1 de mayo de
2016
Entrega el GIEI ruta de
seguimiento sobre su trabajo en la investigación del caso Ayotzinapa
Luego de entregar el Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas a la procuradora,
Sra. Arely Gómez, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain,
Claudia Paz y Francisco Cox le entregaron también un documento con las
principales recomendaciones para dar continuidad al trabajo de investigación
del caso.
A unas horas de concluir su segundo periodo
de mandato y su trabajo de asistencia técnica sobre el caso Ayotzinapa, los
expertos acudieron a la sede de la Procuraduría, donde tuvieron dos reuniones,
una con el equipo responsable del caso y otra con la procuradora. El objetivo
de estos encuentros fue dar a conocer el contenido del informe de forma
directa, así como entregar sus recomendaciones y la entrega del material de
video y fotografía originales en los que se basó el video presentado por el
GIEI sobre la escena del río San Juan del 28 de octubre de 2014.
Con estos encuentros, el GIEI concluye lo
relativo a este segundo periodo de mandato para coadyuvar en la investigación
del caso Ayotzinapa, la búsqueda de los normalistas, la atención a las víctimas
y la elaboración de recomendaciones para el país en materia de desapariciones.
Estas son las recomendaciones que el Grupo entregó y hoy
las da a conocer a fin de que se dé seguimiento al desarrollo de las mismas.
1. Unificación de las
distintas causas penales
Se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de
manera integral los hechos de Ayotzinapa. Las distintas causas penales deben
estar concentradas y ser llevadas a cabo por jueces competentes y accesibles.
2. Evitar la fragmentación
Las distintas Averiguaciones Previas que se han iniciado en contra
de los procesados vinculados con la investigación 1-2015 deben incorporarse a esta
investigación en su totalidad, para evitar la fragmentación de la investigación
y para que la Oficina del Caso Iguala pueda tener en cuenta el patrón de
actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que se
considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus
operandi.
3. Investigación integral
Es necesario que se realice una investigación integral de los
hechos, no es posible separar el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de
septiembre de 2014 de la investigación del grupo criminal que participó en los
mismos. Actualmente, los primeros se investigan en la Oficina del Caso Iguala y
los segundos en
la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de la Delincuencia
Organizada, SEIDO. Es necesario que la información
relativa a esta organización criminal que sea relevante para el caso de los 43
sea agregada también a la investigación a cargo de la Oficina del Caso Iguala,
e integrada en la investigación 1-2015. Se deben evitar interferencias de SEIDO en la
investigación que debe ser dirigida únicamente por parte de la oficina de investigación
del caso bajo la Subprocuraduría de Derechos Humanos, siguiendo los Acuerdos de
Washington de octubre de 2015 ante la CIDH.
4. Considerar otras
violaciones de derechos humanos y delitos
Es necesario investigar de manera adecuada otras graves
violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que
así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales, entre
ellos: 1) desapariciones forzadas, 2) homicidios, 3) tentativas de homicidio,
4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) tortura,
6) exceso en el uso de la fuerza, 7) lesiones y amenazas que sufrieron los
normalistas sobrevivientes. Esto significa que se deben ampliar los cargos en
contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados
de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso.
5. Llevar a cabo las
declaraciones testimoniales pendientes
Es necesario agotar todas las declaraciones testimoniales que han
sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, especialmente las
de las autoridades políticas del Estado de Guerrero que se encontraban en
funciones en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; el director y subdirector
de la policía de Huitzuco y el presidente municipal y la declaración de las
personas que se encontraban en barandillas la noche del 26 y 27 de septiembre
de 2014.
Deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de
acuerdo con las preguntas propuestas por el Informe
Ayotzinapa II.
Respecto a las víctimas, el GIEI señala la importancia de que se
tomen y sean incluidos en el expediente los testimonios de familiares del equipo
de Los Avispones que informaron al GIEI de cuestiones relevantes para la
investigación, que fueron incluidas en el informe Ayotzinapa II, y que deben
ser escuchadas por la PGR.
6. Seguimiento a la información de telefonía
Con la información de telefonía incorporada en el expediente deben
trazarse nuevas líneas de investigación como la identificación de “caminante” y
otros teléfonos que parecen relevantes, dadas las horas críticas en las que
tuvieron comunicación con los presuntos perpetradores. Debe establecerse la identidad
de los usuarios de los teléfonos con quienes se comunican perpetradores y
autoridades clave en ese momento y que no han sido investigadas. Respecto a los
estudiantes, deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde,
posteriormente a la hora de detención, se siguieron activando sus teléfonos.
7. Balística
Es necesario realizar la confrontación de la evidencia balística
recogida en los escenarios de Santa Teresa y Juan N. Álvarez, con la de las
armas asignadas a la Policía Municipal de Cocula, Policía Municipal de
Huitzuco, Policía Estatal, Policía Federal ya que hay evidencias de la posible
participación de algunos de sus miembros en los sucesos violentos ocurridos esa
noche.
