Monday, November 3, 2014

AIPIN: Regiones Indias Noviembre 3, 2014


REGIONES INDIAS
Asociacion Internacional de Prensa Indigena
AIPIN
Comunicaciones a: lallabatamazola@hotmail.com
Genaro Bautista

YUCATAN: Cómo nos relacionamos con la muerte…
Una reflexión desde la cultura maya
Bernardo Caamal Itzá

MEXICO: Acusan a la Sedesol de inflar presupuesto
El Programa 65 y Más para 2015 está excedido 15 por ciento, denunció el Diputado Federal Carlos de Jesús Alejandro
Reforma

MEXICO: Indígenas tendrán intérpretes en procesos electorales
El Universal

CHIHUAHUA: Repudian rarámuris gasoducto
Patricia Mayorga / apro

MEXICO: Estudiantes llaman a “huelga nacional” por caso Ayotzinapa
apro

MEXICO: Famosos exigen aclarar desaparición de estudiantes
AP

MEXICO: ¿Por qué hoy no sé qué escribir? La Tlacuila
Animal Político

MEXICO: Ante la pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan
José Gil Olmos / Proceso

ESTADOS UNIDOS: Ayotzinapa muestra la descomposición del sistema político mexicano
Emilio Álvarez Icaza, entrevistado por Proceso advierte: el gobierno de Peña Nieto se tardó en reaccionar.
J. Jesús Esquivel / Proceso

MEXICO: Piden incluir a indígenas en programas de discapacidad
El Diario Coahuila

MEXICO: Mayores injusticias se cometen contra mujeres pobres e indígenas
Cimac

HIDALGO: Sin opciones educativas, jóvenes en zonas indígenas
Cimac

MEXICO: Nuvia Mayorga Delgado. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad
El Sol de México

OAXACA: Sobreexplotación pesquera amenaza a toda la comunidad de Playa Vicente
La Jornada

VERACRUZ: Primer Encuentro de Danza y Músicos Indígenas
Cambio Digital

MEXICO: El libro de la semana: Bolivia y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Irene Selser
Milenio

BRASIL: Organiza Juegos Mundiales Indígenas tras Mundial y antes de Olímpicos
EFE

BOLIVIA: Un indígena de la etnia ayorea es el nuevo embajador en Paraguay
La Jornada net, EFE
CHILE: Tercer Festival Internacional de Poesía del Wallmapu
Mapuexpress

CHILE: ANAMURI: Luchando contra el capitalismo, el patriarcado y por nuestros derechos: América Millaray Painemal Morales
Mapuexpress

CHILE: Resistencia del pueblo mapuche: La lucha por territorio y autonomía
José Huenchunao / Clarin, La Haine

CHILE: Política pública de tierras y territorios indígenas
Antonia Rivas Abogada UDP y PhD © Antropología Sociocultural, University of California Berkeley, El Mostrador

VENEZUELA: Extractivismo se hace sin estudios ambientales ni consulta a comunidades indígenas
Correo del Caroní, Informe 21

PERU: Organizaciones civiles se reunieron con sus pares globales con miras a la COP20
COICA

PERU: Somos sobrevivientes victoriosos…del genocidio de las Caucherías
Coica

PERU: Care organizó Foro “Visiones: hidrocarburos y pueblos indígenas en la Selva Central”
Aidesep

PERU: Indígenas denuncian que Minem restringe a asesores
La República 

PERU: Pluspetrol Norte reafirma su voluntad de diálogo con indígenas en Andoas
Andina, RPP

PERU: Ruth Buendía: No rechazamos el desarrollo solo luchamos por la defensa de nuestro pueblo
Aidesep 

PERU: Educación superior: brecha para andinos y amazónicos
Estudio busca que aulas universitarias no sea hostiles para los jóvenes indígenas.
Chirapaq

COLOMBIA: ACOIC
Comunicadores Indígenas de Colombia 

COLOMBIA: Nuevo reclutamiento forzado a indígenas del Pueblo Awá de Nariño por parte del Ejército Nacional
Acoic

COLOMBIA: Convocatoria para postulaciones a Premios Interculturales Acoic – 2014

ESPAÑA: HIPA Dubai: 400.000 dólares en premios
Manuel López / Periodistas en Línea

DINAMARCA: IPCC adopta el informe de síntesis; advierte de los impactos irreversibles
Meena Raman y Indrajit Bose

YUCATAN: Cómo nos relacionamos con la muerte…
Una reflexión desde la cultura maya
Bernardo Caamal Itzá

Pixaan, concepto que usan los abuelos mayas para referirse a las almas de los seres humanos y  que en lengua castellana, significa “lo que está oculto o velado a nuestra mirada” En sí, este concepto ¿Será la que promueve a que las culturas amerindias le tengan un profundo respeto?

Entonces ¿Por qué respetar al Pixaan?

Al respecto, múltiples respuestas habrá de parte de nuestros mayores –en referencia a los abuelos y abuelas que nos guían o nos asesoran durante nuestro caminar por el mayab-.De tal forma, ellos nos comparten saberes relacionados a los diversos conceptos relacionados a la vida o la muerte, por ejemplo, desde el primer día de embarazo de nuestras mujeres,  la luna no solo influirá en la vida del nuevo ser, sino que a través de su madre, manifestará “cierta energía” y de esa forma se marcará una relación externa con los demás.

A partir de esos momentos “el nuevo ser” influirá en  el k'i'inam (energías), por ese motivo, quienes tienen niños recién nacidos se les cuidará de esta energía de las mujeres embarazadas, de los recién casados, de quienes pasan largo periodos trabajando bajo el sol o de las personas que se mueren.

Por eso, quienes están embarazadas saben que al llegar en un lugar donde hay un recién nacido, de primera instancia, se recomienda darle un abrazo al bebé o esperar el tiempo propicio para conocerlo y/o en su caso, darle un beso suave en la mejía o la saliva cerca del tuuch (ombligo) y de esta forma evitar problemas futuros con recién nacido.

Además, las mujeres “en este estado” tendrán esa oportunidad de observar el comportamiento extraño de los animales silvestres, tal como son las culebras, en la cual hay experiencias  que reportan de estos encuentros no tan gratos, pero quienes han tenido esa fortuna:

“De repente cuando iba a buscar un poco de leña me encontré con una culebra, y al verme, ella se quedó como petrificada, y en lugar de seguir su camino, mejor opto por regresar por donde venía” señalan.

Este tipo de experiencias al ser escuchadas por las abuelas:
Hija, esto significa que el nuevo ser que esperas, será un varón, le aclaran.
Al nacer el bebé, la comadronas o las abuelas, son las primeras en revisarlos para saber “cómo llegaron al mundo” y a partir de eso suelen opinar “le chan paal je'ela', jach k'éex óolal - este bebé , yserá de ideas cambiantes - kanáantabáaj ti' -cuídate de él-, y estas indicaciones se da debido a la forma en que se acomodó el pelo del recién nacido, si éstas nacen por el centro o de lado los manchones en forma de “remolinos”

De tal forma que el k'i'inam y el ólal (el estado del ánimo de las personas) de acuerdo a los abuelos mayas, son conceptos que van a la mano y para entender su verdadero significado que tiene el pixaan con la gente de las comunidades. Se dice que, momentos previos a la muerte de algún ser querido, se le concede “el permiso” ka máanak u ch'a’ u ts'ook u lu'umil u yook-–que pase por última vez a caminar con sus seres queridos-, y en este caso dependiendo al k'i'inam que tengan, y será la forma en que será visible ante los otros.

Aunque hay relatos que destacan experiencias  de quienes mientras dormían “sus hamacas fueron sacudidas con fuerza o alguien les tocó los pies o las cabezas por alguien” y estos “malos momentos” los despierta y en general al poco tiempo se enteran de la muerte de algún familiar o conocido. Detrás del Pixaan, hay una infinidad de relatos que describen como se manifiesta físicamente ante los demás; hay quienes dicen que un día vieron a una fila de personas vestidas negro caminando en grupo y con velas en la mano y uno de ellos al percatar de su presencia, le entrega una vela, y que en realidad es un hueso, eso significa que a los 8 días después, se sumaría a la caravana de quienes tuvo la oportunidad de observarlos en su momento. Otros resaltan que por las noches escucharon rezos o ruidos de personas que extraen agua de los pozos y haciendo la limpieza de las casas. Lo cierto, es que detrás de cada uno de los relatos, sólo alcanza visibilizar el profundo respeto  que se tiene “a quienes han tenido la oportunidad de adelantarse al más allá”

Y, ahora que estamos en estos días de celebraciones, nuevamente tendremos la oportunidad de reflexionar en torno como nuestra cultura concibe y respeta a la muerte, lo que aclara, desde que nacemos, nuestros padres, abuelos y vecinos tan solo el simple hecho de que todos los días nos hablen en maya, no sólo nos van inculcando esos nuevos conceptos para entender la vida, sino que también a la par nos van aclarando esa estrecha relación que se tiene con el kuxtal (la vida), el sijnal (el ecosistema), el p'iis (los límites o el punto de equilibrio de las cosas) y el ts'aa na'at o el cultivo de las ideas, y que al final son aspectos de sumo interés reconocer sobre todo en estos tiempos en que nuestras aguas se contaminan, nuestros recursos naturales se deterioran y la gente se muere a temprana edad.
MEXICO: Acusan a la Sedesol de inflar presupuesto
El Programa 65 y Más para 2015 está excedido 15 por ciento, denunció el diputado del PRD Carlos de Jesús Alejandro
Reforma

El presupuesto que pide Sedesol para cubrir las pensiones del Programa 65 y Más en 2015 está excedido en 15 por ciento en el monto de la ayuda económica que se prevé otorgar, denunció el diputado del PRD Carlos de Jesús Alejandro.

Señaló que, luego de hacer un cruce de datos sobre el monto de las pensiones y la población objetivo, al Gobierno federal le sobrarían del programa 5 mil 913 millones 452 mil 527 pesos. “Estos datos vislumbran que el recurso del Programa de Pensión para Adultos Mayores está sobrestimado y sobrevaluado, lo que significa que los recursos se podrán utilizar para fines político-electorales, compra y coacción del voto y clientelismo”, denunció el legislador de Guerrero.

Ante ello, expresó su rechazo a que la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, y el Subsecretario de Desarrollo Comunitario, Javier Guerrero García, estén asignados en Guerrero para la coordinación de programas sociales. El legislador destacó que realizó un cruce de datos sobre la población objetivo, con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de México, que retoma la Sedesol para estimar la cobertura de su programa.

Se estima que hay una población de 65 años y más de 5 millones 618 mil, 120 personas, y considerando una ayuda anual de 6 mil 960 pesos, el gasto del programa sería de un total de 39 mil 102 millones 115 mil 200 pesos. “Este monto dista mucho de lo que la Sedesol presupuesta en el programa de Pensión para Adultos Mayores para el PEF-2015, propuesta que asciende a 45 mil 015 millones 567 mil 727 pesos”, aseguró. “Estamos hablando de una diferencia de 5 mil 913 millones 452 mil 527 pesos, es decir, 15 por ciento más del presupuesto requerido para el programa”, dijo el diputado Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.

MEXICO: Indígenas tendrán intérpretes en procesos electorales
El Universal

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una ley para ampliar la protección de las garantías individuales de los pueblos indígenas y cuando sean parte de un proceso judicial electoral sean asistidos en todo momento, por un traductor.

El TEPJF, dio a conocer la jurisprudencia 28/2014, "Sistema Normativos Indígenas. Es válida la representación de los ciudadanos pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas", que dispone que los integrantes de los pueblos originarios pueden comparecer en un juicio político electoral por sí mismos o a través de un representante legal. El tribunal explicó que con la asistencia de un traductor se garantiza el acceso a la justicia y se contribuye a contrarrestar la situación de desigualdad en que se encuentran algunas comunidades indígenas, debido a que pueden no tener conocimiento del idioma español o del régimen jurídico específico que regula la materia del litigio. La jurisprudencia establece que "un defensor puede brindar cualquier tipo de ayuda o asesoría en la formulación y presentación de escritos, incluso, en comparecencias o en el desarrollo de alguna diligencia".

CHIHUAHUA: Repudian rarámuris gasoducto
Patricia Mayorga / apro

Las organizaciones que acompañan a las comunidades indígenas por donde pasará el gasoducto El Encino-Topolobampo pidieron seguridad para los rarámuri, quienes han exigido consulta previa para que avance el proyecto, debido a que están siendo intimidados para desistir y aceptar la construcción de la obra.

Con la suspensión de amparo que ganó la comunidad de Repechique, del municipio de Bocoyna, para frenar la construcción del aeropuerto regional de Creel hasta que se les consulte, los pobladores de esa comunidad han recibido propuestas de vivienda para líderes, pero las decisiones las toman en común y no han aceptado el ofrecimiento. Y durante los últimos días han llegado a las comunidades ofertas para que pidan lo que gusten a cambio de que dejen continuar el proyecto, pero los pobladores se han mantenido firmes en exigir la consulta, lo que ha motivado que desde el gobierno estatal den a conocer información que confunde, como que hay comunidades que quieren desarrollo económico y fuentes de empleo, por lo que no repudian la consulta.

El gasoducto pasa por cuatro municipios serranos que afectan a por lo menos 341 comunidades indígenas que se concentran en 25 centros tradicionales, abarca 500 kilómetros de largo por 5 de ancho y atraviesa Carichí, Bocoyna, Guazapares y Maguarichi, informó María Teresa Guerrero, de Consultoría Técnica Comunitaria.
“Manifestamos nuestra enérgica protesta ante la difamación y amenazas de quienes se sienten afectados en sus intereses; difundir información falsa, crear confusión y exacerbar los ánimos de la población, erosiona la legalidad, la justicia y la concordia entre las comunidades indígenas y los mestizos de la región serrana”, advierten activistas de Alianza Sierra Madre y Red de Participación Ciudadana.

Hacen referencia a la nota del miércoles 29 de El Heraldo de Chihuahua, que pertenece a la Organización Editorial Mexicana (OEM), en la que se estigmatiza a las comunidad indígenas que tienen el valor de defender sus derechos para exigir por la vía legal el respeto a ser consultados, así como también el de asociaciones civiles que los apoyan. “Solicitamos a las autoridades del estado las garantías a la integridad de los representantes de las comunidades indígenas que han interpuesto procedimientos judiciales por la falta de consulta previa, libre e informada, o por el reconocimiento legal de su territorio y el de las asociaciones civiles que trabajamos al servicio del pueblo tarahumara”, advirtió Contec en una rueda de prensa.

Esa demanda la enviaron a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas Jaime Martínez Veloz, y a los senadores Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas, estos últimos como garantes del impulso a las garantías de derechos humanos que tienen las comunidades indígenas para ser consultadas.

Las organizaciones aclararon que el amparo del aeropuerto de Creel fue interpuesto por la comunidad de Bosques San Elías Repechique en abril pasado, por las afectaciones que esa obra ha tenido en su vida y por la violación al derecho a la consulta, debido a que a ellos nadie les preguntó nada. “Sólo derribaron cientos de pinos, removieron miles de toneladas de tierra, taparon travesías antiguas y manantiales de agua limpia; además, destruyeron zonas de pasteaderos y plantaciones de pino”, explicó Guerrero.

El juez octavo de distrito ha tenido que recorrer las fechas para la audiencia constitucional, debido a que las dependencias estatales y federales que debían responder la demanda no lo hacían, por eso se ha dilatado la sentencia de amparo. “Es irresponsable culpar a las propias víctimas de la violación de derechos, de un conflicto que ellos no provocaron”, detalló María Teresa Guerrero.

“Por este motivo rechazamos las imputaciones que hace Tomás Ruiz –dirigente de la organización pro-gobiernista Consejo Supremo de la Tarahumara– a las asociaciones civiles por ser falsas. Él debería exigir al gobierno del estado la reposición del procedimiento de consulta en este y cualquier otro caso que afecte a las comunidades, así como el acercamiento con las comunidades afectadas, como lo reconoció Eduardo Esperón, secretario estatal de Obras Públicas en su comparecencia ante el Congreso local, en lugar de prestarse al trabajo sucio y de confrontación con quienes no son los responsables de actos de gobierno que violentan derechos y discriminan a los pueblos indígena”, sentenciaron.

