Tuesday, October 2, 2018

Carta al Senado de EE.UU: Invocar la Amienda Leahy - NO AL PLAN MERIDA!



TONATIERRA

Los Comités de Defensa del Barrio
Comisión de Derechos Humanos


Senador Jeff Flake, Estado de Arizona
Senador John Kyle, Estado de Arizona

26 de septiembre de 2018

Estimados señores,

Hoy miércoles 26 de septiembre de 2018 se cumplen 4 años de la Desaparición Forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por agentes de los tres niveles de gobierno (municipal-estatal-federal) del narco estado del presidente Enrique Peña Nieto de México.

El incidente ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Seis muertes también ocurrieron esa noche en Iguala, Guerrero.

Entre las piezas de evidencia irrefutable y concreta recopiladas por el Grupo de Expertos Independientes Internacionales (GIEI) se encontraban 18 cartuchos gastados de un calibre particular y fabricación ÚNICAMENTE DISPONIBLES para el aparato militar federal. Al GIEI también se le negó la entrada a la sede del Batallón 27 en Iguala, donde la evidencia telemétrica de uno de los estudiantes, Jorge Aníbal Cruz, reveló que el último mensaje de texto en vivo se emitió desde el cuartel general del Batallón 27 a la 1:16 a.m. el 27 de septiembre.
 

Según los informes, el autobús que transportaba a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que fue atacado la noche del 26 de septiembre en Iguala fue cargado con heroína para ser entregado a Chicago. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa no estaban al tanto de este hecho, pero luego fueron atrapados en los esfuerzos del cartel de la red de narcotraficantes para recuperar el cargamento de drogas. No han sido vistos desde entonces. Han sido eliminados como TESTIGOS de la complicidad de la policía federal mexicana, el ejército y el aparato político local y nacional con el narcotráfico internacional hacia el norte.

Colusión y complicidad del gobierno de los EE. UU. con la violencia del narco estado en México

De acuerdo con la Ley de Asistencia Exterior EE. UU.:

"[Un] objetivo principal de la política exterior de los Estados Unidos será promover una mayor observancia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos por todos los países". Eventualmente, para dar efecto práctico a esa declaración, la Ley de Asistencia Exterior fue enmendada por la Ley Leahy, "que prohíbe la asistencia a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Secretario de Estado tiene información fidedigna de que dicha unidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos".

La Sección 620M de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 (Enmienda Leahy) dice lo siguiente:

(a) EN GENERAL. - No se proporcionará asistencia bajo esta Ley o la Ley de Control de Exportación de Armas a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Secretario de Estado tiene información fidedigna de que dicha unidad se ha comprometido a una violación flagrante de los derechos humanos.

La política pública del gobierno de los EE. UU. hacia México, que se comercializa como un programa antidrogas contra los de cárteles criminales bajo el Plan Mérida-México, en realidad funciona en un motor de corrupción y colusión con la IMPUNIDAD sistémica y la violencia estatal que ha resultado en 26,000 seres humanos desaparecidos actualmente México y 100,000 muertes como víctimas de la llamada Guerra Contra Las Drogas.

El 1 de enero de 2015, la Comisión de Derechos Humanos de los Comités de Defensa del Barrio envió una carta al entonces presidente Obama solicitando la invocación de disposiciones de la Enmienda Leahy respecto a la iniciativa del Plan Mérida-México.

"Es con gran preocupación humanitaria y en absoluta denuncia de la complicidad y colusión del gobierno de los Estados Unidos con el pogromo de la violencia y la impunidad en México que ahora exigimos que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos detenga inmediatamente toda asistencia militar al gobierno de la República de México como consecuencia de las violaciones sistemáticas y constantes de los derechos humanos, la colusión y la impunidad que está prohibida por la Sección 620M de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 (Enmienda Leahy)."

