MEXICO: Pugna indígena por entregar el bastón de mando a AMLO
Hay un Judas en el equipo del Presidente que respalda al que andan
paseando por allí (bastón), acusa líder de una organización
El GIN es un grupo creado desde el PRI, sin representación de los pueblos, afirma académico del CIESAS
La ceremonia de entrega del bastón de mando indígena al presidente
Andrés Manuel López Obrador, programada para el próximo sábado en el Zócalo, ha
provocado la disputa entre diversas organizaciones indígenas del país.
Hasta ahora, representantes de un grupo autodenominado
Gubernatura Indígena Nacional (GIN) se han promocionado en radio y
televisión como encargados oficiales del ritual. Sin embargo, otras
agrupaciones los acusan de “impostores y charlatanes”.
“El bastón que andan paseando es más parecido al que usan los brujos,
nada tiene que ver con la esencia indígena”, acusa Julio Atenco, representante
de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de
Zongolica, integrante de la Red Nacional Indígena.
El verdadero bastón, dice, fue confeccionado por comunidades huastecas
de Veracruz, “y es el que deberá entregarse a Andrés Manuel”.
Pero los de
la Gubernatura ya anunciaron que estarán ahí—, se le comenta.
Es probable
que la ceremonia no sea tersa. Lo consideramos un acto de provocación que
llevarán hasta sus últimas consecuencias, tienen ya una logística preparada.
Hay un Judas en el equipo del Presidente, que los está respaldando.
López Obrador se ha mostrado entusiasmado por recibir el bastón porque,
ha dicho, encierra simbolismo ancestral y espiritualidad.
Crónica
entrevistó a diversos líderes indígenas e
investigadores, para abundar en torno al tema.
Marcos Matías Alonso, académico del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), ha realizado
distintos trabajos para verificar el origen del GIN, cuyo “Gobernador
Nacional” es Hipólito Arriaga Pote, un líder del Edomex ligado muchos
años a la Confederación Nacional Campesina (CNC). “El GIN es un
engendro creado desde el PRI, lo pensaron como una estrategia de campaña para
restarle votos al movimiento de AMLO y no tiene ninguna representación de los
pueblos indígenas”, dice.
Documentó, con actas notariales, cómo fue fraguado desde la CNC, el
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Edomex
(CEDIPIEM) y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI).
El 23 de julio del 2014, en una reunión realizada en Toluca, sin
presencia de los pueblos indígenas, cuenta, “escasos delegados se constituyeron
en un Consejo Nacional y nombraron a Hipólito Arriaga como representante
nacional”. Su acta notarial fue signada el 25 de enero del 2016 en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, “la cual hace constar el contrato social por
el que se constituye la Gubernatura Indígena Nacional, Asociación Civil”.
“Se reunieron cuatro o cinco individuos y, sin respaldo de una
autoridad comunitaria, fueron ante un notario público y le dijeron: queremos
que nos registres como Gubernatura Indígena. Y el notario, con dinero, empezó a
trabajar… Ellos tienen hilos de poder en el PRI, que ya se han incrustado en
Morena, donde les están dando cuerda”, refiere en entrevista.
“A gente que estaba perdida entre los pueblos indígenas, le dijeron:
‘vente, serás gobernador estatal’, y así han venido creciendo, pero en la
mayoría de los casos son individuos, no hay colectividad ni representación
fuerte en ningún estado”.
¿Una
gubernatura hechiza?
Son
postizos, individuos sueltos que no representan a nadie, lo que me sorprendería
es que Andrés Manuel y su equipo se dejen engañar, sería un mensaje negativo
para los verdaderos pueblos indígenas.
“Cuando se da un bastón en los pueblos —describe—, es aprobado en
asamblea, y quien toma el bastón se convierte en padre y madre de ese pueblo, y
debe velar por sus intereses, es algo sagrado, y estos del GIN
reparten bastones patito por doquier, que compran en el mercado y
los mandan pulir. Los 32 gobernadores estatales son charlatanes que han ido
nombrando en toda la República. Mi hipótesis es que al interior del gabinete
presidencial hay gente que está moviendo esos hilos”…
¿Cómo es
que un grupo creado para contrarrestar el movimiento de López Obrador, ahora se
alista para entregarle un bastón de mando?
Ahí está la
paradoja, sería una chamaqueada. Si Andrés recibe de ellos el bastón,
los empoderará y la agenda indígena en el país girará en torno a ellos, tendrán
la cartera lista. Confío en que los verdaderos pueblos indígenas estarán
presentes, aunque ya estamos contrarreloj.
Otra investigadora, la doctora Araceli Burguete, coordinadora de
Posgrado de la Unidad Regional Sureste del CIESAS, comenta: “La representación
indígena legítima no funciona con base en gobernadores, con tal diversidad
étnica no es posible llegar a una figura así. Esta gubernatura fue creada para
lucrar con las comunidades, con los derechos de propiedad intelectual de las
mujeres indígenas, está el negocio de lo étnico, de la diversidad cultural. Los
está moviendo un empresario”.
¿Quién?
Se llama
Moisés Zonana, se autonombró coordinador Nacional de Comunicación de los
Pueblos Originarios, pero se dedica a distintos negocios de producción
cinematográfica.
Abundio Marcos, coordinador general del Movimiento Indígena
Purépecha, refiere: “Me hablaron que si no quería ser gobernador, les
respondí que sería traicionar a mi pueblo. Nosotros, los verdaderos indígenas,
no tenemos dinero, pero a éstos les sobra. Lo que quieren es posicionarse
frente a López Obrador. No le vaya a pasar al Presidente lo que le ocurrió al
gobernador Silvano Aureoles”.
¿Qué?
Algunos
indígenas de la región oriente, mazahuas y otomíes, le entregaron el bastón de
mando cuando asumió el gobierno, pero después lo andaban persiguiendo para
quitárselo, cuando desapareció la Secretaría de Pueblos Indígenas.
Según Margarito Ruiz, maya-tojolabal del Consejo Indígena de
Chiapas, “el GIN es un instrumento para facilitar la
entrada de intereses de Carlos Slim en territorios indígenas. Van a intentar
entregarle el bastón al Presidente, pero nosotros, como Red Nacional,
también estaremos ahí, a ver qué sucede”.
Pascual de Jesús González, representante del Movimiento
Unificador de Lucha Triqui en la CDMX, dice: “Se asumen como
gobernadores indígenas y muchos ni siquiera hablan la lengua. Tienen en Moisés
Zanona a su gran asesor, con muchos contactos, pero la nación triqui los
desconoce”.
¿Al menos
los del GIN, sí son indígenas? —se cuestiona a Atenco Vidal, de la Sierra de Zongolica.
Algunos sí,
otros son caciques: se mueven en las comunidades diciendo que son capaces de
bajar muchos recursos y que, a través de ellos, el gobierno de AMLO canalizará
obra pública; es el gancho para jalar gente y nombrar gobernadores bajo su
esquema. Aquí, en Veracruz, nombraron a un náhuatl como representa mixe… y el
que representa a Chicontepec, ya fue alcalde y está relacionado con la
delincuencia organizada...
MEXICO: Indígenas no tendrán voz ni voto en su
nuevo instituto
Los diputados proponen una representación de esta
población, a través de las dos Comisiones Indígenas del Congreso de la Unión
Rafael Ramírez y Enrique Hernández / El Sol de México
La Cámara de Diputados aprobó la creación Instituto Nacional
de Pueblos Indígenas, quienes no tendrán representación en la junta
de Gobierno del nuevo organismo que busca combatir la pobreza y desigualdad.
“No existe una representación indígena es por eso que propusimos una
representación de esta población, a través de las dos Comisiones Indígenas
del Congreso de la Unión, porque detrás de cada legislador hay un respaldo
ciudadano”, aseguró Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos
Indígenas en la Cámara Baja.
En San Lázaro se había considerado la participación en la Junta de
Gobierno del Instituto de los Presidentes de las Comisiones de Pueblos
Indígenas del Congreso, como parte de las facultades evaluatorias del Poder
Legislativo.
En votación nominal este miércoles en la sección se aprobó con 409
votos a favor, 41 contra y 0 abstenciones, el dictamen que reforma el artículo
13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
La diputada de Morena recordó que durante los foros de análisis que se
realizaron para la conformación de esta nueva legislación hubo un reclamo
para que el Instituto no fuera un foro más en el que faltara la representación
indígena.
La minuta enviada por el Senado de la República se establece que la Junta
de Gobierno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas estará integrada por el
titular del Poder Ejecutivo, y su suplente será el titular del Instituto.
Lo conformarán los responsables de las secretarías de Gobernación;
Hacienda y Crédito Público; Bienestar; Medio Ambiente; Agricultura;
Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud;
Desarrollo Territorial y Urbano; Relaciones Exteriores; así como una
representación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
MEXICO: Remite Cámara de Diputados al Ejecutivo
Ley del INPI
Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó y remitió al Ejecutivo federal para sus
efectos constitucionales, minuta proyecto de decreto que expide la Ley del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es garantizar el
ejercicio e implementación de los derechos de comunidades originarias
establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.
Con 440 con votos a favor, cero en contra y 1 abstención, se avaló el ordenamiento
que abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, devuelto por el Senado con cambios a los artículos 12 y 16 para
efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.
Su artículo 12 excluye como integrantes de la Junta de
Gobierno del Instituto, a los titulares de las comisiones de Pueblos Indígenas
y de Asuntos Indígenas de las Cámaras del Congreso de la Unión, quedando como
invitados permanentes de ese órgano con derecho a voz pero sin voto. El artículo
16 establece que el cargo de directora o director general del
Instituto, también lo podrá ocupar una persona perteneciente a un pueblo o
comunidad afromexicano.
En los posicionamientos, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) afirmó
que no habrá una Cuarta Transformación sin la participación de
las comunidades y pueblos indígenas de México, por lo que el sistema jurídico
mexicano debe responder a las necesidades actuales. “No podemos legislar para
el pasado, hay que hacerlo para el futuro”. Por el PAN, el diputado Marcelino
Rivera Hernández indicó los serios problemas de marginación, pobreza y rechazo
que padecen muchas comunidades y pueblos nativos, “no pueden ser invisibles y
pasar inadvertidos en el ordenamiento que ahora estamos aprobando. Estamos a favor
de un país incluyente, respetuoso de sus grupos étnicos y afromexicanos, y por
legislar por el bien común de toda la población, sin distingo de razas”.
Eduardo Zarzosa Sánchez, diputado del PRI, consideró fundamental que
ambas Cámaras del Congreso tengan representación en la Junta de Gobierno del
Instituto, porque “somos quienes aprobamos el presupuesto”. Pidió al Presidente
Electo, “que una vez que reciba en Palacio Nacional el Bastón de Mando, abrace
como prioridad de su gobierno la atención, el respeto, el desarrollo y el
progreso de los pueblos originarios”.
Javier Castañeda Pomposo (PES) mencionó que en 2015 el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, informó que 1.2 del total de
la población son afromexicanos, “con esta reforma se construye la nación
pluricultural plasmada en la Carta Magna, la mayoría de los pueblos nativos
están en el centro, sur y sureste mexicano”. Margarita García, diputada del PT,
destacó que mujeres indígenas son el eslabón más débil y vulnerado y que más violencia
sufren. Hizo votos para que la creación de este Instituto, sea el primer paso a
una transversalización de las perspectivas de género indígena que permita
amortiguar y evitar la desigualdad.
De MC, el diputado Juan Martín Espinoza lamentó el rechazo y
discriminación que sufren. “De forma errónea se considera a nuestros indígenas
como los más humildes y son excluidos por ello. Una de nuestras
responsabilidades, es luchar contra la discriminación de ellos. Debemos
otorgarles el acceso a las mismas oportunidades de trabajo que están
disponibles para la mayoría de las personas”. El diputado Raymundo García
Gutiérrez (PRD) expresó que es la oportunidad de eliminar la exclusión social
de la que son parte estos pueblos y hacer valer su identidad colectiva y su
espacio de participación. “Tenemos el reto de cambiar la visión y lograr que
ser indígena no sea sinónimo de discriminación ni de exclusión, y permitir a
los pueblos originarios ser parte de las decisiones que a ellos atañen”.
Rogelio Rayo Martínez, diputado del PVEM, se manifestó por reducir el
rezago en que viven miles de comunidades indígenas de todo el país, y afirmó
que el propósito principal del futuro Instituto, es encontrar soluciones
auténticas a los principales problemas que enfrentan estos pueblos, como
exclusión, discriminación y falta de oportunidades. Ariel Rodríguez Vázquez de
Movimiento Ciudadano, sostuvo que estos
pueblos y comunidades son parte de la genética cultural del país. “Necesitamos
hacer las modificaciones para que su desarrollo sea completo y pleno. Debemos
entender que son sujetos de derecho público”.
Delfino López Aparicio, diputado de Morena, se congratuló con la
incorporación de la comunidad afromexicana para encabezar el Instituto y
expresó se debe acabar con la discriminación, “pues somos igual ante la ley”. Por
Morena, el diputado Alfredo Vázquez pugnó para que estas comunidades tengan voz
y voto en la Junta de Gobierno del Instituto. “No podríamos aspirar a un
verdadero desarrollo de estos pueblos sin nuestra participación en la
formación, ampliación y evaluación de los planes de desarrollo que nos afecten
directamente”.
La diputada del PT, Hildelisa González mencionó que estas comunidades
han sido sometidas a un rezago histórico, pobreza, marginación, abusos, falta
de respeto a su cosmovisión, a sus tradiciones, a la explotación y despojo de
tierras. Pidió que “pueblos indígenas y afrodescendientes, recuperen su
cultura. Lo que implica, que reconozcamos como sujetos de derecho”. De Morena,
la diputada Lucinda Sandoval Soberanes, afirmó: estas modificaciones dan
respuesta a los reclamos de la sociedad, y aplaudió que un integrante de la
comunidad afromexicana pueda encabezar el Instituto. “Nunca más un México
sin indígenas”. Frinné Azuara Yarzábal, diputada del PRI, mencionó que
la diversidad cultura es una de las riquezas más importantes que el país posee;
por ello, dijo, se debe tener un marco jurídico que permita su conservación y
pleno desarrollo, ya que hay 68 comunidades con su propia lengua. “Hay que
reducir las brechas de desigualdad”.
JALISCO: “El apache Gerónimo fue uno de los
primeros mexicanos”. Álvaro Enrigue
El escritor mexicano presenta en la FIL 'Ahora
me rindo y eso es todo', novela sobre la violenta historia de Norteamérica
en el siglo XIX
Guadalajara. La
última novela de Álvaro Enrigue (Guadalajara, 1969) es un mapa repleto de
enemigos. Ladrones contra militares. Indígenas contra colonos y rancheros
criollos. México contra EE UU y contra España. Coyoteros contra gileños,
navajos y mimbreños. Comanches, rarámuris, yaquis contra apaches. En realidad,
todos contra los apaches.
Se titula Ahora
me rindo y eso es todo, las palabras de claudicación del legendario
Gerónimo en 1886. A partir de la figura del gran chamán de la guerra, genio
estratégico de tres jefes apaches, Enrigue saca la navaja de rasurar datos
históricos y pone a girar por las más de 400 páginas del texto un puñado de
narraciones satélite: decenas de personajes –de Pancho Villa al presidente
estadounidense Glover Cleveland– que se le cruzaron en sus 90 años de vida; el
rapto de una mujer chihuahuense por el padrastro del guerrero, Mangas
Coloradas; su persecución por un general mexicano al frente de un ejército de
monjas y bailarines; o la meticulosa investigación del propio autor, insertados
en el relato junto a su familia a modo de road trip por las
llanuras rocosas de la antigua Apachería.
Pregunta. ¿Por qué eligió la rendición de Jerónimo como eje de su
novela?
Respuesta. La
guerra apache es un momento fundacional para la modernidad en Norteamérica.
Gerónimo en términos culturales no nos pertenece, pero es un hecho que es uno
de los primeros mexicanos. Nació en Nuevo México cuando aún era territorio
mexicano. Si hubiese pedido un pasaporte se le tendrían que haber dado. No lo
hubiese hecho nunca porque lo que más odiaba era a los mexicanos: vivió la
mayor parte de su vida en guerra con la República. Pero era mexicano, un
hispanohablante, aunque su primera lengua fuera el atabascano.
P. La famosa frase final la dijo en español
R. Sus memorias están dictadas en español y la frase
también porque en las conversaciones con los generales gringos lo que todos
hablaban era español. Estaban en una zona que 15 años antes era México. La
lengua de uso era español.
P. El libro es también una impugnación del relato
mitológico del wéstern como conquista de la ley sobre la naturaleza
salvaje
R. Uno de mis intereses era cuestionar la idea de un
territorio, un color de piel y una religión en un mundo infinitamente diverso.