Sobre la ausencia de consulta a las comunidades indígenas en la obra del gasoducto El Encino-Topolobampo, indicaron que también fue planteado por la comunidad de Repechique el 5 de junio pasado en la mesa instalada en el Senado de la República y en las posteriores reuniones. “Tanto la Secretaría de Energía como la CFE han reconocido que se violó este derecho, por lo que se pretende reponer el proceso. Por este motivo, las asociaciones civiles e instituciones religiosas estamos participando con esas instituciones en lo que será la consulta a las comunidades indígenas en el área de influencia del gasoducto”, detallaron. Sin embargo, para realizar ese proceso es imprescindible que se establezcan las garantías para las comunidades, pues de no contar con estas garantías, pedirán que sea cancelada la consulta.

MEXICO: Estudiantes llaman a “huelga nacional” por caso Ayotzinapa
apro

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras instituciones educativas culparon al gobierno de Enrique Peña Nieto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y convocaron a realizar una “huelga nacional que ponga de rodillas al Estado”, para el 5 de noviembre.

Luego de marchar de la Unidad Zacatenco a la Secretaría de Gobernación, los estudiantes aseguraron: “No somos los responsables de este conflicto. El Gobierno es el culpable de toda esta situación (…) Llamamos a todos los estudiantes a ser parte de este movimiento nacional para formar una huelga nacional que ponga de rodillas al Estado”.

La marcha formó parte de la segunda jornada de acciones en demanda de justicia por el caso generado en el municipio de Iguala el pasado 26 de septiembre. Ahí anunciaron una nueva movilización el 4 de noviembre de la residencia oficial de Los Pinos al Zócalo capitalino.
Frente a la sede de la Segob, los jóvenes –algunos con antorchas– leyeron el mismo pronunciamiento de la Asamblea Interuniversitaria difundido esta semana en las radiodifusoras de la UNAM y la UAM sobre el caso Ayotzinapa. Atzelby Hernández, dirigente del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), encabezó los posicionamientos afuera de Segob, anunció que las 85 escuelas que conforman la Asamblea Interuniversitaria realizarán un tercer paro de actividades el 5 de noviembre.

MEXICO: Famosos exigen aclarar desaparición de estudiantes
AP

Desde Gael García Bernal hasta Eugenio Derbez, pasando por Daniel Giménez Cacho y Maribel Verdú, las celebridades en los Premios Fénix exigieron que las autoridades esclarezcan el caso de 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace más de un mes en el sur de México.

El mensaje fue contundente: "Los queremos vivos", coincidieron distintos famosos durante la ceremonia del premio iberoamericano de cine. "Vamos a robarles unos minutos para leer los nombres de los 43 compañeros", dijo Giménez Cacho al tomar el escenario al principio de la gala la noche del jueves, acompañado por Verdú. "Vivos los queremos", expresó la actriz española. Mientras ambos leían la lista, imágenes desde el interior del Teatro de la Ciudad, donde se realizó la gala, mostraron a una desencajada Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez, quien hizo su primera aparición pública desde el reciente nacimiento de su hija. Se sostenía las manos frente al rostro y parecía angustiada mientras oía cada nombre y edad de los jóvenes.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, localizada en la comunidad del mismo nombre, habían ido el 26 de septiembre a Iguala (a unos 130 kilómetros al sur de la Ciudad de México) a tomar camiones y pedir dinero para financiar gastos, cuando fueron atacados por policías municipales y hombres vestidos de negro.

El ataque dejó seis muertos y a los 43 alumnos detenidos. Su paradero se desconoce desde entonces. Las autoridades han dicho que los policías entregaron a los estudiantes a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, presuntamente por órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que supuestamente intentaba evitar que interrumpieran un discurso que ofrecía su esposa en esos momentos. Desde entonces, la pareja se encuentra prófuga junto con el jefe de la policía.

García Bernal lo abordó desde el escenario, en el cual participó en con un conjunto musical que interpretó "El partisano", cuyo coro incluía la frase "Ayotzinapa somos todos". "Hay cosas que nos sobrepasan y que son más importantes que todo lo que hacemos", expresó el actor a la AP antes de su presentación.

La actriz mexicana Dolores Heredia se manifestó desde la alfombra roja, por la que desfiló complementando su atuendo con una especie de collar que ella hizo y que tenía imágenes pequeñas de los desaparecidos. "Los quise traer conmigo, porque en todo caso vendrían conmigo. Estoy celebrando esta noche muy feliz, pero ellos venían en mi corazón. Vienen, se quedan y están todas las noches antes de dormirme", expresó. "Nos faltan 43 y los queremos vivos", añadió cerca de un grupo de manifestantes a favor de los estudiantes. "Estoy en apoyo total a la gente que está allá afuera", dijo Eugenio Derbez luego de recibir un galardón especial por el éxito de su cinta "No se aceptan devoluciones". "Igual que todo el país, estoy a favor para que aparezcan estos 43 y que bueno, que esto sea un parteaguas y que finalmente reaccionemos como sociedad y le pongamos al gobierno un alto".

Un día antes de la gala, el presidente de México Enrique Peña Nieto se reunió con padres de los desaparecidos. A poco más de un mes del incidente, el gobierno ha dicho que se han localizado 11 fosas con 38 cadáveres, aunque ninguno corresponde al de los estudiantes.

MEXICO: ¿Por qué hoy no sé qué escribir? La Tlacuila
Animal Político

Estoy sentada frente a la pantalla de la computadora, como cada jueves, para escribir mi texto de este blog. Pero esta vez no puedo concentrarme y no se me ocurre ningún tema. Estoy, como desde hace días, con una sensación de ansiedad, de que algo me falta, pero no sé qué es. Un sentimiento de vacío que se mezcla con opresión, como si tuviera un gran peso encima. No duermo bien, no puedo trabajar, no sé qué escribir. Se me ocurre revisar las principales noticias que he visto esta semana, a ver si saco algo de ahí.

Sin hacerlo en orden cronológico, me encuentro con el video completo de la conferencia de prensa que dieron los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, después de su encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto; luego veo la declaración de éste sobre el mismo evento. En síntesis, no hay avances, el presidente se declara indignado por los hechos (como si fuera un ciudadano más y no tuviera ninguna responsabilidad), ofrece que seguirán buscando y que no habrá impunidad, etc. Los familiares afirman que de la reunión solamente salieron promesas y dicen varias cosas más (que se pueden escuchar en el video o leer en las múltiples notas que se publicaron sobre el tema), pero el hecho es que sigue sin saberse nada de los 43 estudiantes, que fueron vistos por última vez en manos de la policía.

Me voy a las noticias de las fosas encontradas en los alrededores de Iguala (ya perdí la cuenta de cuántas) con cantidad de cuerpos humanos, y veo que las declaraciones al respecto son que “no pertenecen a los normalistas”. ¿Y entonces de quiénes se trata? ¿Acaso no importa? Recuerdo entonces que según cifras de la Secretaría de Gobernación hay 22 mil 322 desaparecidosen México, más de 8 mil de éstos en lo que va de este sexenio. Me acuerdo entonces del amigo de mi amigo Martín, Daniel Ramos Alfaro, instructor comunitario de CONAFE que desapareció cerca de la comunidad donde trabajaba, en el municipio de Uruapan, Michoacán, el 2 de octubre del año pasado, y por más que se ha denunciado, que los familiares lo han buscado, no aparece y nadie les hace caso. O Luis Enrique Castañeda Nava, Ana Belén Sánchez y Diego Antonio Maldonado, tres jóvenes del DF que fueron en julio de 2012 a Paracho a un festival de globos de cantoya, y nunca regresaron.

Luego encuentro la nota de los tres jóvenes texanos asesinados en Matamoros, Tamaulipas, que según testigos fueron detenidos por el grupo Hércules de la policía de esa ciudad. Días antes, leí sobre el periodista Jesús Antonio Gamboa, que apareció muerto en Sinaloa después de varios días de desaparecido, uno más de los muchos periodistas ultimados en nuestro país, que actualmente es considerado el “más mortífero para los periodistas en todo el continente americano”. La siguiente noticia que veo es la de dos personas que aparecieron decapitadas después de haber sido detenidas por la policía en Yurécuaro, Michoacán. Volviendo a Guerrero, me encuentro con que esta semana ejecutaron a Francisco Tlalmanalco Bernal, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en dicho estado.

Estoy en éstas, cuando llega nueva información a mi Facebook: denuncian atentado contra el dirigente yaqui, Lauro Baumea. Afortunadamente salió ileso, pero la noticia me hace recordar a Mario Luna Romero y Fernando Jiménez, los dirigentes yaquis que están presos en Hermosillo desde hace dos meses, por defender el agua de su pueblo. Y de ahí recuerdo a Nestora Salgado, que sigue detenida sin razón, y cuya hija se fue en estos días a Estados Unidos, temiendo por su vida debido a la cantidad de amenazas que ha recibido.

Sigo viendo noticias, pero mejor aquí le paro. Todavía no encuentro de qué escribir y continúo con la sensación de opresión, combinada con la de vacío y de tristeza, que ahora siento todavía más fuerte que hace rato, y que no me permite concentrarme para escribir… ¿Por qué será? Mejor desisto en mi búsqueda de tema y los dejo con tres artículos que me parecen dignos de leer y considerar (aunque uno esté en inglés): el primero, se titula ¿Qué hacer para detener la violencia en México? escrito por Paola Zavala aquí en Animal Político, el segundo, de Víctor Toledo, publicado en La Jornada, es Hacia una convención nacional de resistencias ciudadanas. Y, por último, uno de Jonathan Fox, gran conocedor de la realidad de nuestro país, titulado Behind Mexico´s latest massacre: Authorities were warned but didn´t listen publicado en The Hill, que nos da una idea de cómo ven la situación en Estados Unidos.
Pd. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

MEXICO: Ante la pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan
Grupos insurgentes salieron del prolongado letargo sacudidos por el ataque a estudiantes de Ayotzinapa, agresión de la cual responsabilizan tanto a federales como al narcotráfico. En una maniobra sin antecedentes en años, emitieron en octubre una larga serie de comunicados en que analizan acontecimientos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre y anuncian, entre otras acciones, creación de “brigadas de ajusticiamiento”. Un documento de inteligencia del gobierno, a su vez,  hace el recuento de esas agrupaciones y de algunos de sus supuestos líderes y alerta sobre sus intenciones de unificarse.
José Gil Olmos / Proceso

La reactivación de la guerrilla en Guerrero luego del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa preocupa al gobierno federal, que teme radicalización de cinco organizaciones armadas con presencia en la entidad y a las cuales ubica detrás de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cabeza de las protestas y manifestaciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

En medio de la condena nacional e internacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, la guerrilla mexicana también alzó la voz –como no lo había hecho en las últimas dos décadas– para acusar conjuntamente al Ejército, policías, paramilitares y narcotraficantes de haber secuestrado y desaparecido a los estudiantes de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
En el curso del mes pasado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13 comunicados. Desde Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional difundió otros tres. En todos se exige la aparición con vida de los 43 normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña Nieto.

Un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal ve con nerviosismo el posicionamiento de los grupos guerrilleros que expresan apoyo a los familiares de los desaparecidos, anuncian la creación de “brigadas de ajusticiamiento” y llaman a sus bases a un “estado de alerta”.

Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, dice a Proceso que esta reactivación de los grupos guerrilleros debería tener “más que alarmadas” a las estructuras de seguridad del gobierno de Peña Nieto, pues lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa crea las condiciones para su rearticulación y aumenta la simpatía social hacia la vía armada. “Hasta hace poco era una variable de acción social que estaba dormida y ahora ha despertado”.

A su vez el abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien hace años perteneció al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), indica al reportero que es preocupante que sólo ahora el gobierno repare en la existencia de estos grupos: “El crimen de Ayotzinapa los vuelve a colocar en la situación de actuar ante las deliberadas acciones del gobierno de cancelar las vías pacíficas y políticas para transformar el país. La inacción del Estado fortalece la postura de quienes afirman que la única vía para transformar el país es la lucha armada”.

Complicidad militar

Para los grupos guerrilleros lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala es un “crimen de Estado planificado por el mando único policiaco-militar”. Un día antes de la reunión de Peña Nieto con familiares de los estudiantes de Ayotzinapa –ocurrida el 29 de octubre–, la dirigencia del EPR acusó al Ejército de la desaparición de los normalistas y de ser responsable de las fosas clandestinas encontradas en las cercanías del cuartel del  27 Batallón de Infantería, en el municipio de Iguala.

En un comunicado fechado el 28 de octubre, el EPR señaló: “La cercanía geográfica del 27 Batallón de Infantería con las tumbas clandestinas comprueba una vez más el origen de la mano criminal, reafirma que los autores materiales de estas ejecuciones extrajudiciales es el mismo ejército federal en coordinación con los demás cuerpos policíaco-militares-paramilitares”.

Y apunta que “los misteriosos civiles” a los cuales supuestamente les fueron entregados los normalistas, en realidad “son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo”, quienes para fabricar el crimen perfecto han pretendido endosar el ataque a los delincuentes. Sin embargo, esta intención se ha desdibujado, pues, sostienen, se trata de “un crimen de Estado con motivaciones políticas” contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, formada en 1935 y a la cual se acusa de tener ligas con grupos rebeldes armados.

En un comunicado previo, el EPR ya había delineado su denuncia acerca de la presunta participación del Ejército en la desaparición de los normalistas. “Que a nadie le quede la menor duda que es el Estado a través de sus cuerpos policiacos, militares y paramilitares quienes perpetraron este crimen de lesa humanidad en Guerrero. Iguala es un municipio con presencia de las fuerzas castrenses y de la policía federal, quienes en operativo conjunto con los municipales y grupos paramilitares cometieron la masacre y desaparición forzada”.

Por su parte el ERPI, en comunicado fechado el 6 de octubre, advirtió que “obligado a romper el silencio” por la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de otros seis civiles en Iguala, llama a la formación de la Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre “para enfrentar aspectos políticos-militares (en) esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.

Emulando a las brigadas de ajusticiamiento de Lucio Cabañas, el ERPI pide a la sociedad recabar toda la información sobre los integrantes de Guerreros Unidos, así como sus propiedades e intereses, para ponerlos a su disposición por cualquier vía. Acusan de cómplice a la corriente Nueva Izquierda del PRD, la cual apoyó al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.

Los zapatistas, en un comunicado conjunto con el Congreso Nacional Indígena emitido el pasado 22 de octubre, señalan a su vez que el gobierno ha pretendido minimizar “la criminal represión” hacia los normalistas como si fueran unas víctimas más de la delincuencia, pero que en realidad se trata de una acción del “narcoestado”.

Las Milicias Populares, de reciente creación, insisten en que el Ejército participó en la matanza y desaparición de los normalistas en Iguala, pues resguardaron a los policías y sicarios. “Estamos ante un Estado mafioso que creó, desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según las propias necesidades económicas y políticas del sistema explotador”, señala este grupo en su segundo comunicado, fechado en Guerrero el pasado 16 de octubre.

El ERP, por su parte, lanzó en su comunicado del 1 de octubre la idea de formar la Unificación Revolucionaria y lograr un acuerdo entre todas las agrupaciones guerrilleras para hacer frente al “terrorismo de Estado”.

La reactivación

Desde el 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, los cinco grupos insurgentes con presencia en Guerrero han emitido 13 comunicados exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes. Estas organizaciones –calificadas de “subversivas” por el gobierno federal– no se habían movilizado desde hacía dos décadas, cuando apareció el EZLN en Chiapas en 1994 y se delineó la formación de una Alianza Nacional Guerrillera junto con el Ejército Popular Revolucionario, integrado desde mayo de ese año por 14 agrupaciones, entre ellas el PROCUP-PDLP, nacido precisamente en las montañas de Guerrero y Oaxaca.

“Con el conflicto de Ayotzinapa e incluso desde antes, se están dando las condiciones para reactivación de estos grupos sin manifestarse con acciones concretas o armadas como casos del EPR y ERPI, y que ahora están planteando una alianza nacional de guerrillas como no se había planteado desde hace dos décadas”, señala Tirado. “Las estructuras de seguridad del gobierno deberían estar más que alarmadas, porque este tipo de posicionamientos generan un contexto de simpatía social que para ciertos grupos radicales pudieran ser una alternativa de acción. De estar en una posición de la momia, sin posibilidades de reaccionar, ahora están motivados con esta crisis de seguridad con un nuevo protagonismo, en un contexto que les puede favorecer en términos de reclutamiento o cuando menos de simpatía social”

Un documento interno del gobierno federal fechado el 15 de octubre expresa nerviosismo por los llamados de los movimientos insurgentes a movilizarse y reagruparse: “Resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus demandas podrían radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de instalaciones vitales”, señala el informe de seguimiento del caso de los normalistas desaparecidos. Y advierte: “Durante los últimos días varios dirigentes sociales y sindicales vinculados con grupos subversivos se han ido apropiando de la dirección de este movimiento, razón por la cual se da como un hecho la radicalización de las acciones en toda la entidad”.

