados que espero sean a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos.

OAXACA: ¿Un Gobernador Indígena? Humberto Torres. Las plumas del tecolote
NSS Oaxaca

El próximo 1 de diciembre, ya investido presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sostendrá un encuentro que organiza el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que encabezará Adelfo Regino Montes y la Secretaría de Cultura. Sin embargo, algunos vivales tratan de no perder la oportunidad de sacar provecho político, como es el caso de Hipólito Arriaga Pote quien se ha auto nombrado “Gobernador Indígena”. Quienes conocen la historia cuentan que en los primeros meses del 2014, un grupo de políticos del PRI con fuerte influencia en el “Grupo Atlacomulco diseñó una estrategia para “levantar” la participación indígena nacional y neutralizar cualquier otra fuerza de los pueblos indígenas vinculadas con el Congreso Nacional Indígena (CNI-EZLN), con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) u otra opción no partidaria que contrarrestara el proceso electoral de 2018. La idea central era y es cooptar la votación de los pueblos indígenas para beneficio del tricolor.

De la valoración de ambas ideas, surgió la decisión de crear una figura que más tarde se llamaría “Gubernatura Indígena Nacional” (GIN) y que fue entregado en aquel tiempo, al Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, Hipólito Arriaga Pote, originario del Estado de México.

Con años de militancia en la CNC, fue perfilado para su plan político, pues mientras en el Estado de México, desde el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), se facilitó la cobertura institucional para seleccionar otros cuadros indígenas cercanos, en la CNC tejieron la idea para convertir al Estado de México en tierra de Gobernadores Indígenas.

Desde 23 de julio del 2014, en una reunión realizada en Toluca, se constituyeron en un “Consejo Nacional” y nombraron a Arriaga Pote, como “Presidente Nacional Indígena”. Desde entonces los asesores jurídicos invocaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de Convenios y Tratados internacionales para dar “legalidad” y “legitimidad” al nombramiento del “Presidente Nacional Indígena”. A partir del próximo sábado una nueva realidad se vivirá en el país, donde urge recuperar las aspiraciones de los indígenas de México.

A VUELO DE PÁJARO
No iniciaba la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados cuando Othón Cuevas, Hilda Luis y Alfonso Silva Romo encabezaron la toma de la tribuna para tratar de impedir los acuerdos a los que habían llegado las fracciones de Morena, PT, PRI y otras más. Por más que patalearon no alcanzaron las más importantes como Hacienda, Presupuesto, Fiscalización, Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Comisión Instructora y Educación. Por eso, a puerta cerrada y sin suban presencia, sesionaron y designaron a Itzel Espinosa como Contralora; Omar Maldonado en la Tesorería y Jorge González Ilescas como Oficial Mayor.

MEXICO: Controversia indígena: dar o no a López Obrador el bastón de mando
Daniel Blancas Madrigal / Crónica
A la par de reproches a gobernadores indígenas falsos, representantes de pueblos originarios del país chocaron en torno a la entrega del bastón de mando a políticos. Andrés Manuel López ha anunciado la recepción, ya como Presidente, de una vara de mando indígena, como parte de los rituales sabatinos programados en el Zócalo de la CDMX. “No estamos de acuerdo. A un extraño nuestro, como AMLO, no podemos entregarle un bastón, porque no es indígena”, aseguró Abundio Marcos, coordinador general del Movimiento Indígena Purépecha de Michoacán. “Un bastón se le entrega sólo a un indígena para que asuma toda la responsabilidad y sea el jerarca mayor. El pueblo purépecha no puede dárselo a nadie que no sea representante genuino y, menos, si no hay consenso en la comunidad”.

¿Qué hay de fondo entonces? —se le preguntó.    
Se quieren poner a las órdenes del Presidente y buscan espacios en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que tampoco apoyamos. Como Movimiento Indígena Nacional hemos dicho que debiera ser una Secretaría de Pueblos Indígenas, para que tenga autonomía jurídica y recursos propios. En su momento hablaremos con López Obrador para expresarle nuestro ­desacuerdo con proyectos como el Tren Maya, cuyos intereses no están enfocados a los pueblos, sino al despojo territorial.

En la misma sintonía se expresó Ernesto Arguelles, coordinador de Enlace de la Tribu Yaqui: “Los bastones se están usando para los parientes, para la gente de fuera, como decimos nosotros. Se le entrega a la persona con la que quieres quedar bien, para que lo luzca como trofeo de guerra, bajo la ley del hombre blanco o yori y no nuestra.

¿Asistirán a la ceremonia?
Estuvimos discutiéndolo. La tribu Yaqui, conforme a sus normas internas, no dio a sus integrantes un permiso formal. Asistirán algunas personas, pero no como autoridades tradicionales. Se les propuso que no fueran, para no ser utilizados; si lo hacen, no van como parte de la agenda de lucha de nuestro pueblo.

La investigadora Araceli Burguete, de la Unidad Sureste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), se refirió al dilema con una anécdota: “Un día pregunté a una autoridad tradicional de Chiapas por qué entregaban bastones de mando a los políticos y si no consideraba que, por cada bastón entregado, le restaban a la poquita autonomía que tienen. Y me respondió: los que les damos a los políticos son puros bastones chinos… Estamos hablando entonces de un performance, un espectáculo, porque los verdaderos bastones no salen y están resguardados en iglesias y centros ceremoniales. Es un show al que se montan todos los que tienen algo que vender”.

En otra óptica, Joel Aquino, líder indígena de la Sierra Norte de Oaxaca, explicó: “¿Quién recibe la vara de mando? El ciudadano que ha tenido la capacidad intelectual y moral de servir a su comunidad desinteresadamente, habiendo desempeñado desde cargos muy simples, hasta culminar con la parte más alta de la pirámide, significa entrega total a la comunidad”.

¿Su cosmovisión contempla la entrega de bastones a mandatarios?
No, pero la excepción será Andrés Manuel. A otros no, porque se folclorizaría. Quien percibe salarios por parte del Estado no tiene derecho a recibirlo, sólo quien está dispuesto a sacrificarse.
AMLO sí recibirá salario…
Pero ha acompañado a las comunidades en su resistencia política y la esperanza es que, con él, sí seamos reconocidos como sujetos de derecho público y no nos sigan tratando con la punta del pie.
A diferencia de indígenas de Veracruz, quienes aseguraron que el bastón provendría de su región huasteca, Aquino apuntó: “Vendrá de Oaxaca, de la comunidad zapoteca, ya está acordado. Cuando se pactó la entrega, también se planeó una audiencia de por lo menos una hora para plantearle al Presidente la problemática de todos los pueblos indígenas.

¿La habrá?
La estamos pidiendo, pero no sabemos si se concederá. Es indispensable entregar la vara y que haya diálogo, sólo así se podrá avanzar, de lo contrario volveríamos a lo mismo de siempre. La vara descansa sobre un principio filosófico: mandar obedeciendo.
Margarito Ruiz, maya-tojolabal del Consejo Indígena de Chiapas, expresó: “La mayoría de los pueblos indígenas votamos por Andrés Manuel, lo vemos como aliado, y la entrega del bastón es muestra de confianza y esperanza”.

Y Julio Atenco, representante de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, describió: “Consideramos válido consagrar el bastón a la Guadalupana o a Tonantzin, bajo la concepción mexica, para que, al entregárselo a AMLO, tenga la bendición de la madre de Dios o de la madre tierra, y su gobierno sea exitoso. Él, a cambio, tendrá que comprometerse con los pueblos a gobernar con justicia y equidad, y debe saber que no es un juego”…

MEXICO: Alertan sobre indígenas patito… autoridades ignoran
Daniel Blancas Madrigal / Crónica

Desde octubre de 2017, al menos 20 organizaciones indígenas alertaron a la Presidencia de la República, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral y al INE sobre la aparición de “gobernadores indígenas patito” en el país, con el objetivo de lucrar con la imagen de los pueblos originarios; los mismos que pretenden entregar un bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el documento de siete páginas, compartido a Crónica, se expone: “Con preocupación hemos sido informados que, desde el 25 de enero de 2016, quedó registrada ante la Secretaría de Economía, la Asociación Civil Gubernatura Indígena Nacional. En el acta protocolaria, nombraron a Hipólito Arriaga Pote como Gobernador Indígena Nacional… Nosotros no lo reconocemos. Tampoco validamos a los supuestos gobernadores indígenas en varias entidades del país. No fueron nombrados en Asamblea Nacional”. Y señalan: “La usurpación de funciones contraviene lo establecido en la Carta Magna… La proliferación de estas Gubernaturas genera autoridades paralelas que causan conflictos hacia el Estado y en los pueblos indígenas. Con dolo rompe y quebranta nuestra cosmovisión y folkloriza nuestra cultura”. “Nadie puede ni debe suplantar la voz de los pueblos indígenas de México. Tampoco abrogarse una representación indígena nacional, con la pretensión de abanderar la gestión presupuestal indígena y defender los derechos político electorales de los pueblos”.

Las autoridades aludidas respondieron con indiferencia al reclamo de frenar “la suplantación de funciones de falsos representantes indígenas”.

Entre los grupos firmantes estaban la Red Nacional Indígena, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, el Movimiento Indígena Nacional, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la CDMX.

MEXICO: Los planes del gobierno de AMLO podrían enfrentar cientos de conflictos territoriales
Laura Castellanos / New York Times

El 1 de diciembre se inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dirigente de izquierda que arrasó en las elecciones presidenciales mexicanas del 1 de julio al obtener más del 50 por cientode la votación nacional.
Sin embargo, López Obrador ha comenzado a gobernar desde hace meses con la celebración de consultas ciudadanas en las que, entre otras cosas, se decidió la cancelación del proyecto de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México y la construcción de grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, el tren del istmo de Tehuantepec y una refinería en Tabasco, su estado natal.