En los westerns parecería que los EE UU estaban llegando a un territorio vacío,
virgen. Y no, estaban llegando a un lugar con leyes, religiones, templos y un
gobierno funcional. Lo que sucedía es que el gobierno mexicano no podía
contralar los territorios del norte y perdió la guerra.
P. ¿Cómo ha esquivado la tentación de representar a los apaches como
buenos salvajes?
R. Los apaches no eran buenas personas y menos los
chiricauas, (la última nación de naciones). El asunto no es contar la historia
de unos buenos salvajes, justo lo contrario: hay una semilla de violencia que
llega hasta el mundo contemporáneo. Que el hijo mayor de Gerónimo se llamara
Chapo o el guía apache del ejército se llamara coyote es muy significativo.
Creo que hay una serie de maneras de hacer que se reproducen en el tiempo y que
tenemos que trabajar como eliminarlas.
Profesor de literatura del siglo XVII en Nuevo York desde hace más de
una década, la inmersión histórica es una constante en sus últimas novelas. En Muerte
Súbita (premio Herralde 2013) el punto de partido es una hipotética
partida de tenis en Roma entre Caravaggio y Quevedo que desata un acordeón de
tramas, desde el pelo de Ana Bolena a la vida íntima de Hernán Cortés.
P. ¿Cómo trabaja el material histórico en sus novelas?
R. Mis obras son una novela y el archivo que las
sostiene. En Muerte súbita aparecen las propias hojas y aquí el narrador
funciona de archivo. Los demás relatos se explican en base a ese relato. Es la
información que vas necesitando para leer el resto. Yo trabajo con el mismo
material que los historiadores pero tengo licencia para producir una tesis. Un
novelista puede poner en la mesa temas que no están en discusión en el mundo de
la historiografía. Puede volar teorías siempre y cuando estén en clave narrativa.
Ahora, me resisto a la idea de que son novelas históricas porque donde esta
novela encuentra significado no es en la sucesión lineal sino en la
superposición de historias.
P. ¿Y qué significado aporta la inserción del autor en la narración?
R. Concibo mis novelas como una fórmula y, en este
caso, necesitaba dentro de la novela alguien que estuviera investigando y
comentando la historia de los tres jefes apaches con los que convivió Gerónimo.
Creo que hay una cortesía fundamental del novelista en contarle la historia
completa al lector. Por otro lado, una novela es también un juego. Me parece
divertido que los personajes se llamen como mis hijos y mi mujer de entonces; y
creo además que puede tocar las fibras emocionales de lector. Pero, obviamente,
todo es ficción.
P. En ese juego de identidades el autor/narrador llega a decir que se
siente como un apache
R. Son esas licencias. Jamás me atrevería a sentirme
como un apache. Pero se va poniendo un mantel que permite generar la textura
emocional de nostalgia por el continente ido, que tal vez sea el tema más
recurrente del libro. ¿Qué le hicimos a América? ¿Por qué vivimos en un
continente que ni siquiera sabemos cómo se llama, que tiene el apellido de un
pinche italiano? ¿Por qué no tenemos memoria? ¿Qué hubiera sido ese mundo si el
proceso de ocupación europea no hubiera sido tan avasallador?
MEXICO: AMLO y su amigo Silvio Rodríguez, de
paseo espiritual en Palenque
Bajo Palabra
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, visitó la zona arqueológica
de Palenque, Chiapas, para cargarse de energía, previo a asumir la Presidencia
de la República el próximo sábado. En un video subido a redes sociales, el
tabasqueño se muestra acompañado del cantautor Silvio Rodríguez, y del
presidente de la comunidad española autónoma de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla.
“Me da mucho gusto estar en Palenque, acompañado de Miguel Ángel
Revilla, Silvio Rodríguez, estamos en vísperas de la toma de posesión y vine a
Palenque a cargarme de energía porque aquí, además de la política, la economía,
las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual.
“Esto es algo espléndido, bellísimo, entonces estoy aquí con mis amigos
Silvio Rodríguez, con Miguel Ángel Revilla”, indicó.
El presidente electo muestra el templo de las inscripciones, el arco
falso maya y el templo de la cruz. “Y como ya estamos visitando la zona, y
vamos ahora al Templo de la Cruz, hemos estado tomando muchas fotos, mucha
gente y se va a saber, es mejor que yo lo informe, que se sepa que estamos aquí
en Palenque”, detalló.
MEXICO: Comunidades indígenas
serán consultadas sobre el Tren Maya
CNN
Después que el 90% de los participantes en la consulta aprobaron la
construcción del Tren Maya, ahora también las comunidades
indígenas podrán decidir el destino de este proyecto. Guillermo May, uno de los
representantes de la Red Nacional Indígena, habla sobre el acercamiento de
parte del equipo de transición de López Obrador para que lleve a cabo una
consulta en la que participen solamente las comunidades indígenas.
SUIZA: Convenio de la OIT obliga a México a consultar megaproyectos a pueblos
indígenas
Gabriela Sotomayor / Proceso / apro
Ginebra. El director general de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder afirmó que México debe seguir los
lineamientos establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas,
especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada con
respecto al desarrollo de megaproyectos.
Al ser cuestionado por Apro sobre la consulta llevada a
cabo por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Tren
Maya y el Transísmico, Ryder reconoció no saber los
detalles de dicho proyecto, pero fue claro en que México debe apegarse al
Convenio 169 del que es parte.
“Es un tratado internacional y como cualquier convenio ratificado por
el gobierno es vinculante y tiene efectos legales”, dijo Ryder en breve
conversación con Apro.
“No estoy al tanto de la especificidad de este caso, pero el Convenio
prevé lo que llamamos consultas previas de los pueblos indígenas en situaciones
que pueden afectar sus derechos y sus intereses y es una parte de este Convenio
que se desarrollen estas consultas”, remarcó el titular de la OIT.
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por
México y avalado en la Constitución del país es un tratado internacional,
adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y fue ratificado
por México en 1990.
El Convenio refleja el consenso logrado en la OIT en relación con los
derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en
los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos
derechos. Se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de
los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos
naturales, “así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe
al proceso de desarrollo”. El objetivo del Convenio “es superar las prácticas
discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en
la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios
fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del
Convenio”.
Diálogo
previo con los pueblos
En charla con Oelz Martin, especialista de la OIT sobre Igualdad y No
Discriminación y experto de la OIT sobre la aplicación del Convenio 169,
explicó a Apro que el organismo de momento no puede pronunciarse sobre si la
consulta del Tren Maya es válida o no porque hasta ahora no han recibido quejas
relacionadas con el caso, sin embargo, subrayó que “el asunto también podría
plantearse en un tribunal laboral nacional ya que está contemplado en la
Constitución”.
Para el experto de la OIT lo que es claro es que la consulta sobre un
proyecto de esta magnitud tiene que ser previa, libre e informada, “debe ser
llevada a cabo por el gobierno y debe haber un diálogo con los pueblos
indígenas o tribales” que pudieran verse afectados o beneficiados por dicho
proyecto. Estos pueblos se encuentran entre los grupos vulnerables que más
importan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia
social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional y el
trabajo decente.
El Convenio, recuerda Martin, se ha convertido en un punto de
referencia global, cuyo impacto sobre las políticas de gobernanza y desarrollo
va más allá de los países que lo han ratificado. Además, es un instrumento que
ayuda a los gobiernos a promover un ambiente favorable a la creación de
empresas sostenibles.
Por otra parte, la Comisión de expertos encargados de verificar la
aplicación del Convenio subraya “la importancia que tiene garantizar el derecho
de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a
través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos
pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se
debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo”.
Debido a los grandes retos a los que actualmente tienen que hacer
frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la
propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la explotación
de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales
en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento
fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión
y el diálogo. “Las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de
cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de
conflictos”, destaca la OIT. “No realizar dichas consultas y no dejarles
participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y
proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable
que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y
tribales”, advierte.
A pesar de que las organizaciones de pueblos indígenas no forman parte
de los mandantes tripartitos de la OIT como es el caso de los gobiernos y de
las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la OIT alienta a las
personas indígenas o a sus organizaciones a que se hagan miembros de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores de tal forma que puedan someter
sus quejas al organismo laboral de la ONU.
La
consulta, responsabilidad del gobierno
La OIT enfatiza que “la consulta de los pueblos indígenas se erige por
lo tanto en obligación general en virtud del Convenio, cada vez que haya
medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos
pueblos. “Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a la elaboración de
legislación nacional relativa a consultas o a la construcción de
infraestructura vial en las tierras de una comunidad indígena específica. “Además,
el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas
circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la
explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de
tierras”.
Asimismo, la OIT remarca que “la obligación de garantizar consultas
adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o
empresas privadas. En algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación
práctica del proceso de consulta a otras entidades. Sin embargo, la
responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo
estipulado por el Convenio recae en los gobiernos inclusive en los casos en que
no estén directamente a cargo del proceso”. Más de un millón de personas
pertenecientes a pueblos indígenas en 42 municipios de los estados de Yucatán,
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche podrían verse afectados por la
construcción del Tren Maya y, hasta ahora, no se les han ofrecido
oportunidades de diálogo, ni se les han dado a conocer de manera concreta los
detalles del megaproyecto. Cuestión que va en contra de los lineamientos de la
OIT pues “las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los
requisitos del Convenio”.
VENEZUELA: El arco minero indígena en la Guayana venezolana. José
Rafael Lozada
El Nacional
Desde hace años he venido denunciando la minería en territorios
indígenas, como una grave amenaza para los propios habitantes de esas zonas y
para los ecosistemas de su área de influencia. Hice el planteamiento en un foro
sobre el tema realizado en 2016 en el Centro de Ingenieros de Ciudad Guayana y,
en 2017 logré su inclusión en el Remitido sobre el Arco Minero del Orinoco,
aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes
(disponible en la web).
En estos momentos, reconocidas personas e instituciones denuncian la
minería que está destruyendo áreas del Parque Nacional Canaima (declarado como
Patrimonio de la Humanidad) y otros lugares adyacentes. Pero casi nadie quiere
decir que la mayoría de esos trabajos en las minas están siendo ejecutados por
los propios miembros de las etnias. Hay una especie de indulgencia automática
con respecto a los posibles delitos ambientales que pudieran estar cometiendo
los hermanos indígenas. Eso carece de toda lógica ambiental. La solución no es
evadir el problema; es identificarlo, analizarlo y convocar a los actores para
buscar alternativas enmarcadas en las leyes. Pero, ojo, hay que hacer cumplir
las leyes.
Podría decirse que el problema tiene su origen en la anarquía minera
que comenzó en 2004, con la creación de la Misión Piar que daba total apoyo con
créditos, maquinarias, motobombas y tuberías, a quienes explotaban el oro al
estilo de los garimpeiros. En ese mismo año un grupo de la etnia yek’wana se
asoció con criollos y ambos iniciaron la explotación comercial en El Caura, que
se consideraba la última cuenca prístina en el planeta. Entre 2011 y 2012 se
reportó que pemones estaban realizando minería en El Casabe y en el río Tonoro,
ubicados en la cuenca del Paragua. Entre 2010 y 2013, la prensa también informó
sobre actividades similares en el río Carrao y en Urimán (dentro del Parque
Nacional Canaima); en el último sitio el Ejército llegó a intentar controlar la
situación, y los soldados fueron sometidos, amarrados y arrodillados; hubo una
negociación para liberarlos y los indígenas expresaron que ellos continuarían
con su labor minera en la Gran Sabana.
El portal SOS-Orinoco ha identificado unos 33 lugares
donde se está haciendo minería dentro o en las adyacencias al parque Canaima.
Esa información, unida a la que he recabado, indica que hay participación de
indígenas en minas al menos en los siguientes lugares: zona media del río
Caura, cuenca del río Paragua (El Casabe, río Tonoro, río Karún), cuenca del
río Caroní (Las Calaveras, Campo Alegre, Sampai, Chiricayén, Apoipó, río
Surucún, Acaredén, Yacrimá, río Amac, río Uaiparú, Parkupí, río Apremé,
Aripichí, río Pirma, río Tirika, Urimán, Boquini, Guacharaca, Chicharrón,
Asapati, río Carrao, Wadetey, Kuana, río Mowak). La ubicación de algunos de
esos sectores demuestra que ya está en ejecución lo que podría llamarse el arco
minero indígena, que se muestra en la siguiente figura.
El tipo de minería que se está efectuando en estos sitios corresponde a
monitores hidráulicos, con el uso de mercurio. Esto trae nefastas consecuencias
para los ecosistemas y para los propios indígenas: destrucción de la
vegetación, de los ríos, fragmentación de hábitats, contaminación del agua por
sedimentos y por mercurio, afectación de la fauna, destrucción del suelo (ver
siguiente imagen), enfermedades por mercurio, proliferación del paludismo,
prostitución, tráfico de drogas y de alcohol.
La minería indígena ha evolucionado, ha adoptado prácticas de los
criollos. Se ha reportado la existencia de un grupo paramilitar armado llamado
Guardia Territorial Pemón, que pretende tomar el control de las minas que
trabajan los criollos en Icabarú desde hace más de 50 años; es casi seguro que
esa violencia generó, hace pocas semanas, el homicidio de José Vásquez,
comandante de ese grupo paramilitar. También ocurrió otro hecho deplorable
cuando se denunció, en agosto de este año, una disputa (con seis fallecidos) en
la que miembros de la etnia Sanema se aliaron con “sindicatos” criollos y
enfrentaron a integrantes de la etnia hibi por el control de una mina cerca de
Maripa. Se puede prever que pronto los grupos indígenas más vulnerables serán
víctimas de etnias con recursos más avanzados; en el pasado han ocurrido
guerras por dominio del territorio y por derechos de cacería, ahora eso se
puede repetir por la explotación del oro, lo cual hay que evitar; no se puede
permitir que la violencia siga afectando a los hoti (en la sierra de
Maigualida) o que se repitan masacres con los yanomami (en las sierras de la
Neblina y Parima-Tapirapecó).
El arco minero indígena no está relacionado en tiempo ni en espacio con
el Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno (que de por sí es muy
malo). La mayoría de las minas indígenas comenzaron muchos años antes que el
AMO. Este está al norte del estado Bolívar y muy lejos, en el sur, están las
minas indígenas. En el sur es donde se hallan las más graves amenazas a los
recursos hídricos, allí se encuentran las nacientes de los grandes ríos de
Guayana (los ríos no corren del norte al sur, nacen en el sur y corren hacia el
norte), ahí existe la mayor cobertura boscosa que se conecta con la selva
amazónica, esa es la zona de los tepuyes y la diversidad más rica y frágil de
Venezuela.
Tradicionalmente, la posición “oficial” de las organizaciones indígenas
era que se oponían a la minería; así lo han expresado la Organización Regional
de Pueblos Indígenas del Amazonas y la Organización Indígena de la Cuenca del
Caura (Kuyujani). Pero en las últimas semanas han aparecido declaraciones de
los caciques de Gran Sabana y de Emilio González (integrante de la etnia pemón,
minero y alcalde del municipio Gran Sabana) que señalan la defensa del derecho
de los indígenas a practicar la minería. Esto representa un consentimiento
público de lo que ya han venido ejecutando desde hace años; no le dan el nombre
pero es innegable que está en marcha un arco minero indígena. Eso es muy grave
porque sus territorios, en los que hay riquezas minerales localizadas, abarcan
millones de hectáreas y, si esa destrucción no se detiene a tiempo, pronto
veremos inmensos impactos ambientales y sociales. Esos territorios son iguales
o mayores al Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno.
Para finalizar, hay que destacar que la Constitución nacional (1999),
la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas
(2001) y la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas (2005) protegen el
modo de vida ancestral de las etnias; la minería con monitores hidráulicos y
con mercurio no es parte de ese modo de vida ancestral. No hay forma legal de
permitir esa actividad dentro de parques nacionales, monumentos naturales,
zonas protectoras ni reservas hidráulicas. Quienes promueven esas ideas ignoran
de manera muy irresponsable e imprudente las leyes de Venezuela. No se puede
seguir desconociendo el arco minero indígena. Ojalá que la sabiduría de los
ancestros ilumine a los consejos de ancianos, y que estos actúen para retomar
un modo de vida en armonía con el ambiente, y que la salud y la paz los
acompañen en esta y en las próximas generaciones.
ESPAÑA: De Guatemala a O Grove para cambiar el mundo
Las líderes indígenas guatemaltecas que recorren la provincia dejan su
mensaje por la igualdad en la villa meca
Tras pasar por Pontevedra, Vigo, Bueu y Caldas, donde ofrecieron
charlas, conocieron métodos de cultivo y protagonizaron todo tipo de eventos,
las activistas indígenas Juventina López Vasques y Manuela Xocol (Ita)
recalaron anoche en O Grove. Lo hicieron en su calidad de activistas para
contar a la sociedad
pontevedresa todos los problemas a los que se enfrenta la población de
Guatemala, y especialmente ellas, las mujeres. Juventina López e Ita Xocol son
protagonistas del programa "Mulleres que mudan o mundo", impulsado
por la Diputación y la Coordinadora Galega de ONGs, integrada por casi medio
centenar de entidades implicadas en la cooperación internacional.