La carta al presidente Obama fue precedida por una petición entregada el 20 de noviembre de 2014 al congresista estadounidense Matt Salmon en sus oficinas en Gilbert, Arizona, solicitando que el congresista Salmon proporcione los nombres y detalles de las 5 personas entrenadas por el ejército estadounidense involucrado en el masacre de Tlatlaya, México el 30 de junio donde 22 jóvenes fueron ejecutados por las fuerzas armadas del estado de México. El congresista Salmon en ese momento servía como Subjefe del Subcomité del hemisferio occidental bajo el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta de ninguna de las solicitudes.
 

TLCAN y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

En 2017, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realizó una visita oficial a México. Aquí una cita de su informe del 28 de septiembre de 2018 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra:

"En el informe se examina la situación de los pueblos indígenas en México con base en la información recibida por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas durante su visita al país del 8 al 17 de noviembre de 2017 e investigación independiente.
La Relatora Especial observa que, desde la visita oficial realizada por el anterior Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y a pesar de los compromisos contraídos posteriormente por México en materia de derechos humanos, los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos.

Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.

Todos estos problemas se están desarrollando en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron en septiembre de 2014, es emblemático. La Relatora Especial se reunió con padres de estudiantes provenientes de comunidades indígenas y tomó nota de los pocos avances en las investigaciones sobre el paradero de sus hijos. Otro caso emblemático es el de la masacre de 46 personas en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997. La Relatora Especial se encontró con supervivientes y familiares de las víctimas que aún reclaman justicia y el esclarecimiento de esta masacre, que afectó desproporcionadamente a mujeres indígenas."

A la luz de lo anterior, y teniendo en cuenta que según fuentes del actual gobierno de los EE. UU., la iniciativa Plan Mérida-México se revisará después de que el nuevo gobierno del Manuel López Obrador asuma la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y que EE. UU. El Congreso se ha apropiado de $145 millones para la Iniciativa Mérida, presentamos las siguientes inquietudes y demandas para divulgación pública:

Como señaló la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe del 18 de septiembre de 2018, la violencia sistémica en México se produce en el contexto histórico de siglos de colonización y genocidio. En enero de 1994, con la implementación inicial del acuerdo original del TLCAN, el baño de sangre en México alcanzó su cúspide en el estado de Chiapas con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Hoy, como lo demuestra el informe del Relator Especial, las condiciones han empeorado, a pesar de que en 2007 las Naciones Unidas adopto la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que articula específicamente el Derecho de Consentimiento Libre, Previo e Informado para proyectos de desarrollo económico que impactan los territorios y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Entendemos que el "Capítulo Indígena" propuesto por el gobierno canadiense para ser considerado en la "modernización" del acuerdo del TLCAN ha sido descartado. Entendemos que las disposiciones del acuerdo bilateral entre EE. UU. Y México que ha anunciado la actual administración en Washington no mencionan los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y mucho menos el derecho específico de Consentimiento Libre, Previo e Informado. Lo que no entendemos es cómo el presidente del gobierno de EE. UU. puede pretender y posar ante la comunidad mundial en el salón de la Asamblea General de la ONU como lo hizo ayer, y reclamar el manto de la libertad y la democracia cuando fue él quien sin ética, ilegalmente y en complicidad con sus aliados en la industria de combustibles fósiles anuló unilateralmente todo el debido proceso, regulaciones de justicia ambiental, protecciones de derechos civiles, derechos de Tratados Internacionales y Derechos Indígenas al rastrear rápidamente el permiso para el oleoducto Dakota Access Pipeline en Standing Rock.
 

Hoy, si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pretende ser legítimo, o ser "modernizado", debe integrar en sus disposiciones el reconocimiento, respeto y garantías de protección legal para el derecho colectivo de Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas, como pueblos iguales a todos los demás pueblos. Nada menos es aceptable. Esto no es negociable.

Hacemos un llamado a la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos para que tome medidas inmediatas y apropiadas para enfrentar la COMPLICIDAD y COLUSIÓN del gobierno de EE. UU. en los Crímenes contra la Humanidad en curso por el Estado de México en violación de los Derechos Humanos fundamentales establecido en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la cual el gobierno de los Estados Unidos es signatario.