“No se va a destruir la naturaleza, no se van a contaminar las tierras, el agua, el aire; se va a lograr el desarrollo sustentable”, dijo el políticodurante su campaña. Pero aunque el nuevo gobierno creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y ha dicho que se deben hacer consultas con los pueblos originarios de cada región, diversas organizaciones y expertos en temas de medioambiente han alertado sobre los peligros que entraña la construcción de estas obras para el ecosistema y las tierras de las que dependen distintas comunidades.

Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, considera que los conflictos socioambientales serán el asunto central con el nuevo gobierno: “Ese va a ser el tema del próximo sexenio: el de la lucha territorial contra el extractivismo nacional o extranjero”.

Olivos dice que la política de López Obrador es explotar no solo el subsuelo sino también lo que está en la superficie, “en tanto el territorio es cultura, sociedad, religión y también es explotable”.

Tierra de guerreros
El enfrentamiento de los proyectos gubernamentales y los intereses privados con las comunidades rurales e indígenas no es una novedad en México. Eso lo sabe la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, que ha sido la más violentada en la última década por luchar contra el saqueo de su territorio. Hace nueve años fundaron Xayacalan, un asentamiento ubicado en la franja costera que busca impedir el despojo de más de siete mil hectáreas donde hay catorce concesiones mineras. Xayacalan significa “tierra de guerreros” y representa la lucha que la comunidad ha librado contra terratenientes, talamontes, grupos criminales y fuerzas policiales y federales para impedir el tráfico ilegal de hierro y madera. La resistencia ha tenido un costo sangriento para la comunidad: 34 asesinatos —entre ellos un niño— y seis desapariciones en casi una década.

En México existen al menos 205 conflictos comunitarios contra megaproyectos y en defensa del territorio y los bienes naturales, según los estudios de María Fernanda Paz, académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta estimación incluye el caso de Ostula y toma en cuenta los procesos de organización social, pero podría considerarse conservadora: Víctor Toledo, investigador de la misma universidad, calcula que los conflictos ambientales en el país sobrepasan la cifra de quinientos. Explica que “un 75 % de los casos están vinculados a procesos de expansión del capital y de mercantilización del ambiente (agua, viento, minerales, bosques) con fines extractivos o de infraestructura urbana”. Según la investigadora, las luchas de las comunidades se originan por la contaminación del agua, el aire o el suelo; la destrucción de ecosistemas, reservas naturales, cultivos o sitios naturales sagrados; el despojo de agua o territorio, y el daño de entornos cotidianos o laborales.

En el registro de Toledo, 78 por ciento de los casos son provocados por proyectos mineros, energéticos, hídricos, de vías de comunicación, desarrollo turístico y urbano. “Son proyectos depredadores de grandes compañías extranjeras o nacionales y de empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”, apunta el investigador.

Toledo explica que esos conflictos proliferaron durante la última década, pero el marco jurídico que los propició fue implementado en los años noventa durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En su estudio, 46 por ciento de los casos pertenecen al rubro minero (188) y energético (70).

Las leyes que regulan ambos sectores establecen que lo que hay en el subsuelo es un bien público, lo que posibilita que el gobierno otorgue concesiones para su explotación al dar prioridad a los intereses particulares por sobre los sociales y ambientales, en opinión de los investigadores.

Los conflictos derivados de la industria extractiva pueden surgir a partir del otorgamiento de una concesión, primer peldaño para la potencial explotación del territorio. En su anuario de 2017, el Centro de Análisis e Investigación Fundar señala que en el país hay 24.709 concesiones mineras que comprometen una superficie de 20,79 millones de hectáreas (un área mayor a la superficie continental de países enteros como Uruguay o Nicaragua).

La lucha por la vida
En la última década se han registrado 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México: de esa cifra, 108 han sido asesinatos. De estos delitos, 82 fueron perpetrados contra personas indígenas.
Los activistas rarámuri Julián Carrillo e Isidro Baldenegro López son algunos de los defensores que han sido asesinados recientemente. Carrillo reivindicaba los derechos de los indígenas del estado de Chihuahua y sus territorios. Pese a estar protegido por el Estado fue asesinado el 24 de octubre por individuos que portaban armas de alto calibre.

Baldenegro López, también de Chihuahua, se enfrentó a los talamontes para defender los bosques en su municipio de Guadalupe y Calvo. El activista sufrió intimidaciones, la criminalización, la cárcel y el desplazamiento forzado. Su lucha le hizo merecedor del Premio Goldman, un galardón internacional considerado el Nobel de ecología. Sin embargo, eso no impidió que fuera asesinado en 2017.

Las comunidades rurales y los núcleos urbanos afectados enfrentan los megaproyectos a través de protestas, la conformación de asambleas, la vía jurídica, la acción directa (cierre de carreteras, toma de oficinas de gobierno) e incluso las armas. Es el caso de los comuneros de Aquila, Michoacán, que en 2013 crearon una autodefensa contra grupos criminales y la minera Ternium. La respuesta a esas resistencias pueden ser intentos de corromper a los líderes, coerción, amenazas, agresiones y el encarcelamiento o el asesinato de luchadores, como fue el caso de Baldenegro.

La investigadora María Fernanda Paz explica que la población más vulnerable que confronta los megaproyectos es la campesina e indígena. Junto con el académico Jorge Peláez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, documentó 114 pugnas medioambientales impulsadas por esa población de 2010 a 2017. En 77 casos hubo violencia: veintiocho eran de carácter extractivo y veintidós de empresas productoras de energía (como hidroeléctricas y parques eólicos).

Mariano Abarca era un activista de Chicomuselo, Chiapas, que fue asesinado en 2009 por enfrentarse a una empresa minera canadiense y había denunciado amenazas de muerte, agresiones y una detención ilegal, pero se negó a claudicar. “Si es necesario dar la vida se tiene que dar y demostrar con hechos que estamos dispuestos a defender a la madre naturaleza”, dijo en una entrevista.

En los conflictos contra mineras la violencia es un mecanismo predominante. La geógrafa Sol Pérez Jiménez consigna que en el país hay 922 proyectos en exploración, 270 en operación y 65 en desarrollo que han provocado 114 conflictos, en 90 por ciento de los cuales las comunidades han sufrido algún tipo de violencia.
Pérez Jiménez explica que cada proyecto lo integra una multiplicidad de concesiones y un conflicto pueden constituirlo diversas comunidades afectadas. La académica observa que el gobierno y las empresas han recurrido a estrategias de cooptación, división, represión y persecución “para provocar la fractura social; es un patrón general, a veces en relación con grupos criminales”.

Si el estudio de los conflictos sociales y ambientales existentes se focaliza y se hace en el terreno, la presencia de la violencia es permanente. Un informe no difundido de la Red de Afectados Contra la Minería (REMA), al que tuvo acceso The New York Times, señala que por lo menos 150 comunidades en pugna contra mineras, ubicadas en el centro y norte de Guerrero, presentan una escalada de violencia tras el arribo de las empresas canadienses en 2008. El documento precisa que estas localidades están regadas en una extensión de más de 200.000 hectáreas concesionadas a mineras, en el llamado cinturón dorado que concentra la mayor riqueza de oro nacional.

El informe advierte que en esa región hay una estrategia de desgarramiento social con la intervención de grupos criminales, en la que acontecen ocho modalidades de violencia: asesinatos, desapariciones, secuestros, despojo u ocupación territorial, toque de queda, reclutamiento criminal de jóvenes locales, extorsiones y desplazamientos forzados. “En esa zona ya operan por lo menos cinco empresas de canadienses y de privados mexicanos y, desde su aparición, el crimen organizado ha jugado un papel relevante en la imposición de esos proyectos”, se sostiene en el documento.

El futuro de las tierras
Paz considera que esta oleada de conflictos en México ha generado, en contraparte, procesos colectivos de cohesión, revaloración del territorio, rescate de la identidad y la cultura y de empoderamiento de mujeres y jóvenes. En un sentido similar, Toledo sostiene que en México ahora hay más movimientos combativos que ponen en jaque al gobierno y a las empresas: “Estamos en una especie de empate, pero las resistencias avanzan”. Las más visibles son las de los pueblos originarios, aposentados en las regiones consideradas como las de mayor riqueza natural del país.

Un ejemplo notable es el de 230 comunidades indígenas del Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, que ha conseguido la cancelación de 22 de las 44 concesiones mineras dadas en una extensión de 142.000 hectáreas.
Enrique Peña Nieto, presidente saliente de México, aprobó diez decretos de reserva de agua, que según el portal Verificado 2018 representan el 55 por ciento de los lagos y ríos del país, y que asociaciones como Agua para Tod@s ven como una clara privatización del líquido. También decretó Zonas Económicas Especiales, áreas geográficas estratégicas en estados con pobreza y presencia indígena como Chiapas, Tabasco y Veracruz; para la organización civil Otros Mundos, estas zonas especiales privilegiarán cadenas de producción extractiva y de desarrollo de infraestructura a gran escala en beneficio de multinacionales.

Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador dijo que impulsará la aprobación de los Acuerdos de San Andrés, una iniciativa de ley que las autoridades federales firmaron con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1996, en la que se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el de la autonomía y el de la consulta sobre sus territorios.

El abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor de una docena de libros sobre derechos indígenas, toma con reservas las promesas de López Obrador sobre los pueblos originarios. “¿Los empresarios con los que se ha reunido lo van a permitir?”, inquiere. “Ellos tienen las concesiones mineras, de eólicas, de aguas…”.

Miguel Mijangos, integrante de REMA, dice que el nuevo presidente ha pasado de tener una posición crítica a promover la industria minera, por tener como aliados a empresarios con intereses mineros y determinados líderes sindicales. “Ha sido decepcionante, de nada sirve que López Obrador transite a una minería amigable si no entiende lo que es la minería a cielo abierto”, señalada como altamente tóxica. Mientras tanto, en el escenario de los conflictos comunitarios se abren nuevos frentes. Fundar asegura que 14,3 por ciento del territorio que el gobierno saliente planeaba adjudicar para la exploración y extracción de hidrocarburos es de carácter indígena.