La primera de ellas, presidenta de la Asociación Indígena
Agropecuaria Prodesarrollo Integral, en Champerico, es una mujer
indígena hija de un líder comunitario que luchó por la recuperación de las
tierras ancestrales de su comunidad. Su infancia coincidió con los años más duros
del conflicto guatemalteco, por lo que no pudo acudir a la escuela. Intentó labrarse un futuro mejor en Estados
Unidos, pero fue deportada, y de vuelta en su país decidió entregarse en cuerpo
y alma a la defensa de su entorno. Ahora, en su visita a localidades como la
meca, "tenemos la oportunidad de dar a conocer la realidad que vivimos las
mujeres que fuimos discriminadas y humilladas por ser mujeres, indígenas y por
contar con un vestuario e idiomas diferentes", manifiesta.
Ita Xocol dirige la radio La Voz de Racantaj; con el que
da voz a los derechos de las mujeres en Nahualá. Cuenta que harta de la
discriminación en la escuela, por ser mujer indígena, un día decidió escaparse
a la capital del país. Allí participó de forma activa en acciones promovidas
por una entidad juvenil y decidió luchar por sus derechos y de las mujeres.
"En Guatemala nos niegan el derecho a la comunicación, sufrimos
discriminación; es lamentable cuando nos dicen que somos medios de comunicación
piratas". Pero está convencida de lo que hace, como que "con el
trabajo las mujeres pueden vivir mejor; por eso tenemos que seguir defendiendo
nuestros derechos". En todo ello abundaron anoche durante la charla
ofrecida en O Grove, como lo habían hecho en su visita a Pontevedra
para arropar la exposición "Tecedoras do cambio", y dejar constancia
de que sí hay mujeres capaces de cambiar el mundo. Un mensaje en pro de una vida digna, la
igualdad y las libertades de cualquier pueblo que también transmitieron en los
diferentes actos públicos desplegados en Pontevedra, Vigo, Bueu
y Caldas. También en los centros educativos ya que el programa incluía el
encuentro de las líderes indígenas guatemaltecas con estudiantes del IES do
Castro (Vigo), IES Pintor Colmeiro (Silleda), IES Laxeiro (Lalín) y del IES Castro Alobre
(Vilagarcía).
PERU: La “Paisana Jacinta” no saldrá más en la televisión
Diario Voces
El conocido programa ‘La Paisana Jacinta’ será sacado de
las pantallas de Tv peruanas tras una orden judicial emitida desde Cusco, donde
un grupo de dirigentes campesinas inició y ganó un largo proceso contra el
programa, al que calificaron de despectivo, violento y grosero. La juez Janet
Paredes, titular del Primer Juzgado Mixto de Wanchaq, declaró fundado el
recurso de amparo presentado por Cecilia Paniura, Rosa Supho, Irenen Quispe y
Rosalinda Torres y emitió una sentencia que ordena levantar del aire y borrar
todo contenido de las redes sociales del programa ‘La Paisana Jacinta’,
patrocinado por la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. –
Latina. “Este personaje de la Paisana Jacinta nos indigna
porque nos hace ver a todas las mujeres del campo como tontas, cochinas y feas,
cuando no es así. Nosotras somos capaces y trabajamos duro todos los días;
pedimos que el Poder Judicial haga respetar a todas las mujeres del campo”,
citó Cecilia Paniura, una de las demandantes.
La juez cusqueña en su resolución ordenó que el programa ‘La
Paisana Jacinta’ no vuelva a ser difundido en señal abierta o cable,
además los dueños del material deberán retirar los programas existentes en sus
redes sociales y cuentas de YouTube. En el proceso, las demandantes
exigieron: a) se ordene a Frecuencia Latina pedir disculpas
públicas a los pueblos indígenas del Perú, b) se ordene a Frecuencia
Latina suspender la emisión de todos y cada uno de sus capítulos del
programa “Paisana Jacinta” hasta que replantee su contenido, c)
recomendar a las entidades estatales la adopción de políticas y medidas de
sensibilización y educación dirigidas a toda la ciudadanía, y, d) se ordene
retirar todos los vídeos de dicho programa en sus canales de YouTube.
PANAMA: Montezuma, la miss que rompió el molde
Rosa Iveth Montezuma, nuestra representante en el próximo certamen de
Miss Universo, no solo es bella, es una muestra de la lucha por la inclusión de
los pueblos indígenas que deben aplicar los Gobiernos
La Estrella de Panama / Adelita Coriat
Tal vez Panamá jamás había tenido una candidata tan carismática,
inclusiva y desenvuelta como Rosa Iveth Montezuma. La mujer no desaprovecha
oportunidad para dirigirse con soltura a cualquier público, políticos,
interesados en la cultura o en la defensa de los derechos humanos. Quién mejor
que ella para contarle al mundo lo que viven los pueblos indígenas. Así lo hizo
en septiembre pasado en las Naciones Unidas. Su vocabulario no es aquel del
cliché de las reinas de belleza. Montezuma habla más que otras figuras
esbeltas, con cabello largo y maquillaje. Es una señorita completa, con acervo
cultural, inteligente y preparada para responder cualquier pregunta del jurado,
por más confusa que ésta sea.
Montezuma viajó el martes pasado a Bangkok, Tailandia, sitio donde se
celebrará la versión número 67 del concurso, a realizarse el 17 de diciembre
próximo.
A finales de octubre pasado, pronunció un discurso en la Sociedad
Bolivariana en conmemoración del icónico escrito de la Carta de Jamaica, de la
cual reproducimos a continuación algunos extractos que la autora había
pronunciado ante la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados
Unidos:
‘Mi presencia en este recinto obedece al reto de inclusión y diversidad
que enfrentan muchos países, en especial aquellos con presencia de pueblos
indígenas y que durante años han sido discriminados y destinados al ostracismo.
Destacando de igual manera, los diversos avances que estos pueblos han logrado
con el anhelo de materializar sociedades sin barreras que determinen qué tipo
de humanos somos'.
‘En concordancia con este planteamiento, unos meses atrás como mujer
indígena imprimí una nueva página en la historia de mi país; siendo la primera
mujer indígena originaria de la Comarca Ngobe-Buglé en participar y ganar el
concurso de belleza más importante de Panamá, el cual me otorga la oportunidad
de llevar mi bandera, costumbres e idiosincrasia cultural a Miss Universo
2018. Protegiendo mi esencia indígena y campesina, esperando encarnar
con orgullo a los pueblos indígenas y a todos los panameños'. Lamentablemente,
la historiografía de los pueblos indígenas panameños no escapa de la realidad y
del olvido al que han estado atados la mayoría de los pueblos originarios de
América y del mundo; durante años han transitado por innumerables luchas para
lograr ser merecedores de los derechos propios como todos los seres humanos'.
‘Actualmente, tenemos territorios jurídicamente definidos, sin embargo,
los más de 400 mil habitantes se enfrentan a múltiples retos y desafíos. Es
decir, el 12% de la población indígena de nuestro país demanda aún mayores
esfuerzos del Estado y los gobiernos dirigidos a superar nuestra pobreza y marginalidad.
Como representante de la mujer panameña traigo a este escenario la voz de mi
pueblo. Una voz que le ha sido difícil el camino para llegar a estos escenarios
internacionales, mucho más a nosotras las mujeres, quienes hemos estados
marginadas desde nuestra cultura y desde nuestros países'.
‘Soy de la opinión que los gobiernos y los estados de nuestra América
tienen una deuda social histórica con nuestro pueblos originarios. En atención
a esta realidad, deben ser más eficaces y eficientes en cuanto a las políticas
públicas dirigidas a nuestra población. Estas recomendaciones ya la han hecho
organismos internacionales. Deseo contribuir en aportar mi esfuerzo de
divulgar, promover y participar en cuanto a su ejecución y seguimiento, de
manera que el proceso se cumpla y que a mediano plazo obtengamos y veamos
resultados concretos'.
‘Es inaceptable, que después de tantos años de lucha de los pueblos
indígenas americanos, aun existan carencias firmes y no estén presentes los
estándares mínimos para la supervivencia, preparación, dignidad y bienestar de
los pueblos. Términos como igualdad de género, desarrollo sostenible y
empoderamiento e inclusión social se han vuelto efímeros en la praxis diaria;
debemos establecer programas y proyectos que busquen erradicar todas las
vulnerabilidades y las desventajas que existente con respecto a la población en
los que habitan'. ‘Los indígenas de América solicitamos mayor participación,
queremos pasar esa página nefasta de simple espectadores, aspiramos a ser
sujeto de nuestro desarrollo'.
‘Desde mi experiencia, he
observado como durante muchos años las políticas gubernamentales han
establecido medidas para mejorar las condiciones de vida dentro de los pueblos
indígenas panameños. Hace una década atrás las circunstancias regían con mayor
precariedad, no obstante, aun en muchas regiones se vive la historia que yo
viví; graves problemas de acceso, donde estudiantes deben caminar alrededor de
1 o 2 horas para llegar a los centros educativos, los cuales no poseen la estructura
adecuada para el desarrollo óptimo; siguen siendo pequeños ranchos a la
intemperie sin recursos tecnológicos para el provecho de toda la comunidad
educativa. Indudablemente, esto repercute en la calidad de educación que
reciben los pueblos indígenas ampliando la brecha de competitividad en el
ingreso a las universidades y empleos'.
‘Por otro lado, deseo expresar que, como representante de la belleza de
la mujer panameña, y de la indígena en especial, hay un tema muy importante que
me impulsa apoyar y participar. Es el tema del empoderamiento de la mujer
indígena en los distintos temas sociales, políticos, económicos y culturales.
Ya lo han señalado los informes de los organismos internacionales: existen
cerca de 26.5 millones de mujeres indígenas en nuestra América, y más de dos
tercios están en la pobreza y la marginalidad. Esta situación es preocupante y
alarmante, y se hace mucho más dramático y crítico, cuando vemos que a 23 años
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en
Beijing, China, los avances han sido lentos y en algunos casos nulos en la
región'. ‘Es decir, el compromiso y mandato acordado, en muchos casos han sido
muy lentos y en otros no han sido atendidos con la responsabilidad que como
país democrático se debió hacerse con la población aborigen de nuestra región'.
‘La voz de alarma y atención la han expresado organismos como la Cepal, ONU,
BID, sociedad civil, y otros; pero hace falta mayor unidad para que los
gobiernos accedan a ser más efectivos con sus políticas públicas para con las
mujeres indígenas'. ‘Yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un
pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la
intolerancia'.
Hoy me uno a la aseveración que realizara hace unos años una de las
líderes indígenas mundiales, la señora Rigoberta Mechú, quien afirmo que ‘yo
creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la
erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia'.
Esto parece muy crudo e irreal, pero es la verdad, y esta realidad
amerita una política de Estado más efectiva y que pase de documentos y
legislaciones, en algunos casos, a la praxis. Mis hermanas indígenas de Panamá
y del Mundo, solicitamos mayor espacio de participación efectiva, queremos ser
protagonistas, queremos seguir siendo la biblioteca de la enseñanza y la
cultura de nuestro pueblo, como lo hemos hechos hasta hoy día; queremos
contribuir al desarrollo de nuestro país, donde la multiplicidad cultural no
sea un obstáculo sino una variedad rica de nuestra nacionalidad. Es el momento
de romper con todos esos paradigmas discriminatorios y racistas; para esto es
necesario que las mujeres indígenas trabajemos de la mano con los entes
gubernamentales logrando la sincronía que facilite la supervisión y excelente
desarrollo de los proyectos.
‘Es necesaria la creación de centros de orientación y prevención del
VIH/Sida. A la fecha este problema afecta de manera directa a muchos hijos de
las mujeres indígenas de hogares donde uno de los padres están ausentes'. ‘Crear
proyectos específicos de captación de fondos para becas y apoyar a mujeres
indígenas a nivel secundario y universitario. No existe una instancia o
institución dedicada a gestionar fondos para becas y apoyos educativos para
mujeres indígenas. A pesar de esto, nuestras hermanas ingresan en mayor número
en los centros educativos secundarios y universitarios tanto del área indígenas
como en el país'.
‘Son muchas las exigencias y aportes que pueden surgir de los pueblos
indígenas. Somos pueblos con expresiones culturales, valores extraordinarios,
siempre dispuestos a la inclusión y diversidad social'. ‘Llegó la hora de que
se nos conceda el espacio para participar e iniciar de manera efectiva nuestra
participación. Con este ánimo estoy dispuesta acompañar y colaborar haciendo
eco de esta realidad en todos los foros internacionales indistintamente del
tema que sea'.
‘La tarea no es fácil, pero no es imposible. Hago un llamado a los
organismos internacionales que sigan acompañándonos en esta tarea, ustedes son
nuestros colaboradores importantes. Continúen con ese esfuerzo por una sociedad
más equitativa, justa y participativa en materia indígena'.
TAILANDIA: AI denuncia peligro de pueblos indígenas en Malasia en lucha
por sus tierras
EFE
Bangkok. Amnistía Internacional (AI) denunció hoy el peligro
de extinción que afrontan las culturas indígenas en Malasia en la lucha por
defender sus tierras debido a la falta de protección oficial.
La organización presentó en Putrajaya el informe "The Forest
Is Our Heartbeat: The Struggle to Defend Indigenous Land in Malaysia",
elaborado a raíz de decenas de entrevistas con miembros de comunidades
indígenas, activistas, autoridades locales, abogados y académicos en todo el
país. "Las culturas indígenas corren el riesgo de desaparecer por
completo, junto con los bosques de Malasia", advirtió Rachel
Chhoa-Hosward, investigadora en Malasia de AI.
La activista denunció que "el Gobierno no está protegiendo el
derecho a la tierra de los pueblos indígenas, que está reconocido en papel por
la ley.
AI recordó al Gobierno del primer ministro Mahathir Mohamad su promesa
electoral de proteger a los pueblos indígenas, que representa en torno al 13,8
por ciento de los 31,7 millones de habitantes.
La coalición gobernante, Pakatan Harapan (Pacto de Esperanza),
prometió en la campaña que le llevó a ganar las elecciones del pasado 9 de
mayo "reconocer, defender y proteger la dignidad y derechos" de los
pueblos indígenas.
"No estamos en contra de la administración, el progreso o la
modernización, pero si tenemos que renunciar a lo que somos, a nuestra
identidad, a nuestra comunidad, ese no es un precio que queramos pagar",
expresó por su parte el indígena malasio Mustafa Along en el acto. "Si
perdemos los bosques, lo perdemos todos, porque nuestra vida es el
bosque", añadió.
El informe contiene decenas de entrevistas y declaraciones sobre casos
de hostigamiento, intimidación, violencia, detención e incluso muerte que
sufren estas comunidades y sus defensores cuando intentan resistirse a perder
sus tierras ancestrales.
El estudio recoge el asesinato del activista indígena Bill Kayong en
junio de 2016, crimen por el que una persona fue detenida, juzgada y condenada,
y expone detenciones arbitrarias, incluidos periodistas que se limitaban a documentar
manifestaciones de protesta.
Según AI, el desarrollo de la tierra en Malasia "está afectando
negativamente" a los pueblos nativos que, pese a residir en casi todas
partes del país y contar con un reconocimiento especial en la Constitución,
viven en niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social.
MEXICO: Sobre la versión definitiva de la ley
del INPI- La Tlacuila
Urge reforma el 2º que incluya el consentimiento
y que defina a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo cual también
aparece en la ley en cuestión pero no en la Constitución.
Animal Político
En mi entrega
pasada me referí a la iniciativa de la Ley del Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas (INPI), la cual en esos días se estaba discutiendo en los
foros de consulta que se realizaron para recoger la opinión de los pueblos
originarios. Revisé la versión que estaba en discusión en los foros mencionados
y, entre otras cosas, comenté que me parecía relevante que se incluyera el
consentimiento en el inciso relativo a la consulta previa, libre e informada,
pues sin éste las consultas no tenían sentido, aunque aclaré que éste no está
en la Constitución.
Ahora, revisando la versión final aprobada, me encuentro con que, entre
otros cambios, simplemente desapareció esa palabra. En la versión llevada a
consulta, entre las funciones del instituto está la de: “garantizar, coadyuvar
e implementar los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e
informado cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas,
programas y proyectos susceptibles de afectar los derechos de los pueblos
indígenas” y la nueva versión dice: (el Instituto) “será el órgano técnico en
los procesos de consulta previa, libre e informada cada vez que se prevean
medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal susceptibles de
afectar los derechos de los pueblos”.