Según la documentación gubernamental a la que este semanario tuvo acceso (Proceso 1981), son ocho los activistas presuntamente ligados con los “grupos subversivos”: Gustavo Adolfo López Ortega, del Frente de Izquierda Revolucionara (FIR), a quien se identifica como “uno de los mandos principales del EPR en Oaxaca”; Filiberto Meza Prieto, de la Sección 22 del SNTE (adscrita a la CNTE), “uno de los ideólogos de la célula del EPR en Oaxaca”; Augusto Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilio Baltazar Vázquez, también de la Sección 22, “a quienes se les vincula con el EPR”.

También se cita a Víctor Flores Flores, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, “quien tiene nexos con grupos subversivos en esa entidad”; a Eliseo Villar Castillo, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a quien ligan con el ERPI; a Manuel Salvador Rosas Zúñiga, de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), “a quien relacionan con el EPR”, y finalmente a Manuel Olivares Hernández, dirigente de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, “vinculado durante mucho tiempo con el ERPI”.

El informe de inteligencia gubernamental enlista también a las organizaciones que forman la ANP, formada por 73 agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de pueblos campesinos e indígenas que se constituyó a raíz del caso de la normal de Ayotzinapa; señala que varios de ellos están integrados a movimientos “subversivos”. De estas agrupaciones dice que el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el FIR presuntamente tienen ligas con el EPR.

En conferencia de prensa el pasado 28 de octubre en Chilpancingo, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, negó que esa organización esté ligada a grupos armados: “Atrás de nosotros no está el ERPI, el EPR. Lo desmentimos totalmente. Nuestras armas son el diálogo, la protesta. Aquí está la muestra (en referencia a la toma de Galerías Chilpancingo) y seguiremos adelante. Nosotros apenas podemos trasladarnos de un lugar a otro; menos podemos agarrar cosas que no son, que no tenemos y nunca vamos a tener”.

Reiteró que la lucha de la ANP –a la cual pertenece la CETEG– tiene únicamente el objetivo de conseguir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los autores materiales e intelectuales de esas desapariciones y de los asesinatos. En la misma conferencia Marco Vinicio Dávila Juárez, miembro de la Comisión Política del FIR, apuntó: “Desmentimos públicamente lo que nosotros llamamos matrices de opinión que está generando el gobierno federal a través de diferentes medios. No es la primera vez que pasa: lo han hecho cada que nos movilizamos, cada que salimos a la calle a protestar”.

Según información del corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores, el integrante del FIR acusó a las autoridades de predisponer a la ciudadanía contra las organizaciones sociales. “No es nuestra forma de lucha. No la descalificamos pero no son nuestras formas. Es lo que queremos denunciar, sobre todo porque la protesta va a seguir no solamente en Guerrero, sino a nivel nacional”, agregó.

El pasado 24 de octubre la ANP –en una reunión a la cual asistieron 73 organizaciones en Ayotzinapa– aprobó las medidas que tanto temía el gobierno federal: Ocupación de los 81 municipios de Guerrero y avanzar a otros estados; bloqueo a trasnacionales; toma de medios, aeropuertos, puertos y del Instituto Nacional Electoral para impedir las elecciones del próximo año. Además convocará a un paro nacional, a la realización de tomas de carreteras en Guerrero, del Banco de México y de embajadas en el Distrito Federal, y hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ESTADOS UNIDOS: Ayotzinapa muestra la descomposición del sistema político mexicano
Emilio Álvarez Icaza, entrevistado por Proceso. Advierte: el gobierno de Peña Nieto se tardó en reaccionar.
J. Jesús Esquivel / Proceso

Washington. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, califica de insuficientes la respuesta y el manejo que ha dado el gobierno de Enrique Peña Nieto a los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, y recuerda que una crisis similar, como la masacre de Acteal en 1997, ocasionó inclusive la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

En entrevista con Proceso, dice Álvarez Icaza: Los casos de “Aguas Blancas (Guerrero, 1995) y Acteal (Chiapas) generaron una respuesta que provocó una reacción mucho más rápida del sistema político en México. Cayeron más rápido los gobernadores y los secretarios de Gobernación”. En las crisis de Tlatlaya y Ayotzinapa, “tal vez no tan prolongadas como profundas, la respuesta se tardó, lo que pone en evidencia las debilidades del sistema político mexicano”.

Durante las cinco audiencias realizadas el pasado 30 de octubre sobre la situación de los derechos humanos en México, dentro del 153 periodo de sesiones de la CIDH, los asuntos más destacados fueron la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución extrajudicial de 21 jóvenes –presuntos delincuentes– en Tlatlaya, Estado de México, por elementos militares. Luego de escuchar los argumentos del gobierno de Peña Nieto sobre estos dos casos de violación a los derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH declara que “no son sorpresivos” porque no se trata de nuevos acontecimientos. “Son indignantes y dolorosos en cuanto a su dimensión”, manifiesta.

Pero Álvarez Icaza va más allá. Puntualiza que la situación “refleja de una manera tan nítida el fenómeno de corrupción, de crisis de justicia, de descomposición en derechos humanos, que eventualmente ese es el factor que ha hecho que Ayot­zinapa sea un clamor nacional”.

Las audiencias en la CIDH, organismo jurídico dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sirvieron como plataforma para las denuncias de la sociedad civil mexicana contra Peña Nieto. Le gritaron que no le creen y que el caso de Ayotzinapa es un crimen de Estado en el cual la Procuraduría General de la Republica (PGR) se quedó dormida en sus laureles.

En la primera audiencia, realizada por petición del Estado mexicano, Álvarez Icaza expuso que acontecimientos como los de Ayotzinapa y Tlatlaya son “el patrón” de las violaciones de derechos humanos que se cometen en México.

A la par, integrantes de 13 organizaciones no gubernamentales (ONG) que asistieron a las audiencias levantaron pancartas antes de que hablaran delante de la delegación mexicana oficial: “Fue el Estado”. Leyeron uno a uno los 43 nombres de los normalistas desaparecidos y de las seis personas ejecutadas en Iguala el 26 de septiembre. Por las víctimas, pidieron a la sala guardar un minuto de silencio. Silencio que se percibió como un ambiente de impotencia social ante la cruel realidad que vive México.

Estas organizaciones asistieron a las sesiones de la CIDH en calidad de peticionarias, así como en representación de la sociedad civil y de los familiares de víctimas de los abusos contra los derechos humanos.

A su vez, en nombre del Estado mexicano, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, justificó: “En ambos casos, Tlatlaya y Aytozinapa, el Estado mexicano ha manifestado su compromiso con una investigación en el ámbito de la justicia civil de manera diligente, objetiva e imparcial para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantizar la atención a las víctimas y el diálogo con las organizaciones de derechos humanos que representan sus intereses, como le consta a la comisión.”

“Lo que se ve es que hay un cambio de narrativa, pero no un cambio de realidad”, advirtió por su parte Álvarez Icaza acerca de las declaraciones y explicaciones del gobierno de Peña Nieto ante la CIDH y la delegación de peticionarios que viajó a esta ciudad.

Gobierno “impune que maquilla”

A más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, y a cuatro de que 21 jóvenes fueran ejecutados por miembros del Ejército en Tlatlaya, las ONG Fundar, Artículo XIX, Asociadas por lo Justo, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Documenta, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Propuesta Cívica Sin Fronteras, además de patentizar que Peña Nieto miente a los familiares de las víctimas, le dijeron que está al frente de un gobierno impune que maquilla.

“México es un país de contradicciones… es un país adolorido que no puede tolerar más la simulación”, denunció Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de derechos humanos de Fundar.

En cambio, la delegación oficial mexicana pretendió mostrar un rostro de dolor por lo ocurrido y habló del compromiso de resolver los casos y castigar a los responsables. “Para este objetivo, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud de asistencia técnica a esta comisión y esperamos definir sus términos a la brevedad”, externó la subsecretaria Limón.

La misión de control de daños con la que llegó la delegación del gobierno de Peña Nieto a Washington, encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió el apoyo técnico del organismo.

Mientras tanto, el secretario ejecutivo de la CIDH considera que la crisis de derechos humanos por la que pasa la administración de Peña Nieto “es un escándalo internacional muy grande”. Comenta que hace unos días, durante un viaje que realizó a Ginebra, Suiza, fue abordado con la misma pregunta por el relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, por la Comisión Africana de Derechos Humanos, por la Asiática y por el Parlamento y la Unión europeos: “¿Qué está pasando en México?” “Honestamente, creo que el Estado mexicano tiene que desplegar una mucho mayor capacidad, y yo creo que la tiene. Tiene que entender, y me parece que se necesita asumir con mayor claridad que esto debe ser un quiebre en términos de que no pueden repetirse hechos de esta naturaleza”, insiste Álvarez Icaza.

Al preguntarle si la crisis de derechos humanos que se vive en el actual sexenio es la más profunda que ha experimentado México en los últimos 30 años, plantea que no le gusta hacer una “especie de competencia de tragedias”, aunque hace comparaciones con episodios trágicos anteriores: “Pasó lo mismo con el Movimiento por la Paz, de Javier Sicilia. Pasó lo mismo con los temas que tenían que ver con las marchas por la inseguridad. La pregunta es: ¿Qué tienen que hacer las estructuras, las instituciones del Estado, para responder en buenos términos, para que otras (crisis) no pasen? Ojalá que ahora haya una condición de quiebre y de aprendizaje para que esto no se repita.”

El 28 de junio de 1995, la policía del estado de Guerrero masacró a 17 campesinos e hirió a otros 21 en el vado de Aguas Blancas, un crimen de Estado que causó la renuncia del entonces gobernador de la entidad, Rubén Figueroa Alcocer. El 22 de diciembre de 1997, en la población de Acteal, Chiapas, 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas fueron asesinados por un grupo paramilitar. Esta matanza, que incluyó a niños y mujeres embarazadas, provocó la dimisión del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien es hoy titular de la Secretaría de Educación.
“No es política de Estado”

También en entrevista con Proceso, el subsecretario Gómez Robledo, quien durante las audiencias estableció que “no es política de Estado” la violación de derechos humanos en México, rechaza de manera categórica la declaración de que en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya no se está actuando con transparencia.

“El contacto, el diálogo, la cooperación con los familiares es algo que no podemos poner en duda; un aspecto muy importante que deriva de una ley que fue promulgada por este gobierno, la Ley General de Víctimas, que da a los familiares un papel de coadyuvancia en las investigaciones y que tampoco tiene precedente. Es la primera vez que se pone en aplicación la ley en este aspecto”, sostiene el funcionario de la cancillería mexicana.

Gómez Robledo admite que hay “impaciencia por la dilación” en el esclarecimiento de los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, pero enfatiza que la PGR –que ya ha detenido a 56 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas– está desarrollando una investigación efectiva. Contra la percepción generalizada, cataloga el pronunciamiento del Parlamento Europeo de la semana pasada como “de respaldo irrestricto a lo que ha hecho el Estado, de condena (también) por supuesto; pero es de respaldo y es un voto de confianza de que el Estado va a poder avanzar”. No comulga con la acusación de que el gobierno de Peña Nieto está muy limitado para resolver el caso de Ayotzinapa, como se podría interpretar de la solicitud de asistencia técnica que el gobierno mexicano hizo a la CIDH, o la participación en las investigaciones de los especialistas forenses argentinos.

“En el caso de los peritos extranjeros”, apunta Gómez Robledo, “fue una decisión del gobierno de México, el primer día, de llamarlos. ¿Por qué? porque, primero, ya había habido una experiencia previa con este equipo ante los feminicidios en Ciudad Juárez. Ya los conocemos, sabemos de la profesionalidad y credibilidad que tienen; y porque pensamos que era muy importante que vinieran a apoyar, sobre todo al inicio, cuando todo estaba en el fuero local, a los servicios periciales del estado de Guerrero.”

¿Incomodan al gobierno de México las expresiones de preocupación que recientemente emitió la Casa Blanca, y lo que publican los medios de comunicación en Estados Unidos sobre Ayotzinapa y Tlatlaya? –pregunta el reportero a Gómez Robledo.
No, no, por supuesto que no incomoda. México ha transitado de ser un país muy reacio a la mirada externa en estos temas a ser, probablemente, por lo menos en América, el país más abierto.

¿Cuándo iría la CIDH a México?
El esquema de la asistencia técnica no supone necesariamente una visita de la comisión. La idea que han planteado ya por escrito los peticionarios es que vaya un grupo de expertos que tenga el aval de la comisión para hacer una serie de tareas.

En las audiencias de la CIDH, mientras la subsecretaria Limón solicitaba la asistencia técnica del organismo jurídico interamericano, los peticionarios clamaban por una “visita in loco” (en el lugar), lo antes posible, de los comisionados de derechos humanos de la OEA.

MEXICO: Piden incluir a indígenas en programas de discapacidad
El Diario Coahuila

Con el objeto de generar políticas públicas transversales y de inclusión, para reducir la brecha de desigualdad social, la senadora Hilda Flores presentó una iniciativa en beneficio de los pueblos indígenas de las personas con discapacidad que pertenezcan a este sector.

La iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se presentó el martes pasado en la Sesión Ordinaria del Senado de la República. La propuesta es adicionar la fracción VII al Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: "Establecer el enfoque de inclusión en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto e igualdad de oportunidades para las personas indígenas con discapacidad."

En la exposición de motivos mencionó que en México habitan 15.7 millones de personas consideradas indígenas. "Hoy la discriminación en México hacia ese sector de la población es uno de grandes problemas de las personas y comunidades indígenas, y que constituye la violación más palpable a sus derechos sociales."

MEXICO: Mayores injusticias se cometen contra mujeres pobres e indígenas
Cimac
La justicia debe ir más allá de buscar un castigo penal para agresores y tiene que modificar las estructuras sociales y culturales que permiten que las mujeres sean violentadas, y se bloquee su exigencia de justicia y reparación del daño cuando denuncian delitos.

Así lo dijeron especialistas en Derecho durante el Foro Nacional “Litigio Estratégico con Perspectiva de Género”, que se realiza en un hotel de esta capital y que tiene como objetivo presentar herramientas a las y los profesionales del Derecho que les permitan litigar desde la perspectiva de género y los Derechos Humanos (DH).

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que “el grado de acceso a la justicia es indicador de la democracia y de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, y al mismo tiempo reconoció que aún no se logran los cambios estructurales que permitan que las mujeres accedan a la justicia. Precisó que aunque se han dado avances en el terreno institucional y legislativo, aún no se logra transitar a un sistema judicial que emita sentencias con enfoque de género y DH.

Puso como ejemplo que las y los agentes del Ministerio Público “dicen que a las mujeres les gusta vivir en la violencia cuando desisten de una denuncia”, cuando lo que se debe entender es que se desisten porque viven el “círculo interminable de violencia, y ese círculo es el que debemos ayudarles a romper”. El funcionario reconoció que existen retos en acceso a justicia para mujeres víctimas de violencia, de manera particular para las más pobres y las indígenas, quienes no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a la justicia cuando denuncian. “Invitarlas a denunciar debe necesariamente estar acompañado de un respuesta eficaz por parte de las instituciones del Estado”, aclaró.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, ex titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que el trabajo de abogados debe ir acompañado del empoderamiento de las víctimas, pues son ellas las que deben decir la forma de reparación del daño. Sostuvo que actualmente existe una desconfianza absoluta hacia las instituciones de justicia, y ejemplificó con el hecho de que las madres de víctimas de feminicidio exigen la participación de especialistas internacionales para la identificación de los restos de sus hijas, ya que dudan de la forma de operar de las autoridades mexicanas.

Por lo que –dijo– el litigio estratégico en estos casos debe apuntar a modificar los patrones sistemáticos y estructurales de agresiones y omisiones que se dan en contra de las mujeres.
Karla Micheel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), sostuvo que pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero –referente a la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua–, dentro del sistema de justicia aún siguen pesando los prejuicios de género que derivan en que las autoridades estigmaticen y culpabilicen a las víctimas de feminicidio.

HIDALGO: Sin opciones educativas, jóvenes en zonas indígenas
Cimac

Mezquital. Las montañas que resguardan esta región del estado de Hidalgo y bordean los límites con la vecina Puebla, tienen caminos áridos de vueltas pronunciadas por los que cruzan cada semana a bordo de un camión decenas de jóvenes indígenas que tienen deseos de continuar su educación superior, pero en sus localidades no tienen la oportunidad por falta de infraestructura.