Fermín Ledesma, integrante del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque, de la región norte de Chiapas, cuyas movilizaciones lograron de forma excepcional que la concesión de su territorio no se licitará durante la Ronda 2,2 de la Secretaría de Energía, estima que no hay garantías de que su territorio no vuelva a licitarse bajo el nuevo gobierno.

“Nuestro escenario no cambia”, afirma. “Vamos a seguir nuestro proceso de resistencia y de lucha, pero con más organización ahora”.

YUCATAN: Resistencia indígena, una piedra en el zapato para próximo gobierno de México
Reuters

San José Tipceh. Desde hace meses, habitantes de la comunidad mexicana San José Tipceh, enclavada en el extremo oriental del país, están en pie de guerra.

Su meta es impedir el avance de un millonario proyecto de energía renovable de una firma estadounidense, que debía haber iniciado operaciones este año, ya que temen por el impacto que podría tener en sus comunidades.

Amparados en una ley mexicana que obliga al Gobierno a consultar con pueblos indígenas sobre los proyectos a desarrollarse en sus territorios, menos del cinco por ciento de los casi 500 habitantes del lugar se opone a la construcción de un parque solar de SunPower, según autoridades.

Pero no es una escena aislada.

Indígenas en el sur del país rechazan una decena de proyectos de energía limpia subastados por el Gobierno en 2016, una oposición que, según expertos, tiene el potencial de detener el desarrollo del país al impactar la construcción de grandes obras de infraestructura en todos los sectores.

“Si no se atiende, puede convertirse en el principal problema para el crecimiento económico del país”, dijo Héctor Garza, de la firma internacional de abogados Ritch Mueller, quien ha asesorado al Gobierno en temas medioambientales.

Quienes se oponen a los proyectos, aseguran que las construcciones transformarán su medioambiente y que las firmas no les ofrecen compensaciones justas en comparación con lo que van a ganar.
Mientras tanto, la demora también está comprometiendo la meta del saliente gobierno de generar más de un tercio de la electricidad del país con fuentes limpias para 2024.

En la misma zona, al sur del país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, planea erigir dos de las obras claves de su plan de infraestructura, algo que podría tropezar con la voluntad de los millones de indígenas que mantienen vivas las tradiciones de las culturas mesoamericanas.
Retrasos y gastos
En años recientes, integrantes de dos de las 68 comunidades étnicas de México han obligado al Gobierno a retrasar sus planes poniendo en jaque unos 1,111 millones de dólares en inversiones, de acuerdo a cifras de la Asociación Peninsular de Energía Renovable, que agrupa a las empresas presentes en Yucatán.

Un funcionario de la Secretaría de Energía aseguró a Reuters que sólo cinco de los 10 proyectos de energías limpias en el sur del país han tenido conflictos serios con las comunidades. Sin embargo, activistas y residentes de la zona sostienen que rechazan los 10 proyectos en Yucatán y Oaxaca. “Cada día que pasa tiene asociados ciertos gastos”, se lamentó Adrien Mallet, director de desarrollo de proyectos de SunPower en México, agregando que están dispuestos a seguir aguardando para garantizar la solidez del demorado proyecto.

El parque debió haber comenzado a operar en agosto de 2018, según el calendario original, pero debido a las dilaciones se ha aplazado su puesta en marcha hasta septiembre de 2020. El proyecto recibió esta semana el consentimiento de los pobladores, después de más de un año y medio de negociaciones. “Yo no lo considero un tiempo perdido. Nosotros lo vemos más como una inversión en fortalecer y establecer un vínculo sólido e inalterable con la comunidad”, agregó el ejecutivo. Sin embargo, el resultado de la consulta no significa necesariamente que tenga el visto bueno de los todos indígenas de la comunidad.

En San José Tipceh, en medio de la selvática región de Yucatán, Damián Mugarte, un indígena maya de 28 años, dijo que quienes rechazan el proyecto están dispuestos a llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia. “Prácticamente vamos a vender a nuestra familia por un poco de dinero”, dijo a Reuters sentado en la entrada de la comisaría municipal, a menos de 500 metros de donde la empresa planea colocar más de un millón de paneles solares.

Otros habitantes del empobrecido poblado creen que la puesta en marcha del parque podría detonar la economía local, generando empleos en la comunidad, dedicada al cultivo de maíz, limón y mandarina.  “Aquí apenas estamos sobreviviendo”, se quejó Anastacio Ake, un pastor evangélico de 62 años, satisfecho con los 3,500 dólares anuales que recibirá de Sunpower cada propietario de parcela. La firma también ofreció instalar paneles solares en sus casas y mejoras en la infraestructura de la zona. Mediante la consulta indígena, el Gobierno informa a las comunidades sobre las ventajas y desventajas del proyecto antes de su puesta en marcha, así como la compensación que sus integrantes obtendrían al aceptar su desarrollo.  Pero las comunidades y organizaciones internacionales como la ONU han documentado que, en muchos casos, los indígenas mexicanos no han sido consultados adecuadamente y que los permisos fueron otorgados sin considerar su opinión.

Nudo Gordiano
La península de Yucatán, donde está San José Tipceh, es un territorio de unos 125,000 kilómetros cuadrados que divide al Golfo de México del mar Caribe y una de las regiones del país con mayor potencial para desarrollar energías limpias por sus fuertes vientos e inclemente sol la mayor parte del año. La zona es una gran consumidora de energía debido a la presencia de importantes centros turísticos como Cancún. Allí, proyectos eólicos y solares de empresas como la china Jinko Solar, que ya deberían estar operando según el calendario original, sufrieron retrasos en espera del consentimiento de las comunidades indígenas.  Debido a las demoras, el fondo de capital local GBM Infraestructura dijo a principios de agosto que había cancelado su participación en el parque eólico Chacabal, que debería haber comenzado a producir energía a fines de marzo de 2018.

No fue inmediatamente posible obtener comentarios de las empresas.

Pero el problema no sólo está castigando a Yucatán.

En la costa del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, herederos de la antigua civilización mesoamericana Zapoteca mantienen suspendida desde abril la construcción de un parque eólico de la estatal francesa EDF, amparados en una orden judicial. Algunos pobladores se oponen a la decisión de construir un nuevo parque porque consideran que los beneficios de las más de veinte instalaciones que ya operan en sus territorios no han llegado a todos en las comunidades.

Reuters no pudo comprobar independientemente las denuncias.

Los lugareños también argumentan que no fueron consultados previamente por el Gobierno y que, en todo caso, no están en condiciones de negociar sobre el proyecto porque tienen tareas más urgentes como reconstruir las miles de viviendas que derrumbó un mortal sismo en septiembre de 2017. La firma, que les ha propuesto ayudar con la reconstrucción, asegura que los retrasos estarían poniendo en riesgo no sólo el parque, sino el futuro de nuevas inversiones de la compañía en el país.

“¿Hasta dónde podremos aguantar?”, se preguntó Víctor Tamayo, director regional de EDF en México. “Gran parte del problema que estamos viviendo es a causa de que no hay reglas y el Gobierno federal es responsable”.

La oposición de las comunidades a una nueva instalación ha generado un repunte de la violencia en la zona y también en Yucatán, denunciaron organizaciones de derechos indígenas. “No hay ningún beneficio para nosotros los pueblos, al contrario, incrementó la pobreza, la violencia”, comentó Bettina Cruz, una activista en contra de los proyectos eólicos.

Entre julio y octubre fueron asesinados cinco defensores del territorio en la región, según un recuento de ProDESC, una ONG que asesora a los indígenas zapotecas en su lucha.

La ONU ha documentado que las comunidades indígenas en la zona han sido víctimas de intimidaciones y que habrían sido obligadas a firmar contratos con particulares mediante engaños e información insuficiente, aunque no mencionó por su nombre a alguna empresa. EDF rechazó las acusaciones de Naciones Unidas y el Gobierno no estuvo inmediatamente disponible para comentar.

Enfrentar lo que sea necesario
Las confrontaciones entre indígenas y grandes corporaciones no son exclusivas de México. En el resto de América Latina grandes proyectos energéticos y de minería también enfrentan cancelaciones o retrasos por conflictos con las comunidades.

En México, los derechos de los indígenas ganaron fuerza en 1994 tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pero desde entonces ha habido pocos avances a pesar de que el Gobierno se ha comprometido a respetarlos. La consulta indígena nunca ha sido adecuada a la legislación interna, abriendo la puerta a disputas.  “Es un proceso nuevo, poco regulado, y hay un nivel alto de desconfianza particularmente de la población indígena”, dijo Rodolfo Salazar, director de Impacto Social de la Secretaría de Energía. “Hacen falta reglas claras para poder desarrollar los procesos de consulta”.

Adelfo Regino, propuesto por López Obrador para dirigir el futuro instituto de atención a pueblos indígenas, dijo que el próximo gobierno modificará la Constitución para reconocer el derecho de los pueblos a la consulta y que revisará los permisos que han sido otorgados sin consentimiento de las comunidades.

Mientras tanto, organizaciones civiles en el sur del país están comenzando a poner la mirada en dos proyectos de infraestructura más ambiciosos de López Obrador, con los que busca incrementar el turismo y dinamizar la economía de la zona. Hay pocos detalles sobre las obras, pero una de ellas, el llamado Tren Maya, recorrerá 1,525 kilómetros en los estados Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, conectando selva virgen con playas del Caribe y del Golfo de México.