Exigimos la terminación con la impunidad otorgada al estado de México por las políticas del Departamento de Estado de los EE. UU. y el embargo de los armamentos provenientes de EE. UU. que ha fomentado el baño de sangre con resultado en más de 26,000 desaparecidos y 100,000 muertes en todo México bajo el disfraz de la Guerra Contra las Drogas, en particular, la Iniciativa Plan Mérida-México.
 

Volvemos al tema del consentimiento. Sometemos en este momento crítico en nuestras historias compartidas como las Naciones Originarias de los Pueblos Indígenas y la sociedad de los estados de colono ahora conocidos como los Estados Unidos de América, que el principio de autogobierno que hemos compartido con ustedes se basa sobre el principio fundamental del respeto por la Dignidad Humana. La dignidad humana es nuestro objetivo final, es nuestra tradición. Consideramos que el Derecho Humano y principio universal de Derechos Humanos de respeto a la auto gobernanza exige una apreciación y evaluación exhaustiva y responsable de todos los factores e información sobre cuestiones que se deben considerar, sin discriminación. El principio de no discriminación es una norma preventiva. Le instamos a cumplir con este estándar de conducta ética y reafirmar el principio de No Confirmación Sin Investigación al considerar los procesos actuales de nominación del Juez Kavanaugh para la Corte Suprema de los EE. UU.

Finalmente, para el contexto histórico, compartimos la comunicación de nuestro Calpolequeh Emiliano Zapata, quien también abordó estos mismos temas en su carta al presidente Woodrow Wilson en 1914.

Atentamente,


Tupac Enrique Acosta

Los Comités de Defensa del Barrio

Comisión de Derechos Humanos, Secretaría

TONATIERRA

www.tonatierra.org




Carta de Emiliano Zapata al Presidente de los Estados Unidos

Carta de Emiliano Zapata a Woodrow Wilson
Presidente de los Estados Unidos
 

Cuartel General en Yautepec, Morelos, Agosto 23 de 1914.

Mr. Woodrow Wilson,
Presidente de los EE. UU. de América. Washington.

Estimado señor de mi consideración:

He visto en la prensa las declaraciones que Ud. ha hecho acerca de la revolución agraria que desde hace cuatro años se viene desarrollando en esta República, y con grata sorpresa me he enterado de que usted, no obstante la distancia, ha comprendido con exactitud las causas y los fines de esa revolución, que ha tomado sobretodo incremento en la región Sur de México, la que más ha tenido que sufrir los despojos y las extorsiones de los grandes terratenientes.

Esa convicción de que usted simpatiza con el movimiento de emancipación agraria, me induce a explicar a usted hechos y antecedentes que la prensa de la Ciudad de México, consagrada a servir los intereses de los ricos y de los poderosos, se ha empeñado siempre en desfigurar con infames calumnias, para que el resto de la América y el mundo entero nunca pudiesen dar cuenta de la honda significación de ese gran movimiento proletario.

Empezaré por señalar a usted las causas de la revolución que acaudillo.

México se encuentra todavía en plena época feudal, o al menos así se encontraba al estallar la revolución de 1910.

Unos cuantos centenares de grandes propietarios han monopolizado toda la tierra laborable de la República; de año en año han ido acrecentando sus dominios, para lo cual han tenido que despojar a los pueblos de sus ejidos o campos comunales, y a los pequeños propietarios de sus modestas heredades. Hay ciudades en el Estado de Morelos, como la de Cuautla; que carecen hasta de terreno necesario para tirar sus basuras, y con mucha razón, del terreno indispensable para el ensanche de la población.

I es que los hacendados, de despojo en despojo, hoy con un pretexto, mañana con otro, han ido absorbiendo todas las propiedades que legítimamente pertenecen y desde tiempo inmemorial han pertenecido a los pueblos de indígenas, y de cuyo cultivo éstos últimos sacaban el sustento para sí y para sus familias.