No solamente desaparece el consentimiento, con lo cual las consultas
dejan de ser vinculantes y se convierten en una forma de recoger simplemente la
opinión de las comunidades, también desaparece la consulta a programas y
proyectos y se reduce al ámbito federal, además de que el INPI ya no
“garantizará” los procesos.
Desconozco los argumentos vertidos por los congresistas para hacer
estos cambios, pero me parece que puede haber dos razones: una, que en tanto no
esté contemplado el consentimiento en la Constitución no se puede incluir en la
ley, pues la Carta Magna está por encima de todas las leyes; otra, que el nuevo
gobierno no tiene intención de acatar las decisiones que surjan de las
consultas.
Me inclino más por la primera, pues AMLO y sus colaboradores han dicho
reiteradamente que se tomará en cuenta a los pueblos indígenas, y que se
realizarán las consultas previas, libres e informadas que sean necesarias, empezando por la consulta para la construcción del Tren
Maya, aunque quienes solamente leen los encabezados
tendenciosos de las noticias no se hayan enterado y continúen afirmando que la
obra se va a iniciar sin realizar la consulta correspondiente o manifestando
que “exigen” que se haga.
Lo que urge es una reforma al artículo segundo constitucional que
incluya el consentimiento y que defina a los pueblos indígenas como sujetos de
derecho, lo cual también aparece en la ley en cuestión pero no en la
constitución. No será hasta que se hagan esos cambios que podremos estar
seguros de que se respetarán las decisiones de estos pueblos y de que serán
considerados sujetos de derecho no solamente por el INPI, sino por todos
(supongo que si no se quitó ese punto de la ley del instituto será porque no se
contrapone a la constitución de la misma manera que el otro). También falta
incluir en la constitución a los pueblos afromexicanos, quienes aparecen en la
ley del INPI prácticamente a la par de los indígenas, lo cual fue un cambio muy
positivo.
La transformación apenas empieza y no se puede cambiar todo en unos
días o meses; ya se cambiaron varias cosas, sobre todo algunas urgentes para
que AMLO pueda actuar, como es la creación del INPI que, según me comentó un
morenista, precisamente urgía para poder organizar la consulta a los indígenas
que serán afectados por el Tren Maya. Mañana, por fin, tendremos
nuevo presidente y no será sino hasta dentro de unos meses que podremos
comenzar a ver resultados que espero sean a favor de los pueblos indígenas y
afromexicanos.
OAXACA: ¿Un Gobernador Indígena? Humberto Torres. Las plumas del
tecolote
NSS Oaxaca
El próximo 1 de diciembre, ya investido presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador sostendrá un encuentro que organiza el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas que encabezará Adelfo Regino Montes y la
Secretaría de Cultura. Sin embargo, algunos vivales tratan de no perder la
oportunidad de sacar provecho político, como es el caso de Hipólito Arriaga
Pote quien se ha auto nombrado “Gobernador Indígena”. Quienes conocen la
historia cuentan que en los primeros meses del 2014, un grupo de políticos del
PRI con fuerte influencia en el “Grupo Atlacomulco” diseñó una
estrategia para “levantar” la participación indígena nacional y neutralizar
cualquier otra fuerza de los pueblos indígenas vinculadas con el Congreso
Nacional Indígena (CNI-EZLN), con el Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) u otra opción no partidaria que contrarrestara el proceso electoral de
2018. La idea central era y es cooptar la votación de los pueblos indígenas
para beneficio del tricolor.
De la valoración de ambas ideas, surgió la decisión de crear una figura
que más tarde se llamaría “Gubernatura Indígena Nacional” (GIN) y que fue
entregado en aquel tiempo, al Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas
del Senado de la República, Hipólito Arriaga Pote, originario del Estado de
México.
Con años de militancia en la CNC, fue perfilado para su plan político,
pues mientras en el Estado de México, desde el Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), se facilitó la
cobertura institucional para seleccionar otros cuadros indígenas cercanos, en
la CNC tejieron la idea para convertir al Estado de México en tierra de
Gobernadores Indígenas.
Desde 23 de julio del 2014, en una reunión realizada en Toluca, se
constituyeron en un “Consejo Nacional” y nombraron a Arriaga Pote, como
“Presidente Nacional Indígena”. Desde entonces los asesores jurídicos invocaron
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de Convenios y Tratados internacionales para dar “legalidad” y “legitimidad” al
nombramiento del “Presidente Nacional Indígena”. A partir del
próximo sábado una nueva realidad se vivirá en el país, donde urge recuperar
las aspiraciones de los indígenas de México.
A VUELO DE
PÁJARO
No iniciaba la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados cuando Othón
Cuevas, Hilda Luis y Alfonso Silva Romo encabezaron la toma de la tribuna para
tratar de impedir los acuerdos a los que habían llegado las fracciones de
Morena, PT, PRI y otras más. Por más que patalearon no alcanzaron las más
importantes como Hacienda, Presupuesto, Fiscalización, Puntos Constitucionales,
Derechos Humanos, Comisión Instructora y Educación. Por eso, a puerta cerrada y
sin suban presencia, sesionaron y designaron a Itzel Espinosa como Contralora;
Omar Maldonado en la Tesorería y Jorge González Ilescas como Oficial Mayor.
MEXICO: Controversia indígena: dar o no a López Obrador el bastón de
mando
Daniel Blancas Madrigal / Crónica
A la par de reproches a gobernadores indígenas falsos, representantes
de pueblos originarios del país chocaron en torno a la entrega del bastón de
mando a políticos. Andrés Manuel López ha anunciado la recepción, ya como
Presidente, de una vara de mando indígena, como parte de los rituales sabatinos
programados en el Zócalo de la CDMX. “No estamos de acuerdo. A un extraño
nuestro, como AMLO, no podemos entregarle un bastón, porque no es indígena”,
aseguró Abundio Marcos, coordinador general del Movimiento Indígena
Purépecha de Michoacán. “Un bastón se le entrega sólo a un indígena
para que asuma toda la responsabilidad y sea el jerarca mayor. El pueblo
purépecha no puede dárselo a nadie que no sea representante genuino y, menos,
si no hay consenso en la comunidad”.
¿Qué hay de
fondo entonces? —se le preguntó.
Se quieren
poner a las órdenes del Presidente y buscan espacios en el Instituto Nacional
de Pueblos Indígenas, que tampoco apoyamos. Como Movimiento Indígena Nacional
hemos dicho que debiera ser una Secretaría de Pueblos Indígenas, para que tenga
autonomía jurídica y recursos propios. En su momento hablaremos con López
Obrador para expresarle nuestro desacuerdo con proyectos como el Tren Maya,
cuyos intereses no están enfocados a los pueblos, sino al despojo
territorial.
En la misma sintonía se expresó Ernesto Arguelles, coordinador de Enlace
de la Tribu Yaqui: “Los bastones se están usando para los parientes,
para la gente de fuera, como decimos nosotros. Se le entrega a la persona con
la que quieres quedar bien, para que lo luzca como trofeo de guerra, bajo la
ley del hombre blanco o yori y no nuestra.
¿Asistirán
a la ceremonia?
Estuvimos
discutiéndolo. La tribu Yaqui, conforme a sus normas internas, no dio a sus
integrantes un permiso formal. Asistirán algunas personas, pero no como
autoridades tradicionales. Se les propuso que no fueran, para no ser
utilizados; si lo hacen, no van como parte de la agenda de lucha de nuestro
pueblo.
La investigadora Araceli Burguete, de la Unidad Sureste del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
se refirió al dilema con una anécdota: “Un día pregunté a una autoridad
tradicional de Chiapas por qué entregaban bastones de mando a los políticos y
si no consideraba que, por cada bastón entregado, le restaban a la poquita
autonomía que tienen. Y me respondió: los que les damos a los políticos son
puros bastones chinos… Estamos hablando entonces de un performance, un
espectáculo, porque los verdaderos bastones no salen y están resguardados en
iglesias y centros ceremoniales. Es un show al que se montan todos los que
tienen algo que vender”.
En otra óptica, Joel Aquino, líder indígena de la Sierra Norte de
Oaxaca, explicó: “¿Quién recibe la vara de mando? El ciudadano que ha tenido la
capacidad intelectual y moral de servir a su comunidad desinteresadamente,
habiendo desempeñado desde cargos muy simples, hasta culminar con la parte más
alta de la pirámide, significa entrega total a la comunidad”.
¿Su
cosmovisión contempla la entrega de bastones a mandatarios?
No, pero la
excepción será Andrés Manuel. A otros no, porque se folclorizaría. Quien
percibe salarios por parte del Estado no tiene derecho a recibirlo, sólo quien
está dispuesto a sacrificarse.
AMLO sí
recibirá salario…
Pero ha
acompañado a las comunidades en su resistencia política y la esperanza es que,
con él, sí seamos reconocidos como sujetos de derecho público y no nos sigan
tratando con la punta del pie.
A diferencia de indígenas de Veracruz, quienes aseguraron que el bastón
provendría de su región huasteca, Aquino apuntó: “Vendrá de Oaxaca, de la
comunidad zapoteca, ya está acordado. Cuando se pactó la entrega, también se
planeó una audiencia de por lo menos una hora para plantearle al Presidente la
problemática de todos los pueblos indígenas.
¿La habrá?
La estamos
pidiendo, pero no sabemos si se concederá. Es indispensable entregar la vara y
que haya diálogo, sólo así se podrá avanzar, de lo contrario volveríamos a lo
mismo de siempre. La vara descansa sobre un principio filosófico: mandar
obedeciendo.
Margarito Ruiz, maya-tojolabal del Consejo Indígena de Chiapas,
expresó: “La mayoría de los pueblos indígenas votamos por Andrés Manuel, lo
vemos como aliado, y la entrega del bastón es muestra de confianza y
esperanza”.
Y Julio Atenco, representante de la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, describió: “Consideramos
válido consagrar el bastón a la Guadalupana o a Tonantzin, bajo la concepción
mexica, para que, al entregárselo a AMLO, tenga la bendición de la madre de
Dios o de la madre tierra, y su gobierno sea exitoso. Él, a cambio, tendrá que
comprometerse con los pueblos a gobernar con justicia y equidad, y debe saber
que no es un juego”…
MEXICO: Alertan sobre indígenas patito… autoridades ignoran
Daniel Blancas Madrigal / Crónica
Desde octubre de 2017, al menos 20 organizaciones indígenas alertaron a
la Presidencia de la República, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal
Electoral y al INE sobre la aparición de “gobernadores indígenas patito” en el
país, con el objetivo de lucrar con la imagen de los pueblos originarios; los
mismos que pretenden entregar un bastón de mando al presidente Andrés Manuel
López Obrador. En el documento de siete páginas, compartido a Crónica,
se expone: “Con preocupación hemos sido informados que, desde el 25 de enero de
2016, quedó registrada ante la Secretaría de Economía, la Asociación Civil
Gubernatura Indígena Nacional. En el acta protocolaria, nombraron a Hipólito
Arriaga Pote como Gobernador Indígena Nacional… Nosotros no lo reconocemos.
Tampoco validamos a los supuestos gobernadores indígenas en varias entidades
del país. No fueron nombrados en Asamblea Nacional”. Y señalan: “La usurpación
de funciones contraviene lo establecido en la Carta Magna… La proliferación de
estas Gubernaturas genera autoridades paralelas que causan conflictos hacia el
Estado y en los pueblos indígenas. Con dolo rompe y quebranta nuestra
cosmovisión y folkloriza nuestra cultura”. “Nadie puede ni debe suplantar la
voz de los pueblos indígenas de México. Tampoco abrogarse una representación
indígena nacional, con la pretensión de abanderar la gestión presupuestal
indígena y defender los derechos político electorales de los pueblos”.
Las autoridades aludidas respondieron con indiferencia al reclamo de
frenar “la suplantación de funciones de falsos representantes indígenas”.
Entre los grupos firmantes estaban la Red Nacional Indígena, la
Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, el Movimiento Indígena
Nacional, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Movimiento de
Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la CDMX.
MEXICO: Los planes del gobierno de AMLO podrían enfrentar cientos de
conflictos territoriales
El 1 de diciembre se inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
dirigente de izquierda que arrasó en las elecciones presidenciales mexicanas
del 1 de julio al obtener más
del 50 por cientode la votación nacional.
Sin embargo, López Obrador ha comenzado a gobernar desde hace meses con
la celebración de consultas ciudadanas en las que, entre otras cosas, se
decidió la cancelación del
proyecto de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México y la construcción de
grandes obras de infraestructura como el
Tren Maya, el tren del
istmo de Tehuantepec y una refinería en Tabasco,
su estado natal.
Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, considera que los conflictos socioambientales serán el asunto
central con el nuevo gobierno: “Ese va a ser el tema del próximo sexenio: el de
la lucha territorial contra el extractivismo nacional o extranjero”.
Olivos dice que la política de López Obrador es explotar no solo el
subsuelo sino también lo que está en la superficie, “en tanto el territorio es
cultura, sociedad, religión y también es explotable”.
Tierra de
guerreros
El enfrentamiento de los proyectos gubernamentales y los intereses
privados con las comunidades rurales e indígenas no es una novedad en México.
Eso lo sabe la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, que ha sido
la más violentada en la última década por luchar contra el saqueo de su
territorio. Hace nueve años fundaron Xayacalan, un asentamiento ubicado en la
franja costera que busca impedir el despojo de más de siete mil hectáreas donde
hay catorce concesiones mineras. Xayacalan significa “tierra de
guerreros” y representa la lucha que la comunidad ha librado contra
terratenientes, talamontes, grupos criminales y fuerzas policiales y federales
para impedir el tráfico ilegal de hierro y madera. La resistencia ha tenido un
costo sangriento para la comunidad: 34 asesinatos —entre ellos un niño— y seis
desapariciones en casi una década.
En México existen al menos 205 conflictos comunitarios contra
megaproyectos y en defensa del territorio y los bienes naturales, según los
estudios de María Fernanda Paz, académica del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Esta estimación incluye el caso de Ostula y toma en cuenta los procesos
de organización social, pero podría considerarse conservadora: Víctor Toledo,
investigador de la misma universidad, calcula que los conflictos ambientales en
el país sobrepasan la cifra de quinientos. Explica que “un 75 % de los casos
están vinculados a procesos de expansión del capital y de mercantilización del
ambiente (agua, viento, minerales, bosques) con fines extractivos o de
infraestructura urbana”. Según la investigadora, las luchas de las comunidades
se originan por la contaminación del agua, el aire o el suelo; la destrucción
de ecosistemas, reservas naturales, cultivos o sitios naturales sagrados; el
despojo de agua o territorio, y el daño de entornos cotidianos o laborales.
En el registro de Toledo, 78 por ciento de los casos son provocados por
proyectos mineros, energéticos, hídricos, de vías de comunicación, desarrollo
turístico y urbano. “Son proyectos depredadores de grandes compañías
extranjeras o nacionales y de empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la
Comisión Federal de Electricidad”, apunta el investigador.
Toledo explica que esos conflictos proliferaron durante la última
década, pero el marco jurídico que los propició fue implementado en los años
noventa durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En su estudio, 46 por
ciento de los casos pertenecen al rubro minero (188) y energético (70).
Las leyes que regulan ambos sectores establecen que lo que hay en el
subsuelo es un bien público, lo que posibilita que el gobierno otorgue
concesiones para su explotación al dar prioridad a los intereses particulares
por sobre los sociales y ambientales, en opinión de los investigadores.
Los conflictos derivados de la industria extractiva pueden surgir a
partir del otorgamiento de una concesión, primer peldaño para la potencial
explotación del territorio. En su anuario
de 2017, el Centro de Análisis e Investigación Fundar señala que en el país
hay 24.709 concesiones mineras que comprometen una superficie de 20,79 millones
de hectáreas (un área mayor a la superficie continental de países enteros
como Uruguay o Nicaragua).
La lucha
por la vida
En la última década se han registrado 125 crímenes contra luchadores
ecologistas en México: de esa cifra, 108
han sido asesinatos. De estos delitos, 82 fueron perpetrados contra
personas indígenas.
Los activistas rarámuri Julián Carrillo e Isidro Baldenegro López son
algunos de los defensores que han sido asesinados recientemente. Carrillo
reivindicaba los derechos de los indígenas del estado de Chihuahua y sus
territorios. Pese a estar protegido
por el Estado fue asesinado el 24 de octubre por individuos que
portaban armas de alto calibre.
Baldenegro López, también de Chihuahua, se enfrentó a los talamontes
para defender los bosques en su municipio de Guadalupe y Calvo. El activista
sufrió intimidaciones, la criminalización, la cárcel y el desplazamiento
forzado. Su lucha le hizo merecedor del
Premio Goldman, un galardón internacional considerado el Nobel de ecología.
Sin embargo, eso no impidió que fuera asesinado en
2017.
