En su tercer informe a la opinión
pública, los integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos
Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, presentaron sus primeras conclusiones sobre el trabajo
que están llevando a cabo para el caso Ayotzinapa, a petición de los
familiares de las víctimas y del Estado mexicano.
A partir de numerosos testimonios y
cruces de información, el GIEI dio a conocer que en la noche del 26 de
septiembre los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara
el acto de la presidenta del DIF y que el ataque se dio en otro lugar.
Las autoridades sabían desde el inicio que se trataba de estudiantes de
la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma
de autobuses.
Entre las actividades que el GIEI
dio a conocer están: la realización de un taller con los familiares de
los normalistas; la gestión de un acuerdo entre los familiares y la
Policía Federal para reactivar la búsqueda e incorporar a los padres en
la misma; la elaboración de propuestas para el CEAV y la Segob en la
atención a familiares y víctimas y de criterios para el protocolo de
actuación de la PGR en casos de desaparición.
En lo que se refiere al avance de
las peticiones planteadas en las visitas anteriores, el Grupo dio a
conocer que: está pendiente la realización de numerosas diligencias
solicitadas a las autoridades en las visitas anteriores; continúan las
gestiones para hacer entrevistas directas con miembros del batallón 27 y
que los acuerdos de atención médica a las víctimas están por cumplirse
con celeridad.
El Grupo expresó su preocupación por
la fragmentación de la investigación en 13 causas distintas en 6
juzgados, y recomendó unificar la investigación, a fin de mantener la
conexidad de los delitos, lograr una visión integral del caso, facilitar
el encuentro entre los consignados, sus familiares y representantes,
permitir el acceso a la justicia de las víctimas y evitar la pérdida de
evidencia. También solicitó investigar otros delitos cometidos, como
tortura, tentativa de homicidio y obstrucción de la justicia, entre
otros.
En conferencia de prensa, Carlos Beristain y Claudia Paz, dieron lectura al siguiente informe:
- Búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos
- Nuevos pasos en los procesos de búsqueda. A petición de las autoridades y de los familiares, el GIEI gestionó y facilitó un encuentro entre un numeroso grupo de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal de México. Dicho encuentro se realizó el 5 de mayo de 2015 y durante el mismo se acordó continuar el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos; asegurar la adecuada formación, medios y garantías legales para llevar a cabo la búsqueda y asegurar la participación, información y seguimiento de las búsquedas con los familiares. Ambas partes llegaron a un acuerdo formal en el que el Grupo ejerció de testigo. El GIEI espera se respeten los acuerdos y se reinicie cuanto antes el proceso. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo y se facilitará la información de sus resultados al GIEI, al que ambas partes agradecieron sus buenos oficios.
- Investigación
2.1. Nuevas diligencias. Como
parte de su mandato de coadyuvar en la investigación, el GIEI ha
propuesto a la PGR realizar nuevas diligencias para completar la
información del expediente. Si bien ya ha recibido algunos de los
resultados de las diligencias solicitadas en sus visitas anteriores, el
Grupo enfatiza la necesidad de completarlas debido a que numerosas
propuestas se encuentran pendientes.
2.2. Entrevistas con agentes del Estado.
El GIEI continúa gestionando con las autoridades las entrevistas con
personal militar del batallón 27. Inicialmente, las autoridades
sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR.
Posteriormente se nos informó que esto no era posible a través de la PGR
y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GIEI enfatiza
que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR,
sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito
judicial. A un mes y medio de la solicitud, el GIEI reitera la
importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para
completar la investigación, por lo que espera la cooperación de todas
las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad
con el mandato del GIEI.
También, el Grupo solicitó a las
autoridades que entrevisten a personal de la Policía Federal y la
Policía Ministerial que, según diferentes testimonios, estuvo presente
en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de
septiembre.