Todos los domingos en punto de las 11 de la mañana sale del centro de la ciudad de Ixmiquilpan el único autobús del día con dirección a Nicolás Flores, un municipio con una superficie que representa apenas 1.8 % del total del territorio de Hidalgo y en el que habitan 6 mil 617 personas, de las cuales el 25 por ciento son mujeres de 15 a 29 años de edad.

A bordo, niñas y mujeres acomodan en asientos de fierros oxidados la despensa que llevan desde la ciudad hasta sus comunidades en la Sierra Madre Oriental. El olor a pan de fiesta, fruta y carne se mezcla al interior del camión que tiene las ventanas cubiertas con cortinas de terciopelo azul. Las y los pasajeros saludan con familiaridad al conductor e intercambian algunas palabras con otros pasajeros conocidos. Cuarenta y cinco minutos después se abre un panorama montañoso, con casas de tabique en obra negra (distanciadas por varios metros entre sí). La punta de la montaña que se veía lejana desde el centro de Ixmiquilpan es la misma por donde ahora avanza el autobús.

De aquí en adelante, el camión abrirá su puerta cada cinco o 10 minutos para bajar al pasaje. Dos minutos antes del descenso en la localidad de Villa Hermosa, un niño de 14 años, que estuvo de pie todo el viaje a un lado del conductor, se dirige al asiento de una niña y su madre para tomar sus bolsas y ayudarlas a bajar.

Diez minutos antes de las 2 de la tarde, el autobús concluye su recorrido (con un costo de 65 pesos por persona) en el municipio de Nicolás Flores. Al bajar del camión de inmediato se observan la iglesia, el Palacio Municipal y el Centro Deportivo. En cambio, para ubicar el Centro de Salud hay que preguntar y buscar entre las calles. Para llegar a la escuela secundaria hay que caminar al menos un kilómetro desde el centro del municipio y subir por una pequeña vereda.

A las 2:10 de la tarde del domingo sale el último autobús (el mismo del que acaban de descender los pasajeros) de regreso a Ixmiquilpan. Arriba ya están acomodados sobre los asientos rotos que desbordan hule espuma tres hombres y dos mujeres jóvenes.

El camión arranca y cada cinco minutos el conductor jalará de una cuerda para avisar su llegada a cada comunidad con un sonido desplomado. En cada una de las paradas, de dos a tres jóvenes suben cargando en una mano su mochila y en otra su “itacate” con comida para una semana.

Neyeli, indígena otomí de 16 años de edad, se sube en la tercera parada. Como el resto, lleva su mochila, su equipaje y además una cobija. Se sienta, se acomoda los lentes y atora un lápiz en el cabello. Estudia el bachillerato en Ixmiquilpan, a dos horas de su hogar, porque dice que en un futuro quiere ser contadora. “Estudio para terminar con la pobreza”, responde muy certera. Nadie mira por la ventana las rocas rojas de la montaña que pasan a un costado del camión, tampoco el barranco pronunciado del otro extremo, ni el brote de agua unos metros abajo del camino de terracería.

En el municipio de destino Nayeli renta un cuarto por mil 250 pesos al mes. Guarda 250 pesos para el gasto semanal. Su papá, empleado de la presidencia municipal, le ayuda a pagar los estudios. Su mamá le prepara comida y le teje ropa para disminuir los gastos.

Como ella, al menos 20 estudiantes –la mitad mujeres– viajan con el mismo propósito. Algunas de las pasajeras se quejan de que si bien estudian la universidad, lo hacen bajo la limitada oferta educativa que el estado les ofrece a las mujeres (carreras de turismo o enfermería).

Pasado el mediodía, la temperatura en el autobús aumenta y el calor no encuentra escapatoria. El sudor cae por debajo de los párpados dormidos de las y los viajeros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de la población de cinco y más años en Nicolás Flores sólo una tercera parte (2 mil 616 personas) cuenta con educación primaria, y el promedio de escolaridad es de seis años.
Las y los jóvenes que no abordaron el camión, pero que fueron a despedir a Nayeli no pudieron continuar sus estudios porque, relata la joven, muy pocos pueden cubrir los gastos y la mayoría de las mujeres presentan embarazos después o durante la secundaria, mientras que muchos varones emigran a Estados Unidos.

En 2011 el municipio registró cero alumnos egresados como profesionales técnicos, y apenas 145 que terminaron la secundaria. Pese a que gran parte de su población es de la etnia otomí, sólo hay nueve primarias indígenas, ninguna escuela profesional técnica, un bachillerato y ninguna escuela en formación para el trabajo.

Luego de dos horas, el camión hace la última parada. Una joven pregunta por el costo del viaje. El conductor le echa un vistazo rápido (a modo de estudio socioeconómico) y le responde: “Si eres estudiante cobro 35 pesos”. Al terminar el viaje de casi tres horas, Nayeli se despide y después de pensarlo un poco responde la última pregunta. Cuando acabe la carrera regresará a Nicolás Flores para trabajar en el ayuntamiento y ayudar a administrar los recursos, a fin de que el dinero “se gaste en lo que realmente se necesita”.

MEXICO: Nuvia Mayorga Delgado. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad
El Sol de México

Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad es una declaración de la UNESCO respecto de las celebraciones indígenas dedicadas a las ceremonias del Día de Muertos.  Tradición milenaria en México que responde a siglos de la transmisión oral del folclor y respeto por la vida en uno de sus aspectos mas hermosos del ser humano.
Las festividades indígenas en torno a los que ya no están con nosotros se llevan a cabo en 41 grupos étnicos de México, entre los cuales se encuentran los amuzgos, atzincas, coras, cuicatecos, chatinos, chichimecas-jonaz, chinantecos, chocho-popolocas, choles, chontales de Oaxaca y Tabasco, teneek, huaves, huicholes, ixcatecos, ixiles, jacaltecos, matlatzincas, mayas, lacandones, mayos, mazahuas, mazatecos, mixes, mixtecos, motozintlecos, nahuas, pames, popolucas, purépechas, tepehuas, tepehuanos, tlapanecos, tojolabales, totonacas, triques, tzeltales, tzotziles, yaquis, zapotecos y zoques

Ejemplo de lo anterior tenemos dentro de la región de la Huasteca Hidalguense una celebración muy especial como pocos lugares en nuestro país. El Xantolo (palabra introducida al náhuatl por la deformación de la frase lanita "festiumominum sanctorum", que quiere decir fiesta de todos los santos), la tradición más importante de esta región, la cual aún se mantiene muy arraigada. Este es un peculiar culto a los que nos han dejado, en el que se les recuerda y venera de manera especial, el cual va  acompañada de danzas, cantos y típicos platillos. Esta celebración del Xantolo se caracteriza por la devoción, el esmero y la unión con que los habitantes de las pequeñas comunidades esperan la llegada de sus familiares y amigos que ya no se encuentran con ellos.

En la cosmovisión purépecha de Michoacán, se celebra el "Animeecheri k'uinchekua" que significa "Fiesta de las ánimas".   Para ellos la región donde residen los que han dejado esta vida no es un sitio de "descanso eterno", sino un lugar donde estos trabajan, descansan, se alimentan, experimentan emociones y se comunican con los vivos. Los difuntos actúan como mensajeros entre lo humano y lo sagrado, por lo que son tratados con respeto y veneración.

En comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero y Puebla, las fiestas en estos días tienen particular importancia. En esa ocasión, las familias se preparan para recibir tanto a sus difuntos como a los parientes que trabajan fuera del pueblo durante la mayor parte del año. La festividad se desarrolla tanto en los hogares como en el panteón, lugares en donde se colocan las ofrendas para honrar debidamente a sus antepasados. En los altares no pueden faltar los primeros productos de la cosecha del año: elotes, calabazas, frutas y chayotes, además de chocolate, cigarros y aguardiente, así como agua y sal.

La familia maya en México comprende quince culturas indígenas distintas. Éstas celebran de formas muy diversas esta fecha. Algunas de las festividades más espectaculares para los difuntos las realizan los mayas peninsulares que habitan en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; los chontales de Tabasco, y los tsotsiles y tseltales que viven en los Altos de Chiapas.  Las festividades mayas para las ánimas son ritos de continuidad y renovación de la vida. En ellos destacan rasgos de la religión católica que incorporaron las antiguas concepciones sobre el inframundo o reino de Xibalbá. Las ofrendas, por lo tanto incluyen imágenes de vírgenes y santos, y siempre se acompañan con rezos.

Para pueblos que provienen de una matriz cultural muy antigua, la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos que se conmemora en gran parte del mundo occidental, ha terminado por concebirse como un patrimonio propio. Sus manifestaciones actuales, que afectan a la identidad mexicana en su conjunto, son también un ejemplo de esa diversidad cultural que ha sostenido el éxito de las civilizaciones.

Estas celebraciones indígenas, fueron proclamadas en 2003  e inscritas en 2008 como  Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

OAXACA: Sobreexplotación pesquera amenaza a toda la comunidad de Playa Vicente
La Jornada

Juchitán. Pescadores de Playa Vicente solicitaron a las autoridades de Oaxaca establecer una veda en la laguna superior e inferior, a cambio crear empleos temporales, pues debido a la sobrexplotación en esos cuerpos de agua este año no hubo captura de curvina, sierra, zabaleta y escamuda.

Playa Vicente es una isla del municipio de Juchitán, aquí viven unos 250 indígenas zapotecos dedicados a la pesca y al comercio, quienes lamentan que esta porción de mar ya ha dejado de proveerles recursos, pues lo que obtienen apenas alcanza para el autoconsumo y ya no para la venta. “La culpa de esta sobrexplotación no recae únicamente en los pobladores de Playa Vicente, sino de toda la franja de comunidades que se alimentan de las lagunas superior e inferior, tanto huaves como zapotecas, pero ahora es necesario replantear esta explotación de los recursos naturales, porque se acaba el producto de mar” indicaron

La laguna superior es explotada, además de los zapotecos de Playa Vicente, por los de Santa María Xadani, Álvaro Obregón, Playa Unión y Playa Chicapa, mientras que los pueblos huaves de San Dionisio, San Francisco, San Mateo y Santa María del Mar lo hacen de la inferior.

Ambos cuerpos de agua se interconectan con la barra de San Francisco, que se encuentra en mar abierto y que por contar con una abertura permitía el flujo de agua del mar abierto hacia ambas lagunas, lo cual beneficiaba a los pescadores de Playa Vicente, pero ahora se han instalado miles de copos –redes de más de 20 metros de ancho y tres de altura–, que retienen todo el producto, lo cual los ha dejado sin pescado. “Antes capturábamos entre 80 y 90 kilogramos de pescado al día, pero ahora estos copos han sido nuestro mal, porque el producto ya no llega, apenas y si obtenemos unos 10 kilogramos por viaje, nos vamos toda la noche y llegamos al amanecer con poco pescado, apenas si nos alcanza para comer con nuestra familia”, puntualizó uno de ellos.

Según narran, un estudio del Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) arrojó que es necesario que se establezca una veda en ambas lagunas, con la finalidad de permitir la reproducción de las variedades de peces.

VERACRUZ: Primer Encuentro de Danza y Músicos Indígenas
Cambio Digital

Papantla. Los diputados locales Mariela Tovar Lorenzo e Ignacio Enrique Valencia Morales presenciaron el Primer Encuentro de Danza y Músicos Indígenas “Bailando en un mismo son”, organizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Ayuntamiento de Espinal, en el Centro de Artes del Parque Temático “Takilsukutl”, en Papantla.

Participaron en el encuentro, con apoyo de etnólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 41 grupos de danzantes de los municipios que integran el Distrito de Papantla, así como de Coatzintla, en el norte del estado.

Valencia Morales manifestó que solicitará a las autoridades estatales y federales correspondientes más apoyos para los pueblos indígenas, con el objetivo de generar desarrollo económico y apoyar la preservación de las tradiciones de estos pueblos.

MEXICO: El libro de la semana: Bolivia y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Irene Selser
El chileno José Aylwin ofrece un panorama actualizado y sobre las reformas constitucionales en diversos países de la región para su más justa representatividad.
Milenio

El rotundo triunfo electoral del recién reelecto presidente de Bolivia, Evo Morales, ex líder sindical y cocalero, de origen aimara, obliga a detenerse en las particulares de ese proceso de transformación política, social y cultural en la históricamente elitista y fragmentada nación andina, donde el Estado elevó sin embargo en 2009 a rango de ley el contenido de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y estableció la figura de “municipios autónomos indígenas originarios campesinos”, además de la circunscripción electoral indígena.

En su libro Derechos políticos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Avances y desafíos (Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, No. 25, México 2014), José Aylwin Oyarzún, maestro en derecho con especialidad en derechos humanos y pueblos indígenas y profesor de derecho indígena en la Universidad Austral de Chile, ofrece un panorama actualizado sobre la realidad de los indígenas en América Latina desde la así llamada emergencia indígena, planteada en 1997 por el reconocido sociólogo germano-mexicano Rodolfo Stavenhagen (1932) hasta nuestro días.

Se estima en unos 50 millones la población actual de indígenas en AL, agrupados en 600 pueblos autóctonos; mismos que desde fines del siglo XX han ido cobrando conciencia de sus derechos como individuos y como colectividad, desde reclamos de autonomía en países con poca representación indígena hasta demandas por reformas políticas nacionales de carácter incluyente mediante procesos conocidos como movimientos político-étnicos.

En su estudio, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicano, el experto chileno hace un recuento detallado de los diversos documentos suscritos internacionalmente, así como de las reformas constitucionales y legales en países como Ecuador, cuya Constitución de 2008, emanada de un congreso constituyente, contó para su elaboración con representantes de sus pueblos indígenas, lo mismo que en Bolivia (2009). No menos importante ha sido la integración por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, de un corpus iuris de carácter indígena que se ha incorporado con los derechos humanos aplicables específicamente a los pueblos autóctonos del continente.

El muy recomendable libro del maestro Aylwin Oyarzún considera el tema del establecimiento y ejercicio de la autonomía de comunidades indígenas en México, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Colombia y Ecuador, donde un levantamiento indígena obligó al Estado a negociar y aplicar circunscripciones territoriales indígenas y afro-ecuatorianas.

En el caso de México, donde 803 de los dos mil 448 municipios del país son considerados indígenas, se destaca que es precisamente el municipio, como institución de indiscutible arraigo histórico, el espacio idóneo para el desarrollo de la concepción comunitaria indígena.

En esta opción sobresale el estado de Oaxaca, donde sin embargo el autor pone la lupa en algunos de los aspectos limitantes para la democratización de las comunidades, como son la intervención fáctica de los partidos políticos y la discriminación que padecen las mujeres en sus propios grupos comunitarios.

En la reseña de la situación jurídica y política de los pueblos indígenas se incluye el caso específico y ciertamente paradójico de Chile, donde sucesivos gobiernos izquierdistas —o al menos de centro-izquierda— han sido incapaces que incluir la representación política de la población autóctona, en primer lugar de los mapuches, en ninguna de las dos Cámaras de su Congreso; llegando incluso a aplicarse la categoría de “terrorista” a la lucha de los mapuches por la recuperación de sus tierras ancestrales.

En Chile, cuya población indígena representa 8% del total, las comunidades siguen excluidas en su representación política a causa del sistema electoral binominal impuesto desde los años de 1980 por la entonces dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1991), que favorece a los partidos políticos tradicionales y excluye a los pueblos indígenas. 

Hoy, en el centro de la agenda indígena de AL –y de todos aquellos no indígenas involucrados en la construcción de nuevos Estados– figuran una serie de reclamos jurídicos y jurisdiccionales, definidos con toda claridad en la Declaración de Mama Quta Titikaka (Perú, mayo de 2009), emitida por representantes de pueblos indígenas reunidos en la Cumbre de los Pueblos indígenas de Abya Yala, en Puno, la cual señala:

Construir Estados Plurinacionales que se fundamenten en el autogobierno, libre determinación de pueblos, la reconstitución de los territorios y naciones originarias. Con sistemas legislativos, judiciales, electorales y políticas públicas interculturales, representación política como pueblos sin mediación de partidos políticos. Luchar por nuevas constituciones en todos aquellos países que aún no reconocen la plurinacionalidad. Estados Plurinacionales no solo para los pueblos indígenas, sino para todos los excluidos”.

BRASIL: Organiza Juegos Mundiales Indígenas tras Mundial y antes de Olímpicos
EFE

Río de Janeiro. Brasil, que este año fue sede del Mundial de fútbol y en 2016 será el anfitrión de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, organizará en septiembre de 2015 los I Juegos Mundiales Indígenas, en los que se espera la participación de unos 2.000 atletas de 30 países, informaron hoy fuentes oficiales.