Las comunidades rurales y los núcleos urbanos afectados enfrentan los
megaproyectos a través de protestas, la conformación de asambleas, la vía
jurídica, la acción directa (cierre de carreteras, toma de oficinas de gobierno)
e incluso las armas. Es el caso de los comuneros de Aquila, Michoacán, que en
2013 crearon una autodefensa contra grupos criminales y la minera Ternium.
La respuesta a esas resistencias pueden ser intentos de corromper a los
líderes, coerción, amenazas, agresiones y el encarcelamiento o el asesinato de
luchadores, como fue el caso de Baldenegro.
La investigadora María Fernanda Paz explica que la población más
vulnerable que confronta los megaproyectos es la campesina e indígena. Junto
con el académico Jorge Peláez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, documentó 114 pugnas medioambientales impulsadas por esa población de
2010 a 2017. En 77 casos hubo violencia: veintiocho eran de carácter extractivo
y veintidós de empresas productoras de energía (como hidroeléctricas y parques
eólicos).
Mariano
Abarca era un activista de Chicomuselo, Chiapas, que fue asesinado en
2009 por enfrentarse a una empresa minera canadiense y había denunciado
amenazas de muerte, agresiones y una detención ilegal, pero se negó a
claudicar. “Si es necesario dar la vida se tiene que dar y demostrar con hechos
que estamos dispuestos a defender a la madre naturaleza”, dijo en una entrevista.
En los conflictos contra mineras la violencia es un mecanismo
predominante. La geógrafa Sol Pérez Jiménez consigna que en el país hay 922
proyectos en exploración, 270 en operación y 65 en desarrollo que han provocado
114 conflictos, en 90 por ciento de los cuales las comunidades han sufrido
algún tipo de violencia.
Pérez Jiménez explica que cada proyecto lo integra una multiplicidad de
concesiones y un conflicto pueden constituirlo diversas comunidades afectadas.
La académica observa que el gobierno y las empresas han recurrido a estrategias
de cooptación, división, represión y persecución “para provocar la fractura
social; es un patrón general, a veces en relación con grupos criminales”.
Si el estudio de los conflictos sociales y ambientales existentes se
focaliza y se hace en el terreno, la presencia de la violencia es permanente.
Un informe no difundido de la Red de Afectados Contra la Minería (REMA), al que
tuvo acceso The New York Times, señala que por lo menos 150 comunidades en
pugna contra mineras, ubicadas en el centro y norte de Guerrero, presentan una
escalada de violencia tras el arribo de las empresas canadienses en 2008. El
documento precisa que estas localidades están regadas en una extensión de más
de 200.000 hectáreas concesionadas a mineras, en el llamado cinturón dorado que
concentra la mayor riqueza de oro nacional.
El informe advierte que en esa región hay una estrategia de
desgarramiento social con la intervención de grupos criminales, en la que
acontecen ocho modalidades de violencia: asesinatos, desapariciones,
secuestros, despojo u ocupación territorial, toque de queda, reclutamiento
criminal de jóvenes locales, extorsiones y desplazamientos forzados. “En esa
zona ya operan por lo menos cinco empresas de canadienses y de privados
mexicanos y, desde su aparición, el crimen organizado ha jugado un papel
relevante en la imposición de esos proyectos”, se sostiene en el documento.
El futuro
de las tierras
Paz considera que esta oleada de conflictos en México ha generado, en
contraparte, procesos colectivos de cohesión, revaloración del territorio,
rescate de la identidad y la cultura y de empoderamiento de mujeres y jóvenes. En
un sentido similar, Toledo sostiene que en México ahora hay más movimientos
combativos que ponen en jaque al gobierno y a las empresas: “Estamos en una
especie de empate, pero las resistencias avanzan”. Las más visibles son las de
los pueblos originarios, aposentados en las regiones consideradas como las de
mayor riqueza natural del país.
Un ejemplo notable es el de 230 comunidades indígenas del Consejo
Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio de la Montaña y
Costa Chica de Guerrero, que ha conseguido la cancelación de 22 de las 44
concesiones mineras dadas en una extensión de 142.000 hectáreas.
Enrique Peña Nieto, presidente saliente de México, aprobó diez decretos
de reserva de agua, que según el portal Verificado 2018 representan el 55 por
ciento de los lagos y ríos del país, y que asociaciones como Agua para Tod@s
ven como una clara privatización del líquido. También decretó Zonas
Económicas Especiales, áreas geográficas estratégicas en estados
con pobreza y presencia indígena como Chiapas, Tabasco y Veracruz; para la
organización civil Otros Mundos, estas zonas especiales privilegiarán cadenas
de producción extractiva y de desarrollo de infraestructura a gran escala en
beneficio de multinacionales.
Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador dijo que impulsará la
aprobación de los Acuerdos de San Andrés, una iniciativa de ley que las
autoridades federales firmaron con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
en 1996, en la que se reconocen los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, entre ellos el de la autonomía y el de la consulta sobre sus
territorios.
El abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor de una docena de
libros sobre derechos indígenas, toma con reservas las promesas de López
Obrador sobre los pueblos originarios. “¿Los empresarios con los que se ha
reunido lo van a permitir?”, inquiere. “Ellos tienen las concesiones mineras,
de eólicas, de aguas…”.
Miguel Mijangos, integrante de REMA, dice que el nuevo presidente ha
pasado de tener una posición crítica a promover la industria minera, por tener
como aliados a empresarios con intereses mineros y determinados líderes
sindicales. “Ha sido decepcionante, de nada sirve que López Obrador transite a
una minería amigable si no entiende lo que es la minería a cielo abierto”,
señalada como altamente tóxica. Mientras tanto, en el escenario de los
conflictos comunitarios se abren nuevos frentes. Fundar asegura que 14,3 por
ciento del territorio que el gobierno saliente planeaba adjudicar para la
exploración y extracción de hidrocarburos es de carácter indígena.
Fermín Ledesma, integrante del Movimiento Indígena del Pueblo
Creyente Zoque, de la región norte de Chiapas, cuyas movilizaciones
lograron de forma excepcional que la concesión de su territorio no se licitará
durante la Ronda 2,2 de la Secretaría de Energía, estima que no hay garantías
de que su territorio no vuelva a licitarse bajo el nuevo gobierno.
“Nuestro escenario no cambia”, afirma. “Vamos a seguir nuestro proceso
de resistencia y de lucha, pero con más organización ahora”.
YUCATAN: Resistencia indígena, una piedra en el zapato para próximo
gobierno de México
Reuters
San José
Tipceh. Desde hace meses,
habitantes de la comunidad mexicana San José Tipceh, enclavada en el extremo
oriental del país, están en pie de guerra.
Su meta es impedir el avance de un millonario proyecto de energía
renovable de una firma estadounidense, que debía haber iniciado operaciones
este año, ya que temen por el impacto que podría tener en sus comunidades.
Amparados en una ley mexicana que obliga al Gobierno a consultar con
pueblos indígenas sobre los proyectos a desarrollarse en sus territorios, menos
del cinco por ciento de los casi 500 habitantes del lugar se opone a la
construcción de un parque solar de SunPower, según autoridades.
Pero no es una escena aislada.
Indígenas en el sur del país rechazan una decena de proyectos de
energía limpia subastados por el Gobierno en 2016, una oposición que, según
expertos, tiene el potencial de detener el desarrollo del país al impactar la
construcción de grandes obras de infraestructura en todos los sectores.
“Si no se atiende, puede convertirse en el principal problema para el
crecimiento económico del país”, dijo Héctor Garza, de la firma internacional
de abogados Ritch Mueller, quien ha asesorado al Gobierno en temas
medioambientales.
Quienes se oponen a los proyectos, aseguran que las construcciones
transformarán su medioambiente y que las firmas no les ofrecen compensaciones
justas en comparación con lo que van a ganar.
Mientras tanto, la demora también está comprometiendo la meta del
saliente gobierno de generar más de un tercio de la electricidad del país con
fuentes limpias para 2024.
En la misma zona, al sur del país, el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, planea erigir dos de las obras claves de su plan de
infraestructura, algo que podría tropezar con la voluntad de los millones de
indígenas que mantienen vivas las tradiciones de las culturas mesoamericanas.
Retrasos y
gastos
En años recientes, integrantes de dos de las 68 comunidades étnicas de
México han obligado al Gobierno a retrasar sus planes poniendo en jaque unos
1,111 millones de dólares en inversiones, de acuerdo a cifras de la Asociación
Peninsular de Energía Renovable, que agrupa a las empresas presentes en
Yucatán.
Un funcionario de la Secretaría de Energía aseguró a Reuters
que sólo cinco de los 10 proyectos de energías limpias en el sur del país han
tenido conflictos serios con las comunidades. Sin embargo, activistas y
residentes de la zona sostienen que rechazan los 10 proyectos en Yucatán y
Oaxaca. “Cada día que pasa tiene asociados ciertos gastos”, se lamentó Adrien
Mallet, director de desarrollo de proyectos de SunPower en
México, agregando que están dispuestos a seguir aguardando para garantizar la
solidez del demorado proyecto.
El parque debió haber comenzado a operar en agosto de 2018, según el
calendario original, pero debido a las dilaciones se ha aplazado su puesta en
marcha hasta septiembre de 2020. El proyecto recibió esta semana el
consentimiento de los pobladores, después de más de un año y medio de
negociaciones. “Yo no lo considero un tiempo perdido. Nosotros lo vemos más
como una inversión en fortalecer y establecer un vínculo sólido e inalterable
con la comunidad”, agregó el ejecutivo. Sin embargo, el resultado de la
consulta no significa necesariamente que tenga el visto bueno de los todos
indígenas de la comunidad.
En San José Tipceh, en medio de la selvática región de Yucatán, Damián
Mugarte, un indígena maya de 28 años, dijo que quienes rechazan el proyecto
están dispuestos a llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia.
“Prácticamente vamos a vender a nuestra familia por un poco de dinero”, dijo a Reuters
sentado en la entrada de la comisaría municipal, a menos de 500 metros de donde
la empresa planea colocar más de un millón de paneles solares.
Otros habitantes del empobrecido poblado creen que la puesta en marcha
del parque podría detonar la economía local, generando empleos en la comunidad,
dedicada al cultivo de maíz, limón y mandarina.
“Aquí apenas estamos sobreviviendo”, se quejó Anastacio Ake, un pastor
evangélico de 62 años, satisfecho con los 3,500 dólares anuales que recibirá de
Sunpower cada propietario de parcela. La firma también ofreció
instalar paneles solares en sus casas y mejoras en la infraestructura de la
zona. Mediante la consulta indígena, el Gobierno informa a las comunidades
sobre las ventajas y desventajas del proyecto antes de su puesta en marcha, así
como la compensación que sus integrantes obtendrían al aceptar su
desarrollo. Pero las comunidades y
organizaciones internacionales como la ONU han documentado que, en muchos
casos, los indígenas mexicanos no han sido consultados adecuadamente y que los
permisos fueron otorgados sin considerar su opinión.
Nudo
Gordiano
La península de Yucatán, donde está San José Tipceh, es un territorio
de unos 125,000 kilómetros cuadrados que divide al Golfo de México del mar Caribe
y una de las regiones del país con mayor potencial para desarrollar energías
limpias por sus fuertes vientos e inclemente sol la mayor parte del año. La
zona es una gran consumidora de energía debido a la presencia de importantes
centros turísticos como Cancún. Allí, proyectos eólicos y solares de empresas
como la china Jinko Solar, que ya deberían estar operando según
el calendario original, sufrieron retrasos en espera del consentimiento de las
comunidades indígenas. Debido a las
demoras, el fondo de capital local GBM Infraestructura dijo a
principios de agosto que había cancelado su participación en el parque eólico Chacabal,
que debería haber comenzado a producir energía a fines de marzo de 2018.
No fue inmediatamente posible obtener comentarios de las empresas.
Pero el problema no sólo está castigando a Yucatán.
En la costa del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, herederos de la
antigua civilización mesoamericana Zapoteca mantienen suspendida desde abril la
construcción de un parque eólico de la estatal francesa EDF, amparados
en una orden judicial. Algunos pobladores se oponen a la decisión de construir
un nuevo parque porque consideran que los beneficios de las más de veinte
instalaciones que ya operan en sus territorios no han llegado a todos en las
comunidades.
Reuters no pudo comprobar independientemente las denuncias.
Los lugareños también argumentan que no fueron consultados previamente
por el Gobierno y que, en todo caso, no están en condiciones de negociar sobre
el proyecto porque tienen tareas más urgentes como reconstruir las miles de
viviendas que derrumbó un mortal sismo en septiembre de 2017. La firma, que les
ha propuesto ayudar con la reconstrucción, asegura que los retrasos estarían
poniendo en riesgo no sólo el parque, sino el futuro de nuevas inversiones de
la compañía en el país.
“¿Hasta dónde podremos aguantar?”, se preguntó Víctor Tamayo, director
regional de EDF en México. “Gran parte del problema que estamos
viviendo es a causa de que no hay reglas y el Gobierno federal es responsable”.
La oposición de las comunidades a una nueva instalación ha generado un
repunte de la violencia en la zona y también en Yucatán, denunciaron organizaciones
de derechos indígenas. “No hay ningún beneficio para nosotros los pueblos, al
contrario, incrementó la pobreza, la violencia”, comentó Bettina Cruz, una
activista en contra de los proyectos eólicos.
Entre julio y octubre fueron asesinados cinco defensores del territorio
en la región, según un recuento de ProDESC, una ONG que asesora a los indígenas
zapotecas en su lucha.
La ONU ha documentado que las comunidades indígenas en la zona han sido
víctimas de intimidaciones y que habrían sido obligadas a firmar contratos con
particulares mediante engaños e información insuficiente, aunque no mencionó por
su nombre a alguna empresa. EDF rechazó las acusaciones de
Naciones Unidas y el Gobierno no estuvo inmediatamente disponible para
comentar.
Enfrentar
lo que sea necesario
Las confrontaciones entre indígenas y grandes corporaciones no son exclusivas
de México. En el resto de América Latina grandes proyectos energéticos y de
minería también enfrentan cancelaciones o retrasos por conflictos con las
comunidades.
En México, los derechos de los indígenas ganaron fuerza en 1994 tras la
irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pero
desde entonces ha habido pocos avances a pesar de que el Gobierno se ha
comprometido a respetarlos. La consulta indígena nunca ha sido adecuada a la
legislación interna, abriendo la puerta a disputas. “Es un proceso nuevo, poco regulado, y hay un
nivel alto de desconfianza particularmente de la población indígena”, dijo
Rodolfo Salazar, director de Impacto Social de la Secretaría de
Energía. “Hacen falta reglas claras para poder desarrollar los procesos de
consulta”.
Adelfo Regino, propuesto por López Obrador para dirigir el futuro instituto
de atención a pueblos indígenas, dijo que el próximo gobierno modificará la
Constitución para reconocer el derecho de los pueblos a la consulta y que
revisará los permisos que han sido otorgados sin consentimiento de las
comunidades.
Mientras tanto, organizaciones civiles en el sur del país están comenzando
a poner la mirada en dos proyectos de infraestructura más ambiciosos de López
Obrador, con los que busca incrementar el turismo y dinamizar la economía de la
zona. Hay pocos detalles sobre las obras, pero una de ellas, el llamado Tren
Maya, recorrerá 1,525 kilómetros en los estados Yucatán, Quintana Roo,
Campeche, Tabasco y Chiapas, conectando selva virgen con playas del Caribe y
del Golfo de México.
Con el Corredor Transístmico, el próximo presidente busca
desarrollar un polo industrial que conecte el Golfo de México con el océano
Pacífico. El proyecto incluye el desarrollo de carreteras, la modernización de
puertos y la rehabilitación de un tren entre los puertos de Salina Cruz y
Coatzacoalcos.
Organismos como Amnistía Internacional han alertado sobre
la importancia de consultar con los pueblos originarios antes de iniciar las
obras. El equipo de López Obrador dijo que la consulta indígena iniciará una
vez que tomen el poder el 1 de diciembre. Las dos obras fueron aprobadas el fin
de semana en una consulta ciudadana convocada por el presidente electo; pero en
la península de Yucatán, activistas aseguran que hasta ahora ninguna de las más
de 163 comunidades por las que pasaría el Tren Maya han recibido
información del proyecto. “En las comunidades hay preocupación si será un
proyecto en el que nuevamente no se les va a tomar en cuenta o si van a buscar
a personas afines al gobierno para simular el aval de los pueblos, una práctica
recurrente en la península”, dijo Carlos Escoffié, abogado de un colectivo de
comunidades mayas.