Con el Corredor Transístmico, el próximo presidente busca desarrollar un polo industrial que conecte el Golfo de México con el océano Pacífico. El proyecto incluye el desarrollo de carreteras, la modernización de puertos y la rehabilitación de un tren entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Organismos como Amnistía Internacional han alertado sobre la importancia de consultar con los pueblos originarios antes de iniciar las obras. El equipo de López Obrador dijo que la consulta indígena iniciará una vez que tomen el poder el 1 de diciembre. Las dos obras fueron aprobadas el fin de semana en una consulta ciudadana convocada por el presidente electo; pero en la península de Yucatán, activistas aseguran que hasta ahora ninguna de las más de 163 comunidades por las que pasaría el Tren Maya han recibido información del proyecto. “En las comunidades hay preocupación si será un proyecto en el que nuevamente no se les va a tomar en cuenta o si van a buscar a personas afines al gobierno para simular el aval de los pueblos, una práctica recurrente en la península”, dijo Carlos Escoffié, abogado de un colectivo de comunidades mayas.

ECUADOR: Declaración de Fin de Misión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz al finalizar su visita

Quito. En mi capacidad de Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas he visitado Ecuador del 19 al 29 de Noviembre de 2018. Para comenzar, me gustaría dar las gracias al Gobierno de la República de Ecuador por su invitación y por permitirme llevar a cabo mi visita de manera independiente. Considero esta invitación como una indicación de la voluntad del Gobierno de avanzar en un diálogo constructivo hacia la plena implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el país. Durante los once días de mi visita me he reunido con el Presidente de Ecuador, su Excelencia Lenin Moreno, varios ministros y representantes de alto nivel de diferentes ministerios e instituciones gubernamentales, la Presidenta de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría del Estado y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Me he reunido igualmente con representantes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y con los miembros del sistema de las Naciones Unidas en el país.

He participado en una asamblea nacional indígena en Quito y en dos asambleas indígenas regionales en Yakuwasi, Victoria del Portete, y Lago Agrio, organizadas por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), sus confederaciones ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE y sus federaciones y organizaciones. Me gustaría expresar mi gratitud a la CONAIE por el trabajo realizado para organizar y coordinar estas importantes reuniones. En ellas he tenido la oportunidad de reunirme con cientos de representantes de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra, la Costa y la Amazonía. Además visité el centro shuar de Kupiamai y la comunidad de Tundayme en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y la comunidad Sápara de Jandayaku en Pastaza. En la ciudad de Latacunga me reuní con representantes de los pueblos indígenas de la Sierra para tratar el tema de la justicia indígena, y en Cangahua, miembros del pueblo Kayambi me explicaron sus acciones y propuestas sobre educación intercultural bilingüe. Lamento no haber podido visitar los territorios de las nacionalidades indígenas de la Costa, pero tuve la posibilidad de reunirme con miembros de las nacionalidades épera, chachi y awá en Ibarra. Mantuve también reuniones con autoridades de la nacionalidad waorani, entre ellas las de la comunidad de Bameno, y reuniones con mujeres indígenas. Me gustaría expresar mi más profundo pesar a las comunidades que me invitaron pero a las que no pude acudir debido al poco tiempo disponible en mi misión, en particular a la comunidad de Molleturo, afectada por el proyecto de Río Blanco. Quiero asegurarles que consideraré con mucha atención toda la información que me han enviado en mi informe final.

En todas estas reuniones he recibido una gran cantidad de testimonios orales e información escrita. Revisaré en detalle esta información durante los próximos meses para preparar mi informe final al Consejo de Derechos Humanos que se presentará en Septiembre de 2019. Por el momento, me gustaría compartir algunas observaciones y recomendaciones preliminares.

Mi visita a Ecuador tiene lugar en el décimo aniversario de la adopción de la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, pensé que sería oportuno evaluar los avances en la implementación de los compromisos constitucionales referidos a la construcción de un Estado Plurinacional, incluida la aplicación efectiva de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la luz de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador en esta materia. Quería igualmente monitorear las observaciones y recomendaciones pertinentes hechas por mis predecesores, Rodolfo Stavenhagen en 2006 y James Anaya en 2009.

Como resultado de la organización y la movilización de los pueblos indígenas para afirmar sus derechos colectivos, se han producido en Ecuador importantes avances desde finales de la década de 1980 en términos de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se establecieron varias instituciones estatales autónomas, bajo control directo de los pueblos y nacionalidades indígenas, que ayudaron a implementar la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural y el desarrollo con cultura e identidad, a la vez que fortalecían las organizaciones y los sistemas de gobernanza propios de los pueblos indígenas. Igualmente se avanzó en el reconocimiento y titulación de tierras y territorios indígenas como menciona el Relator Especial Stavenhagen en su informe de 2006.

La Constitución de Ecuador de 1998 reconocía algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el mismo 1998 Ecuador ratificó el Convenio número 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. En la primera década del siglo XXI, Ecuador reafirmó su compromiso con estos derechos al votar a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007. En el nivel internacional ha continuado apoyando las cuestiones indígenas tanto en el ámbito de los derechos humanos como del cambio climático, y en la actualidad co-preside la celebración del Año de las Naciones Unidas sobre las lenguas indígenas 2019. Recientemente Ecuador ha firmado el acuerdo de Escazú, que espero sea pronto ratificado. La Constitución de 2008 declaró que Ecuador era un Estado plurinacional y multicultural, consagró la directa e inmediata aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y reconoció 21 derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en su artículo 57. También reafirmó el reconocimiento de la justicia indígena. Otros rasgos importantes de la Constitución de Montecristi fueron el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la afirmación del Sumak Kawsay, buen vivir, como la aspiración general para toda acción pública. Esto parecía proporcionar una base sólida para la construcción de un nuevo modelo de Estado. Sin embargo, el Estado plurinacional que debía construirse a través del diálogo intercultural, todavía no se ha conseguido.

Durante la pasada década se produjo una regresión en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos y nacionalidades indígenas fueron excluidos de los procesos de decisión estatales, incluso en las cuestiones que les afectaban directamente. Más aún, la afirmación de sus derechos fue a menudo respondida con violencia y criminalización. En estos últimos años he dirigido al Gobierno de Ecuador varias comunicaciones expresando mi preocupación por violaciones de los derechos humanos vinculadas a la protesta social y a la defensa pacífica de los derechos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales en el contexto de proyectos extractivos impuestos sin consulta ni consentimiento. Se denunció el uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado y se utilizó la declaratoria de estados de emergencia para controlar la protesta social. En mi opinión, es muy importante que el actual Gobierno investigue estas violaciones, garantice su no repetición y proporcione la reparación adecuada a las víctimas. En este sentido, se me ha informado sobre las peticiones de amnistía presentadas por la CONAIE en el marco del actual diálogo con el Gobierno. Se han concedido siete indultos y una amnistía a defensores de derechos indígenas, y la Asamblea Nacional está considerando un proceso simplificado para el análisis de 137 peticiones pendientes. Espero sinceramente que se produzcan avances en este tema a la mayor celeridad.

Durante los últimos diez años se promovió un proceso de transversalización de la interculturalidad y los derechos colectivos a través de los Consejos de Igualdad. Esto fue acompañado de la eliminación de la institucionalidad autónoma indígena y la elaboración de planes nacionales de desarrollo sin participación significativa de los pueblos indígenas, con una interpretación monocultural del Sumak Kawsay. En mi opinión, la igualdad se ha aplicado de un modo que ignora las condiciones pre-existentes de discriminación sufridas por los pueblos indígenas, debido a razones históricas y de otro tipo, y sus derechos colectivos consagrados en el derecho internacional de derechos humanos. La imposición de este concepto desafortunado de la igualdad ha invisibilizado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha aumentado la discriminación y ha obstaculizado los avances en términos de plurinacionalidad e interculturalidad. Durante mi visita, me alegró saber que el nuevo Gobierno ha decidido abrir canales de diálogo con los pueblos indígenas para responder a sus demandas y preocupaciones. Este diálogo, iniciado hace un año, es un cambio muy positivo en comparación con las conflictivas relaciones del pasado. En mis reuniones con el Presidente de la República y con representantes de su Gobierno se me informó sobre medidas ya adoptadas o por adoptar para cumplir con el mandato presentado por la CONAIE como marco de este diálogo.
Como resultados positivos de este diálogo se me ha informado de la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y sobre el restablecimiento de la universidad indígena Amauta Wasi. Deseo subrayar la importancia de destinar los recursos presupuestarios necesarios a estas instituciones y garantizar su autonomía. He sido también informada sobre el nombramiento de personas indígenas en posiciones de alto nivel de las instituciones estatales, como en el Consejo Nacional Electoral, el Consejo para la Participación Ciudadana y Control Social, así como sobre la propuesta de candidatos indígenas para la Corte Constitucional. Celebro estos nombramientos y espero que generen cambios positivos. Pese a todo, los pueblos indígenas me han expresado dos preocupaciones principales en relación con la situación actual. En primer lugar, su desencanto por la lentitud en la adopción de medidas concretas para responder a las principales demandas relativas a sus derechos fundamentales, como sus derechos sobre sus tierras y territorios, el respeto de sus autoridades propias, su autonomía y autogobierno, incluidos los sistemas de justicia indígena, la adecuada operacionalizacion de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, o la implementación intercultural de sus derechos económicos, sociales y culturales.

En segundo lugar, me han reiterado su profunda preocupación sobre las medidas anunciadas por el Gobierno en relación con la activación de anteriores concesiones mineras y petroleras y por la licitación de otras nuevas. En este sentido, se me informó de la activación de las concesiones licitadas en la XI ronda petrolera, de distintas concesiones mineras, de una nueva XII ronda petrolera ('intracampos') para ocho nuevos bloques en Sucumbíos, de los planes para iniciar la explotación del bloque Ishpingo o de la construcción de represas hidroeléctricas. Me preocupa especialmente que estas medidas e iniciativas, que tendrán graves impactos sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, se hayan adoptado sin consultas adecuadas y sin obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. Teniendo en cuenta, por un lado, la voluntad expresada por el Gobierno de mantener un diálogo intercultural y continuo con los pueblos indígenas y, por otro, las preocupaciones arriba señaladas, me gustaría proporcionar algunos comentarios preliminares sobre los temas que considero prioritarios y que el nuevo Gobierno debería abordar sin tardanza para garantizar el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Estos comentarios no deben considerarse exhaustivos y serán tratados en mayor profundidad en mi informe final, tras examinar la información recibida de los pueblos indígenas, las instituciones gubernamentales y otros durante mi visita.