Para extorsionar en esta forma, los hacendados se han valido de la legislación, que elaborada bajo su sugestión, le ha permitido apoderarse de enormes extensiones de tierras, con el pretexto de que son baldías; es decir, no amparadas por títulos legalmente correctos.

De esta suerte, ayudados por la complicidad de los tribunales y apelando muchas veces a medios todavía peores, como el de reducir a prisión o consignar al ejército, a los pequeños propietarios a quienes querían despojar, los hacendados se han hecho dueños únicos de toda la extensión del país, y no teniendo ya los indígenas tierras, se han visto obligados a trabajar en las haciendas, por salarios ínfimos y teniendo que soportar el mal trato de los hacendados y de sus mayordomos o capataces, muchos de los cuales, por ser españoles o hijos de españoles, se consideran con derecho a conducirse como en la época de Hernán Cortés; es decir, como si ellos fueran todavía los conquistadores y los amos, y los "peones" simples esclavos, sujetos a la ley brutal de la conquista.

La posición del hacendado respecto de los peones, es enteramente igual a la que guardaba el señor feudal, el barón o el conde de la Edad Media, respecto de sus siervos y vasallos.

El Hacendado, en México, dispone a su antojo de la persona de su "peón"; lo reduce a prisión, si gusta; le prohibe que salga de la hacienda, con pretexto de que allí tiene deudas que nunca podrá pagar; y por medio de los jueces, que el hacendado corrompe con su dinero, y de los prefectos o "jefes políticos", que son siempre sus aliados, el gran terrateniente es en realidad, sin ponderación, señor de vidas y haciendas en sus vastos dominios.

Esta situación insoportable originó la Revolución de 1910 que tendía principal y directamente a destruir ese régimen feudal y a combatir el monopolio de las tierras en manos de unos cuantos.

Pero por desgracia, Francisco I. Madero pertenecía a una familia rica y poderosa, dueña de grandes extensiones de terreno en el Norte de la República, y como era natural, Madero no tardó en entenderse con los demás hacendados, y en invocar la legislación (esa legislación por los ricos y para favorecer a los ricos) como un pretexto para no cumplir las promesas que había hecho para restituir a sus dueños las tierras robadas y para destruir el aplastante monopolio ejércido por los hacendados, mediante la expropiación de sus fincas por causa de utilidad pública y con la correspondiente indemnización, si la posesión era legítima.

Madero faltó a sus promesas, y la revolución continuó, principalmente en las comarcas en que más se han acentuado los abusos y los despojos de los hacendados; es decir, en los Estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Puebla, Durango, Chihuahua, Zacatecas, etc., etc.

Vino después el Cuartelazo de la Ciudadela; o sea el esfuerzo hecho por los antiguos porfiristas y por los elementos conservadores de todos los matices, para adueñarse nuevamente del poder, por que temían que Madero se viera obligado algún día a tener que cumplir sus promesas, y entonces la población campesina entró en justa alarma y la efervescencia revolucionaria cundió con más vigor que nunca, puesto que el cuartelazo, seguido del asesinato de Madero, era un reto, un verdadero desafío a la revolución de 1910.

Entonces la revolución abarcó toda la extensión de la República, y aleccionada por la experiencia anterior, no espero ya el triunfo para empezar el reparto de tierras y la expropiación de las grandes haciendas. As( ha sucedido en Morelos, en Guerrero en Michoacán, en Puebla, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, en Sonora, en Durango, en Zacatecas, en San Luis Potosí; de tal suerte que puede decirse que el pueblo se ha hecho justicia a sí mismo, ya que la legislación no lo favorece y toda vez que la Constitución vigente es más bien un estorbo que una defensa o una garantía para el pueblo trabajador, y sobre todo, para el pueblo campesino.