Además de representantes de 22 etnias brasileñas y de indios de toda América, para la competición que será organizada por la ciudad de Palmas ya están confirmados atletas de pueblos autóctonos de Australia, Japón, Noruega, Rusia, China y Filipinas.

Entre las modalidades que serán disputadas figuran tiro con arco y flecha, lanzamiento de lanza, carrera rústica de 100 metros, piragüismo rústico, luchas corporales, natación y carrera cargando troncos de árboles. La mayoría de esas figuran en el programa de los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, organizados por un comité intertribal desde 1996 y de los que hasta ahora van trece ediciones. La elección de Palmas como sede de la primera edición mundial del evento fue acordada en una reunión de representantes indígenas de varios países en la ONU, que refrendó la decisión.

El evento será aprovechado por la gubernamental Empresa Brasileña de Turismo (Embratur) para promover atraer visitantes en modalidades alternativas de turismo. "Realizar los Juegos Mundiales Indígenas en Brasil es una oportunidad para mostrarle al mundo toda la diversidad del país, además de mostrar la riqueza cultural de los pueblos indígenas y promover otros segmentos del turismo, como el ecoturismo y el turismo de aventura", aseguró en presidente de la Embratur, Vicente Neto, citado en un comunicado de la entidad.

El organismo de promoción del turismo informó de que comenzará a promocionar los Juegos Mundiales Indígenas en una feria especializada en turismo que comenzará la próxima semana en Londres y que reunirá a cerca de 50.000 visitantes.

BOLIVIA: Un indígena de la etnia ayorea es el nuevo embajador en Paraguay
La Jornada net, EFE

El Gobierno de Bolivia tomó el viernes juramento al nuevo embajador del país en Paraguay, el indígena ayoreo Rosendo Alpiri Nominé, de 29 años, que es el primer nativo de esa etnia del oriente boliviano en ocupar un cargo diplomático. Juró el cargo ante el ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, en un acto en La Paz. Con esta designación, Bolivia repone a su embajador en Paraguay después de casi dos años sin un representante diplomático a ese nivel en el país vecino.
El nuevo embajador hizo en Ecuador estudios sobre derechos de pueblos indígenas y en 2010 fue dirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, una de las organizaciones que agrupa a las etnias de esa región boliviana. Tras tomarle juramento, Choquehuanca le encomendó que no solamente afiance los lazos con el Gobierno paraguayo, sino que también acerque a los "movimientos sociales" de ambos países.

El ministro también se refirió a la Guerra del Chaco, librada por Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935 por la posesión de extensas tierras en una árida región donde el primer país explota gas natural y petróleo.

Choquehuanca indicó que ambos países estuvieron enfrentados por "intereses ajenos" en esa guerra, en la que murieron "muchos hermanos bolivianos y paraguayos", por lo que enfatizó en que "no se debe permitir que se repita" ese episodio. A su turno, Alpiri agradeció en su idioma nativo al Gobierno boliviano por la designación y aseguró que seguirá el ejemplo del presidente Evo Morales con "lealtad a los movimientos indígenas".  "Es un honor no sólo personal, sino que como pueblos indígenas estamos dando un paso más en la historia", dijo a EFE.

El anterior embajador boliviano en Asunción fue Freddy Quesada, a quien el Ejecutivo retiró en junio de 2012 en protesta por la destitución del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo, amigo y aliado del mandatario de Bolivia, Evo Morales.

Morales, y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, se encontraron en La Paz en diciembre del año pasado para restablecer la relación bilateral, afectada desde la destitución de Lugo, en un controvertido juicio parlamentario repudiado por el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Hace dos semanas, Paraguay también repuso embajador en Bolivia, tras seis años sin tener un representante diplomático en La Paz.

El nuevo embajador paraguayo, Julio César Vera, dijo hoy a EFE que las relaciones bilaterales se están unificando y que hay varios asuntos en los que deberán trabajar. "Tenemos temas comunes como la hidrovía Paraguay-Paraná (...) y también creemos que es trascendente la incorporación de Bolivia al Mercosur", comentó el diplomático. El Mercosur está formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que Bolivia está asociada al bloque regional desde 1997 y, actualmente, en proceso de incorporación como miembro pleno.

CHILE: Tercer Festival Internacional de Poesía del Wallmapu
Mapuexpress

Desde las 19 horas, el día sábado 8 de noviembre se desarrollará la tercera versión del Festival Internacional de Poesía del Wallmapu en el Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco, actividad organizada por el colectivo de Poetas y Artistas Mapuche Mapu Ñuke.

CHILE: ANAMURI: Luchando contra el capitalismo, el patriarcado y por nuestros derechos: América Millaray Painemal Morales
Mapuexpress

El día lunes 17 de Noviembre se realizará en la comuna de Chol-Chol un Encuentro preparatorio hacia el II Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. En este espacio se abordarán temas importantes para el pueblo Mapuche como es la soberanía alimentaria y la ley de privatización de las semillas.

ANAMURI es una organización que surge el año 1998 en Buin, Región Metropolitana, en un contexto de retorno de la democracia y de políticas neoliberales que marginó a campesinos y pueblos originarios. Frente a este escenario neoliberal las luchas y resistencias se globalizan, es así que ANAMURI forma parte de redes internacionales como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del campo, CLOC y a Via Campesina a nivel Mundial.  

La diversidad cultural ha sido un eje articulador en ANAMURI,  es así que esta instancia participan mujeres campesinas y mujeres de los pueblos Aymara, Colla, Diaguita y Mapuche de todo el país. Uno de sus principales objetivos es: “contribuir al desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas considerando los aspectos laborales, económicos, sociales y culturales a través de la promoción de la asociatividad y del fortalecimiento de sus organizaciones. Sus principales líneas de acción son: la capacitación y formación sociopolitica, la difusión y comunicación, soberania Alimentaria y la defensa de los derechos  de las mujeres asalariadas agrícolas y la defensa de la biodiversidad.

Las mujeres campesinas e indígenas han venido alzando sus voces en  encuentros y asambleas por la autonomía de sus pueblos, la participación política y por el derecho a vivir sin violencia, abogan por una Nueva Constitución política que reconozca la plurinacionalidad y el buen vivir de sus pueblos. Estas demandas fueron emitidas durante el Primer Congreso Nacional de la organización realizado el año 2007 en Santiago con la asistencia de dos mil delegadas de todo el país.

Durante los días 28, 29 y 30 de Noviembre de este año se realizará en Santiago el Segundo Congreso Nacional de ANAMURI, aquí las mujeres campesinas e indígenas se tomarán la palabra para decir que seguirán luchando por sus derechos como pueblos y como mujeres y hacer frente al capitalismo y el patriarcado.

CHILE: Resistencia del pueblo mapuche: La lucha por territorio y autonomía
José Huenchunao / Clarin, La Haine

El proceso de lucha de las comunidades en conflicto, del movimiento mapuche más autónomo, ha forjado formidables procesos de descolonización y maduración ideológica

El pueblo mapuche se independizó de la Corona española en 1641 tras la celebración del Parlamento de Quillín, encuentro donde se reconoce una parte del territorio histórico mapuche y su autonomía. Con este parlamento la Corona de España buscaba establecer la paz después de un largo periodo de guerra, en el que su ejército, en su afán colonizador, sufrió grandes derrotas político-militares a contracorriente de su tradición imperial.

Los mapuche fueron el único pueblo o nación originaria de América que logró independizarse de su colonizador del Viejo Mundo. Esto no fue algo fortuito, sino fruto de la resistencia permanente del pueblo mapuche en su aspiración de no ser subyugado por una nación extranjera, como España, que por esos años se perfilaba como uno de los mayores imperios de América.

Entre 1641 y 1803 las relaciones bilaterales entre el pueblo mapuche y la Corona fueron de altos y bajos, con situaciones de guerra intermitentes que originaron la institucionalización de los parlamentos (o tratados) que tenían como finalidad la búsqueda de paz. Durante este proceso histórico siempre se ratificó la frontera desde el río Bío Bío al sur, que incluía además la pampa argentina. Fue, precisamente, en 1803 que se realizó el último parlamento a tan sólo siete años de la Primera Junta Nacional de Gobierno de la naciente República de Chile.

Consolidada la independencia de Chile, en 1818 comienza una nueva historia que afectará directamente al pueblo mapuche. Los extensos terrenos fértiles de la nación mapuche abrieron el apetito de los capitalistas influyentes de la nueva República, iniciándose una cadena de conspiraciones y violencia política hacia los Lof mapuche. Es cierto que existieron decretos y declaraciones de buena intención de las primeras autoridades, pero todos en el sentido de incorporar a los mapuche a la nueva institucionalidad chilena y proseguir con el sistema implantado por los españoles de asimilar e intervenir el territorio controlado por nuestro pueblo.

Para ello, Chile como Estado, además de utilizar la fuerza militar, echó mano a la traición y la mentira. Señalemos unos de los episodios perpetrados en la era republicana, cometido por el capitán Luis de los Ríos, en representación del gobierno de Chile, quien el año 1823 convocó a las autoridades mapuche a un parlamento. Cuenta Vicuña Mackenna: “En un parlamento famoso, que atrajo en una ocasión a un centenar de indios, los hizo matar a sable y a traición, reservando solo la vida de un cacique ciego que se llevó a Concepción como trofeo de castigo tan horrendo sino desusado”.
Intervención militar

La continuidad de esta ignominia es lo que la historia oficial denomina “Pacificación de La Araucanía”, que no fue otra cosa que una intervención militar que exterminó parte significativa de nuestro pueblo, disminución que llegaría al 60% según algunos autores, además de la ocupación del 95% del territorio mapuche, incluyendo el Puel Mapu o territorio mapuche del lado argentino, lo que se conoció como “Campaña del Desierto”.

Entonces, con este proceso de intervención forzada por parte del Estado de Chile, a nuestro pueblo se le usurpa su territorio y se le impide, por la vía de la intervención militar, el ejercicio del derecho a su propio gobierno. Si bien la historia oficial habla de una supuesta y falsa “pacificación”, en el fondo la usurpación de nuestro territorio obedeció a las presiones ejercidas por la incipiente oligarquía chilena para poblar nuestro territorio y así aumentar la producción y exportación de trigo, principalmente a Perú y California. Desde aquel entonces hasta la fecha, y a pesar de los múltiples requerimientos de los mapuche, no ha existido la voluntad política de los gobiernos de turno de devolver el territorio usurpado y la autonomía que el pueblo mapuche ostentó hasta 1881.

Así transcurrió el siglo XX, con los mapuche forzándolos a ser parte del sistema imperante, y encuadrados dentro del campesinado pobre desde los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda, hasta que llegamos a Lumaco, en 1997, que con la quema de tres camiones forestales marcó el renacer del espíritu libertario mapuche por su territorio, donde las consignas de territorio y autonomía retornan al seno de las comunidades.

Si en el siglo XIX el afán exportador de trigo motivó la intervención militar en nuestro territorio, hoy nos enfrentamos a un proceso similar con la presencia de las empresas forestales y otros proyectos de inversión capitalista que amenazan Wall Mapu, que ha motivado a los gobiernos de la Concertación y derecha a militarizar zonas donde la lucha ha dado saltos importantes, principalmente en lo referido a la resistencia y reconstrucción.

El proyecto y proceso

Es confrontando a estas empresas, a su expresión capitalista, donde las comunidades o Lof en Resistencia sustentan el proyecto político e ideológico que apunta a la reconstrucción del territorio y la autonomía. Se lucha para recuperar un territorio en común, donde también podrán seguir viviendo las familias no mapuches que entienden y comparten nuestros principios e ideales.

Este un punto fundamental a clarificar y resaltar, porque quienes quieran compartir nuestra forma de vida y valores siempre serán respetados en nuestro territorio, tendrán su espacio, tan sólo deberán comprender e interiorizarse de los códigos de nuestra cultura para no provocar una ruptura en el tejido social de la vida mapuche.

El sometimiento y la ocupación han creado un conflicto que se arrastra por años y que solo se resolverá cuando nuestro pueblo en su conjunto, descolonizado, vuelva a sentir la libertad. Libertad que se aloja en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo, que con la resistencia de estos últimos años ha forjado un movimiento mapuche marcado por un fuerte espíritu nacionalitario, revolucionario y, por naturaleza, contrario a los valores y a la expresión que impone el capitalismo.

Dicha naturaleza valórica y cultural son los que orientan los actuales procesos de discusión política que se desarrollan en las diferentes comunidades y Lof que mantienen procesos de resistencia los que, paulatinamente, van generando un crecimiento de nuestras fuerzas políticas y sociales.

Desde Lumaco a la fecha, el avance es relevante tanto en lo cualitativo como cuantitativo. Hemos pasado de “ocupaciones simbólicas” a procesos de control efectivo de parte del territorio usurpado, lugares en donde las ideas autonomista de reconstrucción se han llevado a la práctica mediante el trabajo productivo al interior de predios forestales que en algunas zonas ha originado el control de la producción como fase primaria, creándose una condición real para otras fases de la resistencia y reconstrucción, que se debe aprovechar y trabajar.

Este es un tema relevante, pues significa un avance sustancial si se entiende el control de los predios forestales como un tema táctico dirigido hacia la expulsión de estas empresas que por décadas han lucrado a costa de nuestra ñupe mapu; y no por el contrario visualizando sólo el provecho económico que esto conlleva.

Más autonomía

Esto en una primera etapa, que a la luz de los acontecimientos deberían crear un segundo ciclo, mucho más ajustado a la realidad política e ideológica planteada por el movimiento más autónomo; es decir, profundizar los cambios desarrollados por las comunidades en conflicto; que pavimente el camino de la reconstrucción en cuyos valores culturales, políticos y espirituales se debe sustentar la autonomía y el autogobierno mapuche.

Para avanzar en este sentido, además debe existir una superación humana que en la práctica se traduzca en una mejor dirigencia donde las autoridades mapuche recuperen el sitial que les corresponde en base a una sólida formación político e ideológica que los haga inquebrantable frente a las seducciones del sistema capitalista y las políticas de la institucionalidad del Estado. Lo anterior nos exige un mayor compromiso, más aún si entendemos la actual coyuntura política en materia indígena donde vemos cómo el gobierno de Michelle Bachelet y otros operadores políticos hacen intentos permanentes por intervenir las comunidades y así perpetuar el sistema de dominación.

Sabemos que la intervención no cesará. Ahí están las promesas de consulta y creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, que en la práctica no son ningún avance para la recuperación del territorio y autonomía, sino más bien mecanismos de control y contención. Esa es la apuesta del gobierno: intervenir las comunidades y cuando su actuar fracase volver a reprimir como siempre lo ha hecho, sobre todo en zonas donde la lucha ha avanzado a pasos firmes.

Sin embargo el proceso de lucha desarrollado por las comunidades en conflicto, que son la base concreta del movimiento mapuche más autónomo, ha forjado formidables procesos de descolonización y maduración ideológica, que en algunas comunidades es inquebrantable, si el movimiento mapuche avanza en el fortalecimiento de una alianza estratégica, política e ideológica. Es ahí donde la acción y los planteamientos, así como la resistencia, el control territorial y la reconstrucción de nuestro pueblo deben salir fortalecidos. Aquí está el sustento de nuestro proyecto político y donde chocan los intereses del Estado y el sistema capitalista, porque ellos apuestan permanentemente a negar la existencia de nuestro pueblo-nación mapuche, impidiendo que nuestro pueblo acceda a recuperar sus legítimos derechos políticos y territoriales.

CHILE: Política pública de tierras y territorios indígenas
Antonia Rivas Abogada UDP y PhD © Antropología Sociocultural, University of California Berkeley, El Mostrador

En el último año, la relación de los pueblos indígenas con el estado chileno ha sido, sin duda, un foco importante de conflictos. En el centro se encuentra el problema de la entrega de territorios como eje crucial de las relaciones entre el Estado y pueblos indígenas. En el Informe de DDHH UDP 2014 constatamos que existe un importante desconocimiento sobre estos temas. Así, si bien se informa profusamente acerca de conflictos judiciales, protestas y enfrentamientos, poco se sabe sobre la política pública de entrega de tierras, sobre las demandas de los pueblos indígenas, los presupuestos destinados a ello y las funciones de la CONADI.