ECUADOR: Declaración de Fin de Misión de la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz al finalizar su visita
Quito. En mi capacidad de Relatora Especial sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas he visitado Ecuador del 19 al 29 de Noviembre
de 2018. Para comenzar, me gustaría dar las gracias al Gobierno de la República
de Ecuador por su invitación y por permitirme llevar a cabo mi visita de manera
independiente. Considero esta invitación como una indicación de la voluntad del
Gobierno de avanzar en un diálogo constructivo hacia la plena implementación de
los derechos de los pueblos indígenas en el país. Durante los once días de mi
visita me he reunido con el Presidente de Ecuador, su Excelencia Lenin Moreno,
varios ministros y representantes de alto nivel de diferentes ministerios e
instituciones gubernamentales, la Presidenta de la Asamblea Nacional, el
Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General
del Estado, la Procuraduría del Estado y la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Me he reunido igualmente con representantes de la sociedad civil, la academia,
el sector privado y con los miembros del sistema de las Naciones Unidas en el
país.
He participado en una asamblea nacional indígena en Quito y en dos
asambleas indígenas regionales en Yakuwasi, Victoria del Portete, y Lago Agrio,
organizadas por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador
(CONAIE), sus confederaciones ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE y sus
federaciones y organizaciones. Me gustaría expresar mi gratitud a la CONAIE por
el trabajo realizado para organizar y coordinar estas importantes reuniones. En
ellas he tenido la oportunidad de reunirme con cientos de representantes de
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra, la Costa y la
Amazonía. Además visité el centro shuar de Kupiamai y la comunidad de Tundayme
en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y la comunidad Sápara
de Jandayaku en Pastaza. En la ciudad de Latacunga me reuní con representantes
de los pueblos indígenas de la Sierra para tratar el tema de la justicia
indígena, y en Cangahua, miembros del pueblo Kayambi me explicaron sus acciones
y propuestas sobre educación intercultural bilingüe. Lamento no haber podido
visitar los territorios de las nacionalidades indígenas de la Costa, pero tuve
la posibilidad de reunirme con miembros de las nacionalidades épera, chachi y
awá en Ibarra. Mantuve también reuniones con autoridades de la nacionalidad
waorani, entre ellas las de la comunidad de Bameno, y reuniones con mujeres indígenas.
Me gustaría expresar mi más profundo pesar a las comunidades que me invitaron
pero a las que no pude acudir debido al poco tiempo disponible en mi misión, en
particular a la comunidad de Molleturo, afectada por el proyecto de Río Blanco.
Quiero asegurarles que consideraré con mucha atención toda la información que
me han enviado en mi informe final.
En todas estas reuniones he recibido una gran cantidad de testimonios
orales e información escrita. Revisaré en detalle esta información durante los
próximos meses para preparar mi informe final al Consejo de Derechos Humanos
que se presentará en Septiembre de 2019. Por el momento, me gustaría compartir
algunas observaciones y recomendaciones preliminares.
Mi visita a Ecuador tiene lugar en el décimo aniversario de la adopción
de la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, pensé que sería oportuno
evaluar los avances en la implementación de los compromisos constitucionales
referidos a la construcción de un Estado Plurinacional, incluida la aplicación efectiva
de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas a la luz de las obligaciones internacionales de
derechos humanos de Ecuador en esta materia. Quería igualmente monitorear las
observaciones y recomendaciones pertinentes hechas por mis predecesores,
Rodolfo Stavenhagen en 2006 y James Anaya en 2009.
Como resultado de la organización y la movilización de los pueblos
indígenas para afirmar sus derechos colectivos, se han producido en Ecuador
importantes avances desde finales de la década de 1980 en términos de
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se
establecieron varias instituciones estatales autónomas, bajo control directo de
los pueblos y nacionalidades indígenas, que ayudaron a implementar la educación
intercultural bilingüe, la salud intercultural y el desarrollo con cultura e
identidad, a la vez que fortalecían las organizaciones y los sistemas de
gobernanza propios de los pueblos indígenas. Igualmente se avanzó en el reconocimiento
y titulación de tierras y territorios indígenas como menciona el Relator
Especial Stavenhagen en su informe de 2006.
La Constitución de Ecuador de 1998 reconocía algunos derechos
colectivos de los pueblos indígenas. En el mismo 1998 Ecuador ratificó el
Convenio número 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y
tribales en países independientes. En la primera década del siglo XXI, Ecuador
reafirmó su compromiso con estos derechos al votar a favor de la adopción de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
en 2007. En el nivel internacional ha continuado apoyando las cuestiones
indígenas tanto en el ámbito de los derechos humanos como del cambio climático,
y en la actualidad co-preside la celebración del Año de las Naciones Unidas
sobre las lenguas indígenas 2019. Recientemente Ecuador ha firmado el acuerdo
de Escazú, que espero sea pronto ratificado. La Constitución de 2008 declaró
que Ecuador era un Estado plurinacional y multicultural, consagró la directa e
inmediata aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y
reconoció 21 derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas en su artículo 57. También reafirmó el reconocimiento
de la justicia indígena. Otros rasgos importantes de la Constitución de
Montecristi fueron el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la
afirmación del Sumak Kawsay, buen vivir, como la aspiración general para toda
acción pública. Esto parecía proporcionar una base sólida para la construcción
de un nuevo modelo de Estado. Sin embargo, el Estado plurinacional que debía
construirse a través del diálogo intercultural, todavía no se ha conseguido.
Durante la pasada década se produjo una regresión en el respeto, protección
y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos y
nacionalidades indígenas fueron excluidos de los procesos de decisión
estatales, incluso en las cuestiones que les afectaban directamente. Más aún,
la afirmación de sus derechos fue a menudo respondida con violencia y
criminalización. En estos últimos años he dirigido al Gobierno de Ecuador
varias comunicaciones expresando mi preocupación por violaciones de los
derechos humanos vinculadas a la protesta social y a la defensa pacífica de los
derechos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales en el
contexto de proyectos extractivos impuestos sin consulta ni consentimiento. Se
denunció el uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado y
se utilizó la declaratoria de estados de emergencia para controlar la protesta
social. En mi opinión, es muy importante que el actual Gobierno investigue
estas violaciones, garantice su no repetición y proporcione la reparación
adecuada a las víctimas. En este sentido, se me ha informado sobre las
peticiones de amnistía presentadas por la CONAIE en el marco del actual diálogo
con el Gobierno. Se han concedido siete indultos y una amnistía a defensores de
derechos indígenas, y la Asamblea Nacional está considerando un proceso
simplificado para el análisis de 137 peticiones pendientes. Espero sinceramente
que se produzcan avances en este tema a la mayor celeridad.
Durante los últimos diez años se promovió un proceso de
transversalización de la interculturalidad y los derechos colectivos a través
de los Consejos de Igualdad. Esto fue acompañado de la eliminación de la
institucionalidad autónoma indígena y la elaboración de planes nacionales de
desarrollo sin participación significativa de los pueblos indígenas, con una interpretación
monocultural del Sumak Kawsay. En mi opinión, la igualdad se ha aplicado de un
modo que ignora las condiciones pre-existentes de discriminación sufridas por
los pueblos indígenas, debido a razones históricas y de otro tipo, y sus
derechos colectivos consagrados en el derecho internacional de derechos
humanos. La imposición de este concepto desafortunado de la igualdad ha
invisibilizado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha aumentado
la discriminación y ha obstaculizado los avances en términos de plurinacionalidad
e interculturalidad. Durante mi visita, me alegró saber que el nuevo Gobierno
ha decidido abrir canales de diálogo con los pueblos indígenas para responder a
sus demandas y preocupaciones. Este diálogo, iniciado hace un año, es un cambio
muy positivo en comparación con las conflictivas relaciones del pasado. En mis
reuniones con el Presidente de la República y con representantes de su Gobierno
se me informó sobre medidas ya adoptadas o por adoptar para cumplir con el mandato
presentado por la CONAIE como marco de este diálogo.
Como resultados positivos de este diálogo se me ha informado de la
creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y sobre el
restablecimiento de la universidad indígena Amauta Wasi. Deseo subrayar la
importancia de destinar los recursos presupuestarios necesarios a estas
instituciones y garantizar su autonomía. He sido también informada sobre el
nombramiento de personas indígenas en posiciones de alto nivel de las
instituciones estatales, como en el Consejo Nacional Electoral, el Consejo para
la Participación Ciudadana y Control Social, así como sobre la propuesta de
candidatos indígenas para la Corte Constitucional. Celebro estos nombramientos
y espero que generen cambios positivos. Pese a todo, los pueblos indígenas me
han expresado dos preocupaciones principales en relación con la situación
actual. En primer lugar, su desencanto por la lentitud en la adopción de
medidas concretas para responder a las principales demandas relativas a sus
derechos fundamentales, como sus derechos sobre sus tierras y territorios, el
respeto de sus autoridades propias, su autonomía y autogobierno, incluidos los
sistemas de justicia indígena, la adecuada operacionalizacion de la consulta y
el consentimiento libre, previo e informado, o la implementación intercultural
de sus derechos económicos, sociales y culturales.
En segundo lugar, me han reiterado su profunda preocupación sobre las
medidas anunciadas por el Gobierno en relación con la activación de anteriores
concesiones mineras y petroleras y por la licitación de otras nuevas. En este
sentido, se me informó de la activación de las concesiones licitadas en la XI
ronda petrolera, de distintas concesiones mineras, de una nueva XII ronda
petrolera ('intracampos') para ocho nuevos bloques en Sucumbíos, de los planes
para iniciar la explotación del bloque Ishpingo o de la construcción de
represas hidroeléctricas. Me preocupa especialmente que estas medidas e
iniciativas, que tendrán graves impactos sobre los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas, se hayan adoptado sin consultas adecuadas y sin obtener
el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. Teniendo en cuenta, por
un lado, la voluntad expresada por el Gobierno de mantener un diálogo intercultural
y continuo con los pueblos indígenas y, por otro, las preocupaciones arriba
señaladas, me gustaría proporcionar algunos comentarios preliminares sobre los
temas que considero prioritarios y que el nuevo Gobierno debería abordar sin
tardanza para garantizar el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y
de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos de los pueblos
indígenas. Estos comentarios no deben considerarse exhaustivos y serán tratados
en mayor profundidad en mi informe final, tras examinar la información recibida
de los pueblos indígenas, las instituciones gubernamentales y otros durante mi
visita.
Problemática
especial de los pueblos indígenas de escasa población
Algunos pueblos y nacionalidades de Ecuador se enfrentan a especiales
dificultades debido a que cuentan con pocos miembros, lo que pone en riesgo la
transmisión de sus lenguas y culturas y su propia supervivencia. En mi diálogo
con los pueblos indígenas se me informó de al menos dos pueblos que ya han
desaparecido. La nacionalidad sápara tiene una población estimada de 400
personas en Ecuador. Dado que sólo quedan dos hablantes de la lengua sápara,
hay un alto riesgo de desaparición de su lengua y por tanto, de su cultura,
reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Teniendo
en cuenta los problemas que enfrentan, se expresó la preocupación de que la
nación sápara pronto podría ser extinguida.
Durante mi reunión con los representantes sápara en la comunidad de
Jandayaku se me informó de la creciente presencia de extraños en su territorio.
Los conflictos con otros habitantes dentro de su territorio han aumentado como
resultado de los inadecuados procesos de consulta llevados a cabo en el marco
de la XI ronda petrolera. En este contexto, se alega que se han producido
amenazas, ataques, campañas de desprestigio y asesinatos contra personas sápara
que se oponen a las operaciones petroleras. La violencia y las amenazas están
teniendo un impacto negativo en la vida cotidiana de los sápara, ya que temen
ir a cazar o trabajar en sus chacras. Los sápara informaron también sobre la
interferencia indebida de las instituciones estatales en el reconocimiento de
sus autoridades electas, incluida la resistencia a reconocer a la nueva
presidenta elegida por la nación Sápara en diciembre 2017. Quisiera solicitar
al Gobierno que investigue con celeridad estos casos, lleve a los posibles
perpetradores ante la justicia, e inicie un diálogo sustancial con la nación
sápara y sus legítimos representantes sobre sus demandas relativas a la
suspensión de las concesiones que afectan a sus tierras y territorios y se les
permita seguir su propia senda de desarrollo.
Mantuve también una reunión especial con representantes de las naciones
épera, chachi y awá de la región de la Costa. Como en otras partes del país,
estas nacionalidades insistieron en la intrusión de actividades legales e
ilegales en sus tierras, en particular madereras, mineras y plantaciones de
palma africana y sobre los graves impactos que dichas actividades tienen sobre
el medio ambiente, el agua, los cultivos, la seguridad alimentaria y la salud.
La situación de estas tres nacionalidades y de las otras cinco que viven al
norte del país se ve agravada por la inseguridad y los problemas en la zona fronteriza
con Colombia, incluidos los impactos de las fumigaciones aéreas, la
militarización, la presencia de actores armados ilegales y de narcotraficantes.
Además se me habló del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes y de casos y
violencia sexual y trata. En general, los representantes de estas naciones me
indicaron la sensación de abandono que sentían por parte del Estado. Señalaron
la ausencia y la interrupción de la cobertura de los servicios sociales básicos
debido a la situación de inseguridad así como la falta de recursos destinados a
solucionar las necesidades y problemas especiales de esta región. Saludo la
información recibida del equipo país de las Naciones Unidas y la Defensoría
sobre su intención de poner en marcha un sistema de alerta temprana para
monitorear y prevenir la operación de actores ilegales y la violencia derivada
de su presencia.
Observaciones
finales
Me he referido a los principales logros y preocupaciones que se me
comunicaron durante mi misión a Ecuador. También hay otras cuestiones
adicionales que trataré de abordar en mi informe final incluidas las cuestiones
de migración y poblaciones urbanas, juventud indígena, medios de comunicación y
radios comunitarias indígenas, entre otros.
El foco principal de mi visita de 11 días ha sido la evaluación de cómo
podría retomarse el camino hacia la plurinacionalidad. Debo concluir que no es
posible cumplir realmente con los compromisos de la Constitución sin el pleno
reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados
en el derecho internacional de derechos humanos. La protección de los derechos
de la naturaleza tampoco podrá alcanzarse sin proteger a aquellos que la
protegen. Tengo la esperanza de que se puedan dar avances concretos hacia este
objetivo en el marco del actual diálogo entre el Estado ecuatoriano y los
pueblos y nacionalidades indígenas.
Aliento al sistema de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a apoyar
y brindar apoyo al Gobierno y a los pueblos indígenas en este proceso, así como
a garantizar la integración de los derechos de los pueblos indígenas en el
Marco de Cooperacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2019-2022.
Quisiera reiterar mi gratitud al Gobierno por la invitación y
cooperación durante la visita. Permítanme asegurarles mi disponibilidad para
cualquier solicitud de su parte que ayude a progresar en el cumplimiento de los
derechos de los pueblos indígenas.
UZBEKISTAN: Grandes progresos en materia de trabajo forzoso y de
trabajo infantil en los campos de algodón
Los supervisores de la Organización Internacional del Trabajo afirmaron
que el trabajo forzoso durante la cosecha de algodón se ha reducido de manera
significativa
OIT
De los trabajadores que participaron en la cosecha de algodón de 2018,
93 por ciento lo hizo voluntariamente. La contratación sistemática de
estudiantes, docentes, doctores y enfermeros fue erradicada. Sin embargo, de acuerdo con los supervisores,
en algunas zonas persiste la contratación de recolectores por parte de
instituciones, agencias y empresas públicas.
El trabajo infantil, que era problema grave durante la época de la
cosecha, ya no es de preocupación. “En muchos sentidos, la cosecha de algodón
de 2018 fue una verdadera prueba para Uzbekistán”, declaró Beate Andrees, Jefa
del Servicio Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT. “Hace
un año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Mirziyoyev
comprometió su gobierno a colaborar con la OIT y el Banco Mundial a fin de
erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. A este compromiso político,
siguieron cambios estructurales y reformas en las prácticas de contratación.
Los supervisores de la OIT observaron que estas medidas están dando resultados
y que las personas en el terreno pueden ver la diferencia”. Durante la cosecha
de algodón de Uzbekistán, se realiza la contratación más grande del mundo con
unos 2,6 millones de trabajadores temporales todos los años. El terreno
destinado al cultivo de algodón ha sido reducido, pero su cosecha sigue siendo
una fuente importante de ingresos, sobre todo para las mujeres que viven en las
zonas rurales.
Seguimiento
a cargo de terceros
La OIT ha supervisado la cosecha de algodón para identificar el trabajo
infantil desde 2013, gracias a un acuerdo con el Gobierno, los empleadores y
los sindicatos de Uzbekistán. En 2015, en el marco de un acuerdo con el Banco
Mundial, comenzó a supervisar el uso del trabajo forzoso y el trabajo infantil
durante la cosecha. Los expertos de la OIT realizaron 11 000 entrevistas
imprevistas e individuales a los recolectores de algodón y otras personas
involucradas en la cosecha en todas las provincias del país, para conocer la
situación en el terreno. Este año, los activistas en defensa de los derechos
humanos participaron en un número de entrevistas de campo, campañas de
sensibilización y análisis de los casos recogidos a través de una línea directa
gubernamental destinada a recibir las quejas y las preguntas.