2.3. Evitar la fragmentación de la investigación.
Después de un examen de la investigación, el GIEI señala con
preocupación que existe una dispersión tanto de los procesos como de la
consignación de presuntos responsables vinculados con el caso. Hay más
de 13 causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país
(Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco), en tanto que los
presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades
(Tepic, Jalisco, Altiplano). Sugerimos que se unifique la investigación
para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se
dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus
representantes legales; para acortar las distancias y facilitar el
acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de inseguridad y
asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso. Hay que evitar
también el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos. Se
requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera
integral los hechos de Ayotzinapa. El GIEI considera esta medida
fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de
tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de
los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la
responsabilidad y modus operandi.
2.4. Tipo de delitos a investigar.
El GIEI ya señaló que los delitos a investigar configuran el delito de
desaparición forzada, no de secuestro, pero subraya que también se
presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos,
entre ellos: 1) tortura (por ejemplo, en el caso de Julio César
Mondragón Fontes), 2) tentativas de homicidio, 3) encubrimiento,
obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 4) uso no adecuado de la
fuerza, 5) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas
sobrevivientes. Estos delitos también deben ser adecuadamente
investigados.
2.5. Escenarios de los hechos del 26-27 de septiembre de 2014.
El trabajo del GIEI se ha centrado en analizar el desarrollo de los
hechos en los más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a
partir de la información existente en el expediente y de la información
obtenida por el propio Grupo. Dicho análisis ha permitido generar un
mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes,
los ataques contra los normalistas, los miembros de Los Avispones y
otras personas, los seis autobuses y otros vehículos, así como las
detenciones llevadas a cabo y las circunstancias de las mismas.
También estudió las primeras
actuaciones en contra de los normalistas. Sin que esto suponga una
valoración de la eventual responsabilidad penal en los hechos del Sr.
Abarca o la Sra. Pineda o sus intenciones, del análisis de la
información realizado por el GIEI se desprende que los estudiantes
llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del
DIF el día 26 y el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades tenían
desde el inicio el conocimiento de que se trataba de estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de
buses para sus actividades.
- Atención a las víctimas
3.1. Trabajo con los familiares.
Del 3 al 5 de mayo de 2015, el GIEI realizó un taller con un grupo de
60 familiares de los normalistas desaparecidos, heridos y asesinados en
el caso Ayotzinapa. Durante el mismo se tomaron testimonios individuales
sobre la experiencia de las familias y la figura de los propios
normalistas. Este espacio de escucha y documentación fue muy importante y
el GIEI agradece a los familiares su disponibilidad para ello. También
se analizaron los desafíos que el paso del tiempo, la falta de
respuestas, las presiones y los intentos de manipulación de terceros (ya
denunciados anteriormente) suponen para los familiares en su esfuerzo
por encontrar respuestas en la búsqueda de sus hijos. Este trabajo ha
fortalecido la relación del GIEI con los familiares y la confianza para
llevar a cabo su cometido de investigar y conocer la verdad de lo
sucedido. Así mismo, el Grupo continúa recogiendo testimonios de los
normalistas sobrevivientes e informándoles sobre sus actividades.
3.2. Atención general a las víctimas.
El GIEI elaboró un pliego de sugerencias para la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) sobre la atención a personas heridas,
familiares de personas asesinadas y de los 43 desaparecidos. Entre las
sugerencias se incluye:
1) Tener un mapeo completo de las víctimas del caso, que no se ha realizado a 7 meses de los hechos.
2) Dar pasos progresivamente para acercarse a las víctimas y familiares para generar confianza.
3) Hacer una propuesta de atención a las víctimas e informarles de sus derechos de forma personalizada.
La CEAV acogió de forma positiva
estas sugerencias y ha informado al GIEI de sus gestiones para llevarlas
a cabo. El Grupo también ha hecho gestiones con la Segob para que se
lleven a cabo de forma pronta y adecuada las recomendaciones y acuerdos
sobre atención a los familiares de los normalistas, mediante una unidad
móvil de salud con suficiente dotación y atendiendo a las condiciones de
seguridad y accesibilidad necesarias, así como la derivación de casos a
otros niveles de atención en hospitales de la zona, y de acuerdo con
las víctimas del caso.