También debe investigarse por qué la SEIDO vuelve al Basurero de
Cocula el día 15 de noviembre de 2014, cuál es el sustento para esta nueva
diligencia en la cual se levantan 42 casquillos en la zona alta del basurero
cuando ya se había hecho la revisión del sitio del suceso. Así como porque no
fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forense.
8. ADN
Se debe establecer una fecha para la recepción de los resultados
de Innsbruck. La PGR debe evitar transmitir información pública sobre las
fechas específicas de dichas comunicaciones dado que aumentan el nivel de
expectativa, presión sobre los familiares y estrés. La incertidumbre sobre el
momento en que va a llegar este resultado, aumenta el sufrimiento de las
víctimas. Hay que tener en cuenta que han pasado más de dieciséis meses desde
que se enviaron los restos. La comunicación debe acordarse de forma consensuada
con los peritos de los representantes de las víctimas, el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF).
La Oficina de Investigación del caso Iguala debe continuar con
preparación realizada por el GIEI para la identificación de la ropa y objetos
encontrados en los autobuses.
9. Documentos y videos
La PGR deberá requerir la documentación militar relevante, sobre
los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha
incorporado a la investigación. También
deberá requerir los planes locales de seguridad, reportes, convenios,
competencia de las distintas autoridades de seguridad que muestren los
procedimientos de actuación. Así como la
actuación de las diferentes corporaciones en función de dichos planes de
actuación.
La PGR debe recuperar evidencia de videos de C4 y otros que no se
encuentran en el expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el
militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.
10. Investigar posible traslado de
estupefacientes
Es necesario darle seguimiento a la asistencia jurídica enviada la
tercera semana de marzo de 2016 y a partir de la información que con la misma
se obtenga se establezcan las diligencias necesarias para agotar esta línea de
investigación. Entre estas, la indagación sobre la existencia de laboratorios
clandestinos en la zona, el movimiento del dinero, las rutas utilizadas para el
traslado de heroína hacia Estados Unidos, el medio de transporte utilizado. Si los propietarios de los medios de
transporte son empresas, indagar sobre los propietarios, accionistas, socios.
11. Plena identificación
del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso
Deben realizarse los peritajes que sean necesarios para establecer
cuál fue el autobús que efectivamente salió de la Central Camionera la noche
del 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, deberá investigarse si existen
funcionarios responsables, de que los hechos sobre este autobús se omitieran en
las distintas consignaciones iniciales.
Por otra parte, las contradicciones entre la declaración del
chofer ante la PGR con su propio manuscrito firmado que confirma la versión de
los normalistas y las declaraciones de los responsables de la empresa, debe ser
investigada en profundidad y así como la plena identificación de su conductor
en relación con las imágenes obtenidas en el video.
12. Investigar denuncias por malos tratos o
torturas con las debidas garantías
En el primer informe, se hizo del conocimiento de la PGR, que el
80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser
investigadas. En el segundo informe se
presentan 17 casos que revisten serios indicios de torturas. Si bien los jueces
han indicado a la PGR la realización de informes basados en el Protocolo de
Estambul, estos no pueden diferirse más en el tiempo y tienen que realizarse
con la participación de peritos independientes con experiencia en la evaluación
de casos de tortura y uso del Protocolo de Estambul.
Por otra parte, y de forma complementaria, el GIEI espera que la
investigación de la CNDH sobre las quejas planteadas ante dicha institución se
base en los mismos estándares, tal y como ha sido el trabajo realizado por el
GIEI con sus equipos.
13. Determinar otras
responsabilidades en los hechos y en la investigación
Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que
estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho. Especialmente investigar la posible
participación de miembros de la Policía Federal y la Policía Estatal en la
escena del Palacio de Justicia, el retén anterior a dicho lugar y la desviación
del tráfico vehicular cuando se estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro
1531, en el escenario del puente del Palacio de Justicia.
A la luz de los hallazgos incluidos en el informe Ayotzinapa II, investigar
si todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en diferentes
lugares y horas en que se desarrollaron los hechos como Policía Federal,
Policía Federal Ministerial, Policía Estatal cumplieron con sus respectivos protocolos
de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos. En relación a la Policía Federal y Policía
Federal Ministerial indagar si cumplieron con su obligación de investigar a
partir de la orden de la PGR de las 22h30 de la noche del 26, y las
correspondientes responsabilidades.
14. Llevar a cabo nuevas capturas
Capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera
inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor
nivel como Felipe Flores Velásquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala
en el momento de los hechos y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de la
policía municipal de Iguala.
15. Investigar el
patrimonio de presuntos responsables
Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso,
si su origen es lícito o no, si se corresponde con su perfil de ingresos, si
existen o ha habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas,
así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar
sus haberes y propiedades. Los resultados de dichas investigaciones deben ser
incorporadas al expediente y a las causas penales abiertas.