Todos los pueblos indígenas, que habitan de norte a sur de Chile, mantienen una relación especial y distinta con el territorio en el que habitan. Si bien sus demandas territoriales son similares -todos piden restitución de sus territorios ancestrales de los que fueron despojados-las relaciones históricas con el Estado de Chile han sido distintas y así también son diferentes las posibles soluciones. Mientras en el caso de los pueblos indígenas del norte y en Rapa Nui, la mayoría de las tierras reivindicadas son fiscales, la mayor cantidad de tierras reivindicadas por el pueblo mapuche se encuentran en manos de privados, lo que influye fuertemente en el camino seguido y a seguir en sus relaciones con el Estado.

Los instrumentos internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT, son claros en señalar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. Dicho convenio resalta el deber que tienen los gobiernos de reconocer “la importancia de la tierra para las culturas indígenas, asumiendo que el concepto tierra incluye el de territorios”, además “reconoce el derecho colectivo de propiedad basado en títulos ancestrales y establece el deber del Estado de proteger tales derechos”. Del mismo modo, en numerosas oportunidades la comunidad internacional le ha llamado la atención al Estado de Chile, respecto al tratamiento que da a los pueblos indígenas y la urgente necesidad de resolver los conflictos territoriales.

¿Cuál es el rol de la CONADI en la compra de tierras? A grandes rasgos, la Ley 19.253 considera como tierras indígenas aquellas que provienen de títulos emanados del Estado. En otras palabras, solo son tierras indígenas aquellas que el Estado reconoce como tal o las que ha entregado con tal efecto. Los objetivos centrales de la CONADI y el Fondo de Tierras y Aguas (FDTA), se resumen en el otorgamiento de subsidios para la adquisición de tierras (artículo 20 letra a), el financiamiento de mecanismos que den solución a problemas de tierras (artículo 20 letra b) y el financiamiento de la constitución, regularización o compra de derechos de aguas (artículo 20 letra c).

Bajo la vigencia de la Ley Indígena se han entregado en total 187.173 hectáreas con una inversión monetaria de 275.714.809.751 pesos, según información aportada por CONADI (70.555.355.444 pesos por artículo 20 a) y 205.159.454.307 pesos por artículo 20 b)] Respecto a las tierras fiscales entregadas desde 1994 se han traspasado 278 mil hectáreas.

En las últimas semanas hemos sido testigos de un recrudecimiento del conflicto en la Araucanía como reacción al asesinato de José Quintriqueo en el Fundo Nilpe. Marchas, quemas de maquinarias, enfrentamientos, ingreso de nuevo contingente policial y vehículos pesados en Arauco, son solo un botón de muestra. Junto con ello, se ha informado de conflictos entre el Intendente Huenchumillay el director de CONADI, acusando el último que CONADI está agotada y cooptada políticamente, mientras que en la Cámara de Diputado se han formado comisiones por supuesta malversación de fondos públicos en el organismo y presiones políticas para entregas de tierras.

Sin embargo constatamos que estos sucesos no han traído consigo anuncios de cambios en la política de entrega o restitución de territorios a los pueblos indígenas. El enfoque de la política de tierras se centra en la superación de la pobreza como eje central, basado en un concepto económico de la tierra, entendida como un factor productivo y no como un elemento esencial de la cosmovisión indígena. De este modo, no existe un mecanismo legal de restitución de territorios indígenas, sino uno de compra de tierras, que no reconoce el legítimo derecho que tienen estos pueblos a reconstruir sus territorios y que, por tanto, no constituye una herramienta que dé cabal solución al problema territorial de los pueblos indígenas en Chile.

Establecer cuáles son estas tierras es claramente una materia compleja, en la que se entrecruzan la necesidad de respetar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, los derechos de los descendientes de colonos que fueron localizados en el territorio por el Estado y los de campesinos no indígenas que habitan en esos lugares. La reconstrucción de los territorios ancestrales no es una tarea sencilla, pero ello no exime al Estado de su obligación de abocarse a la tarea. Resulta claro, eso sí, que el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas establece la obligación del Estado de reconocer dichas tierras ancestrales.

La operación del FDTA adolece también de serias deficiencias que vulneran los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios. En el Informe se plantean críticas respecto a la falta de procedimientos transparentes en los mecanismos de restitución y/o entrega de tierras, la inexistencia de criterios preestablecidos, las presiones o injerencias que existirían en el proceso de selección de los predios a adquirir, el uso del mercado como medio principal de restitución de tierras y la falta de acompañamiento productivo a las comunidades a las que se les compra tierra.

La protección de los derechos de propiedad sobre tierras, territorios y recursos naturales de ocupación tradicional que hoy brinda el derecho internacional, no solo impone a los Estados el deber de identificar, demarcar y titular dichas tierras, territorios y recursos en su favor, teniendo presente para ello sus formas de tenencia comunal, como se ha argumentado; también constituye una oportunidad para revertir los procesos de desposeimiento de los que fueron víctimas en el pasado. Ello, con el objeto de garantizar a estos pueblos su sobrevivencia material y cultural, así como la vida digna de sus integrantes en el futuro. La acción estatal en este sentido debe buscar, además, reparar las injusticias históricas cometidas para con estos pueblos, y garantizar una convivencia más armónica entre todos los pueblos y el Estado.

La sostenida negativa a considerar la restitución de los territorios ancestrales y a contemplar mecanismos de solución que consideren dichos territorios, no permite augurar una mejor relación de los pueblos indígenas con el Estado de Chile. Mientras ello no cambie, lamentablemente, se mantendrá la situación de desprotección de derechos indígenas que ha sido característica de los últimos años en Chile y es muy posible que prosiga la situación de conflicto entre estas comunidades y el Estado.

VENEZUELA: Extractivismo se hace sin estudios ambientales ni consulta a comunidades indígenas
Correo del Caroní, Informe 21

En un informe presentado ante Naciones Unidas, la organización no gubernamental Laboratorio de Paz no solo recordó la importancia de la extracción petrolera para Venezuela y las metas propuestas para el “Plan de la Patria 2013-2019”, sino que además concluyó que la explotación de nuevos yacimientos petroleros y la conformación de empresas mixtas para tales fines se viene haciendo “sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Nacional”.

La palabra extractivismo no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, pero su uso, frecuente en temas económicos, de desarrollo y de ambiente, apunta a un modelo de rentabilidad basado -como su nombre lo indica- en la extracción de recursos del suelo. Esta puede ser una definición general del término, pero si se habla del contexto actual del extractivismo en Venezuela, alfa y omega de su desarrollo y sustento, las nociones van mucho más allá de un concepto escueto.

Verbigracia está la realización y difusión de estudios de impacto ambiental, como queda sentado en el artículo 129 de la Carta Magna; además del incumplimiento de la consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades indígenas afectadas. Esto según el 120 de la Constitución.

Otro de los derechos afectados por la expansión de la economía extractivista ha sido la demarcación y entrega de títulos colectivos de tierras indígenas, como lo establece el 119 de la ley citada.

“El propio texto constitucional, en su disposición transitoria decimosegunda, estableció un plazo de 2 años para la demarcación de hábitat indígena, sin embargo, 15 años después apenas se ha demarcado menos del 5% del total de territorios indígenas en el país. En opinión de la ONG Provea, la profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera”, reza el informe.

Retroceso administrativo

Además del desplazamiento de pueblos indígenas a manos del Estado que se deriva de la falta de delimitación de sus tierras, Laboratorio de Paz también llama la atención sobre el retraso en políticas ambientales y el debilitamiento de las instituciones correspondientes. En este caso se refieren específicamente al extinto Ministerio del Ambiente, cuyas funciones hoy se diluyen en el recién Ministerio de la Vivienda, el Hábitat y el Ecosocialismo.

“En opinión de la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) esta decisión será un retroceso en materia de políticas e institucionalidad ambiental, y es incongruente con los principios de desarrollo sustentable y derechos ambientales establecidos en nuestra Constitución. El debilitamiento institucional del órgano encargado de la ejecución de políticas ambientales en el país significará menos posibilidades de monitorear y establecer correctivos a las consecuencias negativas del extractivismo en Venezuela”, recoge el trabajo de Laboratorio de Paz.

Ecocidio minero

La publicación también guarda un apartado sobre la actividad minera en áreas protegidas, donde se señala el caso del Parque Nacional Canaima, en la Gran Sabana. Ahí se reseña las denuncias de las mujeres pemonas de la zona, quienes señalaron a mineros ilegales de contratar a miembros de su tribu para esta práctica prohibida en esos espacios por ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Esa actividad, señala Laboratorio de Paz, se ha traducido en aumento de la deserción escolar, el alcoholismo, abandono de actividades tradicionales, enfermedades “y otros padecimientos como consecuencia de la progresiva incorporación de indígenas a la extracción de minerales. Las mujeres han sido víctimas de amenazas y hostigamientos debido a sus denuncias”.

De “garimpeiros” y guerrillas

Pero las irregularidades en el extractivismo criollo no vienen solo de mineros ilegales y de militares incursos en este tipo de actividades, sino también de grupo guerrilleros que actúan en la Amazonia venezolana conjuntamente con buscadores de oro y piedras preciosas del Brasil: los comúnmente conocidos “garimpeiros”. Esto es lo que recoge el informe sobre el caso:

“La Coiam (coordinadora de organizaciones indígenas de la Amazonia venezolana) ha denunciado que “garimpeiros” ilegales provenientes de Brasil, junto a grupos irregulares de la guerrilla colombiana así como venezolanos, practican la minería ilegal destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán. Survival International, calcula que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en la zona. El gobernador del estado indígena de la etnia Baniva afirmó que la explotación ilegal de oro se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos. La deforestación a causa de la minería ilegal en la amazonia venezolana se estima en 1.100 km2 al año”.

De ahí que la organización no gubernamental proponga las siguientes recomendaciones en su publicación:

         Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.
         Avanzar en los procesos de demarcación de territorios indígenas, tal como lo establece la CRBV y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci).
         Revertir la militarización del territorio wayuu derogando la creación del Distrito Militar número 1, investigando y sancionando las denuncias de violación al derecho a la vida, integridad personal y libertad personal realizadas por las organizaciones indígenas de la Guajira venezolana.
         Dar cumplimiento pleno al artículo 119 de la CRBV que establece el reconocimiento de las organizaciones sociales, políticas y económicas tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.
         Reconsideración de la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Vivienda, otorgándole el presupuesto e independencia necesarios para el cumplimiento de su labor de preservación de la naturaleza.
         Establecer canales democráticos de participación, sin exclusión por razones políticas o ideológicas, para las diferentes organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos para el diseño de políticas públicas que disminuyan los efectos negativos de la economía extractiva en el país.

PERU: Organizaciones civiles se reunieron con sus pares globales con miras a la COP20
COICA

Con un auditorio colmado de líderes de organizaciones indígenas, de ONG, de género, sindicales, de la academia y del sector privado, nacionales e internacionales,  el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, clausuró el “Diálogo con los Grupos de Interés Globales: Tomando acciones frente al cambio climático” organizado por el equipo del Frente Público de la Vigésima Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), que se celebrará en Lima del 1 al 12 de diciembre próximo.

Este evento, que se realizó del 27 al 29, tuvo como objetivo que los principales exponentes de los grupos de interés globales puedan articular acciones con sus pares nacionales en cuanto a su actuación ante la COP20 y fortalecer el nexo entre representantes y representados. Se trata de la primera vez que un país anfitrión impulsa un evento como este.

“La COP20 dejará un legado a las peruanas y peruanos que significará una mejora como país y como sociedad que sigue creciendo de manera sostenible”, indicó Pulgar-Vidal, también Presidente de la COP20.

Solicitó no deslegitimar ni perder la oportunidad de la COP20 en el país ya que se está poniendo al Perú en la línea debate mundial climático. “Es la mayor invocación que como decisor político les puedo hacer a todos las peruanas y peruanos”, dijo.

El Ministro destacó la presencia de 60 líderes indígenas y 13 sindicatos que participaron en las mesas de diálogo. Estuvieron presentes Lourdes Huanca Atencio, presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas; de Anabella Rosemberg, Representante de la Confederación Sindical Internacional – CSI y Danae Espinoza, Punto Focal Global Surde México de YOUNGO. Asimismo, Daniel Angelim, de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas; Eduardo Rodríguez, especialista Regional de la OIT en Sindicatos y Trabajadores, y Bruno Rojas,  Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDL, informó el Minam a Inforegión.

El  evento estuvo dividido en seis sesiones, en sus tres días de duración, dedicada a categorías de organizaciones como Jóvenes; Sindicales; del Sector Privado;  Indígenas y de Comunidades Campesinas; de ONGs, y de Universidades y Redes Científicas.

Así, participaron representantes globales del sector privado empresarial como Grit Schmalish, coordinadora de Latinoamérica para COP20 ICC – Cámara de Comercio Internacional – Chile; Katie Sullivan, Director, North America and Climate Finance IETA – EEUU; Norine Kennedy, vice President, Strategic International Engagement, Environment and Energy / United States Council for International Business (USCIB) – Canadá.

Como contrapartes nacionales del sector privado intervinieron Gabriel Amaro, de Confiep; Javier Ly Alfaro, de la Comisión de medio Ambiente de la Cámara de Comercio de Lima; Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Carlos Aranda, presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la SNMPE; Cecilia Rosell, gerente del Comité de Responsabilidad Social de la Sociedad Nacional de Industria (SIN), y Fiorella Ceruti, gerente de responsabilidad social del Scotiabank. También, Manuel Pío Portugal, asesor de la presidencia de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), y Ursula de la Mata, de Enel Green Power.

En el sector de jóvenes, estuvieron Ralien Bekkers, de Joven para la ONU en Desarrollo Sostenible, Holanda; Santiago Vega, coordinador CLIC – Costa Rica; Israel Maldonado, Coordinador COY 10, Perú. Entre los representantes globales de ONG, Donald Rojas, del Concejo Indígena de Centroamérica – Integrante del Caucus Indígena UNFCC – Costa Rica; Marcial Arias, del Consejo de Políticas / Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas de los Bosques Tropicales – Panamá; Estebancio Castro, del Pueblo Kuna de Panamá / Concejo Indígena de Centroamérica  – Integrante del Caucus Indígena UNFCC – Panamá, y Edwin Vásquez, Coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) – Perú.

Lina Dabbagh, de ENGO – de Climate Action Network International – México, y Martin Vilela, del comité de Coordinación de la Campaña Global, Justicia Climática; Beatriz Olivera, Oxfam México, y PatriciaCuba Sichler, Orée y Presidenta de la Comisión de América Latina del Barreau de París – Francia. Se hicieron presentes representantes globales de las Universidades y Redes Científicas como Florin Vantu, especialista en Ciencia y Tecnología, Secretariado CMNUCCC;  Gabriel Blanco, de la Universidad de Buenos Aires; Marilyn Avrill, de la Universidad de Colorado, y Petter Lyden, de Diaconia, Suecia.

PERU: Somos sobrevivientes victoriosos…del genocidio de las Caucherías
Coica

Durante la visita del Príncipe Carlos al país los pueblos amazónicos reunidos en la Plaza de Bolívar, manifestaron que el gobierno británico financió la empresa genocida: Casa Arana, y sin embargo no reconoce su responsabilidad ni ha pedido perdón por el exterminio de más de 70.000 indígenas.

Si se pudieran definir los hechos ocurridos durante el periodo del caucho que dejo un genocidio de unos 70.000 indígenas amazónicos, los dirigentes y nietos de las víctimas en la Amazonía, y parte de la Orinoquía, si bien no lo dicen con palabras taxativas, lo expresan con su memoria como un carnaval de la barbarie y la ignominia.

Un destacado grupo de sabedores, líderes y jóvenes, algunos venidos desde la gran selva de la Amazonía, convocó una manifestación a la Plaza de Bolívar para exigir perdón, pero sobre todo para decirles a Perú, Colombia e Inglaterra que hay una deuda histórica, que hay heridas muy hondas y se requieren acciones concretas para evitar que la historia de horror se repita para los pueblos de la Amazonía, considerados como los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce.

Estamos aquí para reclamar nuestros derechos y manifestar una tristeza muy honda que tenemos a raíz de lo ocurrido durante las caucherías hace mucho tiempo; allí perdimos muchos de nuestros abuelos y sabedores porque en esa entonces las mujeres, los niños y jóvenes que no rendían con la cuota establecida de recolección lo torturaban y lo mataban. Hubo muchos crímenes y maltrato, un gran derramamiento de sangre y eso nos duele mucho… Nosotros como retoños que quedamos de ellos nos duele mucho y manifestamos aquí, no tenemos odio, al contrario le manifestamos amistad y nuestros amor a los blancos, pero necesitamos su mensaje de perdón que nos deben brindar, es la voz grave pero convincente del abuelo y cacique Uitoto Cantalicio Heimenekene, cuyo nombre en lengua traduce; “hijo de la yerba de la sabiduría”, quien es también autoridad del baile tradicional.