Ningún representante del Gobierno participó en la supervisión. Además,
a fin de garantizar el mayor nivel de integridad, las coordenadas GPS eran
generadas aleatoriamente y solo dadas a conocer a los expertos internacionales
de la OIT justo antes de su salida hacia el próximo destino. Si bien en 2018 la
gran mayoría de los recolectores de algodón participaron voluntariamente en la
cosecha, algunos recolectores de las instituciones, empresas y agencias
públicas declararon que hubiesen preferido no participar en la cosecha pero no
querían tener problemas con su empleador. Otros, en esta misma categoría,
declararon que recogían algodón de manera voluntaria debido a las mejores tasas
de remuneración y las primas. En el marco de una serie de reformas, el Gobierno
de Uzbekistán aumentó los salarios e introdujo una escala salarial
diferenciada, de manera que los recolectores recibieran una mayor retribución
por kilogramo de algodón hacia el final de la cosecha, cuando las condiciones
son menos favorables y hay menos algodón. En 2018, la estructura salarial fue
perfeccionada para estimular la movilidad al recompensar a aquellos que deseen
recolectar en los distritos menos poblados y de menor rendimiento.
ESPAÑA: Misionera declara que John Chau no suponía ningún peligro para
los sentineleses - Survival responde
Mary Ho, directora del grupo misionero que apoyaba a John Chau, declara
ahora que Chau no supuso ningún riesgo para la tribu sentenelese. Dice que
“estamos hablando de un tiempo diferente, estamos hablando de un tiempo, ahora,
en que existe medicina moderna, en que hay antibióticos”.
El Director
de Survival, Stephen Corry, dijo:
"Estas palabras revelan un sorprendente grado de ignorancia que
pone de manifiesto por qué es tan peligroso que estas personas se acerquen a
las tribus aisladas. Les ha llevado casi dos semanas preparar su respuesta,
pero veamos en detalle lo que afirman.
Dicen que Chau tenía formación médica. En realidad, tenía un título de
salud y medicina deportiva y por lo visto cierta formación en medicina de
urgencias. No estaba habilitado para ejercer la medicina. Cuando la Fundación
Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil llevó a cabo las expediciones de “primer
contacto” en las décadas de 1970 y 1980, les acompañaban médicos
especializados, pero ni siquiera ellos pudieron evitar la expansión de
epidemias letales y se suspendieron las expediciones.
Su líder, Sydney Possuelo, dijo que “creía que sería posible hacerlo
sin dolor o muertes y organicé uno de los frentes mejor equipados que FUNAI
haya tenido nunca. Lo preparé todo (…). Puse en marcha un sistema con médicos y
enfermeros. Me aprovisioné con medicamentos para combatir las epidemias que
siempre sobrevienen. Disponía de vehículos, un helicóptero, radios y personal
experimentado. Pensé: ‘No dejaré que ni un solo indígena muera’. Y se produjo
el contacto, las enfermedades llegaron y los indígenas murieron”.
Los misioneros dicen que Chau “intentó conseguir 13 tipos de vacunas”
(la cursiva es nuestra). No tenemos ni idea de lo que significa esto. En todo
caso, no existe ninguna vacuna disponible contra el resfriado común, que ha
sido uno de los principales problemas con los pueblos indígenas aislados. La
infección vírica inicial (contra la que no sirven los antibióticos) suele dar
pie a infecciones secundarias que resultan mortales. Dicen que Chau “estuvo en
cuarentena durante muchos, muchos días”. No sabemos a qué se refieren con
“muchos”. Es de suponer que ellos tampoco, porque de lo contrario habrían dado
una cifra. Previamente a una expedición de contacto se precisa una cuarentena
de más de una semana, incluso en caso de emergencia. Esto es lo mínimo. En todo
caso, Chau estuvo en contacto con los pescadores que le trasladaron a la isla,
anulando así los efectos de toda cuarentena previa que se autoimpusiera.
Se supone que John Chau fue asesinado el 16 de noviembre. Si algún
germen patógeno que llevara consigo ha afectado a los sentineleses, es probable
que ya se haya manifestado. Por supuesto, no sabemos cómo reaccionarían si
estuvieran enfermos. ¿Acudirían a la playa para pedir ayuda, en cuyo caso las
autoridades indias deberían tener preparados equipos especializados en las
proximidades, pero en alerta, o se retirarían simplemente al interior de la isla
– lo cual es más probable – en cuyo caso estarán fuera de alcance? No lo
sabemos, hemos de esperar. La idea de que las epidemias mortales entre las
tribus recién contactadas es una cosa del pasado resulta fácil de rebatir. En
las últimas décadas han habido muchos casos en los que ha sucedido esto,
especialmente en Brasil y Perú. Por ejemplo, los nahuas de Perú perdieron más
de la mitad de los miembros de la tribu en la década de 1980 después de un
contacto."
ESPAÑA: Alrededor del Informe Especial sobre el
Calentamiento Global de 1,5oC a la COP24 de Polonia. Josep Xercavins Valls
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Con récords históricos en emisiones totales de CO2 durante el 2017 y de
la concentración actual de CO2 en la atmósfera, es casi imposible no llegar a
los 1,5oC (del informe especial del IPCC que se presentará oficialmente a la
COP24 de Katowice-Polonia) antes de 2030
Contextos
Las dos próximas semanas Polonia volverá a ser la sede de la reunión de
la COP de la CMNUCC (Convención Climática de Naciones Unidas). Será la reunión
24 de esta COP (Conferencia de los Estados Partes de la Convención) pero
también será la reunión de otras COPs i de algunos órganos de trabajo de o
conexos a dicha convención. Debería ser, fundamentalmente, la reunión que
cerrara la 1a sesión de la CMA (La Conferencia de las Partes del Acuerdo de
París aprobado en la COP21 de 2015) con la aprobación de unas decenas de
documentos que vienen elaborándose des de 2016, y que, para entendernos, son
los reglamentos (procedimientos, modalidades, metodologías, etc.) que el propio
Acuerdo de París, a través, principalmente, de otras de las Decisiones tomadas
también en París el 2015, necesita, de forma imprescindible, para poner
realmente en marcha el Acuerdo y su implementación.
El conocedor de estos temas sabe ya que, por ejemplo, está pendiente
definir y reglamentar a todos los niveles mencionados qué, cuándo, cómo deberán
los estados parte realizar sus NDCs (Contribuciones Determinadas
Nacionalmente): sus programas de lucha contra el cambio climático a través de
la mitigación, de la adaptación, etc. Pero tampoco se sabe aún cómo y con que
resultados y para qué fines concretos se harán los Global Stocktakes (Balances
Mundiales), es decir, las valoraciones agregadas de los resultados de la
ejecución de las NDCs y la medida, o no, en que ellos estén llevando al mundo
hacia los 2oC (el objetivo del Acuerdo de París).
Como seguidor, con voluntad de incidencia, de todo el proceso pre y
post París, no puedo más que añadirme a todas las voces que reclaman que en Polonia
los estados parte deben estar especialmente a la altura de las circunstancias
y, en vez de mirar prioritariamente y como suele suceder por sus intereses
nacionales, sean capaces de tener una visión de “nosotros los pueblos”, sean
visionarios y muy ambiciosos, y no hagan buena aquella frase castellana tan
celebre y reiterada en la práctica política legislativa: hagan ustedes las
leyes y déjennos a nosotros los reglamentos (para descafeinar aún más si cabe
el Acuerdo de París).
En la COP24 han acabado coincidiendo tal cantidad de actividades,
expectativas, negociaciones, etc. que una sensación vertiginosa de probabilidad
de descarrilamiento está en la mente de muchos y con una probabilidad, a mi
modo de ver, no precisamente nula. No podía contarse con ello, pero lo cierto
es que los informes de agencias especializadas aparecidos durante este mes de
noviembre (lo que no es casualidad es que se hagan públicos antes de la COP24)
fueran tan desastrosamente negativos. La IEA (la Agencia Internacional de la Energía)
señala un nuevo récord histórico de las emisiones de CO2 hacia a la
atmosfera que se habría dado durante el 2017 (y que probablemente volverá a
producirse el 2018) después de tres años en que, esencialmente, estas emisiones
no habrían aumentado, dando por primera vez un perfil plano que incluso
permitía pensar en que se estuviese, ya, en la planicie correspondiente al pico
de emisiones al que todo el mundo dice buscar. Pues no, seguimos creciendo en
emisiones anuales de CO2 hacia la atmosfera. Unos días después la
OMM (Organización Meteorológica Mundial) daba también las últimas medidas de la
concentración de CO2 en la atmosfera que, como no, seguían
aumentando, trazando año si año también un nuevo récord histórico.
Lo que si estaba previsto des del 2015 es que en esta COP24 el IPCC
presentaría un Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 1,5oC
(tal como finalmente ha sido denominado). Aprobado el pasado mes de octubre, y
pendiente de revisiones editoriales, es público ya y, por decirlo de alguna
manera, pone aún mucha más presión al conjunto del sistema de decisiones
climáticas que deberían tomarse. Tensión que tampoco es ajena a un año en el
que el número de fenómenos climáticos y la multiplicidad de estos y de sus
variadas manifestaciones territoriales, también hace calificable el año que se
termina de desastrosamente catastrófico. De todo este contexto consideramos que
el elemento más relevante sea quizás el nuevo informe del IPCC, puesto que
supone una nueva puesta al día del estado del conocimiento científico a todos
los niveles circundantes a la problemática climática y que, después del AR5 del
2013 y 2014, se transformará, es ya, una referencia clave de y para todo lo que
ocurra, deje o deba de ocurrir, sobre todo durante la década del 2020 al 2030.
El Informe Especial del IPCC sobre el Calentamiento Global de 1,5oC
Si en un punto es ambicioso el Acuerdo de París es cuando en su
artículo 2 (su artículo fundamental pues es el que define el objetivo del
Acuerdo) dice textualmente (en estos casos resaltamos el texto en cursivas):
Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2
ºC respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para
limitar este aumento de la temperatura a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que esto reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del
cambio climático;
Coherentemente con esta parte sin duda fundamental del articulado del
Acuerdo una de las otras decisiones (además y acerca del Acuerdo) de París fue
la siguiente:
Invita al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
a que presente, en 2018, un informe especial sobre los efectos que produciría
un calentamiento global de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales y las
trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero;
Y este es precisamente el más nuevo y probablemente más importante
nuevo conocimiento que tenemos ya encima de la mesa, y que esperemos impregne
de ambición las posiciones de las delegaciones de los países que se desplazan a
la COP24. El informe, con un Sumario para los Responsables de la Toma de
Decisiones y cinco capítulos desarrolladores del mandato recibido,
empieza por la siguiente valoración, al nivel del sumario citado que, de alguna
manera, esperábamos todos (el AR5 solamente analizaba las trayectorias
correspondientes a un calentamiento global de 2oC o superiores; es
decir, de hecho venía a decir sin decirlo, que limitar el calentamiento global
a 1,5oC era ya imposible):
Se calcula que
las actividades humanas han causado aproximadamente 1,0 °C de calentamiento
global por encima de los niveles preindustriales, con un rango probable de 0,8
° C a 1,2 ° C. El calentamiento global es probable que llegue a 1,5 ° C entre
2030 y 2052 si continúa aumentando a la tasa actual. (Alta confianza).” Las afirmaciones sobre
niveles de confianza o de probabilidades de una aseveración son la forma usual
desde el AR5 de expresar explícitamente que lo que hace el IPCC es valorar el
estado del conocimiento científico (el IPCC no hace investigación) y pondera,
de esta forma, el nivel de acuerdo de la comunidad científica internacional
sobre cualquiera de las afirmaciones que hace en sus informes.
A pesar de que considero este nuevo informe especial del IPCC de un
gran interés, rigor, visión y de más y mayores asentamientos de conocimientos
muy valiosos sobre el tema en cuestión, tengo algunas discrepancias de fondo
con el mismo que, por supuesto, voy a presentar e intentar analizar. Podría
decir que más que discrepancias son preocupaciones notables sobre posibles
contradicciones internas del informe (que ha debido realizarse en muy poco
tiempo), cuya supuesta, por mi parte, existencia llevan a la vitada
discrepancia.
Una de ellas es sobre el contenido de la que sería esta frase inicial
que, lógicamente, juega casi un papel de resumen global público de todo el
informe. A primera vista la frase parece clara, diáfana y exenta de más o menos
afinamientos y/o vicisitudes. Pues bien, a nuestro entender, ello no es en
absoluto así y, de hecho, el propio informe es, en muchos casos y partes, una
intensa y muy completa reflexión profundizada y desmenuzada sobre la propia
frase en cuestión, aunque ello no se advierta explícitamente así.
Si nos vamos al Capítulo 1: Encuadramiento y Enfoque del informe
y, en concreto, al final del mismo, en forma de respuesta a una FAQ (Frequent
Ask Question): ¿Qué tan cerca estamos del 1,5oC? podemos leer
textualmente (y por lo tanto lo destacamos siempre en cursivas):
“El calentamiento
inducido por el hombre ya ha alcanzado aproximadamente 1 ° C por encima de los
niveles preindustriales en el momento de redactar este informe especial. Para
la década 2006-2015, la actividad humana había calentado el mundo en 0,87 ° C
(± 0,12 ° C) en comparación a los tiempos preindustriales (1850 a 1900). Si la
tasa de calentamiento actual continúa, el mundo llegaría al calentamiento
global inducido por el hombre de 1,5 ° C en torno a 2040.
La frase es un poco más precisa que la anterior y en conjunto las dos
permiten o requieren constatar lo siguiente:
- Se
ha aumentado la precisión e incluso la conceptualización de lo que el
informe propone denominar la Temperatura media global en la
superficie (GMST) y lo mismo se ha hecho con la concreción
propuesta de período Preindustrial, y se ha regresado
sabiamente al concepto de Calentamiento Global de (la
temperatura GMST a la que se haya o se pueda llegar).
- Lo
más inquietante que produce la lectura de las dos frases es que en la
segunda leemos que el calentamiento global de 1,5oC llegaría en
torno al 2040, mientras que en la segunda lo haría entre 2030 y 2052. ¿En
qué quedamos? Una media de 22 años no puede tener nada que ver con un tema
de probabilidades
- En
todos los casos la aseveración se basa en una asunción, única y
exclusivamente de extrapolación de tendencia de evolución de la
temperatura, como tal y sin más, en unos plazos de tiempo muy cortos (como
aquel que dice: pasado mañana), y de unas tendencias pasadas demasiado cercanas
y también de períodos demasiado cortos. Aquí si que, por lo tanto,
consideramos que se ha querido más contentar a una cierta galería de
actores que otra cosa y dejar el rigor para las interioridades del
informe.
Este no es el lugar ni el espacio en el desarrollar todos los
argumentos que nos han llevado a esta afirmación, pero tal como iremos
comentando a partir de aquí, nos atrevemos a afirmar que, casi con toda
probabilidad, y muy desafortunada y preocupantemente, llegaremos a los 1,5oC
antes del 2030; incluso bastante antes si continuamos en las tendencias de
emisiones y concentraciones atmosféricas citadas en el contexto de este
artículo.
Cuando el Informe Especial (tanto en el Sumario como en los capítulos
desarrolladores) quiere analizar con que trayectorias de emisiones y con que
sistemas de transición, respecto al estado actual de las cosas, podríamos tener
el calentamiento global de 1,5oC, aunque no se dice, en realidad se
esta cuestionado totalmente la predicción temporal comentada en los párrafos
anteriores y asociada a una prolongación de tases actuales en el calentamiento
global de temperatura.
En efecto, la siguiente afirmación textual es demoledora en este
sentido:
En modelos de
trayectorias con o sin limitaciones de 1.5 ° C, las emisiones netas
antropogénicas globales de CO2 disminuyen aproximadamente un 45%
respecto a los niveles del año 2010 para 2030 (40-60% de rango), alcanzando el
cero neto alrededor de 2050 (rango entre 2.045 a 2.055). Para limitar el
calentamiento global a menos de 2 ° C las emisiones de CO2 se prevé que
disminuyan aproximadamente un 25% en 2030 en la mayoría de las trayectorias
(10-30% rango), alcanzando el cero neto alrededor de 2070 (rango entre 2065 a
2080). Las emisiones de los gases no CO2 a las trayectorias que limitan el
calentamiento global a 1,5 ° C muestran reducciones profundas que son similares
a las de caminos que limitan el calentamiento a 2 ° C. (alta confianza). La referencia “sin
limitaciones” tiene que ver con escenarios en los que se acepta que podamos
subir por encima de los 1,5o C pero volviendo a bajar a ellos de
formas más o menos rocambolescas; entre otras suponiendo que todas las
supuestas nuevas tecnologías de, entre otras, Captura y Almacenamiento de
Emisiones estén ya en pleno funcionamiento, cuando aún hay más que
serias dudas de que pueda llegar a pasarse de “planos” y pruebas piloto a
instalaciones reales, con el muy importante cambio de nivel o de escala de
magnitudes que se precisaría.