Problemática especial de los pueblos indígenas de escasa población
Algunos pueblos y nacionalidades de Ecuador se enfrentan a especiales dificultades debido a que cuentan con pocos miembros, lo que pone en riesgo la transmisión de sus lenguas y culturas y su propia supervivencia. En mi diálogo con los pueblos indígenas se me informó de al menos dos pueblos que ya han desaparecido. La nacionalidad sápara tiene una población estimada de 400 personas en Ecuador. Dado que sólo quedan dos hablantes de la lengua sápara, hay un alto riesgo de desaparición de su lengua y por tanto, de su cultura, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Teniendo en cuenta los problemas que enfrentan, se expresó la preocupación de que la nación sápara pronto podría ser extinguida.

Durante mi reunión con los representantes sápara en la comunidad de Jandayaku se me informó de la creciente presencia de extraños en su territorio. Los conflictos con otros habitantes dentro de su territorio han aumentado como resultado de los inadecuados procesos de consulta llevados a cabo en el marco de la XI ronda petrolera. En este contexto, se alega que se han producido amenazas, ataques, campañas de desprestigio y asesinatos contra personas sápara que se oponen a las operaciones petroleras. La violencia y las amenazas están teniendo un impacto negativo en la vida cotidiana de los sápara, ya que temen ir a cazar o trabajar en sus chacras. Los sápara informaron también sobre la interferencia indebida de las instituciones estatales en el reconocimiento de sus autoridades electas, incluida la resistencia a reconocer a la nueva presidenta elegida por la nación Sápara en diciembre 2017. Quisiera solicitar al Gobierno que investigue con celeridad estos casos, lleve a los posibles perpetradores ante la justicia, e inicie un diálogo sustancial con la nación sápara y sus legítimos representantes sobre sus demandas relativas a la suspensión de las concesiones que afectan a sus tierras y territorios y se les permita seguir su propia senda de desarrollo.

Mantuve también una reunión especial con representantes de las naciones épera, chachi y awá de la región de la Costa. Como en otras partes del país, estas nacionalidades insistieron en la intrusión de actividades legales e ilegales en sus tierras, en particular madereras, mineras y plantaciones de palma africana y sobre los graves impactos que dichas actividades tienen sobre el medio ambiente, el agua, los cultivos, la seguridad alimentaria y la salud. La situación de estas tres nacionalidades y de las otras cinco que viven al norte del país se ve agravada por la inseguridad y los problemas en la zona fronteriza con Colombia, incluidos los impactos de las fumigaciones aéreas, la militarización, la presencia de actores armados ilegales y de narcotraficantes. Además se me habló del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes y de casos y violencia sexual y trata. En general, los representantes de estas naciones me indicaron la sensación de abandono que sentían por parte del Estado. Señalaron la ausencia y la interrupción de la cobertura de los servicios sociales básicos debido a la situación de inseguridad así como la falta de recursos destinados a solucionar las necesidades y problemas especiales de esta región. Saludo la información recibida del equipo país de las Naciones Unidas y la Defensoría sobre su intención de poner en marcha un sistema de alerta temprana para monitorear y prevenir la operación de actores ilegales y la violencia derivada de su presencia.

Observaciones finales
Me he referido a los principales logros y preocupaciones que se me comunicaron durante mi misión a Ecuador. También hay otras cuestiones adicionales que trataré de abordar en mi informe final incluidas las cuestiones de migración y poblaciones urbanas, juventud indígena, medios de comunicación y radios comunitarias indígenas, entre otros.

El foco principal de mi visita de 11 días ha sido la evaluación de cómo podría retomarse el camino hacia la plurinacionalidad. Debo concluir que no es posible cumplir realmente con los compromisos de la Constitución sin el pleno reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el derecho internacional de derechos humanos. La protección de los derechos de la naturaleza tampoco podrá alcanzarse sin proteger a aquellos que la protegen. Tengo la esperanza de que se puedan dar avances concretos hacia este objetivo en el marco del actual diálogo entre el Estado ecuatoriano y los pueblos y nacionalidades indígenas.

Aliento al sistema de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a apoyar y brindar apoyo al Gobierno y a los pueblos indígenas en este proceso, así como a garantizar la integración de los derechos de los pueblos indígenas en el Marco de Cooperacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2019-2022.

Quisiera reiterar mi gratitud al Gobierno por la invitación y cooperación durante la visita. Permítanme asegurarles mi disponibilidad para cualquier solicitud de su parte que ayude a progresar en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

UZBEKISTAN: Grandes progresos en materia de trabajo forzoso y de trabajo infantil en los campos de algodón
Los supervisores de la Organización Internacional del Trabajo afirmaron que el trabajo forzoso durante la cosecha de algodón se ha reducido de manera significativa
OIT

De los trabajadores que participaron en la cosecha de algodón de 2018, 93 por ciento lo hizo voluntariamente. La contratación sistemática de estudiantes, docentes, doctores y enfermeros fue erradicada.  Sin embargo, de acuerdo con los supervisores, en algunas zonas persiste la contratación de recolectores por parte de instituciones, agencias y empresas públicas.

El trabajo infantil, que era problema grave durante la época de la cosecha, ya no es de preocupación. “En muchos sentidos, la cosecha de algodón de 2018 fue una verdadera prueba para Uzbekistán”, declaró Beate Andrees, Jefa del Servicio Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT. “Hace un año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Mirziyoyev comprometió su gobierno a colaborar con la OIT y el Banco Mundial a fin de erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. A este compromiso político, siguieron cambios estructurales y reformas en las prácticas de contratación. Los supervisores de la OIT observaron que estas medidas están dando resultados y que las personas en el terreno pueden ver la diferencia”. Durante la cosecha de algodón de Uzbekistán, se realiza la contratación más grande del mundo con unos 2,6 millones de trabajadores temporales todos los años. El terreno destinado al cultivo de algodón ha sido reducido, pero su cosecha sigue siendo una fuente importante de ingresos, sobre todo para las mujeres que viven en las zonas rurales.

Seguimiento a cargo de terceros
La OIT ha supervisado la cosecha de algodón para identificar el trabajo infantil desde 2013, gracias a un acuerdo con el Gobierno, los empleadores y los sindicatos de Uzbekistán. En 2015, en el marco de un acuerdo con el Banco Mundial, comenzó a supervisar el uso del trabajo forzoso y el trabajo infantil durante la cosecha. Los expertos de la OIT realizaron 11 000 entrevistas imprevistas e individuales a los recolectores de algodón y otras personas involucradas en la cosecha en todas las provincias del país, para conocer la situación en el terreno. Este año, los activistas en defensa de los derechos humanos participaron en un número de entrevistas de campo, campañas de sensibilización y análisis de los casos recogidos a través de una línea directa gubernamental destinada a recibir las quejas y las preguntas.

Ningún representante del Gobierno participó en la supervisión. Además, a fin de garantizar el mayor nivel de integridad, las coordenadas GPS eran generadas aleatoriamente y solo dadas a conocer a los expertos internacionales de la OIT justo antes de su salida hacia el próximo destino. Si bien en 2018 la gran mayoría de los recolectores de algodón participaron voluntariamente en la cosecha, algunos recolectores de las instituciones, empresas y agencias públicas declararon que hubiesen preferido no participar en la cosecha pero no querían tener problemas con su empleador. Otros, en esta misma categoría, declararon que recogían algodón de manera voluntaria debido a las mejores tasas de remuneración y las primas. En el marco de una serie de reformas, el Gobierno de Uzbekistán aumentó los salarios e introdujo una escala salarial diferenciada, de manera que los recolectores recibieran una mayor retribución por kilogramo de algodón hacia el final de la cosecha, cuando las condiciones son menos favorables y hay menos algodón. En 2018, la estructura salarial fue perfeccionada para estimular la movilidad al recompensar a aquellos que deseen recolectar en los distritos menos poblados y de menor rendimiento.

ESPAÑA: Misionera declara que John Chau no suponía ningún peligro para los sentineleses - Survival responde

Mary Ho, directora del grupo misionero que apoyaba a John Chau, declara ahora que Chau no supuso ningún riesgo para la tribu sentenelese. Dice que “estamos hablando de un tiempo diferente, estamos hablando de un tiempo, ahora, en que existe medicina moderna, en que hay antibióticos”.

El Director de Survival, Stephen Corry, dijo:
"Estas palabras revelan un sorprendente grado de ignorancia que pone de manifiesto por qué es tan peligroso que estas personas se acerquen a las tribus aisladas. Les ha llevado casi dos semanas preparar su respuesta, pero veamos en detalle lo que afirman.

Dicen que Chau tenía formación médica. En realidad, tenía un título de salud y medicina deportiva y por lo visto cierta formación en medicina de urgencias. No estaba habilitado para ejercer la medicina. Cuando la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil llevó a cabo las expediciones de “primer contacto” en las décadas de 1970 y 1980, les acompañaban médicos especializados, pero ni siquiera ellos pudieron evitar la expansión de epidemias letales y se suspendieron las expediciones.

Su líder, Sydney Possuelo, dijo que “creía que sería posible hacerlo sin dolor o muertes y organicé uno de los frentes mejor equipados que FUNAI haya tenido nunca. Lo preparé todo (…). Puse en marcha un sistema con médicos y enfermeros. Me aprovisioné con medicamentos para combatir las epidemias que siempre sobrevienen. Disponía de vehículos, un helicóptero, radios y personal experimentado. Pensé: ‘No dejaré que ni un solo indígena muera’. Y se produjo el contacto, las enfermedades llegaron y los indígenas murieron”.