Este último ha comprendido que hay que romper los viejos moldes de la legislación, y viendo en el Plan de Ayala la condensación de sus anhelos y la expresión de los principios que deben servir de base a la nueva legislación, ha empezado a poner en práctica dicho plan, como ley suprema y exigida por la justicia, así es como los revolucionarios de toda la República han restituido sus tierras a los pueblos despojados han repartido los monstruosos latifundios y han castigado con la confiscación de sus fincas a los eternos enemigos del pueblo, a los señores feudales, a los caciques, a los cómplices de la dictadura porfiriana y a los autores y complices del Cuartelazo de la Ciudadela.

Se puede asegurar, por lo mismo, que no abrá paz en México, mientras no se eleve el Plan de Ayala al rango de ley o precepto constitucional, y sea cumplido en todas partes.
Esto no solo en cuanto a la cuestión social, o sea a la necesidad del reparto agrario, sino tambien en lo referente a la cuestión política, o sea a la manera de designar el Presidente Interino que a de convocar a elecciones y ha de empezar a llevar a la práctica la reforma agraria.

El país está cansado de imposiciones, no tolera ya que se le impongan amos o jefes; desea tomar parte en la designación de sus mandatarios; y puesto que se trata del gobierno interino que ha de emanar de la revolución y de dar garantías a ésta, es lógico y es justo que sean los genuinos representantes de la Revolución, o sea los jefes del movimiento armado, quienes efectuen el nombramiento de Presidente Interino. Así lo dispone el artículo doce del Plan de Ayala, en contra de los deseos de D. Venustiano Carranza y de sus circulo de políticos ambiciosos, los cuales pretenden que Carranza escale la Presidencia por sorpresa, o mejor dicho, por un golpe de audacia y de imposición:

Esta convicción de los jefes revolucionarios de todo el país es la única que puede elegir con acierto el Presidente Interino, pues ella cuidará de fijarse en un hombre que por sus antecedentes y sus ideas preste absolutas garantías; mientras que Carranza por ser dueño o accionista de grandes propiedades en los Estados Fronterizos, es una amenaza para el pueblo campesino, pues seguiría la misma política de Madero, con cuyas ideas está perfectamente identificado, con la diferencia única de que Madero era débil, en tanto que Carranza es hombre capaz de ejercer la más tremenda de las dictaduras, con lo que provocaria una formidable revolución, más sangrienta quizá que las anteriores.

Por lo anterior verá usted que siendo la Revolución del Sur una revolución de ideales, y no de venganza ni de represalias, dicha revolución tiene contraido ante el país y ante el mundo civilizado, el formal compromiso de dar plenas garantías antes y después del triunfo, a las vidas e intereses legítimos de nacionales y extranjeros, y así me complazco en hacerlo a usted presente.

Esta larga exposición confirmará a usted en su ilustrada opinión respecto del movimiento suriano, y convencerá a usted de que mi personalidad y la de los mios han sido villananente calumniados por la prensa vanal y corrompida de la Ciudad de México.
Mejor que estos apuntes, ilustrarán a usted las informaciones que se sírvan proporcionarle los señores Dr. Charles Jenkinson y Thomas W. Reilly, amables visitantes de este Estado, a quienes hemos tenido la satisfacción de ofrecer vuestra modesta pero cordial hospitalidad, y por cuyo bondadoso conducto envio a usted estas líneas.

Por mi parte sé decir a usted que comprendo y aprecio la noble y levantada política que, dentro de los limites del respeto a la soberania de cada entidad, ha tomado usted a su cargo en este hermoso y no siempre feliz Continente Americano.

Puede usted creer que, mientras esa política respete la autonomía del pueblo mexicano para realizar sus ideales tal [y] como el los entiende y los siente yo seré uno de los muchos simpatizadores con que usted cuenta en esta República hermana, y no por cierto el menos adicto de sus servidores, que le reitera su particular aprecio.

El General Emiliano Zapata



 
 Los Comités de Defensa del Barrio
September 22, 2012

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