Tuvieron que pasar 100 años para que el país, una sociedad ajena a los potenciales y dolores de su pueblo, empezara a conocer su historia con los más atroces reveces de la violencia. Por ello estamos aquí, expresa Fanny Kuiru, destacada líder Uitoto, “este es un llamado a nuestra sociedad y al gobierno, porque estamos acostumbrados a no tener memoria frente a los hechos de barbarie que se cometen a lo largo de la historia; para el caso nuestro los pueblos de La Chorrera (Uitoto, Bora, Muinane, entre otros) los hechos de la caucherías significó la muerte cultural, física y devastación de recursos naturales y medioambiente”, indicó durante el acto de protesta pacífica el pasado 30 de octubre.

En el mismo sentido el dirigente Edwin Teteye, del pueblo Bora del Amazonas, señaló que “con la visita del príncipe Carlos, queremos manifestarle y recordarle al gobierno británico que hace 100 años sucedió en La Chorrera, en la Casa Arana, un genocidio en el cual más de 40 mil indígenas, nuestros abuelos, fueron masacrados, y pareciera que al gobierno colombiano y al inglés eso no les parece gran cosa, por ello exigimos -100 años después- que miren al Amazonas y a La Chorrera, pues somos pueblos en reconstrucción social. Hoy el pueblo colombiano habla de reparar víctimas y, cuándo van a reparar las víctimas de las masacres de aquella época”.

El propósito de la manifestación fue recordarles a los gobiernos de Colombia, Perú y Gran Bretaña que reconozcan su responsabilidad moral, política y económica; que no vasta enviar mensajes de perdón como el que enviaron los gobiernos de Juan M. Santos y el del Perú en el año 2012 cuando los pueblos amazónicos conmemoraron el centenario cauchero. “No se trata de mandar palabras al viento, no vasta pedir perdón, hay que hacer seguimiento para que la historia no se repita”, expresa Fanny Kuiru, quien recuerda la forma brutal en que capataces al servicio de la explotación cauchera no les vasto ‘asesinar niños de forma brutal estrellando sus cráneos contra los árboles y separarlos de sus padres, sino que también arrasaron con la selva donde teníamos la comida’.  

La gran exigencia para la reconciliación es que el gobierno colombiano mueva un mínimo esfuerzo para que el etnocidio conocido como la época del Caucho no quede impune y haya esclarecimiento de la verdad, haya justicia real y reparación expedita para los pueblos indígenas amazónicos “hay que sentarnos a conversar como personas sobre la realidad nuestra y, cómo salir adelante de manera conjunta, que los gobiernos de los tres países mencionados reparen el daño y nosotros quedemos tranquilos”, concluyó Edwin Teteye.También hubo amplia manifestación de apoyo desde otras regiones del país como Vichada; “Desde orillas del río Orinoco los acompañamos, Vichada también aportó sangre, lágrimas y sufrimiento sacando caucho -siringa pa' los ingleses”, expresó Luis Ángel Trujillo. “Desde la Universidad de la Amazonía apoyamos esta protesta por nuestros abuelos y abuelas muertos y por los muchos otros daños que causaron en nuestros pueblos amazónicos”, escribió en un sentido mensaje el Cabildo Indígena Estudiantil Uniamazonia. “Me llena de esperanza ver las mujeres amazónicas demostrando su presencia reivindicando su historia pasada y presente”, concluyó Carmen Helena Fuentes.
***
En 1907 la Casa Arana se convirtió en la compañía inglesa: The Peruvian Amazon Company, cuya matriz era Londres y fue avalada precisamente por el gobierno Británico, para tratar de zanjar el conflicto colombo-peruano y evitar el litigio territorial que podía generar el alegato de Colombia con títulos innegables de posesión. Julio Cesar Arana, principal verdugo de los indígenas, pues fue el representante legal de la Casa Arana, murió como buen tirano abandonado a la soledad, como si el peso de los hechos cobraran al menos una migaja de justicia: “Una vez perdió su poder, Arana, su vida empieza a desaparecer de los libros de historia, tras el derrumbe del caucho y el fin de los escándalos del Putumayo”, señala el escritor argentino Ovidio Lagos en su libro el Rey del Caucho

PERU: Care organizó Foro “Visiones: hidrocarburos y pueblos indígenas en la Selva Central”
Aidesep

Con el objetivo de brindar mayor información y difusión sobre los impactos generados por la exploración y explotación de hidrocarburos, en territorios indígenas, y evitar confrontaciones por la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, la Central Asháninka del Río Ene – CARE, organizó el día 30 de octubre en la provincia de Satipo, región Junín, el foro: “Visiones: hidrocarburos y pueblos indígenas en la selva central”.

Ruth Buendía, presidenta de la CARE y ganadora de los premios Goldman y Bartolomé de las Casas, en defensa del medio ambiente y territorio, destacó que la realización de este evento  tuvo por finalidad reflexionar y formular propuestas desde los pueblos indígenas para mejorar el desempeño de las actividades extractivas que se realizan en territorio indígena. Dijo que este foro coindice con el desarrollo de actividades de exploración de hidrocarburos en la zona del lote 108 ubicado en la Reserva Comunal Asháninka; y 189 en territorio Ashéninka shipibo – Conibo, que ha sido otorgado como concesión.

El evento contó con la presencia de representantes de diversas instituciones entre ellos: Carlos Monge, de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos; Vanessa Cueto, de la ONG Derecho Ambiental y Recursos Naturales (DAR); Juan Reátegui Silva, del Ministerio de Cultura y Henry Carhuatocto Sandoval, del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible; entre otros.

PERU: Indígenas denuncian que Minem restringe a asesores
La República 

Apus de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (Fiaap) que llegaron a Lima para dialogar con el Ejecutivo denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas pretende impedir la participación de sus asesores en las reuniones y además ha desconocido su compromiso respecto al traslado y estadía de la delegación. "Enterados de esta estrategia divisionista y de diálogo con doble estándar, desde ya adelantamos que no aceptaremos la visita de ningún funcionario de Minem a nuestras comunidades achuar sin la presencia de nuestros asesores", indican en una carta dirigida a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara.

En el documento refieren que el traslado de los apus a Lima por parte de Energía y Minas fue entendido como un esfuerzo coordinado y equitativo con miras a la consulta previa sobre el Lote 64.

El asesor Fernando Osores  dijo que los nativos han dejado sus alojamientos y tienen problemas para volver al Pastaza.

PERU: Pluspetrol Norte reafirma su voluntad de diálogo con indígenas en Andoas
Andina, RPP

Pluspetrol Norte informó que representantes de esa empresa dialogan con los dirigentes de la Federación Indígena del Pastaza (Fediquep) y los líderes de la comunidad indígena de Nuevo Andoas, ubicada en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, región Loreto.

Mediante un comunicado de prensa, Pluspetrol Norte precisa que este proceso se desarrolla desde hace cuatro días con el objetivo de encontrar una solución a los pedidos planteados por la población.

Detalla que en el marco de estas conversaciones, los representantes de la empresa y los dirigentes indígenas acordaron soluciones a los temas planteados por la comunidad indígena en relación a la compensación por el uso de tierras y el uso de canteras (tierra que se emplea para afirmar caminos). Fueron más de seis horas de conversaciones que contaron con la presencia de la Defensoría del Pueblo, subraya.

“Sin embargo, Fediquep planteó temas adicionales al pedido inicial de la comunidad indígena de Nuevo Andoas, ante lo cual la empresa solicitó un tiempo prudencial para poder evaluarlos. Este pedido de la empresa no fue aceptado y originó que la comunidad indígena y la federación reanuden la toma de las instalaciones”, indica el comunicado de Pluspetrol Norte.
La empresa afirma que “está buscando retomar el diálogo, a fin de poder encontrar soluciones a este impase en el más corto plazo”.

Por último, refiere que los cerca de 700 trabajadores que laboran en el campamento de Andoas se encuentran en buenas condiciones y concluye reiterando su compromiso con la integridad física de todas las personas que se encuentran en el Lote 1AB (personal de la empresa, contratistas y las comunidades indígenas).

PERU: Ruth Buendía: No rechazamos el desarrollo solo luchamos por la defensa de nuestro pueblo
Aidesep 

Captura de pantalla 2014-10-31 a la(s) 17.55.27A través de una entrevista realizada a un medio de comunicación nacional, Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de CARE, exigió respeto por los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, así como exigir transparencia en los procesos de consulta previa que se realizan y las inversiones del sector privado u público.

Buendía ganadora de los premios Golg¡dman y Bartolomé de las Casas, dijo que los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo. “No rechazamos el desarrollo solo luchamos contra políticos y capitalistas en defensa de pueblos vulnerables”.

En la entrevista cuestionó el proyecto de la Central de Pakitzapango, por se runa amenaza. “No sólo amenaza la biodiversidad, sino además la cultura y el territorio ancestral asháninka”… dijo además que dicho proyecto podría ocasionar la inundación de más de 90 mil hectáreas de bosque y desplazar de sus casas a más de 10 mill personas”.

PERU: Educación superior: brecha para andinos y amazónicos
Estudio busca que aulas universitarias no sea hostiles para los jóvenes indígenas.
Chirapaq

¿Quiénes son los jóvenes indígenas que acceden a la educación superior?, ¿cuál es su situación económica y nivel educativo?, ¿es su procedencia étnica un obstáculo para su desempeño académico?, ¿cómo eligen su carrera?, ¿en qué condiciones compiten en el mercado laboral? y ¿cuál es el aporte de los profesionales indígenas en el desarrollo de sus pueblos y organizaciones?
La asociación Chirapaq trata de responder a estas y otras preguntas a través del libro ‘Juventud, Educación Superior y Movimiento Indígena en el Perú’. La presentación de los hallazgos de esta investigación se realizarán en el marco de un foro público este jueves 6 de noviembre desde las 6pm en la Sala Paracas del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja). El foro contará con la presencia de destacados especialistas en educación intercultural como Ricardo Cuenca y el padre jesuita Jaime Regan.

A fin de analizar en qué medida los jóvenes profesionales pueden ayudar a fortalecer al movimiento indígena en nuestro país, los comentarios estarán a cargo de la Asociación interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP y la Confederación Nacional Agraria CNA. La moderación será conducida por la lideresa indígena Tarcila Rivera Zea.

Asimismo, jóvenes universitarios representantes de la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana OEPIAP y la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú REOJIP, compartirán sus testimonios desde las aulas. La cita es organizada por Chirapaq, el Ministerio de Cultura, la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya UARM. El ingreso es libre.

COLOMBIA: ACOIC
Comunicadores Indígenas de Colombia 

Enviamos nuestros saludos de la Alianza de Comunicadores Indígenas y Medios de Comunicación de Colombia "Acoic". "Tejiendo comunicación para el buen vivir"

Invitamos a seguirnos en las redes sociales y visitar nuestras páginas web: http://www.acoic.com.co/ http://www.diarioindigena.com/
Culturalmente
A.P: FRANCISCO SAYALPUD CAIPE
Presidente ACOIC
Cel: 316 6152660
Pasto Nariño Colombia

COLOMBIA: Nuevo reclutamiento forzado a indígenas del Pueblo Awá de Nariño por parte del Ejército Nacional
 Acoic
Nuevo reclutamiento forzado a indígenas del Pueblo Awá – UNIPA por parte del ejército nacional.  Las Autoridades Tradicionales del Pueblo Awá asociado a la Unidad Indígena del Pueblo Awá -UNIPA ponemos a conocimiento de la opinión pública nacional e internacional y organismos que trabajan en defensa de los Derechos Humanos, que el pasado viernes 24 de octubre del presente año fueron detenidos de manera arbitraria en la ciudad de Pasto por miembros del Ejército Nacional los jóvenes indígenas Awá Fredy Bisbicus y Darío Pascal pertenecientes al Resguardo Ñambí Piedra Verde (ubicado en jurisdicción del municipio de Barbacoas) asociado a la UNIPA, quienes fueron puestos a disposición del comandante García de la tercera Zona de Reclutamiento Distrito Militar No. 23 Boyacá, ubicada en la ciudad de Pasto.

Ante estos graves acontecimientos, elevamos nuestra voz de protesta para denunciar este nuevo hecho de reclutamiento forzado en contra de miembros del Pueblo Awá lo cual se constituye en una violación manifiesta a lo dictaminado por el artículo 27 de la Ley 48 de 1993,que exime de la prestación del servicio militar a los miembros de comunidades indígenas que habiten en sus territorios y conserven su identidad cultural, social y económica; como en el presente caso donde el compañero Freddy Bisbicus de 22 años se desempeña en la actualidad como miembro del Cabildo del Resguardo Ñambí Piedra Verde en el cargo de Tesorero yDarío Pascal ejerce como Guardia Indígena de dicho Resguardo.

Cabe señalar, que hechos como este han venido sucediendo de forma reiterativa por parte de los miembros de la Zona de Reclutamiento del Distrito Militar Nº 23 Boyacá, presentándose incluso casos en que una vez reclutados forzosamente los jóvenes Awá han sido remitidos a instalaciones militares en otras zonas del país o cuando acuden las Autoridades Tradicionales a solicitar la liberación de nuestros hermanos Awá niegan haberlos reclutado a pesar de encontrarse en sus instalaciones. También, como hecho agravante, una vez demostrado que nuestros jóvenes se encuentran en su poder los agentes del ejército Nacional se niegan a liberarlos por no aparecer en los censos reportados por el Ministerio del Interior por medio de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías –DAIRM.

Por lo anterior rechazamos rotundamente este nuevo hecho de violencia en contra de nuestro pueblo ancestral que pone en riesgo nuestra pervivencia física, cultural y espiritual ante la persistencia de los actores armados, de continuar involucrándonos en su conflicto, el cual se han encargado de hacer nuestro desde las víctimas, el dolor y las múltiples afectaciones que nos han venido generando. A su vez, rechazamos que sea el Ministerio del Interior a través de la DAIRM quien se reserve el derecho a dictaminar quien es o no indígena, violando nuestra autonomía, jurisdicción especial indígena y formas de gobierno propio.

Exigimos de manera categórica al comandante García de la tercera Zona de Reclutamiento Distrito Militar No. 23 Boyacá y/o a quien le competa, la liberación inmediata de nuestros hermanos Awá, así como a los miembros del ejército Nacional abstenerse de efectuar este tipo de acciones. A su vez reiteramos a los actores armados el llamado a no involucrarnos en su conflicto, a desmilitarizar nuestros territorios ancestrales y a cesar las acciones bélicas dentro de los mismos. Instamos nuevamente a los actores sentados en la mesa de concertación de la Habana-Cuba para que los avances de los diálogos se traduzcan y materialicen en verdaderas acciones que contribuyan a allanar caminos hacia la paz, desde el respeto a nuestra diversidad étnica y cultural.
Autoridades Tradicionales Unidad Indígena del Pueblo Awá– UNIPA

COLOMBIA: Convocatoria para postulaciones a Premios Interculturales Acoic – 2014

En cumplimiento de su plan de acción vigencia 2014, la Alianza de Comunicadores Indígenas y Medios de Comunicación de Colombia realiza la primera versión de los Premios Interculturales ACOIC – 2014 con el eslogan “Tejiendo paz para el buen vivir”, un espacio para reconocer a los más destacados del año de acuerdo a varias líneas o modalidades, las postulaciones se puede hacer a través del correo electrónico comunicadoresindigenas@hotmail.com hasta el día 30 de Noviembre de 2014 a las 5:00 p.m. 

Los premios entre galardones y reconocimientos se entregaran en ceremonia especial en presencia de los medios de comunicación local, regional y nacional. El objetivo es reconocer, promover e incentivar el talento humano individual y colectivo de acuerdo a 8 líneas, así:

1. Identidad Cultural:
Reconocimiento “Mejor grupo de danza tradicional”
Reconocimiento “Mejor grupo musical autóctono”
Reconocimiento “Mayor de Mayores”
Reconocimiento “Mujer Artesana”
Reconocimiento “Liderazgo Juvenil”

2. Comunicación:
Radio Indígena: 
Reconocimiento al “Mejor Programa de Música Tradicional”
Reconocimiento al “Mejor programa de Identidad cultural”.
Reconocimiento al “Mejor Magazín Informativo y cultural”
Reconocimiento a “Emisora Indígena más destacada del año 2014”
Prensa Indígena: 
Reconocimiento al “Mejor periódico intercultural escrito”.
Galardón al “Mejor reportaje escrito”
Galardón “Mejor caricaturista indígena del 2014”
Galardón “Mejor Obra Escrita”
Galardón “Mejor Fotografía”
Televisión Indígena
Galardón “Mejor programa de TV sobre Derechos Humanos”.
Galardón “Mejor Documental de TV étnica”.