Los misioneros dicen que Chau “intentó conseguir 13 tipos de vacunas” (la cursiva es nuestra). No tenemos ni idea de lo que significa esto. En todo caso, no existe ninguna vacuna disponible contra el resfriado común, que ha sido uno de los principales problemas con los pueblos indígenas aislados. La infección vírica inicial (contra la que no sirven los antibióticos) suele dar pie a infecciones secundarias que resultan mortales. Dicen que Chau “estuvo en cuarentena durante muchos, muchos días”. No sabemos a qué se refieren con “muchos”. Es de suponer que ellos tampoco, porque de lo contrario habrían dado una cifra. Previamente a una expedición de contacto se precisa una cuarentena de más de una semana, incluso en caso de emergencia. Esto es lo mínimo. En todo caso, Chau estuvo en contacto con los pescadores que le trasladaron a la isla, anulando así los efectos de toda cuarentena previa que se autoimpusiera.

Se supone que John Chau fue asesinado el 16 de noviembre. Si algún germen patógeno que llevara consigo ha afectado a los sentineleses, es probable que ya se haya manifestado. Por supuesto, no sabemos cómo reaccionarían si estuvieran enfermos. ¿Acudirían a la playa para pedir ayuda, en cuyo caso las autoridades indias deberían tener preparados equipos especializados en las proximidades, pero en alerta, o se retirarían simplemente al interior de la isla – lo cual es más probable – en cuyo caso estarán fuera de alcance? No lo sabemos, hemos de esperar. La idea de que las epidemias mortales entre las tribus recién contactadas es una cosa del pasado resulta fácil de rebatir. En las últimas décadas han habido muchos casos en los que ha sucedido esto, especialmente en Brasil y Perú. Por ejemplo, los nahuas de Perú perdieron más de la mitad de los miembros de la tribu en la década de 1980 después de un contacto."

ESPAÑA: Alrededor del Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 1,5oC a la COP24 de Polonia. Josep Xercavins Valls
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Con récords históricos en emisiones totales de CO2 durante el 2017 y de la concentración actual de CO2 en la atmósfera, es casi imposible no llegar a los 1,5oC (del informe especial del IPCC que se presentará oficialmente a la COP24 de Katowice-Polonia) antes de 2030

Contextos
Las dos próximas semanas Polonia volverá a ser la sede de la reunión de la COP de la CMNUCC (Convención Climática de Naciones Unidas). Será la reunión 24 de esta COP (Conferencia de los Estados Partes de la Convención) pero también será la reunión de otras COPs i de algunos órganos de trabajo de o conexos a dicha convención. Debería ser, fundamentalmente, la reunión que cerrara la 1a sesión de la CMA (La Conferencia de las Partes del Acuerdo de París aprobado en la COP21 de 2015) con la aprobación de unas decenas de documentos que vienen elaborándose des de 2016, y que, para entendernos, son los reglamentos (procedimientos, modalidades, metodologías, etc.) que el propio Acuerdo de París, a través, principalmente, de otras de las Decisiones tomadas también en París el 2015, necesita, de forma imprescindible, para poner realmente en marcha el Acuerdo y su implementación.

El conocedor de estos temas sabe ya que, por ejemplo, está pendiente definir y reglamentar a todos los niveles mencionados qué, cuándo, cómo deberán los estados parte realizar sus NDCs (Contribuciones Determinadas Nacionalmente): sus programas de lucha contra el cambio climático a través de la mitigación, de la adaptación, etc. Pero tampoco se sabe aún cómo y con que resultados y para qué fines concretos se harán los Global Stocktakes (Balances Mundiales), es decir, las valoraciones agregadas de los resultados de la ejecución de las NDCs y la medida, o no, en que ellos estén llevando al mundo hacia los 2oC (el objetivo del Acuerdo de París).

Como seguidor, con voluntad de incidencia, de todo el proceso pre y post París, no puedo más que añadirme a todas las voces que reclaman que en Polonia los estados parte deben estar especialmente a la altura de las circunstancias y, en vez de mirar prioritariamente y como suele suceder por sus intereses nacionales, sean capaces de tener una visión de “nosotros los pueblos”, sean visionarios y muy ambiciosos, y no hagan buena aquella frase castellana tan celebre y reiterada en la práctica política legislativa: hagan ustedes las leyes y déjennos a nosotros los reglamentos (para descafeinar aún más si cabe el Acuerdo de París).

En la COP24 han acabado coincidiendo tal cantidad de actividades, expectativas, negociaciones, etc. que una sensación vertiginosa de probabilidad de descarrilamiento está en la mente de muchos y con una probabilidad, a mi modo de ver, no precisamente nula. No podía contarse con ello, pero lo cierto es que los informes de agencias especializadas aparecidos durante este mes de noviembre (lo que no es casualidad es que se hagan públicos antes de la COP24) fueran tan desastrosamente negativos. La IEA (la Agencia Internacional de la Energía) señala un nuevo récord histórico de las emisiones de CO2 hacia a la atmosfera que se habría dado durante el 2017 (y que probablemente volverá a producirse el 2018) después de tres años en que, esencialmente, estas emisiones no habrían aumentado, dando por primera vez un perfil plano que incluso permitía pensar en que se estuviese, ya, en la planicie correspondiente al pico de emisiones al que todo el mundo dice buscar. Pues no, seguimos creciendo en emisiones anuales de CO2 hacia la atmosfera. Unos días después la OMM (Organización Meteorológica Mundial) daba también las últimas medidas de la concentración de CO2 en la atmosfera que, como no, seguían aumentando, trazando año si año también un nuevo récord histórico.

Lo que si estaba previsto des del 2015 es que en esta COP24 el IPCC presentaría un Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 1,5oC (tal como finalmente ha sido denominado). Aprobado el pasado mes de octubre, y pendiente de revisiones editoriales, es público ya y, por decirlo de alguna manera, pone aún mucha más presión al conjunto del sistema de decisiones climáticas que deberían tomarse. Tensión que tampoco es ajena a un año en el que el número de fenómenos climáticos y la multiplicidad de estos y de sus variadas manifestaciones territoriales, también hace calificable el año que se termina de desastrosamente catastrófico. De todo este contexto consideramos que el elemento más relevante sea quizás el nuevo informe del IPCC, puesto que supone una nueva puesta al día del estado del conocimiento científico a todos los niveles circundantes a la problemática climática y que, después del AR5 del 2013 y 2014, se transformará, es ya, una referencia clave de y para todo lo que ocurra, deje o deba de ocurrir, sobre todo durante la década del 2020 al 2030.

El Informe Especial del IPCC sobre el Calentamiento Global de 1,5oC
Si en un punto es ambicioso el Acuerdo de París es cuando en su artículo 2 (su artículo fundamental pues es el que define el objetivo del Acuerdo) dice textualmente (en estos casos resaltamos el texto en cursivas):
Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que esto reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;

Coherentemente con esta parte sin duda fundamental del articulado del Acuerdo una de las otras decisiones (además y acerca del Acuerdo) de París fue la siguiente:
Invita al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático a que presente, en 2018, un informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero;
Y este es precisamente el más nuevo y probablemente más importante nuevo conocimiento que tenemos ya encima de la mesa, y que esperemos impregne de ambición las posiciones de las delegaciones de los países que se desplazan a la COP24. El informe, con un Sumario para los Responsables de la Toma de Decisiones y cinco capítulos desarrolladores del mandato recibido, empieza por la siguiente valoración, al nivel del sumario citado que, de alguna manera, esperábamos todos (el AR5 solamente analizaba las trayectorias correspondientes a un calentamiento global de 2oC o superiores; es decir, de hecho venía a decir sin decirlo, que limitar el calentamiento global a 1,5oC era ya imposible):

Se calcula que las actividades humanas han causado aproximadamente 1,0 °C de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, con un rango probable de 0,8 ° C a 1,2 ° C. El calentamiento global es probable que llegue a 1,5 ° C entre 2030 y 2052 si continúa aumentando a la tasa actual. (Alta confianza).” Las afirmaciones sobre niveles de confianza o de probabilidades de una aseveración son la forma usual desde el AR5 de expresar explícitamente que lo que hace el IPCC es valorar el estado del conocimiento científico (el IPCC no hace investigación) y pondera, de esta forma, el nivel de acuerdo de la comunidad científica internacional sobre cualquiera de las afirmaciones que hace en sus informes.

A pesar de que considero este nuevo informe especial del IPCC de un gran interés, rigor, visión y de más y mayores asentamientos de conocimientos muy valiosos sobre el tema en cuestión, tengo algunas discrepancias de fondo con el mismo que, por supuesto, voy a presentar e intentar analizar. Podría decir que más que discrepancias son preocupaciones notables sobre posibles contradicciones internas del informe (que ha debido realizarse en muy poco tiempo), cuya supuesta, por mi parte, existencia llevan a la vitada discrepancia.

Una de ellas es sobre el contenido de la que sería esta frase inicial que, lógicamente, juega casi un papel de resumen global público de todo el informe. A primera vista la frase parece clara, diáfana y exenta de más o menos afinamientos y/o vicisitudes. Pues bien, a nuestro entender, ello no es en absoluto así y, de hecho, el propio informe es, en muchos casos y partes, una intensa y muy completa reflexión profundizada y desmenuzada sobre la propia frase en cuestión, aunque ello no se advierta explícitamente así.