En otras palabras: mantenerse a 1,5oC requiere tales cambios
de tendencias en las emisiones que estamos lanzando actualmente a la atmosfera
que es casi inimaginable que se puedan producir, cuando, precisamente, los
principales indicadores actuales de las mismas nos informan que, en estas
tendencias, estamos precisamente creciendo de formas muy importantes en la
actualidad: en el 2018, a 12 años del 2030. Y no somos nosotros los que lo
decimos, cuando el informe llega a su “Capítulo 2: Trayectorias de
mitigación compatibles con 1,5oC en el contexto del desarrollo
sostenible” y, por lo tanto, sigue profundizando más y más en el tema,
pueden leerse, por ejemplo, las siguientes aseveraciones, cuyo cumplimiento se
nos hace, como mínimo personalmente, absolutamente, otra vez, inimaginable:
Limitar el calentamiento
a 1,5 ° C depende de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) las próximas décadas, donde emisiones más bajas
de GEI para el 2030 conducen a una mayor probabilidad de calentamiento máximo a
1,5 ° C. (alta confianza). Las trayectorias disponibles que tienen como
objetivo un no, o un limitado sobrepasamiento (0-0.2 ° C), de 1,5 ° C mantienen
las emisiones de GEI en 2030 en 25-30 GtCO2e/yr . Esto contrasta con
las estimaciones medias acordes con las actuales NDCs de 50-58 GtCO2e/yr
en 2030. Este
es precisamente el extremadamente cambio radical de tendencia que no sabemos
ver como posible por ningún lado y desde ningún punto de vista, teniendo en
cuenta precisamente y una vez más que las tendencias actuales, finales del
2018, no solo no contienen ningún germen cuantificable e identificable de las
mismas, sino que incluso van en la dirección de empeorar las actuales
predicciones en el marco de una valoración (que siempre fue más optimista que
real) de lo que supondría avanzar en la dirección de las actuales NDCs.
Esta es una cara de la realidad o del análisis, ya de por si
espeluznante; pero es que cuando el Capítulo 2 del Informe Especial analiza en
profundidad las tendencias socioeconómicas que de verían estar detrás de las
trayectorias que se han calificado como consistentes con el calentamiento
global de 1,5oC, la conclusión del IPCC, como siempre citada
textualmente en cursivas es la siguiente:
Limitar el
calentamiento a 1,5 ° C implica alcanzar emisiones netas nulas de CO2
a nivel mundial alrededor de 2050 y reducciones profundas simultáneas en las
emisiones de forzamientos de gases no-CO2, en particular metano.
(alta confianza). Estas trayectorias de
mitigación se caracterizan por las reducciones de la demanda energética, la
descarbonización de la electricidad y otros combustibles fósiles, la
electrificación de la energía de uso final, la reducción profunda de las
emisiones agrícolas y algunas formas de CDR con almacenamiento de carbono en la
tierra o el secuestro en depósitos geológicos. La baja demanda de energía, la
baja demanda de suelos y el bajo consumo de bienes intensivos en gases
carbonizados facilitan limitar el calentamiento en lo posible a 1,5 ° C.
Se nos hace difícil comprender como esta afirmación haya tenido el poco
impacto político y mediático que, a nuestro modo ver, debería haber tenido. De
entrada, tiene, siempre desde nuestro punto de vista, un carácter histórico
cuando explícita las reducciones de la demanda energética en el mundo como
parte de un único escenario, como uno de sus factores conductores fundamentales,
que podría hacer posible mantener el calentamiento global a unos niveles
deseables. En otras palabras aunque el IPCC no lo pueda decir explícitamente,
pero yo sí, la transición energética desde un vector energético primario fósil
(dependiente aún hoy, y desde hace muchos años, en más del 80% de los
combustibles fósiles) a un vector energético primario limpio (sin emisiones
derivadas), a los niveles en que la economía mundial viene y sigue demandando,
año tras año, más y más energía para continuar con su crecimiento económico
capitalista, no alcanzaremos nunca un mundo realmente descarbonizado liberado
del cambio climático.
EGIPTO: Indígenas reclaman nuevo acuerdo global para proteger la
Amazonia
Rabiya
Jaffery / IPS
Sharm El Sheij. Líderes indígenas de la Amazonia reclaman un nuevo
acuerdo mundial para proteger y recuperar por lo menos la mitad de sus
territorios ancestrales. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas
de la Cuenca Amazónica (COICA) preparó una propuesta que se presentará
a organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en la 14
Conferencia de las Partes (COP14) del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), que se desarrolla en este balneario egipcio del 17 al 29 de este
mes.
COICA, creada en 1984 en Lima, coordina nueve organizaciones indígenas
dedicadas a promover y desarrollar mecanismos de defensa la autodeterminación
de pueblos autóctonos y coordinar acciones a escala internacional. La propuesta
invita a una mayor participación de las comunidades indígenas en los esfuerzos
de conservación y en la toma de decisiones sobre la pérdida de biodiversidad,
mientras las partes negocian los términos del marco global para después de 2020
en materia de diversidad biológica, que se adoptará en Beijing dentro de dos
años. La propuesta salió de la cumbre de COICA, en agosto, con líderes de
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y
Venezuela. “Casi 80 por ciento de la diversidad biológica se encuentra en
territorios tribales, y la mayoría de los lugares de mayor biodiversidad de la
Tierra se encuentra en esas tierras”, puntualizó Juan Carlos Jintiach,
representante de COICA, actualmente participando en la COP14. “Los pueblos
tribales contribuyen y usan de forma sostenible los recursos de sus territorios
desde hace miles de años y no es posible crear políticas efectivas sin su
aporte”, subrayó.
En su declaración, las delegaciones indígenas invitan a Estados y a
otras entidades a incluir su conocimiento ancestral en las políticas que buscan
la conservación, y planean lanzar negociaciones bilaterales con diferentes
actores con el fin de crear un acuerdo ambicioso para 2020. COICA quiere
trabajar apuntar a un objetivo común para proteger y recuperar la mitad del
planeta para 2050. La coordinadora también busca mantener un diálogo con los
gobiernos de la Amazonia para la visión de las confederaciones indígenas a
través de una “alianza y del compromiso de proteger la región, biodiversidad,
culturas y sacralidad” para proteger la selva y su “corredor biológico”. Se
promueve un acuerdo entre Colombia, Venezuela y Bolivia para proteger un “corredor
biológico” que posea más de 135 millones de hectáreas y se distribuya
entre los tres países. El corredor cubrirá desde la Amazonia, pasando por la
cordillera de Los Andes y hasta el océano Atlántico, una de las regiones de
mayor biodiversidad del mundo, y los indígenas creen que sus aportes y sus
perspectivas son importantes para la efectividad del acuerdo. Alrededor de “65
por ciento de las tierras del mundo son territorios indígenas, pero solo 10 por
ciento les pertenecen legalmente. Garantizar sus derechos territoriales son una
forma barata y efectiva de reducir las emisiones de carbono y aumentar las
áreas naturales”, observó Tuntiak Katan, vicepresidente de COICA.
En 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
celebró el aporte de Brasil a las conversaciones sobre el acuerdo
Amazonia-Andes-Atlántico (AAA), que la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
consideró analizar, en unas declaraciones realizadas durante la Cumbre de las
Americas, en Panamá.
Las comunidades indígenas también están muy preocupadas por las
declaraciones del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, durante su
campaña, sobre las políticas ambientales y las cuestiones indígenas. Asumirá en
enero, pero ya dijo que estaba a favor flexibilizar protecciones de la
Amazonia, lo que hará que menos tierras estén bajo autoridades indígenas y
comunidades selváticas, y se queden en manos de la agroindustria, mineros,
madereros y compañías constructoras. “Sus dichos son preocupantes, pero el
nuevo gobierno también tendrá dificultades para revertir las políticas que ya
están en funcionamiento porque perdería su posición de líder internacional en
cuestiones ambientales”, señaló Oscar Soria, de Avaaz, el movimiento global en
Internet que moviliza iniciativas políticas surgidas de las bases y las dirige
hacia la toma de decisiones en todo el mundo.
“Queremos recordar a Bolsonaro que Brasil tiene obligaciones nacionales
e internacionales de garantizar los derechos territoriales de los pueblos
indígenas y de las comunidades locales, y respetar su consentimiento libre,
previo e informado”. “Esperamos que el nuevo gobierno respete las obligaciones
internacionales y siga apoyando a las organizaciones no gubernamentales e
indígenas que se esfuerzan por salvar el mundo; y el mundo no puede proteger la
biodiversidad sin Brasil, y Brasil no puede destruir su biodiversidad solo”.
BRASIL: Bolsonaro compara mantener a indígenas en reservas con animales
en el zoológico
EFE
Sao Paulo. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro,
afirmó que mantener a indígenas en reservas protegidas es tratarlos como
animales en zoológicos, en medio de nuevas críticas contra la demarcación de
sus tierras ancestrales. "Nadie quiere maltratar a los indios. Ahora,
mira, en Bolivia tenemos un indio que es presidente (Evo Morales). ¿Por qué en
Brasil tenemos que mantenerlos recluidos en reservas como si fueran animales en
zoológicos", dijo en declaraciones a medios en Cachoeira Paulista, un
municipio en el interior de Sao Paulo.
El mandatario electo, un nostálgico de la dictadura militar
(1964-1985), respondió así a una pregunta de un periodista sobre la capacidad
del futuro Gobierno que asumirá el 1 de enero de reducir la deforestación y las
emisiones de gases de efecto invernadero, metas recogidas en el Acuerdo
de París. "Sobre el Acuerdo de París, en los últimos 20
años, siempre noté una presión externa -y que fue acogida en Brasil-, en lo
relacionado, por ejemplo, a demarcar cada vez más tierra para el indio,
demarcar tierra para reservas ambientales, entre otros acuerdos que, a mí
entender, fueron nocivos para Brasil". "El indio es un ser humano
igualito a nosotros. Quiere lo que nosotros queremos y no se puede usar la
situación del indio, que es una situación que aún está en inferioridad en
relación a la nuestra, para demarcar esa enormidad de tierras". Advirtió
que esas tierras protegidas, a su entender y "de acuerdo con la propia
ONU, por la determinación de los pueblos indígenas", podrían convertirse
"en nuevos países en el futuro".
"¿Se justifica, por ejemplo, tener la reserva Yanomami, dos veces
el tamaño del estado de Río de Janeiro para, tal vez, 9.000 indios? No se
justifica eso ahí".
Bolsonaro, líder de la emergente extrema derecha en el país y capitán
en la reserva del Ejército, viajó hoy por varios municipios del interior del
estado de Sao Paulo (sudeste), donde participó de una graduación de oficiales y
se reunió con líderes religiosos. Durante la pasada campaña electoral, amagó
con retirar a Brasil del Acuerdo de París, aunque luego dio marcha atrás y dijo
que mantendría el pacto, al cual ha criticado porque, en su opinión, amenaza la
soberanía nacional.
ARGENTINA: Cambio climático empuja alza de pobreza rural en América
Latina
Daniel Gutman / IPS
Buenos
Aires. Solo 18 % de la población
de América Latina y el Caribe vive en zonas rurales, pero son, cada vez más,
fábricas de pobreza, en una alarmante realidad que en buena parte la determina
el cambio climático. Relatos de sequías extremas seguidos de fenomenales
inundaciones que prácticamente destruyen cosechas enteras y sacuden la paz
social abundaron durante la primera Semana de la Alimentación y la Agricultura
de la región, realizada en esta capital argentina.
Los más de1.000 funcionarios, expertos y representantes de la sociedad
civil participantes en el encuentro coincidieron en que la caída de los
rendimientos agrícolas y la migración desde el campo, son consecuencias ya
visibles del calentamiento planetario. “Este año tuvimos una sequía bien
prolongada que destruyó cerca de 80 por ciento de los granos básicos de los
agricultores de subsistencia y dos meses después vimos tremendas inundaciones
que afectaron 23.000 hectáreas en el sur del país”, dijo a IPS el
viceministro de Agricultura de Honduras, José Alberto Benítez. “Somos el país
más afectado en el mundo por el cambio climático. Y, cuando vemos que miles de
jóvenes hondureños han iniciado caravanas de migración hacia México o Estados
Unidos, se debe en buena medida a que es cada vez más difícil que les resulte
interesante seguir en áreas rurales”.
Hay 59 millones de personas pobres en el campo, de acuerdo al Panorama
de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe, que fue presentado durante
esta Semana por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), que organizó la actividad junto al gobierno argentino. Esta
cifra marca un retroceso histórico, porque entre 1990 y 2014 la pobreza rural
en la región había caído de afectar a 65 por ciento de la población a 46.
Sin embargo, desde 2014 hasta 2016 aumentó más de dos puntos y hoy
afecta a 48,6 por ciento. De esa proporción, 22,5 por ciento vive en la pobreza
extrema.
Julio Berdegué, representante regional de la FAO, afirmó a IPS
que “no hay ningún país que se esté salvando del impacto del cambio climático
en la producción de alimentos. “En el sur, Argentina tuvo este año la peor
sequía de los últimos 50 años, cuando el año anterior se habían perdido
cosechas por inundaciones. Y en el Caribe, la agricultura completa de Dominica
desapareció del mapa en 2017 por huracanes devastadores”. El alto funcionario
regional alertó sobre que “prepararnos o medio prepararnos para el cambio
climático requiere cientos de billones de dólares. América Latina y el Caribe
no van a poder financiar esto por sí mismas”. “Necesitamos financiamiento
internacional, pero tampoco es suficiente la ayuda oficial, de gobierno a
gobierno. Necesitamos muchísima inversión privada, en energías renovables, en
nuevas formas de infraestructura o en sistemas agrícolas resilientes”,
advirtió.
El Panorama de la FAO revela que los trabajadores rurales de América
Latina ganan menos de la mitad de los urbanos. El ingreso promedio de los
primeros, en 2015, era de 363 dólares anuales, contra 804 de quienes desarrollan
actividad en las ciudades. La consecuencia es que muchos huyen de la asfixiante
realidad rural. Un 76 por ciento de quienes abandonan sus lugares de origen
dejan atrás municipios rurales en Honduras. La proporción alcanza a 70 por
ciento en El Salvador y a 61 por ciento en Guatemala. Lina Pohl, ministra de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, advirtió que si no se
encuentran los caminos para aumentar los rendimientos agrícolas, el futuro
traerá mayores precios, más hambre y una explosión de la conflictividad social.
En un mundo donde la agenda agropecuaria se superpone cada vez más con
la ambiental, el sector está además señalado por su generación de gases de
efecto invernadero. Según datos de FAO, 61 por ciento de los 33 países de la
región se comprometió ante las Naciones Unidas a reducir las emisiones de su
sector agropecuario, en el Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado
en diciembre de 2015. En ese sentido, el director del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, hizo hincapié en que
la agricultura, “aunque genera problemas, también puede ser parte de la
solución”. “Muchas de las mediciones vinculadas con el cambio climático se
hacen con indicadores que no hemos generado nosotros. Así, no se contemplan
situaciones en las que, lejos de emitir, estamos secuestrando carbono”, afirmó
a IPS.
La reunión de Buenos Aires se hizo en un momento dramático para la
región: en los últimos tres años ha aumentado la población que pasa hambre. Son
39 millones de personas, a pesar que según FAO, América Latina y el Caribe
producen alimentos suficientes no solo para sus 646 millones de habitantes sino
para 169 millones más. Además, 294 millones de personas (46 por ciento de la
población) sufre algún tipo de malnutrición. El extraordinario movimiento de
recursos que genera el cambio climático puede ser una oportunidad para la
región, según Deissy Martínez Barón, coordinadora del Centro de Investigación
para la Agricultura Tropical (CIAT), institución con sede en Cali. “Desde la
década de 1990 hay una tendencia a la baja en participación del sector
agropecuario en las economías de los países de la región. Esto puede deberse al
cambio climático”. Martínez Barón agregó: “América Latina y el Caribe
contribuyen a las exportaciones mundiales de alimentos en un 16 por ciento.
Potencialmente para el 2050 puede llegar a 30 por ciento”. “Para ello es
esencial construir una agricultura sostenible y adaptada al clima. Si no
hacemos nada, hay 36 millones de personas en la región cuya seguridad
alimentaria está en riesgo por la pérdida de rendimientos agrícolas. Pero el
cambio climático puede brindarnos el financiamiento que necesitamos”.
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