16. Investigar la
posible obstrucción de la investigación
Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido
la investigación del caso de Ayotzinapa. Entre estas cuestiones están la falta
de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de
la investigación, que han sido señalados en los dos informes publicados por el
GIEI.
Desde enero de 2016, el GIEI señaló que existieron dificultades y
obstrucciones a la investigación, la fragmentación del expediente y el control
de numerosas peticiones y procedimientos por parte de la SEIDO, lo que limitó
el trabajo del nuevo equipo de investigación. Por otra se necesita investigar, tomando
en cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios
que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San
Juan realizando inspección del lugar con un inculpado, la recogida de evidencia
en el río y el ocultamiento de dichos procedimientos al EAAF.
17. Cambiar la
narrativa del caso
La investigación llevada a cabo por el GIEI en sus dos informes
Ayotzinapa I y II, ha mostrado numerosos elementos que ponen en cuestión
circunstancias dadas por válidas en la llamada “verdad histórica”. En abril de
2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e
incorpore los hallazgos que expliquen tanto: a) las motivaciones de los
normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta de claridad sobre el
destino de los normalistas. Es decir, la realidad de por qué fueron los
normalistas a Iguala, la no evidencia de que estuvieran infiltrados ni fueran
confundidos por las autoridades con el narcotráfico, ni atacaron el acto
político que había terminado cuando llegaron y otras circunstancias señaladas
como origen del ataque. Incorporar los hallazgos relevantes ya probados sobre las
circunstancias de los hechos, los diferentes ataques y las actuaciones de
diferentes corporaciones.
Es necesario que se señale que no existe certeza sobre el destino
de los normalistas, las evidencias muestran tanto que uno de ellos fue
identificado a partir de un resto óseo, pero también de que al menos uno de ellos
existe evidencia telefónica que señalaría que se encontraba vivo a la 1:16h de
la madrugada. La narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43
normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los
peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo aquellos
que señalan que no puede responderse a dicha pregunta y que señalan que se
necesitarían hacer nuevos estudios experimentales.
18. Continuar con los
procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones
Las diligencias de búsqueda no deben interrumpirse puesto que los
estudiantes siguen desaparecidos. Mientras no se esclarezcan los hechos
completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben
continuar. La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de
carácter permanente y suponen una herida abierta en los familiares que
necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar
respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde
a los estándares internacionales.
19. Mantener los
espacios de diálogo y comunicación con los familiares
El GIEI ha contribuido a abrir espacios de diálogo con la PGR y
las instituciones, y considera que dichos espacios tienen que responder a las
necesidades de las víctimas de tener un seguimiento efectivo de la
investigación y conocimiento del caso como parte de su derecho a la justicia.
Las reglas de comunicación establecidas en distintos acuerdos deben cumplirse
de forma respetuosa y estricta, evitando las formas de comunicación pública sin
informar previamente a los familiares y poder responder a sus dudas mediante el
diálogo y el respeto a sus derechos. De ello depende que las instituciones
recuperen la credibilidad necesaria para generar confianza en las víctimas.
20. Evitar las formas
de victimización de las víctimas y promover su seguridad
El caso Ayotzinapa los informes del GIEI han mostrado numerosas
formas de nueva victimización de las víctimas en los procesos de investigación,
las versiones públicas de los hechos o los intentos de estigmatizar a los
familiares. Las acciones realizadas contra los familiares deben ser
investigadas también en el futuro para promover un contexto de confianza y seguridad
para quienes son el elemento central del sentido de la justicia.
El Grupo espera que los hallazgos y líneas de
investigación propuestas, así como las recomendaciones estructurales respecto a
la procuración de justicia, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a
las víctimas, fortalezcan el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad.
El GIEI ha sido un mecanismo novedoso para proporcionar asistencia técnica al
Estado y apoyo en un caso que tendrá todavía un largo recorrido, en el que los
familiares de las víctimas y la sociedad mexicana esperan que se dé su resolución.
Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos
Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, agradecen al
Estado, a los representantes de las víctimas, a los familiares y a México la
posibilidad de haber llevado a cabo su trabajo a pesar de las
dificultades y, sobre todo, agradecen también el apoyo, la atención y el
monitoreo continuo de su trabajo por parte de numerosos sectores de la sociedad
mexicana e internacional: los familiares de las víctimas y normalistas
sobrevivientes, sus representantes, las organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas, periodistas, líderes de opinión,
artistas, medios de comunicación, ciudadanos de a pie, congresistas, organismos
internacionales, delegaciones diplomáticas de otros países, entre muchos otros.
A todos ellos y a las instituciones del
Estado mexicano, el GIEI les deja estas recomendaciones, los dos Informes
Ayotzinapa I y II, y espera que el mecanismo de seguimiento que se articule
entre las partes con la CIDH contribuya a mantener el apoyo internacional en
este caso que ha conmovido a México y el mundo.
Gracias por todo…
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