Si nos vamos al Capítulo 1: Encuadramiento y Enfoque del informe y, en concreto, al final del mismo, en forma de respuesta a una FAQ (Frequent Ask Question): ¿Qué tan cerca estamos del 1,5oC? podemos leer textualmente (y por lo tanto lo destacamos siempre en cursivas):
“El calentamiento inducido por el hombre ya ha alcanzado aproximadamente 1 ° C por encima de los niveles preindustriales en el momento de redactar este informe especial. Para la década 2006-2015, la actividad humana había calentado el mundo en 0,87 ° C (± 0,12 ° C) en comparación a los tiempos preindustriales (1850 a 1900). Si la tasa de calentamiento actual continúa, el mundo llegaría al calentamiento global inducido por el hombre de 1,5 ° C en torno a 2040.

La frase es un poco más precisa que la anterior y en conjunto las dos permiten o requieren constatar lo siguiente:
  • Se ha aumentado la precisión e incluso la conceptualización de lo que el informe propone denominar la Temperatura media global en la superficie (GMST) y lo mismo se ha hecho con la concreción propuesta de período Preindustrial, y se ha regresado sabiamente al concepto de Calentamiento Global de (la temperatura GMST a la que se haya o se pueda llegar).
  • Lo más inquietante que produce la lectura de las dos frases es que en la segunda leemos que el calentamiento global de 1,5oC llegaría en torno al 2040, mientras que en la segunda lo haría entre 2030 y 2052. ¿En qué quedamos? Una media de 22 años no puede tener nada que ver con un tema de probabilidades
  • En todos los casos la aseveración se basa en una asunción, única y exclusivamente de extrapolación de tendencia de evolución de la temperatura, como tal y sin más, en unos plazos de tiempo muy cortos (como aquel que dice: pasado mañana), y de unas tendencias pasadas demasiado cercanas y también de períodos demasiado cortos. Aquí si que, por lo tanto, consideramos que se ha querido más contentar a una cierta galería de actores que otra cosa y dejar el rigor para las interioridades del informe.

Este no es el lugar ni el espacio en el desarrollar todos los argumentos que nos han llevado a esta afirmación, pero tal como iremos comentando a partir de aquí, nos atrevemos a afirmar que, casi con toda probabilidad, y muy desafortunada y preocupantemente, llegaremos a los 1,5oC antes del 2030; incluso bastante antes si continuamos en las tendencias de emisiones y concentraciones atmosféricas citadas en el contexto de este artículo.

Cuando el Informe Especial (tanto en el Sumario como en los capítulos desarrolladores) quiere analizar con que trayectorias de emisiones y con que sistemas de transición, respecto al estado actual de las cosas, podríamos tener el calentamiento global de 1,5oC, aunque no se dice, en realidad se esta cuestionado totalmente la predicción temporal comentada en los párrafos anteriores y asociada a una prolongación de tases actuales en el calentamiento global de temperatura.
En efecto, la siguiente afirmación textual es demoledora en este sentido:

En modelos de trayectorias con o sin limitaciones de 1.5 ° C, las emisiones netas antropogénicas globales de CO2 disminuyen aproximadamente un 45% respecto a los niveles del año 2010 para 2030 (40-60% de rango), alcanzando el cero neto alrededor de 2050 (rango entre 2.045 a 2.055). Para limitar el calentamiento global a menos de 2 ° C las emisiones de CO2 se prevé que disminuyan aproximadamente un 25% en 2030 en la mayoría de las trayectorias (10-30% rango), alcanzando el cero neto alrededor de 2070 (rango entre 2065 a 2080). Las emisiones de los gases no CO2 a las trayectorias que limitan el calentamiento global a 1,5 ° C muestran reducciones profundas que son similares a las de caminos que limitan el calentamiento a 2 ° C. (alta confianza). La referencia “sin limitaciones” tiene que ver con escenarios en los que se acepta que podamos subir por encima de los 1,5o C pero volviendo a bajar a ellos de formas más o menos rocambolescas; entre otras suponiendo que todas las supuestas nuevas tecnologías de, entre otras, Captura y Almacenamiento de Emisiones estén ya en pleno funcionamiento, cuando aún hay más que serias dudas de que pueda llegar a pasarse de “planos” y pruebas piloto a instalaciones reales, con el muy importante cambio de nivel o de escala de magnitudes que se precisaría.

En otras palabras: mantenerse a 1,5oC requiere tales cambios de tendencias en las emisiones que estamos lanzando actualmente a la atmosfera que es casi inimaginable que se puedan producir, cuando, precisamente, los principales indicadores actuales de las mismas nos informan que, en estas tendencias, estamos precisamente creciendo de formas muy importantes en la actualidad: en el 2018, a 12 años del 2030. Y no somos nosotros los que lo decimos, cuando el informe llega a su “Capítulo 2: Trayectorias de mitigación compatibles con 1,5oC en el contexto del desarrollo sostenible” y, por lo tanto, sigue profundizando más y más en el tema, pueden leerse, por ejemplo, las siguientes aseveraciones, cuyo cumplimiento se nos hace, como mínimo personalmente, absolutamente, otra vez, inimaginable: 

Limitar el calentamiento a 1,5 ° C depende de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) las próximas décadas, donde emisiones más bajas de GEI para el 2030 conducen a una mayor probabilidad de calentamiento máximo a 1,5 ° C. (alta confianza). Las trayectorias disponibles que tienen como objetivo un no, o un limitado sobrepasamiento (0-0.2 ° C), de 1,5 ° C mantienen las emisiones de GEI en 2030 en 25-30 GtCO2e/yr . Esto contrasta con las estimaciones medias acordes con las actuales NDCs de 50-58 GtCO2e/yr en 2030. Este es precisamente el extremadamente cambio radical de tendencia que no sabemos ver como posible por ningún lado y desde ningún punto de vista, teniendo en cuenta precisamente y una vez más que las tendencias actuales, finales del 2018, no solo no contienen ningún germen cuantificable e identificable de las mismas, sino que incluso van en la dirección de empeorar las actuales predicciones en el marco de una valoración (que siempre fue más optimista que real) de lo que supondría avanzar en la dirección de las actuales NDCs.

Esta es una cara de la realidad o del análisis, ya de por si espeluznante; pero es que cuando el Capítulo 2 del Informe Especial analiza en profundidad las tendencias socioeconómicas que de verían estar detrás de las trayectorias que se han calificado como consistentes con el calentamiento global de 1,5oC, la conclusión del IPCC, como siempre citada textualmente en cursivas es la siguiente:
Limitar el calentamiento a 1,5 ° C implica alcanzar emisiones netas nulas de CO2 a nivel mundial alrededor de 2050 y reducciones profundas simultáneas en las emisiones de forzamientos de gases no-CO2, en particular metano. (alta confianza). Estas trayectorias de mitigación se caracterizan por las reducciones de la demanda energética, la descarbonización de la electricidad y otros combustibles fósiles, la electrificación de la energía de uso final, la reducción profunda de las emisiones agrícolas y algunas formas de CDR con almacenamiento de carbono en la tierra o el secuestro en depósitos geológicos. La baja demanda de energía, la baja demanda de suelos y el bajo consumo de bienes intensivos en gases carbonizados facilitan limitar el calentamiento en lo posible a 1,5 ° C.

Se nos hace difícil comprender como esta afirmación haya tenido el poco impacto político y mediático que, a nuestro modo ver, debería haber tenido. De entrada, tiene, siempre desde nuestro punto de vista, un carácter histórico cuando explícita las reducciones de la demanda energética en el mundo como parte de un único escenario, como uno de sus factores conductores fundamentales, que podría hacer posible mantener el calentamiento global a unos niveles deseables. En otras palabras aunque el IPCC no lo pueda decir explícitamente, pero yo sí, la transición energética desde un vector energético primario fósil (dependiente aún hoy, y desde hace muchos años, en más del 80% de los combustibles fósiles) a un vector energético primario limpio (sin emisiones derivadas), a los niveles en que la economía mundial viene y sigue demandando, año tras año, más y más energía para continuar con su crecimiento económico capitalista, no alcanzaremos nunca un mundo realmente descarbonizado liberado del cambio climático.

EGIPTO: Indígenas reclaman nuevo acuerdo global para proteger la Amazonia
Rabiya Jaffery / IPS

Sharm El Sheij. Líderes indígenas de la Amazonia reclaman un nuevo acuerdo mundial para proteger y recuperar por lo menos la mitad de sus territorios ancestrales. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) preparó una propuesta que se presentará a organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en la 14 Conferencia de las Partes (COP14) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se desarrolla en este balneario egipcio del 17 al 29 de este mes.

COICA, creada en 1984 en Lima, coordina nueve organizaciones indígenas dedicadas a promover y desarrollar mecanismos de defensa la autodeterminación de pueblos autóctonos y coordinar acciones a escala internacional. La propuesta invita a una mayor participación de las comunidades indígenas en los esfuerzos de conservación y en la toma de decisiones sobre la pérdida de biodiversidad, mientras las partes negocian los términos del marco global para después de 2020 en materia de diversidad biológica, que se adoptará en Beijing dentro de dos años. La propuesta salió de la cumbre de COICA, en agosto, con líderes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. “Casi 80 por ciento de la diversidad biológica se encuentra en territorios tribales, y la mayoría de los lugares de mayor biodiversidad de la Tierra se encuentra en esas tierras”, puntualizó Juan Carlos Jintiach, representante de COICA, actualmente participando en la COP14. “Los pueblos tribales contribuyen y usan de forma sostenible los recursos de sus territorios desde hace miles de años y no es posible crear políticas efectivas sin su aporte”, subrayó.