3. Deporte:
Galardón al Mejor Deportista Indígena del año en 3 categorías: A: 10 a 17 años. B: 18 a 26 años y C: 27 años en adelante.
Galardón “Revitalización de los Juegos Autóctonos”

4. Educación:
Galardón al Mejor Maestro Indígena
Reconocimiento a la Mejor Institución Educativa Indígena

5. Salud:
Reconocimiento “Sabedor Mayor en Medicina Ancestral”
Reconocimiento a la Mejor Institución de Salud Indígena del 2014.

6. Medio Ambiente:
Galardón “Conciencia Ambiental”
Galardón “Defensor ambiental”

7. Buen Gobierno:
Galardón Premio “Mejor Autoridad Indígena del 2014”
Galardón “Mejor Administrador Territorial 2014”
Reconocimiento “Mejor gestor del año”

8. Personajes Destacados:
Se entregaran (10) Menciones Honoríficas adicionales a personajes destacados del año de acuerdo a las postulaciones realizadas previo estudio de las mismas.

Los Premios Interculturales Acoic – 2014 se entregarán en dos modalidades:
Reconocimientos: Se entregaran en las líneas, 1, 2, 3, 4 y 5.
Galardones: Se entregarán en las líneas 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Mención de Honor: Será para la línea 8.

Requisitos: Datos de la persona que postula:
Nombres y Apellidos:
Documento de identidad:
Lugar de Expedición:
Dirección de contacto:
Resguardo/Cabildo/Pueblo/Organización:
Cargo y/o Profesión:
Datos de la persona, entidad, institución, programa a postular:
Nombres y Apellidos:
Documento de identidad:
Lugar de Expedición:
Dirección de residencia:
Teléfono y Celular:
Correo electrónico:
Resguardo/Cabildo/Pueblo/Organización:

Modalidad a participar:
Experiencia y Trabajo Social: (½  página de Word)
Fotografía en formato JPG (No incluir en el texto).

Si en cada línea hay entre 2 y 3 postulaciones se procederá a seleccionar el mejor de acuerdo a la experiencia y el impacto social que haya generado, el comité evaluador estará integrado por 2 profesionales indígenas y 1 no indígena quienes deliberaran las decisiones para la nominación final. Si hubiese más de 5 postulaciones en igualdad de condiciones, trayectoria e impacto social en una misma línea se publicará en la página web: www.acoic.com.co los nominados para que la opinión pública sea quien elija al mejor o los mejores de acuerdo a cada línea

ESPAÑA: HIPA Dubai: 400.000 dólares en premios
Manuel López / Periodistas en Línea

Uno de los concursos con la mayor dotación económica conocida, el Hamdam Bin Mohammed Bin Rashid Al Marktoum International Photography Award, de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, anuncia su cuarta edición con el tema “Vida en color”. Un total de 400.000 dólares en premios, con un primer Gran Premio de 120.000 dólares y una serie de premios entre 35.000 y 6.000 dólares esperan a los ganadores.

Este Premio fue creado en 2011. En su tercera edición de 2013 llegó a las 26.006 entradas con participantes de 156 países que enviaron 38.203 fotografías.

El plazo de participación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014. Los organizadores invitan a los fotógrafos a compartir su mente imaginativa, su pasión por su arte y esforzarse para producir su mejor trabajo. “Es tu oportunidad de explorar la belleza del mundo que te rodea”, reza la publicidad del concurso, “para destilar una historia, para sumergirte en una rica gama de colores y representar un momento emotivo en el tiempo”.

El tema de este año “La vida en color’ es una invitación maravillosamente abierta que permite a su mente creativa para explorar una serie de investigaciones personales a cual más emocionante sobre dónde este viaje a la creatividad le llevará.”

Así, los organizadores animan a “dar rienda suelta a las lentes para expresarse libremente, y dejar que tu imaginación te lleva a ganar el reconocimiento que se merece.”

El Concurso contempla cuatro categorías: ‘La vida en color’, ‘Interés general”, ‘Rostros’ y ‘Fotografía Nocturna’.
Más información y Bases en www.hipa.ae

DINAMARCA: IPCC adopta el informe de síntesis; advierte de los impactos irreversibles
Meena Raman y Indrajit Bose

Copenhague. Después de 23 horas de retraso, los gobiernos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) aprobaron el Resumen para Responsables de Políticas (SPM) del Informe de Síntesis de la Quinta Evaluación Informe (AR5) y el informe de síntesis final de la tarde el sábado, 1 de noviembre en Copenhague, Dinamarca.

Los miembros aprobaron formalmente el SPM en la 40ª reunión del IPCC, que comenzó el lunes 27 de octubre. Se suponía que la reunión que han terminó el viernes, 31 de octubre, pero se extendió hasta el día siguiente, después de seis días agotadores (incluyendo algunas noches) de las negociaciones. Los delegados, que apenas había conseguido conciliar el sueño desde el tercer día de las negociaciones, saludaron la aprobación definitiva del SPM con aplausos. Los científicos que escribieron el informe y los observadores también asistieron a la reunión, junto a los gobiernos miembros de casi 190 países.
El Informe de Síntesis (SR) se destila y se integra los hallazgos del AR5, que se compone de tres grupos de trabajo (GT) informes sobre la 'Ciencia base física' (GT1); "Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad" (GT II); y "Mitigación del Cambio Climático" (GT III). El SPM de la SR fue negociado línea por línea entre los gobiernos y los autores, mientras que la propia SR se adoptó página por página.

En las negociaciones de la línea-por-línea de la SPM, intensos intercambios entre los gobiernos y los autores llevaron a cabo. Varias cuestiones difíciles tuvieron que ser resueltos a través de grupos de contactos, grupos pequeños o informales a través corrillos, que a veces tomaron muchas largas horas para llegar a un consenso. Teniendo en cuenta que el SPM es una síntesis de la SR ya, que a su vez es una síntesis de los principales hallazgos de AR5, la sesión de Copenhague reveló una división norte-sur entre los gobiernos miembros sobre los mensajes clave que se transportará.

En el proyecto inicial que fue presentado a los Estados miembros (de fecha 25 de agosto), gran parte de la SPM era en la ciencia y los aspectos relacionados con la mitigación. Los miembros de los países en desarrollo hicieron hincapié en la necesidad de un mayor equilibrio, en relación con la adaptación, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional en relación con la financiación y la transferencia de tecnología. Había muy poco sobre las finanzas en el SPM, que se centró principalmente en las inversiones en la mitigación, aunque no hubo confirmación sobre una brecha en financiación para la adaptación. Un intento por parte de algunos miembros de los países desarrollados a eliminar la noción de 'transferencia de tecnología' también fue frustrado. Algunas mejoras se hicieron después de las intervenciones de los delegados de los países en desarrollo.

Entre los temas más polémicos incluye una caja que iba a contener "información relevante para el artículo 2 del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)". Este cuadro tuvo que ser bajado de la SPM y la SR, debido a la falta de consenso entre los países miembros. (Artículo 2 se refiere al objetivo de la Convención). Los miembros de los países en desarrollo querían un mayor equilibrio en los mensajes que se contenía en el cuadro relativo a la adaptación, el desarrollo sostenible, la financiación y la transferencia de tecnología. Esto no fue aceptado por varios miembros de los países desarrollados, lo que lleva a la caída de la caja de los documentos finales.

Otros temas que vieron la controversia fueron: una figura sobre los impactos atribuibles al cambio climático; el presupuesto de carbono; la mitigación y la adaptación en el contexto del desarrollo sostenible; características de mitigación y adaptación vías; transferencia de tecnología; y la colocación de una figura sobre las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial. La colocación de la figura de las emisiones de CO2 se resolvió en las primeras horas de Nov.1, después de intensas negociaciones sobre este durante cinco días, (Para más detalles sobre estos temas estarán en los próximos artículos.)

Entre los gobiernos que a menudo intervinieron incluido Arabia Saudita, Bolivia, Venezuela, China, Santa Lucía, Brasil, El Salvador, Nicaragua, India, Maldivas, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Austria, Canadá, Japón, Australia, Países Bajos, el Reino Unido, Noruega y Unión Europea

Es fundamental para los políticos a ser informados por la ciencia, especialmente en vista del acuerdo de 2015 negociado bajo la CMNUCC en París, dijo RK Pachauri, Presidente del IPCC, en la sesión inaugural de la reunión. Los responsables políticos deben evitar la desesperanza de superar el cambio climático y, aunque sigue habiendo desafíos, la AR 5 muestra que existen soluciones, agregó Pachauri. Advirtió que mientras que todavía hay tiempo para adoptar vías de desarrollo sostenible, "muy poco de ese tiempo sigue siendo". Pachauri presidió la sesión del IPCC en Copenhague.

El SPM pone de relieve que la influencia humana en el sistema climático es clara, y las últimas emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) son las más altas de la historia. Además, los recientes cambios climáticos han tenido impactos sobre los sistemas humanos y naturales. Dice que la continua emisión de gases de efecto invernadero provocará más cambios calentamiento y de larga duración en todos los componentes del sistema climático, el aumento de la probabilidad de impactos graves e irreversibles para las personas y los ecosistemas. Limitar el calentamiento requeriría reducciones sustanciales y sostenidas en las emisiones de gases de efecto invernadero que, junto con la adaptación, pueden limitar los riesgos del cambio climático.

Señala que hay múltiples vías de mitigación para limitar calentamiento por debajo de 2ºC respecto a niveles preindustriales. Estas requerirían reducciones sustanciales en los próximos decenios y cerca de cero emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero para final del siglo. Implementarlos plantea retos tecnológicos, económicos, sociales e institucionales sustanciales, que aumentan con retrasos en la mitigación adicional y si las tecnologías clave no están disponibles

El SPM identificó adaptación y mitigación como estrategias para la reducción y gestión de los riesgos del cambio climático. Las reducciones de emisiones sustanciales en los próximos decenios pueden reducir los riesgos climáticos en el siglo 21 y más allá, aumentar las perspectivas de adaptación eficaces, reducir costos y  retos de la mitigación a largo plazo, y contribuir a vías resistentes al clima para desarrollo sostenible.

Muchas de las opciones de adaptación y mitigación pueden ayudar a abordar el cambio climático, advierte. Afirma que las respuestas de adaptación y mitigación efectivas dependerán de las políticas y medidas a través de múltiples escalas: internacional, regional, nacional y subnacional. Políticas a través de todas las escalas que apoyan el desarrollo de tecnología, difusión y transferencia, así como la financiación de las respuestas al cambio climático, pueden complementar y mejorar la eficacia de las políticas que promueven directamente la adaptación y la mitigación.

El SPM y la SR se dividen en cuatro secciones: Cambios observados y sus causas; Futuro Climático Los cambios, riesgos e impactos; Caminos de futuro de la adaptación, la mitigación y el desarrollo sostenible; y Adaptación y Mitigación. El AR5 asume importancia dado que es la evaluación más completa del cambio climático jamás emprendido. Más de 830 científicos de más de 80 países fueron seleccionados para formar equipos de autores para elaborar el informe. Ellos se basaron en el trabajo de más de 1.000 autores colaboradores y cerca de 2000 expertos revisores, y evaluaron más de 30.000 artículos científicos.

Entre los otros aspectos destacados, llamados declaraciones de titulares, del SPM incluyen:
  • El calentamiento del sistema climático es inequívoco, y desde la década de 1950, muchos de los cambios observados son sin precedentes en las últimas décadas a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, las cantidades de nieve y el hielo han disminuido, y el nivel del mar se ha elevado.
  • Las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénico han aumentado desde la era preindustrial, impulsado en gran medida por el crecimiento económico y demográfico, y ahora son más altos que nunca. Esto ha llevado a las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso que no tienen precedentes en al menos los últimos 800.000 años. Sus efectos, junto con las de otros conductores antropogénicas, se han detectado en todo el sistema climático y son muy probable que haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo 20.
  • En las últimas décadas, los cambios en el clima han causado impactos sobre los sistemas naturales y humanos en todos los continentes ya través de los océanos. Los impactos son debido al cambio climático observado, independientemente de su causa, lo que indica la sensibilidad de los sistemas naturales y humanos a los cambios de clima.
• Se han observado cambios en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ya que alrededor de 1950. Algunos de estos cambios se han relacionado con la influencia humana, incluyendo una disminución de la temperatura en frío extremos, un aumento de la temperatura cálidas extremas, un aumento en los niveles de alta mar y extremas un aumento en el número de eventos de precipitación intensa en varias regiones.
• Las emisiones acumuladas de CO2 determinan en gran medida el calentamiento global superficial media a finales del siglo 21 y más allá. Las proyecciones de GEI varían en un amplio rango, dependiendo tanto del desarrollo y el clima política socioeconómica.
• Temperatura de la superficie se proyecta que aumente en el siglo 21 en todos los escenarios de emisiones evaluadas. Es muy probable que las olas de calor se producen con más frecuencia y durar más tiempo, y que los eventos extremos de precipitación serán más intensas y frecuentes en muchas regiones. El océano continuará calentándose y acidificar, y el nivel medio global del mar en aumento.
• El cambio climático va a amplificar los riesgos existentes y crear nuevos riesgos para los sistemas naturales y humanos. Los riesgos se distribuyen de manera desigual y en general son mayores para las personas y las comunidades desfavorecidas de los países en todos los niveles de desarrollo.
• Muchos de los aspectos del cambio climático y los impactos asociados continuará por siglos, incluso si se detienen las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Los riesgos de cambios abruptos o irreversibles aumentan a medida que la magnitud de los aumentos del calentamiento.
• Toma de decisiones eficaz para limitar el cambio climático y sus efectos puede ser informado por una amplia gama de enfoques analíticos para la evaluación de riesgos y beneficios esperados, reconociendo la importancia de la gobernanza, la dimensión ética, la equidad, los juicios de valor, las evaluaciones económicas y diversas percepciones y respuestas al riesgo y la incertidumbre.
• Sin los esfuerzos de mitigación adicionales más allá de los existentes hoy en día, e incluso con la adaptación, el calentamiento a finales del siglo 21 va a conducir a alta a muy alto riesgo de impactos graves, generalizadas, e irreversibles a nivel mundial (confianza alta). La mitigación implica un cierto nivel de co-beneficios y de los riesgos debidos a los efectos secundarios adversos, pero estos riesgos no implican la misma posibilidad de impactos graves, generalizadas, e irreversibles como los riesgos derivados del cambio climático, el aumento de los beneficios de los esfuerzos de mitigación a corto plazo.
• La adaptación puede reducir los riesgos de impactos del cambio climático, pero hay límites a su efectividad, especialmente con mayores magnitudes y las tasas de cambio climático. Desde una perspectiva a más largo plazo, en el contexto del desarrollo sostenible, aumenta la probabilidad de que las medidas de adaptación más inmediatos también mejorarán las opciones y la preparación para el futuro.
• Las respuestas de adaptación y de mitigación se basan en factores facilitadores comunes. Estos incluyen instituciones eficaces y la gobernanza, la innovación y las inversiones en tecnologías respetuosas del medio ambiente y la infraestructura, los medios de vida sostenibles, y las opciones de comportamiento y de estilo de vida.
• Existen opciones de adaptación en todos los sectores, pero su contexto para la aplicación y el potencial de reducir los riesgos relacionados con el clima difiere entre los distintos sectores y regiones. Algunas respuestas de adaptación implican importantes co-beneficios, sinergias y compensaciones. Aumentar el cambio climático aumentará los desafíos para muchas opciones de adaptación.
• Las opciones de mitigación están disponibles en todos los sectores principales. La mitigación puede ser más rentable si se utiliza un enfoque integrado que combine medidas para reducir el uso de energía y la intensidad de GEI de los sectores dota, descarbonizar el suministro de energía, reducir las emisiones netas y aumentar los sumideros de carbono en sectores terrestres.
• El cambio climático es una amenaza para el desarrollo sostenible. No obstante, hay muchas oportunidades para vincular la mitigación, la adaptación y la búsqueda de otros objetivos sociales a través de las respuestas integradas. La implementación exitosa se ​​basa en herramientas pertinentes, las estructuras de gobierno adecuadas y mayor capacidad para responder.

No comments:

Post a Comment