3.3. Atención en salud a los casos graves.
Sobre la atención en salud a Aldo Gutiérrez y sus familiares, el
acuerdo hecho por los familiares y la Segob en presencia del GIEI en
cuanto a tener una rápida segunda opinión, está pendiente de
cumplimiento. Por otra parte, se ha establecido el mecanismo para dar
atención al resto de los familiares, con una primera valoración médica
que permita identificar los impactos y necesidades de salud específicas.
Las autoridades reafirmaron que se mantendrá la atención a Edgar Vargas
y familiares hasta su restablecimiento completo. En el caso de los
familiares de Julio César Mondragón, la autoridad se comprometió a
brindar atención y a identificar y atender las necesidades de la
familia. El GIEI considera que estos son los primeros pasos para
establecer en el futuro un programa de atención que responda a las
necesidades y aspiraciones de las víctimas. La autoridades han pedido al
GIEI que facilite, en la medida de sus posibilidades, los contactos y
orientaciones para que estas acciones sean posibles y le han informado
que elaborarán un documento para que las víctimas tengan claridad sobre
sus derechos y las posibilidades prácticas de hacerlos efectivos.
3.4. Victimización secundaria contra los familiares.
Sobre algunas formas de victimización secundaria por parte de terceros
que han sufrido los familiares de los jóvenes y que el Grupo informó a
las autoridades hace unas semanas para su investigación y prevención, la
Segob ha señalado que ya se ha presentado la denuncia correspondiente
ante las autoridades competentes. El GIEI ha pedido a las autoridades
que antes de llevar a cabo acciones directas, informe a los familiares y
se evite ponerlos en riesgo. Esperamos que estos pasos ayuden a evitar y
sancionar las conductas de manipulación hacia los familiares.
- Problemática general de la desaparición de personas en México
4.1. Protocolo de investigación y búsqueda.
Como parte del proceso de consulta que hizo la PGR, el GIEI le hizo
llegar sus comentarios sobre el proyecto de “Protocolo Homologado para
la investigación del delito de desaparición forzada”. Las observaciones
hechas buscan contribuir a obtener un instrumento más preciso y se
refieren al marco jurídico, los objetivos, las políticas homologadas de
operación, la descripción del procedimiento, los formatos y la
coordinación interinstitucional. Entre ellas destacan:
El Protocolo debe ser explícito en
determinar que no se establezcan ningún tipo de obstáculo ni restricción
legal o formal para la búsqueda e investigación, debiendo primar el
acceso a todo tipo de información o lugar que se amerite, de forma
inmediata para realizar inspecciones con las garantías legales
necesarias. La búsqueda de los desaparecidos debe ser una prioridad y no
secundaria a la investigación de los responsables. El Protocolo debe
tener una formulación de objetivos clara y explícita y estar orientado a
dar respuesta rápida, coordinada y eficaz en los casos nuevos y en los
ya existentes, aplicando criterios de actuación diligente, coordinación
entre autoridades e incluyendo un análisis del contexto y modus operandi
de los perpetradores para determinar la estrategia de búsqueda,
investigación y reparación en estos casos. El mecanismo de coordinación
interinstitucional debe ser al más alto nivel y con capacidad de
decisión para que las actuaciones se lleven a cabo de forma pronta y
adecuada, proporcionando información a los familiares de las diferentes
actuaciones llevadas a cabo.
4.2. Reforma constitucional y ley de desaparición forzada. El
GIEI ha recibido con satisfacción la aprobación de la reforma
constitucional por parte del Congreso, pues permitirá en un futuro
próximo la aprobación de una ley sobre desaparición. El Grupo estará
atento para que dicha ley responda a los estándares internacionales y
mejores prácticas frente a ese delito.
Estas son las medidas que el GIEI ha
seguido tomando para el desarrollo de su mandato, y que considera
centrales para promover cambios que ayuden a México a prevenir,
investigar y sancionar la grave problemática de la desaparición de
personas.
Agradecemos el interés de los medios
y de la sociedad por nuestro trabajo, y esperamos presentarles nuevos
avances a partir del mes de junio.
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