En su declaración, las delegaciones indígenas invitan a Estados y a otras entidades a incluir su conocimiento ancestral en las políticas que buscan la conservación, y planean lanzar negociaciones bilaterales con diferentes actores con el fin de crear un acuerdo ambicioso para 2020. COICA quiere trabajar apuntar a un objetivo común para proteger y recuperar la mitad del planeta para 2050. La coordinadora también busca mantener un diálogo con los gobiernos de la Amazonia para la visión de las confederaciones indígenas a través de una “alianza y del compromiso de proteger la región, biodiversidad, culturas y sacralidad” para proteger la selva y su “corredor biológico”. Se promueve un acuerdo entre Colombia, Venezuela y Bolivia para proteger un “corredor biológicoque posea más de 135 millones de hectáreas y se distribuya entre los tres países. El corredor cubrirá desde la Amazonia, pasando por la cordillera de Los Andes y hasta el océano Atlántico, una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo, y los indígenas creen que sus aportes y sus perspectivas son importantes para la efectividad del acuerdo. Alrededor de “65 por ciento de las tierras del mundo son territorios indígenas, pero solo 10 por ciento les pertenecen legalmente. Garantizar sus derechos territoriales son una forma barata y efectiva de reducir las emisiones de carbono y aumentar las áreas naturales”, observó Tuntiak Katan, vicepresidente de COICA.

En 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró el aporte de Brasil a las conversaciones sobre el acuerdo Amazonia-Andes-Atlántico (AAA), que la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró analizar, en unas declaraciones realizadas durante la Cumbre de las Americas, en Panamá.
Las comunidades indígenas también están muy preocupadas por las declaraciones del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, durante su campaña, sobre las políticas ambientales y las cuestiones indígenas. Asumirá en enero, pero ya dijo que estaba a favor flexibilizar protecciones de la Amazonia, lo que hará que menos tierras estén bajo autoridades indígenas y comunidades selváticas, y se queden en manos de la agroindustria, mineros, madereros y compañías constructoras. “Sus dichos son preocupantes, pero el nuevo gobierno también tendrá dificultades para revertir las políticas que ya están en funcionamiento porque perdería su posición de líder internacional en cuestiones ambientales”, señaló Oscar Soria, de Avaaz, el movimiento global en Internet que moviliza iniciativas políticas surgidas de las bases y las dirige hacia la toma de decisiones en todo el mundo.

“Queremos recordar a Bolsonaro que Brasil tiene obligaciones nacionales e internacionales de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, y respetar su consentimiento libre, previo e informado”. “Esperamos que el nuevo gobierno respete las obligaciones internacionales y siga apoyando a las organizaciones no gubernamentales e indígenas que se esfuerzan por salvar el mundo; y el mundo no puede proteger la biodiversidad sin Brasil, y Brasil no puede destruir su biodiversidad solo”.

BRASIL: Bolsonaro compara mantener a indígenas en reservas con animales en el zoológico
EFE

Sao Paulo. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que mantener a indígenas en reservas protegidas es tratarlos como animales en zoológicos, en medio de nuevas críticas contra la demarcación de sus tierras ancestrales. "Nadie quiere maltratar a los indios. Ahora, mira, en Bolivia tenemos un indio que es presidente (Evo Morales). ¿Por qué en Brasil tenemos que mantenerlos recluidos en reservas como si fueran animales en zoológicos", dijo en declaraciones a medios en Cachoeira Paulista, un municipio en el interior de Sao Paulo.

El mandatario electo, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985), respondió así a una pregunta de un periodista sobre la capacidad del futuro Gobierno que asumirá el 1 de enero de reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, metas recogidas en el Acuerdo de París. "Sobre el Acuerdo de París, en los últimos 20 años, siempre noté una presión externa -y que fue acogida en Brasil-, en lo relacionado, por ejemplo, a demarcar cada vez más tierra para el indio, demarcar tierra para reservas ambientales, entre otros acuerdos que, a mí entender, fueron nocivos para Brasil". "El indio es un ser humano igualito a nosotros. Quiere lo que nosotros queremos y no se puede usar la situación del indio, que es una situación que aún está en inferioridad en relación a la nuestra, para demarcar esa enormidad de tierras". Advirtió que esas tierras protegidas, a su entender y "de acuerdo con la propia ONU, por la determinación de los pueblos indígenas", podrían convertirse "en nuevos países en el futuro".

"¿Se justifica, por ejemplo, tener la reserva Yanomami, dos veces el tamaño del estado de Río de Janeiro para, tal vez, 9.000 indios? No se justifica eso ahí".

Bolsonaro, líder de la emergente extrema derecha en el país y capitán en la reserva del Ejército, viajó hoy por varios municipios del interior del estado de Sao Paulo (sudeste), donde participó de una graduación de oficiales y se reunió con líderes religiosos. Durante la pasada campaña electoral, amagó con retirar a Brasil del Acuerdo de París, aunque luego dio marcha atrás y dijo que mantendría el pacto, al cual ha criticado porque, en su opinión, amenaza la soberanía nacional.

ARGENTINA: Cambio climático empuja alza de pobreza rural en América Latina
Daniel Gutman / IPS

Buenos Aires. Solo 18 % de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas rurales, pero son, cada vez más, fábricas de pobreza, en una alarmante realidad que en buena parte la determina el cambio climático. Relatos de sequías extremas seguidos de fenomenales inundaciones que prácticamente destruyen cosechas enteras y sacuden la paz social abundaron durante la primera Semana de la Alimentación y la Agricultura de la región, realizada en esta capital argentina.

Los más de1.000 funcionarios, expertos y representantes de la sociedad civil participantes en el encuentro coincidieron en que la caída de los rendimientos agrícolas y la migración desde el campo, son consecuencias ya visibles del calentamiento planetario. “Este año tuvimos una sequía bien prolongada que destruyó cerca de 80 por ciento de los granos básicos de los agricultores de subsistencia y dos meses después vimos tremendas inundaciones que afectaron 23.000 hectáreas en el sur del país”, dijo a IPS el viceministro de Agricultura de Honduras, José Alberto Benítez. “Somos el país más afectado en el mundo por el cambio climático. Y, cuando vemos que miles de jóvenes hondureños han iniciado caravanas de migración hacia México o Estados Unidos, se debe en buena medida a que es cada vez más difícil que les resulte interesante seguir en áreas rurales”.

Hay 59 millones de personas pobres en el campo, de acuerdo al Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe, que fue presentado durante esta Semana por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que organizó la actividad junto al gobierno argentino. Esta cifra marca un retroceso histórico, porque entre 1990 y 2014 la pobreza rural en la región había caído de afectar a 65 por ciento de la población a 46.

Sin embargo, desde 2014 hasta 2016 aumentó más de dos puntos y hoy afecta a 48,6 por ciento. De esa proporción, 22,5 por ciento vive en la pobreza extrema.

Julio Berdegué, representante regional de la FAO, afirmó a IPS que “no hay ningún país que se esté salvando del impacto del cambio climático en la producción de alimentos. “En el sur, Argentina tuvo este año la peor sequía de los últimos 50 años, cuando el año anterior se habían perdido cosechas por inundaciones. Y en el Caribe, la agricultura completa de Dominica desapareció del mapa en 2017 por huracanes devastadores”. El alto funcionario regional alertó sobre que “prepararnos o medio prepararnos para el cambio climático requiere cientos de billones de dólares. América Latina y el Caribe no van a poder financiar esto por sí mismas”. “Necesitamos financiamiento internacional, pero tampoco es suficiente la ayuda oficial, de gobierno a gobierno. Necesitamos muchísima inversión privada, en energías renovables, en nuevas formas de infraestructura o en sistemas agrícolas resilientes”, advirtió.

El Panorama de la FAO revela que los trabajadores rurales de América Latina ganan menos de la mitad de los urbanos. El ingreso promedio de los primeros, en 2015, era de 363 dólares anuales, contra 804 de quienes desarrollan actividad en las ciudades. La consecuencia es que muchos huyen de la asfixiante realidad rural. Un 76 por ciento de quienes abandonan sus lugares de origen dejan atrás municipios rurales en Honduras. La proporción alcanza a 70 por ciento en El Salvador y a 61 por ciento en Guatemala. Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, advirtió que si no se encuentran los caminos para aumentar los rendimientos agrícolas, el futuro traerá mayores precios, más hambre y una explosión de la conflictividad social.

En un mundo donde la agenda agropecuaria se superpone cada vez más con la ambiental, el sector está además señalado por su generación de gases de efecto invernadero. Según datos de FAO, 61 por ciento de los 33 países de la región se comprometió ante las Naciones Unidas a reducir las emisiones de su sector agropecuario, en el Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado en diciembre de 2015. En ese sentido, el director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, hizo hincapié en que la agricultura, “aunque genera problemas, también puede ser parte de la solución”. “Muchas de las mediciones vinculadas con el cambio climático se hacen con indicadores que no hemos generado nosotros. Así, no se contemplan situaciones en las que, lejos de emitir, estamos secuestrando carbono”, afirmó a IPS.

La reunión de Buenos Aires se hizo en un momento dramático para la región: en los últimos tres años ha aumentado la población que pasa hambre. Son 39 millones de personas, a pesar que según FAO, América Latina y el Caribe producen alimentos suficientes no solo para sus 646 millones de habitantes sino para 169 millones más. Además, 294 millones de personas (46 por ciento de la población) sufre algún tipo de malnutrición. El extraordinario movimiento de recursos que genera el cambio climático puede ser una oportunidad para la región, según Deissy Martínez Barón, coordinadora del Centro de Investigación para la Agricultura Tropical (CIAT), institución con sede en Cali. “Desde la década de 1990 hay una tendencia a la baja en participación del sector agropecuario en las economías de los países de la región. Esto puede deberse al cambio climático”. Martínez Barón agregó: “América Latina y el Caribe contribuyen a las exportaciones mundiales de alimentos en un 16 por ciento. Potencialmente para el 2050 puede llegar a 30 por ciento”. “Para ello es esencial construir una agricultura sostenible y adaptada al clima. Si no hacemos nada, hay 36 millones de personas en la región cuya seguridad alimentaria está en riesgo por la pérdida de rendimientos agrícolas. Pero el cambio climático puede brindarnos el financiamiento que necesitamos”.



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